Claudia Guerrero Avila

Expediente 1071/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 8 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1071/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Claudia Guerrero Avila

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado electrónicamente por el Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia, con residencia en la Ciudad de México, en representación del Titular y del Jefe de Departamento de Registro, ambos de la Oficina de Representación en Tapachula, Chiapas de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con residencia en esta ciudad, al que acompaña diversos anexos. 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.74.95 EDUARDO SUMUANO AGUILAR 2 En tales condiciones, se le tiene por cumplido el requerimiento formulado en auto de dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA Ahora bien, de las constancias certificadas que remitió la potestad de cuenta, las cuales tienen valor probatorio pleno, por tratarse de documentales expedidas por servidor público autorizado en ejercicio de sus funciones, de conformidad con los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa en su ordinal 2; se desprende que la referida autoridad responsable en cumplimiento a lo solicitado por este juzgado, en proveído de veinte de septiembre del presente año, admitió el trámite a la solicitud de la parte quejosa, y la previno en términos del artículo 17-A de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos. Asimismo, mediante acta circunstanciada de fecha seis de octubre de dos mil veintitrés, suscrita por los integrantes de la Oficina de Representación en Chiapas de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, se hizo constar que la persona extranjera Claudia Guerrero Ávila no se presentó a dar continuidad con el trámite de reconocimiento de la condición de refugiado, por lo que se desechó el trámite por falta de interés de la parte quejosa y la imposibilidad jurídica para continuarlo. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA Ahora bien, del contenido de la demanda de amparo, y en contexto del artículo 74, fracción I, de la Ley de 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.74.95 EDUARDO SUMUANO AGUILAR 3 Amparo, se advierte que los actos aquí reclamados los constituyen: I. La omisión de no dar contestación al escrito de fecha 29 de agosto del 2023, para adelantar la cita para la solicitud del reconocimiento de la condición de refugiado, pues somos personas vulnerables al carecer de documentación migratorio para estar en el país, y sin tener un empleo, y no recibí respuesta ni por teléfono y ni por correo electrónico, vulnerando mis derechos humanos consagrados en los artículos 1, 8, 14 y 16 constituciones; II. La omisión de expedir constancia de solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado en favor de la quejosa y de mi menor hija e inscribirlo en el registro nacional de población y la negativa de otorgarle la clave única de registro de población (C.U.R.P.) para que las personas migrantes gocen plenamente del derecho a su identidad y libre desarrollo de la personalidad; III. La cita 195665, de fecha 19 de julio del 2023, con la negativa de atención inmediata y dilatoria de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, con fecha de formalización 16 de agosto del 2024, siendo violatorio mis derechos humanos esta cita, que dilata trámite para poder obtener constancia de trámite y CURP quedando en total estado de indefensión. En ese sentido, es claro que del contenido del oficio de cuenta y constancias que anexa, se advierte que se actualiza una causal de improcedencia que obliga al sobreseimiento en el presente juicio de amparo. 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.74.95 EDUARDO SUMUANO AGUILAR 4 Para ilustrar este aserto, primeramente es necesario transcribir el contenido del artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, cuya literalidad es la siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. (.)". La citada fracción establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de un cambio de situación jurídica en el mismo, deban considerarse irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Sentado lo anterior, debe precisarse, que un cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los siguientes supuestos: a). Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio. b). Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo. 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.74.95 EDUARDO SUMUANO AGUILAR 5 c). No pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas. d). Exista autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que ésta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Cobra aplicación al caso, la tesis 2a. CXI/96, de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País1 , que se lee: "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Ahora bien, de las constancias que la autoridad 1 Visible en la página 219, del Tomo IV, Diciembre de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.74.95 EDUARDO SUMUANO AGUILAR 6 responsable acompañó al ocurso de cuenta, se aprecian los siguientes ANTECEDENTES: 1). El diecinueve de julio de dos mil veintitrés, la persona extranjera Claudia Guerrero Ávila, quien viaja en compañía de su hija menor de edad de iniciales Y,C.G., se presentaron ante la Oficina de Representación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con residencia en Tapachula, Chiapas, a solicitar el reconocimiento de la calidad de refugiados en este país. 2). El veinte de septiembre de la presente anualidad, la Oficina de Representación en Chiapas de la Coordinación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con sede en esta ciudad, admitió a trámite la solicitud formulada por la parte quejosa y previno a ésta a fin de que compareciera dentro del plazo de los cinco días siguientes a dar continuidad al procedimiento migratorio solicitado consistente en: 1) Llenado de formulario de Registro; 2) toma de fotografías para la emisión de constancia de trámite; 3) recepción de datos biométricos para la emisión de la CURP; y, 4) El llenado de formulario de detención de necesidades. Lo anterior, bajo el apercibimiento de que en caso de que la persona extranjera no compareciera, esa Oficina de Representación se vería imposibilitada a dar continuidad al trámite de reconocimiento de la condición de refugiado, esto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 17-A de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, numeral que a la letra dice: "Artículo 17-A.- Cuando los escritos que presenten los interesados no contengan los datos o no cumplan con los requisitos aplicables, la dependencia u organismo descentralizado correspondiente deberá prevenir a los interesados, 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.74.95 EDUARDO SUMUANO AGUILAR 7 por escrito y por una sola vez, para que subsanen la omisión dentro del término que establezca la dependencia u organismo descentralizado, el cual no podrá ser menor de cinco días hábiles contados a partir de que haya surtido efectos la notificación; transcurrido el plazo correspondiente sin desahogar la prevención, se desechará el trámite. (.)". 3). Que vía correo electrónico, el veinte de septiembre de dos mil veintitrés, se notificó a la quejosa, que contaban con el término de cinco días hábiles para que se presentaran en las instalaciones de las oficinas de representación en Tapachula, Chiapas, de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, a fin de continuar con el trámite migratorio solicitado, bajo el apercibimiento que en caso de no comparecer esa Oficina de Representación se vería imposibilitada a dar continuidad al trámite de reconocimiento de la condición de refugiado. 4) Que mediante acta circunstanciada de fecha seis de octubre de dos mil veintitrés, suscrita por los integrantes de la Oficina de Representación en Chiapas de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, se hizo constar que la persona extranjera Claudia Guerrero Ávila no se presentó a dar continuidad con el trámite de reconocimiento de la condición de refugiado, por lo que se desechó el trámite por falta de interés de la parte quejosa y la imposibilidad jurídica para continuarlo. Hasta aquí dichos antecedentes. En el caso en concreto, la parte quejosa reclama, en primer término, la omisión y abstención de las autoridades migratorias de admitir a trámite y sustanciar el 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.74.95 EDUARDO SUMUANO AGUILAR 8 procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado de forma efectiva. Sin embargo, de las constancias que obran en autos, se observa que mediante acuerdo de veinte de septiembre de la presente anualidad, la Oficina de Representación en Chiapas de la Coordinación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con sede en esta ciudad, admitió a trámite la solicitud de reconocimiento de condición de refugiado formulada por la parte quejosa y la citó a fin de se presentara dentro de los cinco días hábiles siguientes a continuar con el procedimiento correspondiente, esto es, el llenado del formulario de registro, la toma de fotografía para la emisión de la constancia de trámite, recepción de datos biométricos para la emisión de la CURP y el llenado de detección de necesidades. Cabe manifestar que, en dicho acuerdo de admisión, se estableció que en caso de que la persona extranjera no compareciera a continuar con el trámite respectivo, la autoridad responsable estaría imposibilitada a darle continuidad y, en consecuencia, se tendría por desechado en términos de lo dispuesto en el artículo 17-A de la Ley de Procedimientos Administrativos. Dicho acuerdo fue notificado vía correo electrónico a la peticionaria de amparo. Es por ello, que el seis de octubre de dos mil veintitrés, los integrantes de la Oficina de Representación en Chiapas de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, se pronunciaron respecto a la inasistencia de la persona extranjera Claudia Guerrero Ávila para dar continuidad a su trámite de reconocimiento de la condición de refugiada y lo desecharon por falta de interés jurídico para continuarlo. En esas condiciones, es evidente que en la especie, 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.74.95 EDUARDO SUMUANO AGUILAR 9 surge un cambio de situación jurídica en razón de haberse desechado el trámite de reconocimiento de la condición de refugiada de la parte quejosa, pues si la demanda de amparo fue promovida para que el referido trámite fuera admitido -lo cual sí aconteció- y, con posterioridad, la propia quejosa Claudia Guerrero Ávila se mostró ajena en continuar con las etapas del mismo hasta su conclusión, orillando a la autoridad responsable a desechar su trámite, entonces cambió su situación jurídica, pues se pronunció una determinación que impide analizar la violación que le atribuye a las omisiones que señala la parte quejosa. Cambio de situación jurídica que implica que las violaciones atribuidas al resto de los actos reclamados deban considerarse consumados irreparablemente y, por ello no pueda analizarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los mismos, sin afectar la nueva situación jurídica que emana del desechamiento, la cual goza de autonomía y pone fin al procedimiento migratorio iniciado por la parte quejosa, así como sus consecuencias. Encuentra sustento lo anterior, por analogía, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con datos de localización Registro digital: 171841, Instancia: Primera Sala, Novena Época, Materias(s): Penal, Tesis: 1a./J. 95/2007, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, agosto de 2007, página 50, Tipo: Jurisprudencia, de rubro y texto siguientes: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Si en el 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.74.95 EDUARDO SUMUANO AGUILAR 10 juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos". Sin que obste, que al presente sumario constitucional compareció la persona menor de edad identificada con iniciales C.G.A., representada por Claudia Guerrero Ávila, lo cual implica que lo aquí determinado en ningún modo transgrede el interés superior del menor, ni los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni pugnan el principio pro homine, previsto en el artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.74.95 EDUARDO SUMUANO AGUILAR 11 la justicia, puesto que las garantías contenidas en dichos numerales, no implican que las partes se encuentren exentas de cumplir con las formalidades y cargas jurídico procesales que les correspondan en cada caso, según la legislación aplicable. Sustenta lo anterior, lo dispuesto en la jurisprudencia 1ª./J. 10/2014 (10ª), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." Además, apoya lo expuesto, la jurisprudencia P./J. 7/2016 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.74.95 EDUARDO SUMUANO AGUILAR 12 de la Nación, con registro digital: 2012592, de título, subtítulo y texto: "INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES DE EDAD. NECESIDAD DE UN ESCRUTINIO ESTRICTO CUANDO SE AFECTEN SUS INTERESES. El interés superior de los niños, niñas y adolescentes implica que el desarrollo de éstos y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a su vida. Así, todas las autoridades deben asegurar y garantizar que en todos los asuntos, decisiones y políticas públicas en las que se les involucre, todos los niños, niñas y adolescentes tengan el disfrute y goce de todos sus derechos humanos, especialmente de aquellos que permiten su óptimo desarrollo, esto es, los que aseguran la satisfacción de sus necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud física y emocional, el vivir en familia con lazos afectivos, la educación y el sano esparcimiento, elementos -todos- esenciales para su desarrollo integral. En ese sentido, el principio del interés superior del menor de edad implica que la protección de sus derechos debe realizarse por parte de las autoridades a través de medidas reforzadas o agravadas en todos los ámbitos que estén relacionados directa o indirectamente con los niños, niñas y adolescentes, ya que sus intereses deben protegerse siempre con una mayor intensidad. En esa lógica, cuando los juzgadores tienen que analizar la constitucionalidad de normas, o bien, aplicarlas, y éstas inciden sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es necesario realizar un escrutinio más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida de modo que se permita vislumbrar los grados de afectación a los intereses de los menores y la forma en que deben armonizarse para que dicha medida sea una herramienta útil para garantizar el bienestar integral del menor en todo momento." 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.74.95 EDUARDO SUMUANO AGUILAR 13 Por lo que, sobreviene la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, y en consecuencia, con apoyo en el dispositivo 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, Constitucionales, es procedente sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin esperar a la celebración de la audiencia constitucional relativa, ya que de hacerlo, se contravendría el espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Encuentra sustento la anterior determinación, sustentado por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, en la Jurisprudencia 10/2003, cuyos datos de localización son: Registro digital: 184572, Instancia: Segunda Sala, Novena Época, Materias(s): Común, Tesis: 2a./J. 10/2003, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386, Tipo: Jurisprudencia, de rubro y texto siguientes: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.74.95 EDUARDO SUMUANO AGUILAR 14 que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL SIN EFECTOS Atento a lo expuesto en párrafos que anteceden, se deja sin efecto la fecha señalada para la audiencia constitucional programada para las once horas con seis minutos del quince de diciembre de dos mil veintitrés. Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los cueles se advierte que mediante proveído de treinta y uno de octubre del año en curso, se tuvo por recibido el informe justificado rendido por el Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con sede en esta ciudad, a través del cual informó que mediante acuerdo de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, admitió a trámite la solicitud de los quejosos Claudia Guerrero Ávila y Yuliana Chamorro Guerrero, y en el mismo acto previno a la parte quejosa, para que dentro del término de cinco días, dieran cumplimiento a los requerimientos mencionados, sin que a la presente fecha haya informado sobre su cumplimiento. Ante tal circunstancia, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, a efecto de emitir una resolución conforme a derecho, requiérase a las autoridades responsables antes citadas, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que queden debidamente notificados del presente proveído, informen si las citadas quejosas ya dieron cumplimiento a las prevenciones realizadas en auto de veinte de septiembre del año en curso, y en caso de ser así, remitan copias certificadas legibles debidamente foliadas, selladas, rubricadas y cronológicamente ordenadas, con las que patenticen dicho cumplimiento., o bien, informe el impedimento legal o material que tuvieran para ello. Lo que antecede, bajo el apercibimiento que de no remitir las constancias respectivas, se le impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. SE DIFIERE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las once horas con seis minutos del quince de diciembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo su desahogo. Inscríbase esta determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de esta institución, para los estadísticos correspondientes.

  3. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese a sus antecedentes para los efectos legales conducentes, el informe justificado correspondiente al Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de dar cuenta con el mismo al momento de celebrarse la audiencia constitucional. En términos de los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene a la potestad ocursante ofreciendo como pruebas de su intención, las documentales que allega junto a su informe de cuenta, las cuales desde este momento se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, en el entendido que serán relacionadas en la audiencia respectiva. Finalmente, se tiene a la responsable de trato autorizando como delegados de su intención y señalando como domicilio para el efecto de oír y recibir notificaciones a los profesionistas y la dirección que cita en su ocurso de mérito, de conformidad con los artículos 9 y 28 de la Ley de la Materia. Así lo proveyó y firma Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida de Eduardo Sumuano Aguilar, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  4. Incidental

    Visto lo de cuenta, agréguese a sus antecedentes para los efectos legales conducentes, el oficio de cuenta, signado electrónicamente por el Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia, con residencia en la Ciudad de México, en representación del Titular y Jefe de Departamento de Registro, ambos de la Oficina de Representación en esta ciudad, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, por medio del cual informa el cumplimiento dado a la suspensión definitiva, agregando que se encuentra imposibilitado jurídica y materialmente para continuar con el procedimiento de refugiado solicitado por la parte quejosa. Se toma nota de lo informado por la autoridad oficiante para los efectos legales condignos.

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