Claudia Iveth Ramirez Limones O Limonez

Expediente 460/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 12 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
460/2023
Año
2023
Actuaciones
12
Última actuación
05/07/2023

Partes del expediente

  • Claudia Iveth Ramirez Limones O Limonez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    MESA II "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a cinco de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes el oficio de cuenta, mediante el cual la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, acusa recibo del diverso 10781/2023 de este índice, con el que se remitieron los autos originales del juicio de amparo 460/2023 y sus anexos, con motivo del recurso de revisión interpuesto contra la resolución pronunciada en el juicio de amparo de que se trata, e informa que admitió a trámite el referido medio de impugnación, quedando registrado con el número 197/2023 de ese índice. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MESA I "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos y toda vez que obran las constancias de notificación a las partes de las resoluciones de ocho y veintiuno de junio del año en curso, de las cuales, la primera corresponde a la sentencia dictada en estos autos, mientras que, con la segunda, se les corrió traslado con el escrito de expresión de agravios exhibido por la quejosa********************, por conducto de su defensor particular ********************, al haber interpuesto recurso de revisión contra la primera de las mencionadas determinaciones. En tales circunstancias, con fundamento en el artículo 89, de la Ley de Amparo, remítase el original del juicio de amparo en que se actúa al Tribunal de Segunda Instancia, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Visto el escrito de cuenta, firmado electrónicamente por la quejosa********************, por conducto de su defensor particular ********************, en atención a su contenido se le tiene interponiendo recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio. Por tanto, procédase conforme a lo dispuesto por los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo y una vez que se encuentre debidamente integrado el expediente, remítase impresión del escrito de interposición de agravios al Tribunal que corresponda, el cual se recibió vía electrónica, para la substanciación del medio de impugnación; y distribúyanse entre las demás partes copia del escrito de expresión de agravios, para los efectos legales correspondientes. De conformidad con el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, para la tramitación del recurso, instrúyase a la oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, adscrita a este juzgado, deje disponible el expediente electrónico relativo al presente asunto y el ad quem tenga a su disposición las constancias necesarias. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    MESA I ".. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 460/2023, promovido por CLAUDIA IVETH RAMÍREZ LIMONES O LIMONEZ, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca y otra autoridad. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en línea el ocho de mayo de dos mil veintitrés, turnado a este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, el mismo día, la quejosa CLAUDIA IVETH RAMÍREZ LIMONES O LIMONEZ, en su calidad de imputada en la causa penal judicial OAX/000438/2020, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y por los actos que enseguida se precisan: "1.- Ordenadora: Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca. 2.- Ordenadora: El Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca." DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS VIOLADAS Derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, asimismo, en la demanda de amparo expresó los antecedentes y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Mediante auto de ocho de mayo de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, quien no formuló pedimento, se emplazó al tercero interesado, quien se apersonó el veintitrés de mayo de dos mil veintitrés y se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede, el ocho de junio de dos mil veintitrés; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal es competente para conocer y resolver el presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1, fracción I, 33, fracción IV, y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; y, el Acuerdo General 3/2013 y reformado por los diversos 26/2022, 29/2022 y 30/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, en atención a que se trata de un juicio de amparo indirecto de naturaleza penal, cuyos actos de ejecución tienen lugar dentro de la jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Resulta oportuno precisar en este apartado, los actos reclamados en el presente juicio de amparo, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia dijo. Tiene sustento lo anterior en el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Ahora, de un estudio integral de la demanda, se advierte que la quejosa reclama: Del Juez responsable: La omisión de vigilar y cumplir las garantías de su defendido como son de debido proceso, seguridad jurídica, legalidad y acceso a la tutela judicial dentro del auto de fecha veintiséis de abril de dos mil veintitrés y las etapas procedimentales dentro de la causa penal número OAX/000438/2020. Del Administrador del Centro de Justicia Penal: El auto de veintiséis de abril de dos mil veintitrés en la causa penal número OAX/000438/2020, que resolvió el recurso de revocación en contra del auto de fecha dieciocho de abril de dos mil veintitrés. Fijada la litis, lo procedente es analizar la existencia de los actos reclamados y la procedencia del juicio de amparo respecto de los mismos. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de Jueza de Control, al rendir su informe justificado negó los actos que se le reclama, pues manifestó: ".No es cierto el acto reclamado. En virtud, que el auto de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, corresponde al mero trámite de los asuntos que se siguen en el Centro de Justicia por parte del Administrador, y no corresponde a una función jurisdiccional. Lo anterior, de conformidad con el Acuerdo General 36/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Centros de Justicia Penal Federal; y que reforma y adiciona disposiciones de diversos acuerdos generales establece en sus artículos 2º, fracción II, 6º, párrafo tercero y 11, fracción I, inciso d), que establece las facultades eminentemente administrativas que tiene dicho puesto, entre las cuales, se encuentra vigilar la programación y gestión óptima de audiencias en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En consecuencia, es inexacto que la suscrita juzgadora haya sido omisa en vigilar, cumplir las garantías del debido proceso, seguridad jurídica, legalidad y acceso a la tutela judicial efectiva que reclama el justiciable de mérito." Lo que se corrobora con el acuerdo de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, mismo que fue firmado electrónicamente por Jorge Ernesto Franco Maraver, Administrador del Centro de Justicia Penal en el Estado de Oaxaca, al cual se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; de dicha documental se advierte que se trata de un acuerdo de mero trámite que señala fecha para la audiencia intermedia y no contiene decisiones jurisdiccionales. Razón por la cual y en virtud de que la parte quejosa no aportó prueba alguna que desvirtúe la negativa de la responsable, con fundamento en el artículo 63 fracción IV de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER en el juicio respecto a dicha autoridad y acto reclamado. En apoyo a lo anterior, se invoca el siguiente criterio "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos. (Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital: 196080 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Común, Administrativa Tesis: 1a. XXIV/98 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Junio de 1998, página 53 Tipo: Aislada). CUARTO. Certeza del acto reclamado. El Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, no rindió su informe justificado no obstante haber quedado legalmente notificado de la petición del mismo; razón por la cual, con fundamento en el artículo 117, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto a él reclamado. Certeza que se corrobora con las constancias existentes en el expediente electrónico con número de Expediente Unido Nacional (27424616), en el que se advierte el acuerdo de veintiséis de abril de dos mil veintitrés que está firmado por dicha responsable, acuerdo al cual se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. En este apartado se estima conveniente hacer una reseña de los antecedentes del acto reclamado, apoyado en los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad por la parte quejosa, a las que se ha otorgado el valor probatorio de ley, y de donde se advierte lo siguiente: Ante el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, se tramita la carpeta judicial OAX/000438/2020, contra la aquí quejosa, por considerarla responsable del hecho que la ley señala como delito de VIOLACIÓN A LA LEY DE MIGRACIÓN. El Dieciocho de abril de dos mil veintitrés, el Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, emitió acuerdo en el que se señalaron la DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para el desahogo de la audiencia intermedia, la que se llevará de manera presencial. Inconforme con dicha determinación la parte quejosa interpuso el recurso de revocación, mismo que fue resuelto por el Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, el veintiséis de abril de dos mil veintitrés, donde declaró improcedente tal recurso, dado que se trata de un acto meramente administrativo. Determinación que constituye aquí el acto reclamado. SEXTO. Causas de improcedencia. Previo al análisis del fondo del asunto, por ser una cuestión de orden público, de estudio preferente, en principio se deben analizar las causas de improcedencia que aleguen las partes o que este tribunal advierta de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, y conforme a la jurisprudencia número 814, visible en la página quinientos cincuenta y tres, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, bajo el rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En el caso no se actualiza ninguna causa de improcedencia, por lo anterior, lo procedente es entrar al estudio del fondo del asunto. SÉPTIMO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que se encuentran en la demanda de amparo, sin que sea necesario transcribirlos, pues los antecedentes del caso y los conceptos de violación que esgrime la impetrante se dan por reproducidos como si a la letra se insertaran en obvio de repeticiones innecesarias, tomando en consideración que el artículo 76 ni algún otro precepto de la Ley de Amparo, señalan que deban transcribirse, lo que también tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos treinta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". No obstante, en resumen, ha de señalarse que la parte quejosa, en su escrito de demanda, expone como concepto de violación el siguiente: Refiere la parte quejosa que el acuerdo reclamado viola sus derechos fundamentales, en virtud de que debió ser el Juez de Control quien resolviera el recurso de revocación, ya que el Administrador del Centro de Justicia Penal no tiene facultades para emitir decisiones de trámite con contenido jurisdiccional. OCTAVO. Estudio de los conceptos de violación. Los argumentos vertidos por la quejosa, resultan infundados. Es así, dado que contrariamente a lo que manifiesta la quejosa, no le correspondía al Juez de Control resolver el recurso de que se trata, dado que la procedencia del recurso está claramente establecida en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales que establece: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación. El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda". Como se ve, el numeral transcrito refiere que el recurso de revocación procede en cualquier acuerdo de trámite en el que intervenga la autoridad judicial; además de que debe resolver el mismo órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada. En el caso en concreto, el acuerdo impugnado fue emitido por el Administrador del Centro de Justicia Penal Federal y no por la autoridad judicial (Juez de control), por lo que, no procede el recurso de revocación y menos que lo resolviera el Juez de Control como lo refiere la quejosa, en virtud de que se trata de un acto meramente de trámite y administrativo y no con contenido jurisdiccional pues dicho acuerdo en lo que interesa dice: "Por otra parte, de autos se advierte que mediante proveídos de: 27 de mayo de 2022, se corrió traslado a las partes con copia del escrito de acusación en términos del artículo 336 del Código Nacional de Procedimientos Penales y a los efectos de los artículos 337 y 340 del mismo código, se le hizo saber al asesor jurídico que contaba con el plazo de tres días a partir de que surtiera efectos la notificación del citado proveído para proceder en términos del artículo 338 del Código Nacional, reservándose fijar fecha de audiencia intermedia hasta en tanto el Juez de Control se pronunciara respecto a la solicitud de la defensa en relación a la reapertura de investigación complementaria; y 29 de diciembre de 2022, el Juez de Control no autorizó la prórroga solicitada por la defensa y declaró cerrada la investigación complementaria. En ese sentido, se señalan las 12:30 horas del 13 de noviembre de 2023 para el desahogo de la audiencia intermedia, la cual se desarrollará de manera PRESENCIAL en las instalaciones de este Centro de Justicia, precisando al defensor particular, licenciado Homero Marín Toledo, que en la audiencia de mérito podrá efectuar su petición ante el Juez de Control". De la lectura de la parte conducente del acuerdo que se impugnó a través del recurso de revocación, se advierte que su contenido es meramente administrativo, pues no se desprende que motu proprio decidiera actuar en nombre del Juez de Control, ya que no impuso ninguna obligación procesal a las partes, como realizar notificaciones a la víctima de parte de la Fiscalía; no hizo ningún requerimiento y apercibimiento de multa a las partes sobre información; proveer sobre el cumplimiento de medidas cautelares, entre ellos, orden de detención provisional con fines de extradición y calificar su legalidad, etcetera. Luego, no es cierto lo que refiere la quejosa cuando dice que el acuerdo de dieciocho de abril de dos mil veintitrés contiene decisiones jurisdiccionales dado que en él se fijó fecha y hora para el desahogo de la audiencia intermedia la que se desarrollará de manera presencial; por tanto, se trata de un acto meramente administrativo, como lo es agendar la diligencia, que se encuentra dentro de las facultades del Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca. De ahí que no asista razón a la quejosa al sostener que el acuerdo impugnado contiene decisiones jurisdiccionales y por ello, el Juez de Control debía resolver el recurso de revocación. Sirve de apoyo, en cuanto a los acuerdos de contenido jurisdiccional, la tesis con registro digital: 2024868, I.1o.P.17 P (11a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 14, Junio de 2022, Tomo VII, página 6136, T.C.C., Undécima Época, materia penal, cuyos rubro y texto son los siguientes: "ADMINISTRADOR DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL. COMO NO ES JUEZ, CARECE DE FACULTADES PARA EMITIR DECISIONES DE TRÁMITE CON CONTENIDO JURISDICCIONAL. Hechos: En diversos asuntos del conocimiento del Tribunal Colegiado de Circuito se advirtió que el administrador del Centro de Justicia Penal Federal emitió por sí mismo una serie de "acuerdos" de contenido jurisdiccional en los que suplantó al Juez de Control señalado como autoridad responsable. Criterio jurídico: Más allá del uso del lenguaje (acordar, proveer, requerir) que utilice para emitir acuerdos, el administrador del Centro de Justicia Penal Federal, como no es Juez, carece de facultades para emitir decisiones de trámite con contenido jurisdiccional. Justificación: Cuando la función de administrar esas unidades jurisdiccionales por decisión del Consejo de la Judicatura Federal, a partir del año 2015, recaía en un Juez de Control, éste tenía la facultad de tomar decisiones de contenido jurisdiccional, pero ello se justificaba por su condición de Juez y no de administrador, ya que conforme a los artículos 3, fracción X, 105, fracción VII, 133, 134, fracción IV y 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, aquella tarea que incluye la emisión de los acuerdos de mero trámite es propia de los Jueces. Luego, cierto es que conforme a los artículos 97, primer párrafo y 100, cuarto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 86, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el aludido Consejo designa a los Jueces y al personal administrativo de dichos centros; sin embargo, esa facultad no incluye que pueda asignar competencias jurisdiccionales a los servidores públicos que no tengan la calidad de Jueces, entre otras razones, porque ésa es tarea del legislador, que en este caso la ejerció asignándola a los Jueces en el código adjetivo penal conforme a los preceptos referidos. De modo que cuando el Consejo de la Judicatura Federal, a partir de diciembre de 2020, cambió el perfil del administrador, para asignarlo a una persona que no tiene la categoría de Juez, ésta dejó de tener esos atributos jurisdiccionales, pese a la opinión contraria contenida en la Circular SGP/UCNSJP/11/2020, emitida por un secretario técnico de la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal o, incluso, porque el administrador motu proprio decida actuar en nombre de los Jueces del Centro que administra, por ejemplo para: i) imponer obligaciones procesales a las partes, como realizar notificaciones a la víctima de parte de la Fiscalía; ii) hacer requerimientos y apercibimientos de multa a las partes sobre información; iii) proveer sobre el cumplimiento de medidas cautelares, entre ellos, orden de detención provisional con fines de extradición y calificar su legalidad; y, iv) rendir informes previos o justificados en los juicios de amparo en los que los Jueces hayan sido designados como autoridades responsables, especialmente, si son ciertos los actos reclamados". Consecuentemente, ante lo INFUNDADO de los conceptos de violación, lo procedente es NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL solicitado por CLAUDIA IVETH RAMÍREZ LIMONES O LIMONEZ, contra el auto de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, en el que la autoridad responsable declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por la quejosa. OCTAVO. Transparencia. Dado que las partes no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponers1e a la publicación de sus datos personales, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el juicio ..., contra el acto reclamado al Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a C... contra los actos reclamados al Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca. NOTIFÍQUESE.

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