Claudia Guadalupe Morales Valadez

Expediente 476/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
476/2020
Año
2020
Actuaciones
10
Última actuación
25/04/2022

Partes del expediente

  • Claudia Guadalupe Morales Valadez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Incidental

    Agréguese a los autos el oficio suscrito por la Actuaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativas y de Trabajo del Decimoprimer Circuito, con sede en esta ciudad, a través del cual transcribe el auto de veintiuno de abril de este año, dictado en el expediente 88/2022, por el que se declaró sin materia el recurso de revisión interpuesto contra la resolución interlocutoria dictado en el presente cuadernillo. Ahora bien, una vez que se cause estado dicha resolución y sea devuelto el incidente original remitido a la Superioridad, se acordará lo procedente.

  2. Principal

    En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. CAUSA ESTADO. De la certificación de cuenta, se desprende el desistimiento de la parte quejosa, por lo que no fue impugnada en legal término la determinación que decretó el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en el presente juicio, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. 2. ARCHIVO. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al área habilitada para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. VALORACIÓN. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN Y NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL. De conformidad con el artículo 21 del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. 3. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Ahora bien, toda vez que en el cuadernillo del incidente de suspensión, derivado de este juicio, se desprende que por auto de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, se interpuso recurso de revisión contra la interlocutoria dictada en ese asunto, sin que a la fecha se haya enviado a la Superioridad. Por tanto, remítasele el mismo, adjuntando el original de dicho cuadernillo y los agravios de referencia, para el ulterior trámite del recurso de revisión de que se trata, solicitándole de la manera más atenta, acusar recibo de recepción. 4. Certificación. De la certificación de cuenta se evidencia un retraso injustificado en la integración de este asunto, por lo que, con las constancias de este expediente se da cuenta al titular por separado para que acuerde lo que en derecho corresponda.

  3. Principal

    POR ESTE NMEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE PROVEÍDO: Morelia, Michoacán, treinta de octubre de dos mil veinte. Desistimiento. Vista la certificación que antecede, de la cual se advierte que Claudia Guadalupe Morales Valadez, mediante video llamada y en cumplimiento al auto de veintitrés de octubre pasado, ratificó el contenido y firma del escrito con registro 11139, en el que desistió del presente juicio de amparo. Se decreta sobreseimiento. En consecuencia, se tiene por desistida a la parte quejosa del presente juicio de amparo, y con fundamento en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, dejándose sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (quince horas con cuarenta minutos del cuatro de noviembre de dos mil veinte). Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia 2a./J.33/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página: 147, Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia". Causa estado En consecuencia, dada la ratificación señalada en líneas precedentes, conforme a la certificación de cuenta, se estima que el presente proveído ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. Lo anterior en virtud de que la peticionaria del amparo, una vez ratificado el escrito de desistimiento, no puede retractarse, pues la sola ratificación actualiza la causa de sobreseimiento antes invocada. Sirve de apoyo la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO PROCEDE SU RETRACTACIÓN UNA VEZ RATIFICADO ANTE LA PRESENCIA JUDICIAL. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 119/2006, de rubro: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO.", sostuvo que la ratificación del escrito de desistimiento de la demanda de amparo tiene como objeto verificar la identidad de quien desiste, esto es, cerciorarse de que no se trate de un ocurso en el que se haya suplantado al interesado o que obedezca a una causa ajena a su voluntad. Ahora bien, la retractación de dicho desistimiento debe hacerse dentro del plazo de tres días previsto para su ratificación o durante el desarrollo de la diligencia relativa, en términos de la fracción III del artículo 30 de la Ley de Amparo. De lo que se sigue que si el peticionario de garantías pretende abandonar su intención de desistir de la demanda de amparo después de ratificar el desistimiento ante la presencia judicial, no es posible que la retractación surta efectos a su favor, pues la sola ratificación actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la fracción I del artículo 74 de la citada Ley; máxime que lo contrario atentaría contra la garantía de seguridad jurídica y el principio general de derecho consistente en que los actos jurídicos no pueden dejarse al arbitrio de una de las partes. Lo anterior es así, con independencia de que dicha retractación se presente antes del dictado de la sentencia definitiva correspondiente, en la medida en que la negativa a acordar favorablemente la abdicación emana de la naturaleza intrínseca que le inculca la ratificación previa del escrito de desistimiento, además de que, en todo caso, la sentencia que se emita al respecto y decrete el sobreseimiento tendrá carácter declarativo, al manifestar una causa legal que impide la continuación del juicio o que pueda resolverse la cuestión de fondo originalmente planteada". Archivo En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, archívese el expediente como asunto concluido. Orden de destrucción De acuerdo a lo establecido en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, destrúyase el presente asunto, una vez transcurridos tres años de su fecha de archivo, toda vez que se decretó el sobreseimiento respecto de todos los actos reclamados. Información reservada Hágase saber para los efectos establecidos en el citado Acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. Del contenido de los autos, se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Acuerdo en incidente. Tomando en consideración lo anterior, acuérdese lo correspondiente en el incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar. Devolución de documento. De conformidad con lo dispuesto por el artículo Décimo Primero, del referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existen documentos algunos, en original, por devolver a las partes. Digitalización. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Reynaldo Piñón Rangel, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido del licenciado Javier Ivan Contreras Osorio, secretario que autoriza las actuaciones y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Escrito de desistimiento. Agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa Claudia Guadalupe Morales Valadez, mediante el cual manifiesta que es su deseo desistirse del juicio de amparo, por así convenir a sus intereses. Ahora, primeramente debe decirse que la quejosa se ubica dentro del supuesto regulado en los Acuerdos por los que se establecen acciones preventivas y extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el Virus SARS-CoV2, pues manifestó bajo protesta de decir verdad, ser una persona que padece hipertensión. La manifestación, bajo protesta de decir verdad, de la quejosa en torno a la enfermedad que sufre es suficiente para considerar demostrado -al menos de forma indiciaria- que, efectivamente, la peticionaria de amparo padece hipertensión. Lo anterior, pues el principio de buena fe es inherente al juicio de amparo, además de que, ante la situación excepcional que atraviesa el País, generada por la pandemia ocasionada por el virus denominado COVID-19, se le debe dar a los justiciables la credibilidad suficiente, sobre todo, cuando no existe prueba en sentido contrario. En ese sentido, las manifestaciones de la peticionaria de derechos, bajo protesta de decir verdad permiten colegir que, dadas las condiciones particulares, la justiciable se ubica dentro de los supuestos considerados como grupos vulnerables previstos en los diferentes acuerdos de acciones preventivas y acciones extraordinarias emitidos por la autoridad federal. Acuerdos que establecen la protección y respeto al derecho a la salud, que deberán, a efecto de mitigar y controlar los riesgos a la salud, ejecutarse medidas preventivas y extraordinarias, en favor de las personas que se encuentren dentro del grupo vulnerable, reconociéndose dentro de éste, como se ha especificado, a los pacientes diagnosticados con hipertensión. En ese sentido, al ser la quejosa una persona con hipertensión, está en un plano de vulnerabilidad ante el virus denominado Covid-19, riesgo que no es eventual o ficticio, sino que puede implicar incluso el riesgo de perder no sólo la salud, sino la vida. En ese sentido, la materia de la litis constitucional involucra el derecho a la vida, protegido por nuestra Constitución y por los Tratados Internacionales adoptados por nuestro país, pues se trata de un derecho fundamental, sin el cual no cabe la existencia ni el disfrute de los demás derechos. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia P./J. 13/2002, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, novena época, tomo XV, febrero de 2002, materia constitucional, página 589, que a continuación se transcribe: "DERECHO A LA VIDA. SU PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. Del análisis integral de lo dispuesto en los artículos 1o., 14 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que al establecer, respectivamente, el principio de igualdad de todos los individuos que se encuentren en el territorio nacional, por el que se les otorga el goce de los derechos que la propia Constitución consagra, prohibiendo la esclavitud y todo tipo de discriminación; que nadie podrá ser privado, entre otros derechos, de la vida, sin cumplir con la garantía de audiencia, esto es, mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se sigan las formalidades esenciales del procedimiento; y que la pena de muerte sólo podrá imponerse contra los sujetos que la propia norma constitucional señala, protege el derecho a la vida de todos los individuos, pues lo contempla como un derecho fundamental, sin el cual no cabe la existencia ni disfrute de los demás derechos." En segundo lugar, debe decirse que el desistimiento debe ser ratificado de conformidad con la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación en su Gaceta, Tomo XXIV, agosto 2006, Novena Época, que señala: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO.". Por tanto, se estima necesaria la comparecencia del peticionario de amparo para que éste pueda ratificar el desistimiento de mérito. En consecuencia, comisiones a uno de los actuarios adscrito a este órgano para que se constituya en el domicilio de la parte quejosa y, en caso de que la diligencia se entienda con la directa agraviada, la requiera para que en el acto de la diligencia ratifique el desistimiento que se provee. En atención a lo anterior, en caso de no llevarse a acabo la diligencia citada en párrafos precedentes, aunque la Ley de Amparo no prevé la ratificación a través de videoconferencia, sin embargo, de conformidad con el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus Covid-19, y dadas las medidas que prevalecen en el país, con motivo de la declaración de estado de emergencia por la epidemia causada por el virus SARS-CoV-2, a fin de evitar poner en riesgo al personal de este órgano jurisdiccional, aunado a la buena fe de las manifestaciones insertas en el escrito de cuenta, prevéngase a la promovente para que: Mediante teléfono 4432-81-24-63, se coordine con el secretario encargado del presente expediente para la diligencia formal de ratificación del desistimiento, en un día y hora específico, todo dentro del término de hasta tres días, contado a partir del siguiente al en que quede legalmente notificada del presente proveído. En el entendido de que en dicha diligencia, la persona facultada para el desistimiento, debe mostrar al Secretario una credencial oficial vigente, cuyos rasgos deberán coincidir con su persona, de manera que en la certificación de la videollamada se asiente dicha circunstancia, asimismo otros datos referentes a su identidad, como número de folio, por ejemplo. Apercibida que de no hacerlo en el plazo indicado, se continuará con el trámite de este juicio de amparo. Digitalización. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

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