Claudia Hernández Chávez

Expediente 967/2023 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
967/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
25/10/2023

Partes del expediente

  • Claudia Hernández Chávez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, veinticinco de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que el término que tenían las partes para inconformarse en contra del auto de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de garantías 967/2023-VIII, promovido por la quejosa Claudia Hernández Chávez (fojas 24 a 26); transcurrió para las partes de la siguiente manera: a) a la agraviada, del veintisiete de septiembre al diez de octubre; b) a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita, del veinticinco de septiembre al seis de octubre; y c) a las autoridades responsables, del veintidós de septiembre al cinco de octubre, todas las fechas del año que transcurre, sin que hubieran realizado manifestación alguna; en consecuencia, con fundamento en el ordinal 2º de la ley en cita, en relación con el diverso 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho proveído ha causado estado, para los efectos legales procedentes; háganse las anotaciones en el libro respectivo. Por tanto y toda vez que el presente asunto se encuentra concluido, dado el sentido de su resolución definitiva, misma que no requiere ejecución alguna, por lo tanto, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo, debiendo hacer las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diez de mayo de dos mil veintitrés, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio del mismo año, se determina que este expediente es susceptible de destrucción. Como lo dispone los artículos 22 y 34 del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el artículo 20 antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada María Dolores Camacho Díaz, Secretaria que actúa y da fe.

  2. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. En términos del artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, ténganse por recibidos y glósense al expediente los oficios 1210/2023 y 1214/2023 ambos con anexo, remitidos respectivamente por la Presidenta de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, por ministerio de ley, así como por los Actuarios adscritos, con sede en esta ciudad; de su contenido se advierte que rinde el informe justificado solicitado dentro de este asunto; sin que sea necesario ponerlo a la vista de las partes conforme al ordinal 117 de la legislación en cita, por los motivos que a continuación se detallan: Ahora bien, se precisa que de conformidad con el ordinal 63, fracción V, de la legislación en cita, el sobreseimiento del juicio se debe decretar cuando sobrevenga una causa de improcedencia, lo cual se puede dar en cualquier momento del juicio; pues bien, en el presente caso, este Juzgado de Distrito advierte que el acto reclamado consistente en: 4.1 De la autoridad señalada en el numeral 3, se reclama la omisión del señalamiento de fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia inicial del juicio laboral en términos de lo expuesto por el artículo 873, de la Ley Federal del Trabajo, y la substanciación del juicio en la forma y términos previstos por los artículos 873 al 891 del ordenamiento legal en cita, dilatando la substanciación del juicio sin razón legal. 4.2. De la autoridad señalada en el numeral 3.1, se reclama la omisión del emplazamiento a juicio de la persona moral denominada INTEVA MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., y las notificaciones personales que deba realizar durante todo el procedimiento. Por lo que se aprecia que sobreviene la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Asimismo, por encontrarse íntimamente vinculado con la causal de improcedencia de que se trata, también es de utilidad transcribir la fracción I del artículo 77 de la legislación de la materia: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y ... La interpretación literal y sistemática de dichos preceptos conduce a determinar que, para que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que se derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo que antecede, encuentra apoyo en la jurisprudencia número 103, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 81, Tomo VI, Materia Común, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo anterior es así, debido a que del contenido primeramente de los informes emitidos por las responsables Presidenta de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, por ministerio de ley, así como por los Actuarios adscritos a la misma, con sede en esta ciudad, a través de los oficios 1210/2023 y 1214/2023 ambos con anexo, por el que hicieron saber respectivamente que era cierto el acto reprochado por la quejosa Claudia Hernández Chávez, pero que por resolución de quince de los actuales se señalaron las quince horas con treinta minutos del veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia de demanda y excepciones en su etapa de réplica y contraréplica, dentro del expediente administrativo laboral 0633/E06/2021 de origen, remitiendo también las cédulas de notificación a las partes. En tales condiciones, al haber cesado los efectos del acto reclamado a la dependencia antes indicada, conlleva a que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ante lo cual resulta procedente sobreseer en el presente juicio constitucional, con fundamento en lo establecido por el artículo 63, fracción V, de la invocada legislación. No constituye obstáculo para arribar a la conclusión que antecede, el hecho de que se haya decretado el sobreseimiento de este juicio sin que preceda audiencia constitucional, pues la causal de improcedencia de que se habla es notoria y a nada práctico conduciría esperar hasta el desahogo de la audiencia para tal determinación, si el resultado del fallo sería en el mismo sentido, lo cual es acorde con la garantía establecida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que la administración de justicia tiene que ser pronta y expedita. Tiene aplicación al respecto, la tesis de jurisprudencia, 2a./J. 10/2003, emitida por la Segundad Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, del mes de marzo de 2003, Materia Común, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Por lo anteriormente expuesto, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional fijada para las once horas del cuatro de octubre de dos mil veintitrés (foja 7), por los motivos expuestos en los párrafos que anteceden de este acuerdo. Notifiquese personalmente..

  3. Principal

    De conformidad con el artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la Ley de Amparo, notifico a la parte quejosa el proveído de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, por medio de lista, al no haber acudido a este Juzgado de Distrito a recibir la notificación respectiva de manera personal.

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, se advierte que las autoridades responsables Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, por conducto de su Presidente y la Actuaria adscrita, ambos con sede en esta ciudad, no han rendido sus informes justificados que se les requirió mediante oficios a.21182/2023-VIII y a.21183/2023-VIII, no obstante de haber sido notificados para ello. Por tanto, toda vez que en el presente caso se acredita la figura de presunción de certeza establecida por el artículo 117, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 75 de la legislación en cita, gírense oficios a las responsables antes indicadas y requiéraseles para que dentro del improrrogable término de tres días hábiles, contados a partir de su legal notificación, remitan lo solicitado en el párrafo que antecede; apercibidos que de ser omisos al respecto, se harán acreedores a una multa de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos moneda nacional), cada uno; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Finalmente, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional dentro de este asunto; fijándose nuevamente para su desahogo las once horas del cuatro de octubre de dos mil veintitrés.

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