Claudia Hernández Carrete

Expediente 586/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango. 12 actuaciones registradas, la última del 2 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
586/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
02/09/2022

Partes del expediente

  • Claudia Hernández Carrete

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Durango, Durango, a dos de septiembre de dos mil veintidós. De la certificación que antecede se advierte que la parte tercero interesado no manifestó nada dentro del término de tres días que se le dio en relación con el cumplimiento al fallo protector informado por las autoridades responsables obligadas; en tanto que la quejosa se inconformó por conducto de su autorizado******************** mediante escrito presentado el veinticinco de agosto último, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este órgano federal se avoca a resolver lo conducente con base en los elementos que obran en el expediente, los datos aportados por la propia autoridad y las manifestaciones de la parte quejosa. El artículo 77, fracción I, del propio ordenamiento reglamentario dispone que cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, la sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce del derecho vulnerado, y restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En la ejecutoria dictada en este enjuiciamiento se otorgó a la quejosa ******************** el amparo y protección de la Justicia Federal contra la resolución dictada el veinte de abril de dos mil veintidós por la Junta Especial Número Veintisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Durango en el incidente de liquidación deducido del procedimiento especial ********************, en la que se determinó improcedente la cuantificación realizada por la parte actora, e igualmente improcedente la planilla de liquidación propuesta por la demandada, y se les requirió para que dieran cumplimiento al laudo, la primera respecto al resolutivo tercero, y la última a transferir a la aseguradora que eligiera la actora el monto de las aportaciones a que se refiere el artículo 146 de la Ley del ******************** vigente, por los siguientes motivos: ".Sin embargo, el Tribunal Obrero soslayó resolver lo correspondiente al importe de la condena líquida y exigible para el pago de la pensión de invalidez otorgada en favor de la actora conforme al resolutivo tercero de la resolución definitiva emitida el siete de junio de dos mil veintiuno en el procedimiento especial ********************, en el que se ordenó la apertura del incidente de liquidación precisamente para cuantificar esa prestación, ya que se concretó a establecer que la planilla de liquidación propuesta por la parte actora es improcedente porque la cuantificación que realizó se basó en un salario que no fue el acreditado en el sumario laboral, pues de la copia de la resolución de otorgamiento de invalidez temporal se desprende que el once de enero de dos mil dieciséis se le otorgó una pensión temporal por invalidez bajo el régimen de la Ley del ******************** 1997, por la cantidad mensual de $2,696.70 (dos mil seiscientos noventa y seis pesos 70/100 moneda nacional), en la que se consideró un salario promedio actualizado a la fecha de su emisión conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor de $220.27 (doscientos veinte pesos 27/100 moneda nacional); e igualmente declaró improcedente la planilla de liquidación propuesta por el Instituto demandado por no establecer de manera precisa los parámetros para la determinación del salario promedio con que habrá de determinarse la pensión de invalidez otorgada en favor de la actora, y que habrá de pagarse desde el día once de julio de dos mil dieciocho conforme al resolutivo segundo de la resolución del procedimiento especial que se ejecuta. Por lo que es claro que la Junta Federal responsable al momento de emitir la resolución controvertida no contaba con los elementos necesarios para resolver el incidente de liquidación de laudo definitivo y determinar el monto de la pensión de invalidez, pues su tramitación es excepcional, cuando al resolver la controversia se carece de bases para cuantificar la condena líquida (prestaciones económicas), por lo que si las partes actora y demandada no aportaron las constancias necesarias para establecer el monto de dicha pensión, la Junta está en aptitud de recabar las constancias necesarias para resolver la incidencia y hacer operante y ejecutable eficazmente el laudo definitivo, dado que es el único instrumento procesal válido con el que cuentan los tribunales laborales para cumplimentar sus fallos cuando no poseen elementos suficientes para hacer efectiva y completa la cosa juzgada, además de que tiene como función hacer patente y eficaz el derecho establecido en el fallo, a fin de que la condena no quede vacía de contenido y operatividad, en aras de la completa administración de justicia prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Finalmente, en el resolutivo tercero de la resolución del incidente de liquidación la Junta Federal condenó al demandado ********************del ******************** a transferir el monto de las aportaciones a que se refiere el artículo 146 de la vigente Ley del ******************** a la aseguradora que elija la parte actora, una vez que lo hiciera del conocimiento de esa Junta, a pesar de que no fijó el monto de la cantidad líquida para el pago de la pensión de invalidez, lo que se traduce en falta de congruencia en su decisión. En tales condiciones, la resolución controvertida conculca los derechos fundamentales contenidos en los numerales 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". Por lo que el amparo se concedió para el efecto de que: ".la Junta Especial Número Veintisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Durango deje insubsistente la resolución que dictó el veinte de abril de dos mil veintidós dentro del incidente de liquidación deducido del procedimiento especial ********************, y en su lugar, previo a resolver la incidencia planteada a su potestad, ordene recabar la documentación necesaria para que esté en posibilidad de cuantificar y determinar el importe de la condena líquida y exigible para el pago de la pensión de invalidez otorgada en favor de la actora conforme al resolutivo tercero de la resolución definitiva emitida el siete de junio de dos mil veintiuno.". En cumplimiento al fallo protector, con su oficio 51-1650/2022, la Presidente de la Junta Federal remitió el acuerdo que dictó el uno de agosto de dos mil veintidós dentro del incidente de liquidación deducido del expediente ********************, en el que dejó insubsistente la resolución interlocutoria de liquidación de fecha veinte de abril de dos mil veintidós, y requirió a las partes para que exhibieran la impresión de la constancia de semanas cotizadas por la actora en el régimen de la seguridad social. Con posterior oficio 51-1754/2022, la propia Presidente de la Junta Especial allegó copia certificada de la resolución incidental de liquidación que emitieron los integrantes de ese Tribunal Obrero el dieciséis de agosto de dos mil veintidós en el expediente ********************, en la que analizadas las pruebas aportadas por las partes condenó al ********************del ******************** a transferir a la aseguradora elegida por la parte actora el monto de las pensiones devengadas en el periodo comprendido del once de julio de dos mil dieciocho (fecha considerada en la condena de la resolución de procedimiento especial que se ejecuta), al día doce de julio de dos mil veintiuno (en que se presentó la planilla de liquidación por la actora), por la cantidad de $86,316.24 (ochenta y seis mil trescientos dieciséis pesos 24/100 moneda nacional). Ahora bien, mediante escrito fechado y presentado el veinticinco de agosto de dos mil veintidós, el licenciado******************** manifestó en su carácter de autorizado de la quejosa ********************, su inconformidad con el cumplimiento dado a la sentencia ejecutoria de amparo, debido a que la cuantificación realizada por la autoridad responsable tanto en el salario como para determinar la cantidad total a cubrir causa perjuicio a la actora, pues la parte demandad exhibió la planilla que a su consideración era la correcta, lo que omitió considerar la autoridad responsable conforme al artículo 794 de la Ley Federal del Trabajo, que ordena que se tendrá por confesión expresa y espontánea de las partes sin necesidad de ser ofrecida como prueba las manifestaciones contenidas en las constancias y las actuaciones del juicio, Sin embargo, tales argumentos van enfocados a controvertir las consideraciones en que se basó la Junta Federal para resolver el incidente de liquidación, así como la cuantificación realizada para determinar la pensión por invalidez otorgada en favor de la aquí amparista, lo cual escapa de los efectos por los que se concedió el amparo, esto es, para que dicho Tribunal Obrero dejara insubsistente la resolución que dictó el veinte de abril de dos mil veintidós dentro del incidente de liquidación deducido del procedimiento especial ********************, y en su lugar, previo a resolver la incidencia planteada a su potestad, ordenara recabar la documentación necesaria para estar en posibilidad de cuantificar y determinar el importe de la condena líquida y exigible para el pago de la pensión de invalidez otorgada en favor de la actora conforme al resolutivo tercero de la resolución definitiva emitida el siete de junio de dos mil veintiuno; sin que en esta vía se pueda analizar la legalidad de las consideraciones que sustentan la nueva decisión jurisdiccional, en tanto que no fueron materia de estudio en la sentencia que se dictó en este juicio de amparo. Apoya a lo anterior la jurisprudencia 1ª./J. 88/2007, localizable en la página 85, del Tomo XXV, Junio de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. SI SE DECLARA INFUNDADA POR DETERMINARSE QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO FUE ATENDIDA EN SUS TÉRMINOS, ELLO NO IMPLICA PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA EMITIDA EN CUMPLIMIENTO DE AQUÉLLA". En tales condiciones, se cumplió la ejecutoria de amparo, en tanto que se dejó insubsistente la resolución controvertida en esta vía constitucional, y en su lugar, previo a recabar documentales, los integrantes de la Junta Federal emitieron una nueva determinación, en la que precisaron el monto total que corresponde a la pensión por invalidez otorgada en favor de la aquí quejosa; por lo que de conformidad con el dispositivo 196 de la Ley de Amparo, téngase por cumplido el fallo protector, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido. En virtud de que este expediente es susceptible de depuración en un plazo de tres años, por encontrarse en el supuesto a que se refiere el inciso b), del artículo 18 del Acuerdo General que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, ya que se considera que no tiene relevancia jurídica dado el sentido del fallo, y al no estar contenido en los dispositivos 15 y 17 del citado Acuerdo General, en su oportunidad procédase a su depuración; realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Durango, Durango, a dos de septiembre de dos mil veintidós. De la certificación que antecede se advierte que la parte tercero interesado no manifestó nada dentro del término de tres días que se le dio en relación con el cumplimiento al fallo protector informado por las autoridades responsables obligadas; en tanto que la quejosa se inconformó por conducto de su autorizado******************** mediante escrito presentado el veinticinco de agosto último, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este órgano federal se avoca a resolver lo conducente con base en los elementos que obran en el expediente, los datos aportados por la propia autoridad y las manifestaciones de la parte quejosa. El artículo 77, fracción I, del propio ordenamiento reglamentario dispone que cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, la sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce del derecho vulnerado, y restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En la ejecutoria dictada en este enjuiciamiento se otorgó a la quejosa ******************** el amparo y protección de la Justicia Federal contra la resolución dictada el veinte de abril de dos mil veintidós por la Junta Especial Número Veintisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Durango en el incidente de liquidación deducido del procedimiento especial ********************, en la que se determinó improcedente la cuantificación realizada por la parte actora, e igualmente improcedente la planilla de liquidación propuesta por la demandada, y se les requirió para que dieran cumplimiento al laudo, la primera respecto al resolutivo tercero, y la última a transferir a la aseguradora que eligiera la actora el monto de las aportaciones a que se refiere el artículo 146 de la Ley del ******************** vigente, por los siguientes motivos: ".Sin embargo, el Tribunal Obrero soslayó resolver lo correspondiente al importe de la condena líquida y exigible para el pago de la pensión de invalidez otorgada en favor de la actora conforme al resolutivo tercero de la resolución definitiva emitida el siete de junio de dos mil veintiuno en el procedimiento especial ********************, en el que se ordenó la apertura del incidente de liquidación precisamente para cuantificar esa prestación, ya que se concretó a establecer que la planilla de liquidación propuesta por la parte actora es improcedente porque la cuantificación que realizó se basó en un salario que no fue el acreditado en el sumario laboral, pues de la copia de la resolución de otorgamiento de invalidez temporal se desprende que el once de enero de dos mil dieciséis se le otorgó una pensión temporal por invalidez bajo el régimen de la Ley del ******************** 1997, por la cantidad mensual de $2,696.70 (dos mil seiscientos noventa y seis pesos 70/100 moneda nacional), en la que se consideró un salario promedio actualizado a la fecha de su emisión conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor de $220.27 (doscientos veinte pesos 27/100 moneda nacional); e igualmente declaró improcedente la planilla de liquidación propuesta por el Instituto demandado por no establecer de manera precisa los parámetros para la determinación del salario promedio con que habrá de determinarse la pensión de invalidez otorgada en favor de la actora, y que habrá de pagarse desde el día once de julio de dos mil dieciocho conforme al resolutivo segundo de la resolución del procedimiento especial que se ejecuta. Por lo que es claro que la Junta Federal responsable al momento de emitir la resolución controvertida no contaba con los elementos necesarios para resolver el incidente de liquidación de laudo definitivo y determinar el monto de la pensión de invalidez, pues su tramitación es excepcional, cuando al resolver la controversia se carece de bases para cuantificar la condena líquida (prestaciones económicas), por lo que si las partes actora y demandada no aportaron las constancias necesarias para establecer el monto de dicha pensión, la Junta está en aptitud de recabar las constancias necesarias para resolver la incidencia y hacer operante y ejecutable eficazmente el laudo definitivo, dado que es el único instrumento procesal válido con el que cuentan los tribunales laborales para cumplimentar sus fallos cuando no poseen elementos suficientes para hacer efectiva y completa la cosa juzgada, además de que tiene como función hacer patente y eficaz el derecho establecido en el fallo, a fin de que la condena no quede vacía de contenido y operatividad, en aras de la completa administración de justicia prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Finalmente, en el resolutivo tercero de la resolución del incidente de liquidación la Junta Federal condenó al demandado ********************del ******************** a transferir el monto de las aportaciones a que se refiere el artículo 146 de la vigente Ley del ******************** a la aseguradora que elija la parte actora, una vez que lo hiciera del conocimiento de esa Junta, a pesar de que no fijó el monto de la cantidad líquida para el pago de la pensión de invalidez, lo que se traduce en falta de congruencia en su decisión. En tales condiciones, la resolución controvertida conculca los derechos fundamentales contenidos en los numerales 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". Por lo que el amparo se concedió para el efecto de que: ".la Junta Especial Número Veintisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Durango deje insubsistente la resolución que dictó el veinte de abril de dos mil veintidós dentro del incidente de liquidación deducido del procedimiento especial ********************, y en su lugar, previo a resolver la incidencia planteada a su potestad, ordene recabar la documentación necesaria para que esté en posibilidad de cuantificar y determinar el importe de la condena líquida y exigible para el pago de la pensión de invalidez otorgada en favor de la actora conforme al resolutivo tercero de la resolución definitiva emitida el siete de junio de dos mil veintiuno.". En cumplimiento al fallo protector, con su oficio 51-1650/2022, la Presidente de la Junta Federal remitió el acuerdo que dictó el uno de agosto de dos mil veintidós dentro del incidente de liquidación deducido del expediente ********************, en el que dejó insubsistente la resolución interlocutoria de liquidación de fecha veinte de abril de dos mil veintidós, y requirió a las partes para que exhibieran la impresión de la constancia de semanas cotizadas por la actora en el régimen de la seguridad social. Con posterior oficio 51-1754/2022, la propia Presidente de la Junta Especial allegó copia certificada de la resolución incidental de liquidación que emitieron los integrantes de ese Tribunal Obrero el dieciséis de agosto de dos mil veintidós en el expediente ********************, en la que analizadas las pruebas aportadas por las partes condenó al ********************del ******************** a transferir a la aseguradora elegida por la parte actora el monto de las pensiones devengadas en el periodo comprendido del once de julio de dos mil dieciocho (fecha considerada en la condena de la resolución de procedimiento especial que se ejecuta), al día doce de julio de dos mil veintiuno (en que se presentó la planilla de liquidación por la actora), por la cantidad de $86,316.24 (ochenta y seis mil trescientos dieciséis pesos 24/100 moneda nacional). Ahora bien, mediante escrito fechado y presentado el veinticinco de agosto de dos mil veintidós, el licenciado******************** manifestó en su carácter de autorizado de la quejosa ********************, su inconformidad con el cumplimiento dado a la sentencia ejecutoria de amparo, debido a que la cuantificación realizada por la autoridad responsable tanto en el salario como para determinar la cantidad total a cubrir causa perjuicio a la actora, pues la parte demandad exhibió la planilla que a su consideración era la correcta, lo que omitió considerar la autoridad responsable conforme al artículo 794 de la Ley Federal del Trabajo, que ordena que se tendrá por confesión expresa y espontánea de las partes sin necesidad de ser ofrecida como prueba las manifestaciones contenidas en las constancias y las actuaciones del juicio, Sin embargo, tales argumentos van enfocados a controvertir las consideraciones en que se basó la Junta Federal para resolver el incidente de liquidación, así como la cuantificación realizada para determinar la pensión por invalidez otorgada en favor de la aquí amparista, lo cual escapa de los efectos por los que se concedió el amparo, esto es, para que dicho Tribunal Obrero dejara insubsistente la resolución que dictó el veinte de abril de dos mil veintidós dentro del incidente de liquidación deducido del procedimiento especial ********************, y en su lugar, previo a resolver la incidencia planteada a su potestad, ordenara recabar la documentación necesaria para estar en posibilidad de cuantificar y determinar el importe de la condena líquida y exigible para el pago de la pensión de invalidez otorgada en favor de la actora conforme al resolutivo tercero de la resolución definitiva emitida el siete de junio de dos mil veintiuno; sin que en esta vía se pueda analizar la legalidad de las consideraciones que sustentan la nueva decisión jurisdiccional, en tanto que no fueron materia de estudio en la sentencia que se dictó en este juicio de amparo. Apoya a lo anterior la jurisprudencia 1ª./J. 88/2007, localizable en la página 85, del Tomo XXV, Junio de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. SI SE DECLARA INFUNDADA POR DETERMINARSE QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO FUE ATENDIDA EN SUS TÉRMINOS, ELLO NO IMPLICA PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA EMITIDA EN CUMPLIMIENTO DE AQUÉLLA". En tales condiciones, se cumplió la ejecutoria de amparo, en tanto que se dejó insubsistente la resolución controvertida en esta vía constitucional, y en su lugar, previo a recabar documentales, los integrantes de la Junta Federal emitieron una nueva determinación, en la que precisaron el monto total que corresponde a la pensión por invalidez otorgada en favor de la aquí quejosa; por lo que de conformidad con el dispositivo 196 de la Ley de Amparo, téngase por cumplido el fallo protector, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido. En virtud de que este expediente es susceptible de depuración en un plazo de tres años, por encontrarse en el supuesto a que se refiere el inciso b), del artículo 18 del Acuerdo General que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, ya que se considera que no tiene relevancia jurídica dado el sentido del fallo, y al no estar contenido en los dispositivos 15 y 17 del citado Acuerdo General, en su oportunidad procédase a su depuración; realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Agréguese el escrito de Raúl Galarza Enríquez autorizado de la parte quejosa, en el que manifiesta su inconformidad con el cumplimiento dado a la sentencia de amparo; resérvese acordar lo conducente una vez que transcurra a las demás partes el término de la vista que se les dio en auto del diecinueve de agosto de dos mil veintidós.

  4. Principal

    Durango, Durango, a veintiséis de agosto de dos mil veintidós. Vistos notifíquese al tercero interesado Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Durango el proveído dictado el diecinueve de este mes, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.

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