Claudia Hernández Alcala
Expediente 74/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 74/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Claudia Hernández Alcala
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, once de abril de dos mil diecinueve. Téngase recibido el escrito presentado por ************* por medio del cual solicita la devolución de los documentos que acompañó al escrito inicial de demanda. Ahora, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimiento Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2o, devuélvanse los documentos que fueron exhibidos con el escrito de demanda, previa copia a su costa y razón de recibo que se deje en autos, autorizando a las personas que menciona en su escrito de cuenta para que los reciban. Ahora, se previene a la parte quejosa para que recoja tales documentos dentro del plazo de noventa días naturales, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, es decir, acuda a este Juzgado debidamente identificada, a fin de que se le haga entrega de los mismos, ello con fundamento en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, apercibida que de no hacerlo en el plazo indicado, los documentos correrán la misma suerte que este expediente. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, quince de marzo de dos mil diecinueve. CAUSA ESTADO Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo 74/2019-II-A, y atendiendo al contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa en este juicio interpusiera el recurso de queja en contra del proveído veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, dictado en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, aplicados los primeros de conformidad con el artículo 2o, de la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. ARCHIVO Y ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL De conformidad con el punto noveno, fracción I, décimo, fracción I, décimo primero y vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se emitió un proveído que lo dio por concluido sin decidir el juicio en lo principal, no existen documentos originales exhibidos por las partes y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. TEMPORALIDAD PARA DESTRUCCION DE EXPEDIENTE Por tanto, previo transcurso del plazo de cinco años que se establece en el primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo en comento, procédase a su destrucción. ANOTACION DE VALORACION DOCUMENTAL Y FECHA DE ARCHIVO EN CARATULA DE EXPEDIENTE Consecuentemente, anótese en la carátula del expediente que es susceptible de destrucción y la fecha de archivo. REMISIÓN DE EXPEDIENTE AL CENTRO ARCHIVÍSTICO JUDICIAL QUE CORRESPONDA Una vez transcurrido el plazo de tres años establecido en el punto Décimo Primero del Acuerdo en comento, remítase este expediente al Centro Archivístico Judicial que corresponda. Notifíquese.
- Principal
Vista la razón actuarial que antecede, asentada por la Actuaria Judicial adscrita a este Tribunal, por medio de la cual manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar a la parte quejosa el proveído de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, en virtud de que al constituirse en el domicilio señalado para tal efecto, le fue informada que en el mismo no conocen a los aquí quejosos, ni a sus autorizados. Atento a lo anterior, hágase la referida notificación por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, en el entendido que las subsecuentes notificaciones aun las de carácter personal se le harán válidamente en los mismos términos. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiocho de febrero de dos mil diecinueve. IDENTIFICACIÓN PROMOVENTES Vista la demanda de amparo promovida por ************* contra actos del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 25, con sede en la Ciudad de San Luis Potosí y otra autoridad, por trasgresión que estima de los artículos 14 y 16 Constitucionales; en consecuencia, regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 74/2019. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis de la demanda de garantías que se recibe, de la que se advierte que reclama la resolución de veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, dictada dentro del juicio sucesorio testamentario en vía de jurisdicción voluntaria a bienes de ************ del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veinticinco con sede en la Ciudad de San Luis Potosí, promovido por ************ en la que se le reconoció a ésta el carácter de ejidataria del poblado "El Sabino" municipio de Alaquines, San Luis Potosí, respecto de los derechos agrarios que en vida pertenecieron al finado ************ empero, se incluyeron dentro del acervo hereditario, los bienes raíces que describe en su escrito de demanda, de los cuales refiere ser legítima propietaria en virtud de que fueron testados en su favor por el propio ************ mediante testamento de quince de octubre de dos mil cuatro, celebrado ante el Notario Público Número Uno en Cárdenas, San Luis Potosí, licenciado Miguel Lizardo Cuevas De lo anterior se advierte la notoria e indudable improcedencia de la demanda que se promueve al actualizarse en la especie la causa prevista en el artículo 61, fracción XX, en relación con el 113 de la Ley de Amparo. Bien, en los artículos 113 y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, se dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Luego, a fin de evidenciar con claridad la aludida causal de improcedencia, se transcribe el artículo 163 de la Ley Agraria, que establece: "Artículo 163.- Son juicios agrarios los que tienen por objeto sustanciar, dirimir y resolver las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en esta Ley." Por su parte en el artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, en lo que aquí concierne, dispone: "Artículo 18.- Los tribunales unitarios conocerán, por razón del territorio, de las controversias que se les planteen con relación a tierras ubicadas dentro de su jurisdicción, conforme a la competencia que les confiere este artículo. Los tribunales unitarios serán competentes para conocer: VII.- De controversias relativas a la sucesión de derechos ejidales y comunales; ." De la interpretación jurídica, armónica y gramatical de los preceptos legales transcritos, se desprende, que el Tribunal Unitario Agrario es competente para conocer, entre otros juicios agrarios, de las controversias relativas a la sucesión de los derechos ejidales y comunales. Ahora, como se dijo, en el presente juicio se impugna la resolución de veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, dictada dentro del juicio sucesorio testamentario en vía de jurisdicción voluntaria a bienes de ************ expediente 798/2015 del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Veinticinco con sede en la Ciudad de San Luis Potosí, en la que se le reconoció a ************ el carácter de ejidataria del poblado "El Sabino" municipio de Alaquines, San Luis Potosí, respecto de los derechos agrarios que en vida pertenecieron al fallecido ************ determinación que al haber sido emitida en un procedimiento de jurisdicción voluntaria, no adquiere la calidad de cosa juzgada, pues no resolvió un litigio sino que, se limitó a reconocer una situación jurídica existente; de tal suerte que, lo determinado en dichas diligencias, es susceptible de ser modificado a través del juicio agrario. En esa tesitura, si lo concluido en el procedimiento de jurisdicción voluntaria de origen cuya falta de emplazamiento reclama, puede ser controvertido a través de un juicio agrario ante los Tribunales Unitarios Agrarios, debió agotarlo previo a la presentación del presente juicio constitucional y, al no haberlo hecho así, esta instancia resulta improcedente. Al respecto, resulta aplicable la tesis IX.2o.8 A (10a.) sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro Veintisiete, Tomo VI, febrero dos mil dieciséis, página 2064, cuyo rubro y texto dicen: DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA EN MATERIA AGRARIA. LA FALTA DE LLAMAMIENTO A UNA PERSONA CUANDO HAN CONCLUIDO CON EL RECONOCIMIENTO DEL SUCESOR DE DERECHOS AGRARIOS SIN QUE SE HAYA DEJADO LISTA DE SUCESORES, NO TRANSGREDE SUS DERECHOS HUMANOS. La falta de llamamiento de una persona a las diligencias de jurisdicción voluntaria que han concluido con el reconocimiento del sucesor de derechos agrarios, sin que se haya dejado lista de sucesores, no transgrede los derechos humanos de aquélla, toda vez que lo ahí resuelto no tiene el carácter de cosa juzgada y, por ende, es susceptible de impugnarse, a fin de lograr su modificación mediante la promoción del juicio sucesorio previsto en el artículo 163 de la Ley Agraria, en relación con el diverso 18, fracción VII, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, toda vez que la tramitación de dicho juicio tiene como finalidad establecer a quién deberán pertenecer los derechos agrarios, en atención al artículo 18 de la Ley Agraria, que señala con precisión los sujetos que tienen derecho a suceder y los requisitos que deben acreditarse para ese efecto cuando no se dejó inscrita una lista de sucesores ante el Registro Agrario Nacional ni se formalizó alguna ante notario público; de suerte que, a través del juicio sucesorio se resolverían las situaciones jurídicas existentes, con audiencia de quien tenga derecho a oponerse, estableciéndose la eficacia o ineficacia y las consecuencias de lo determinado en las diligencias de jurisdicción voluntaria." Asimismo, la tesis XVI.1o.A.111 A (10a.) sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro Treinta y Cinco, Tomo IV, Décima Época, octubre dos mil dieciséis, página 2946, que dice: "JUICIO AGRARIO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA SOBRE SUCESIÓN DE DERECHOS EJIDALES O COMUNALES. Las resoluciones emitidas en los procedimientos de jurisdicción voluntaria, en ningún caso adquieren la calidad de cosa juzgada, propia de las sentencias de los procesos contenciosos, porque el juzgador no resuelve un litigio, ya que se limita a definir o reconocer una situación jurídica existente, susceptible de modificarse a través de la impugnación, por la vía legal correspondiente, de cualquier interesado; es decir, en la jurisdicción voluntaria el juzgador emite la resolución correspondiente con base en los elementos aportados por el peticionario; razón por la cual, esa determinación no produce efectos de cosa juzgada respecto de terceros cuyos derechos fueren afectados por ella, al no revestir propiamente carácter jurisdiccional, lo que permite calificar como administrativa la actividad de los Jueces que la desarrollan y, por ello, es viable su revocación con motivo de un proceso contencioso. Por tanto, contra la resolución de jurisdicción voluntaria sobre sucesión de derechos ejidales o comunales, procede el juicio agrario, con fundamento en la fracción VII del artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios". Por tanto, es inconcuso que la parte quejosa, debió agotar el medio de defensa ordinario procedente, contra los actos reclamados, es decir, debió instar ante el Tribunal Unitario Agrario respectivo el juicio agrario correspondiente, ya que entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se encuentra el de definitividad, que hace al juicio de amparo un medio extraordinario de defensa que es procedente cuando se hayan agotado previamente los medios ordinarios que la ley haya instituido para la impugnación del acto que, en su caso, el gobernado estime ilegal, salvo los casos de excepción que la Constitución Federal, la Ley de Amparo y la jurisprudencia establezcan, los que en la especie no se actualizan. Encuentra apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XV, mayo de dos mil dos, materia común, página novecientos dos, cuyo rubro y texto son los siguientes: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." En esa tesitura, en virtud de que en contra de la resolución reclamada procede un juicio por virtud del cual puede defender el derecho que con la promoción del amparo pretende, sin que previo a ello se hubiere agotado por el impetrante, de conformidad con lo previsto en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, el juicio respectivo, lo que procede es desechar la demanda de garantías conforme con lo previsto en el diverso numeral 113 del citado ordenamiento. DOMICILIO Y AUTORIZADOS En otro contexto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la mencionada ley, a Jerónimo Ruiz Padrón, José Lorenzo Rubio Torres, Iram Cespedes Martínez, Jazmín Carolina Hinojosa Ibarra, Guadalupe Soto Ávila y Vanessa Álvarez Álvarez, y únicamente para oír notificaciones e imponerse de los presentes autos a las otras personas indicadas, toda vez que no tienen su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, que las autorice a ejercer la profesión de abogado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. DIGITALIZACIÓN Con fundamento en el artículo 3o de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, en la inteligencia de que, conforme a su artículo transitorio segundo, hasta en tanto se dé cumplimiento a lo dispuesto en el primer párrafo del mismo, en lo que no se oponga, serán aplicables las disposiciones relativas de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis. De igual modo, en lo que se refiere a los datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva, en el entendido de que las partes tienen derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales. En esa tesitura, de acuerdo con lo establecido en los artículos 6 y 7 del Reglamento para la aplicación de la citada Ley, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro; 54, 55 y 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígasele a las partes que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, en la inteligencia que será mediante la elaboración de una versión pública en la que deberán suprimirse los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.
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