Claudia Guadalupe Rodriguez Tapia
Expediente 1701/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 29 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1701/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 16/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Claudia Guadalupe Rodriguez Tapia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 29.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciséis de mayo de dos mil veintidós Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de dieciocho de abril de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, sin que a la fecha ninguna de las partes ejerciera ese derecho; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ". Deje sin efectos las fechas lejanas señaladas para el desahogo de las de las pruebas admitidas a las partes en proveído de cinco de noviembre de dos mil diecinueve, y señale nuevas fechas para su desahogo, ajustándose a lo preceptuado por la ley que rija el juicio de donde emana el acto reclamado, y lo haga del conocimiento de las partes, y; En caso de llegar el día del desahogo de las citadas pruebas, y estás se encuentren preparadas, deberá desahogarlas, o en caso contrario respetando los términos y plazos contenido los artículos 883 y 884, de la Ley Federal del Trabajo, dicte otra en la que deberá sujetarse a los lineamientos establecidos en la resolución, a fin de salvaguardar el derecho de la parte quejosa de que se administre justicia de manera pronta y expedita. .". Dicha sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, al acreditar que por lo que hace a la prueba de inspección ocular, el veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, se tuvo por desahogada, la prueba de cotejo de documentales se llevó a cabo su verificativo y desahogo el siete de abril de dos mil veintiuno. Por lo que hace a las pruebas periciales médicas ofrecidas por la parte demandada a cargo del perito Elida Paola Álvarez, fue desahogada el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno. Por lo que hace a la prueba pericial médica a cargo del perito Elizabeth Paulina Cruz Avilez, fue desahogada el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno. Y por lo que hace a la prueba pericial en materia de medicina de trabajo a cargo del perito tercero en discordia Elías Aramburo Rodríguez, se desahogó mediante diligencia de once de abril de dos mil veintidós. Finalmente, en audiencia de once de abril de dos mil veintidós, la Junta responsable, certificó y determinó que no quedaban pruebas pendientes por desahogar ordenando turnar los autos para el dictado del laudo correspondiente, todo ello, desahogado en el juicio laboral 1267/2018; constancias con las cuales se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera. Con base en lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, al acreditar haber realizado las gestiones necesarias y procedió al desahogo y/o decretar su deserción de las pruebas faltantes por desahogar, tal como quedó señalado en párrafos que anteceden y fue indicado en la ejecutoria de amparo. Por ello este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable realizara las gestiones a efecto de desahogar las pruebas faltantes por desahogar las cuales fueron ofrecidas por las partes o declarar su imposibilidad para su desahogo. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, acreditó que por lo que hace a las prueba de inspección ocular, el veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, se tuvo por desahogada, la prueba de cotejo de documentales se llevó a cabo su verificativo y desahogo el siete de abril de dos mil veintiuno. Por lo que hace a las pruebas periciales médicas ofrecida por la parte demandada a cargo del perito Pola Álvarez Elida, fue desahogada el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno. Por lo que hace a la prueba pericial médica a cargo del perito Elizabeth Paulina Cruz Avilés, fue desahogada el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno. Y por lo que hace a la prueba pericial en materia de medicina de trabajo a cargo del perito tercero en discordia Elías Aramburo Rodríguez, se desahogó mediante diligencia de once de abril de dos mil veintidós. Finalmente, en audiencia de once de abril de dos mil veintidós, la Junta responsable, certificó y determinó que no quedaban pruebas pendientes por desahogar ordenando turnar los autos para el dictado del laudo correspondiente, todo ello, desahogado en el juicio laboral 1267/2018; tal como se advierte de las constancias que remitió la responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad y/o las que determina el Titular de los autos, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Cabe destacar que en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por no haberse solicitado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Hago constar y doy fe, que transcurrido el término que establece el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo; en consecuencia, se le notifica a la parte quejosa Claudia Guadalupe Rodríguez Tapia, así como a sus autorizados, el contenido de la determinación de fecha dieciséis de mayo del año en curso, dictada dentro del expediente al rubro citado, por medio de lista que se fija en el exterior de la sede del Poder Judicial Federal, Delegación Morelos, por la situación de pandemia que se vive actualmente, así como en la lista electrónica publicada en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, de la Ley de Amparo: Cuernavaca, Morelos, dieciséis de mayo de dos mil veintidós Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de dieciocho de abril de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, sin que a la fecha ninguna de las partes ejerciera ese derecho; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ". Deje sin efectos las fechas lejanas señaladas para el desahogo de las de las pruebas admitidas a las partes en proveído de cinco de noviembre de dos mil diecinueve, y señale nuevas fechas para su desahogo, ajustándose a lo preceptuado por la ley que rija el juicio de donde emana el acto reclamado, y lo haga del conocimiento de las partes, y; En caso de llegar el día del desahogo de las citadas pruebas, y estás se encuentren preparadas, deberá desahogarlas, o en caso contrario respetando los términos y plazos contenido los artículos 883 y 884, de la Ley Federal del Trabajo, dicte otra en la que deberá sujetarse a los lineamientos establecidos en la resolución, a fin de salvaguardar el derecho de la parte quejosa de que se administre justicia de manera pronta y expedita. .". Dicha sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, al acreditar que por lo que hace a la prueba de inspección ocular, el veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, se tuvo por desahogada, la prueba de cotejo de documentales se llevó a cabo su verificativo y desahogo el siete de abril de dos mil veintiuno. Por lo que hace a las pruebas periciales médicas ofrecidas por la parte demandada a cargo del perito Elida Paola Álvarez, fue desahogada el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno. Por lo que hace a la prueba pericial médica a cargo del perito Elizabeth Paulina Cruz Avilez, fue desahogada el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno. Y por lo que hace a la prueba pericial en materia de medicina de trabajo a cargo del perito tercero en discordia Elías Aramburo Rodríguez, se desahogó mediante diligencia de once de abril de dos mil veintidós. Finalmente, en audiencia de once de abril de dos mil veintidós, la Junta responsable, certificó y determinó que no quedaban pruebas pendientes por desahogar ordenando turnar los autos para el dictado del laudo correspondiente, todo ello, desahogado en el juicio laboral 1267/2018; constancias con las cuales se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera. Con base en lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, al acreditar haber realizado las gestiones necesarias y procedió al desahogo y/o decretar su deserción de las pruebas faltantes por desahogar, tal como quedó señalado en párrafos que anteceden y fue indicado en la ejecutoria de amparo. Por ello este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable realizara las gestiones a efecto de desahogar las pruebas faltantes por desahogar las cuales fueron ofrecidas por las partes o declarar su imposibilidad para su desahogo. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, acreditó que por lo que hace a las prueba de inspección ocular, el veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, se tuvo por desahogada, la prueba de cotejo de documentales se llevó a cabo su verificativo y desahogo el siete de abril de dos mil veintiuno. Por lo que hace a las pruebas periciales médicas ofrecida por la parte demandada a cargo del perito Pola Álvarez Elida, fue desahogada el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno. Por lo que hace a la prueba pericial médica a cargo del perito Elizabeth Paulina Cruz Avilés, fue desahogada el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno. Y por lo que hace a la prueba pericial en materia de medicina de trabajo a cargo del perito tercero en discordia Elías Aramburo Rodríguez, se desahogó mediante diligencia de once de abril de dos mil veintidós. Finalmente, en audiencia de once de abril de dos mil veintidós, la Junta responsable, certificó y determinó que no quedaban pruebas pendientes por desahogar ordenando turnar los autos para el dictado del laudo correspondiente, todo ello, desahogado en el juicio laboral 1267/2018; tal como se advierte de las constancias que remitió la responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad y/o las que determina el Titular de los autos, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Cabe destacar que en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por no haberse solicitado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciocho de abril de dos mil veintidós. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por María Magdalena Kabsch Vela, Presidenta de la Junta Especial número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en Cuernavaca, Morelos, mediante el cual informa que el once de abril de la presente anualidad, tuvo por desahogada la pericial médica a cargo del perito tercero en discordia doctor Elías Aramburu Rodríguez, y al no quedar prueba pendiente por desahogar cerró instrucción; remitiendo copia certificada para acreditar su dicho. Téngase por hecha la comunicación anterior, para los efectos legales a que haya lugar, y en atención a su contenido, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente aplicable, córrase traslado a la parte quejosa con el oficio de cuenta y anexo, dese vista a las partes por el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que queden legalmente notificadas de este proveído, para que expresen lo que a sus intereses convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, tomando en consideración las documentales remitidas por la autoridad responsable, este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por María Magdalena Kabsch Vela, presidenta de la Junta Especial número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en Cuernavaca, Morelos, mediante el cual informa que la Secretaria Auxiliar de Peritajes y Diligencias con residencia en la Ciudad de México, remitió el dictamen emitido por el perito tercero en discordia doctor Elías Aramburu Rodríguez, por lo que lo tuvo por rendido y señaló el once de abril de la presente anualidad, con el fin de que las partes formulen repreguntas a dicho experto; remitiendo copias certificadas para acreditar su dicho. Al respecto, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a María Magdalena Kabsch Vela, presidenta de la Junta Especial número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en Cuernavaca, Morelos, para que en el término de tres días, contados a partir del momento al que quede legalmente notificado del presente proveído, dé cumplimiento a lo siguiente: Informe si la diligencia que señaló para el once de abril de la presente anualidad, se encuentra debidamente integrada, ello con el fin de evitar diferimientos innecesarios, debiendo remitir las constancias de notificación realizada a todas y cada una de las partes que intervendrán en la misma. Se apercibe a la autoridad responsable que en el caso de ser omisa y de actualizarse dicho supuesto, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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