CLAUDIA GUADALUPE HERNANDEZ ESPEGEL y Otros.

Expediente 304/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
304/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
10/11/2020

Partes del expediente

  • Claudia Guadalupe Hernandez Espegel
  • CLAUDIA GUADALUPE HERNANDEZ ESPEGEL y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    ...Se advierte que no se interpuso recurso de queja contra el auto en el que se desechó la demanda de amparo origen de este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO. Con fundamento en el artículo 214 de la ley en la materia, archívese este juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del artículo 21, inciso d), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo que carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo disponen los numerales 21, 22 y 23 del acuerdo normativo. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. Finalmente, tomando en consideración lo hasta aquí expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2°, de la Ley de Amparo, devuélvanse a la parte promovente las documentales que allegó al presente asunto, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos para debida constancia; asimismo, se le requiere para que acuda dentro de un plazo de NOVENTA DÍAS para recogerlos, apercibida que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente original. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA, SE HACE EFECTIVO A LA PARTE QUEJOSA EL APERCIBIMIENTO CON EL QUE SE LE CONMINÓ DENTRO DEL AVISO DE 11/11/2020, Y SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DICTADO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "...Se advierte que no se interpuso recurso de queja contra el auto en el que se desechó la demanda de amparo origen de este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO. Con fundamento en el artículo 214 de la ley en la materia, archívese este juicio como asunto concluido. Finalmente, tomando en consideración lo hasta aquí expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2°, de la Ley de Amparo, devuélvanse a la parte promovente las documentales que allegó al presente asunto, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos para debida constancia; asimismo, se le requiere para que acuda dentro de un plazo de NOVENTA DÍAS para recogerlos, apercibida que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente original..., ANTE SU OMISIÓN DE COMPARECER A NOTIFICARSE PREVIO AVISO Y/O CITATORIO QUE SE LE DEJÓ.

  3. Principal

    La demanda de amparo promovida por Claudia Guadalupe **********, por propio derecho, contra actos del Juzgado Segundo de Primera, con sede en Pánuco. RADICACIÓN. Con fundamento en los artículos 3 y 112 de la Ley de Amparo, fórmense los expedientes impreso y electrónico bajo el número 304/2020, y realícense los registros correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Del escrito de demanda se advierte que el promovente de amparo reclama en esta vía constitucional lo siguiente: ". EL ACUERDO, pronunciado en fecha VEINTIOCHO DE JULIO DEL AÑO DEL AÑO DOS MIL VEINTE, dictado dentro del Juicio Civil No. 894/2016-IV, del índice de cho (sic) Juzgado, la cual fue notificada POR LISTA DE ACUERDOS en fecha VEINTICINCO DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTE, y del cual por la contingencia sanitaria tuve conocimiento hasta la fecha veinticinco de septiembre del año dos mil veinte, en el cual SE NEGÓ ACORDAR EL TERCER REQUERIMIENTO DE PAGO POR CONCEPTO DE PENSIÓN ALIMENTICIA EN CUMPLIMIENTO A DECRETO JUDICIAL A LA EMPRESA INGENIO PÁNUCO S.A.P.I: DE C.V". ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Ahora bien, al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley que rige el juicio constitucional las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se estipula el precepto 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucional que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Juicio de Amparo 304/2020-I. De la anterior disposición legal se desprende que la Juez de Distrito, debe desechar una demanda constitucional cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo la tesis número I.13º.A.4 K, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1318 del Tomo XIV, correspondiente al mes de agosto de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de epígrafe: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." DESECHAMIENTO. Bajo ese contexto, se determina que el presente asunto, la acción de amparo se torna improcedente de manera manifiesta e indudable, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, interpretado el referido precepto 17 en sentido contrario, siendo su texto el siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;" En suma, bajo el cuadro legal antes expuesto se evidencia que el plazo procesal al que todo gobernado debe ajustarse para promover el juicio de amparo es de quince días hábiles contado de la forma que estatuye el artículo 17, en relación con el diverso 18, ambos de la Ley de Amparo, que por regla general es de la siguiente forma: a) Desde el día siguiente al en que al quejoso hubiese surtido efectos la notificación del acto reclamado de acuerdo con la ley que rija el acto reclamado; b) Desde el día siguiente al en que el quejoso hubiese tenido conocimiento del acto que pretenda reclamar; y, c) Desde el día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor de la existencia del acto reclamado. En seguimiento a lo anterior, se precisa que los supuestos mencionados se excluyen entre sí, y, además, no guardan prelación alguna; por tanto, es clara la intención del legislador de establecer que el término para la promoción del juicio de amparo se computa a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de los supuestos en ella contenidos y se presente siempre invariablemente en el improrrogable plazo de quince días siguientes al mismo. La referida regla que rige el plazo de quince días como término preprocesal que se exige a los gobernados, admite ciertas excepciones que se contemplan en el artículo 17 de la Ley de Amparo, que antes fue transcrito, de cuya intelección se pone de manifiesto que ahora el legislador ordinario tuvo la intención de poner límites en lo temporal a los gobernados para promover el juicio de amparo con relación a algunos actos respecto de los que con anterioridad no lo establecía, tales como los actos en materia agraria provenientes de autoridades administrativas e, incluso en la materia penal hasta el caso de actos que afecten la libertad emitidos por una autoridad judicial -como sucede con los relativos a una orden de aprehensión, reaprehensión, auto de formal prisión o de sujeción a proceso, esto es, aquellos regulados por los artículos 16 y 19 de la Constitución Federal-; lo anterior es así, pues el precepto reproducido no revela que el legislador hubiere establecido nuevamente como excepciones a la regla general que establece el plazo de quince días para promover el juicio de amparo. Ahora bien, la causa que torna inejercitable la acción de constitucionalidad tiene lugar cuando éste no se promueve dentro del plazo de quince días que consagra el artículo 17 de la Ley de Amparo en lo general, cuando no se está en algunas de las excepciones que pueden llegar a la imprescriptibilidad de la acción de amparo, pues tal numeral contiene una presunción juris tantum que admite prueba en contrario, dado que el legislador consideró que si un gobernado afectado por la ley o por el acto de autoridad no se opone a ella a través de su demanda de amparo, significa que consintió una u otro de forma tácita, lo que resulta explicable en razón de que la temporalidad para el ejercicio de la acción constitucional -fuera de los casos en que la vida o la integridad física se encontrare comprometida- no podría quedar a la libre elección del gobernado; aceptarlo implicaría desconocer la fuerza legal y eficacia de la cosa juzgada, así como de la garantía de certeza jurídica que todo acto, sea de autoridad o de un particular cobra con el transcurso del tiempo. Sobre el tema de la causa de improcedencia que se invoca es de citar la Jurisprudencia del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 364 del tomo IX, junio de mil novecientos noventa y dos, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO." La Jurisprudencia que precede pone de manifiesto la existencia de los elementos que como requisitos se deben satisfacer para que opere la presunción de consentimiento del acto que da lugar a la improcedencia del amparo, siendo los siguientes: a) Un acto de autoridad o de particular en términos del artículo 5° de la Ley de Amparo. b) Una persona afectada por tal acto. c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención. d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción. e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. De igual modo, se precisa como marco teórico referencial relacionado con la causa de improcedencia que se estima actualizada en la especie, que la misma es de estudio preferente a las demás causales de improcedencia; ello es así, en razón de que de los múltiples aspectos que como presupuestos procesales se pueden observar con motivo del cumplimiento de las causas de improcedencia, el relativo a la oportunidad es básico frente a los restantes porque si la demanda de amparo no se presentó en tiempo, los restantes problemas procesales ya no tendría utilidad analizarlos. Al respecto es aplicable por su espíritu, la tesis I.3°.A.135 K, del Tercero tribunal Colegiado en Materia Administrativa del primer Circuito, visible en la página 619 del tomo XIV, agosto de mil novecientos noventa y cuatro, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA, LA CAUSAL DE, PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTICULO 73 EN RELACIÓN CON EL ARTICULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, ES DE ESTUDIO PREFERENTE A LAS DEMÁS CAUSALES." Aunado a lo anterior, debe precisarse que el juicio de amparo que ahora se resuelve no se surte ninguno de los supuestos que pudiere dar origen a la excepción a la regla contenida en el propio artículo 17 de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado carece de un contenido o efecto que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento penal, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al ejército; como tampoco se reclama una norma general autoaplicativa, o un procedimiento de extradición, ni una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, y menos aún se promueve el amparo contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. En el caso, es de invocarse como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, acorde a lo previsto por el numeral 2 de la Ley de Amparo, la consulta efectuada en la página de internet oficial que corresponde al Poder Judicial del Estado https://www.pjeveracruz.gob.mx/pjev/listasJuzgados, en la cual, al ingresar los datos del expediente 894/2016, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en Pánuco, Veracruz, existe publicación con fecha veinticinco de agosto de dos mil veinte, en la que se aprecia: Lo anterior evidencia que en la mencionada página electrónica aparece la publicación de la notificación por lista de acuerdos a que hace referencia en el ocurso de cuenta, de lo que se sigue que, la quejosa tuvo conocimiento de la determinación combatida, fecha en la que el juzgado responsable reanudó sus actividades, lo cual corrobora los argumentos vertidos en su demanda de amparo y con la razón levantada el veinticinco de agosto del año en curso, la cual se observa en las constancias que remite como anexo al ocurso de cuenta. Tiene aplicación la tesis I.7o.A.16 K (10a.), sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo II, página 1725 de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, PARA RESOLVER SI SE ACTUALIZA O NO ALGUNA CAUSAL RELATIVA, CUANDO EXISTA UN INDICIO SOBRE SU EXISTENCIA, VÁLIDAMENTE PUEDE CONSULTAR LA INFORMACIÓN QUE APARECE EN LOS SITIOS O PÁGINAS ELECTRÓNICAS DE LAS DEPENDENCIAS OFICIALES, AL CONSTITUIR ÉSTA UN HECHO NOTORIO." Por lo que se estima que si la determinación reclamada en la presente instancia constitucional fue notificada a la quejosa por medio de lista de acuerdos el veinticinco de agosto de dos mil veinte, la cual surtió efectos el dieciocho de septiembre de dos mil veinte, al tenor de la Circular número 19 del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz, la cual establece entre otras cosas el levantamiento de términos y plazos procesales en los asuntos que se encuentren en trámite. Por tanto, es evidente que el plazo de quince días para la presentación de la demanda a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, empezó a correr a partir del veintiuno de septiembre de la presente anualidad, esto es, al día siguiente hábil en que surtió efectos la notificación acorde a lo Cuestión que se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, acorde a lo previsto por el numeral 2 de la Ley de Amparo previsto por el artículo 92 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz y a la referida circular; feneciendo así el ocho de octubre pasado, descontándose los días inhábiles en consideración al artículo 19 de la ley de la materia, como se ilustra: SEPTIEMBRE 2020 L M M J V S D 18 SURTE EFECTOS NOTIFICACIÓN 19 20 21 INICIA(1) 22 (2) 23 (3) 24 (4) 25 (5) 26 27 28 (6) 29 (7) 30 (8) OCTUBRE 2020 L M M J V S D 1 (9) 2 (10) 3 INHÁBIL 4 INHÁBIL 5 (11) 6 (12) 7 (13) 8 (14) 9 (15) TERMINA Por tanto, en dicho plazo la quejosa estuvo en aptitud de promover su demanda; sin embargo, hasta el diecinueve de octubre pasado, remitió a través del Servicio Postal Mexicano el escrito de cuenta, el cual fue recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad de Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz el veintitrés de octubre pasado. En esas condiciones, si la parte quejosa no lo hizo de esa manera, su conducta revela conformidad con dicho acto en su perjuicio, por lo que se colige que existió consentimiento de su parte en lo que hace al acto reclamado, al no ejercer en el momento oportuno la acción 2 "Articulo 92. Los términos judiciales empezarán a correr desde el día siguiente a aquél en que hubiere quedado hecho el emplazamiento o notificación." 26/09/21 11:35:51 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a4.00 Eduardo Moreno Sanchez que intenta, esto es, dentro del plazo de quince días que dispone el aludido precepto legal; en tal razón, lo expuesto conlleva a establecer la imposibilidad de encausar su inconformidad en este medio, si previamente lo consintió tácitamente, y siendo ello así, se actualiza la hipótesis contenida en la fracción XIV, del precepto 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sostiene lo anterior, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 235, del Tomo XI, Junio de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS. " En mérito de lo expuesto, se afirma la actualización de una causa notoria de improcedencia del juicio de amparo; y en esas condiciones, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 113, 61, fracción XIV, en relación con el artículo 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el proemio de la demanda de amparo. AUTORIZADOS. Se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Rafael Melgar Palomeque por contar con el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y, únicamente para oír notificaciones e imponerse de autos a Melesio Ponce Reyes; ello, por así haberlo solicitado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio, acatando en todo momento los protocolos y recomendaciones emitidas por la Secretaria General de Salud a efecto de evitar el contagio y propagación del virus denominado COVID-19 entre los justiciables y el personal que lleva a cabo las diligencias correspondientes. EXHORTACIÓN PARA CONTINUAR CON EL JUICIO EN LÍNEA. Conforme al artículo 28, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación de este asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a través del uso de su firma electrónica FIEL o FIREL esta última se puede tramitar a través de la app (aplicación FIREL), firma con la que estarán en posibilidad de promover en línea, así como de solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. O bien, proporcionen una diversa forma de contacto, como correo electrónico y número telefónico, a efecto de entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente, previa certificación que para tal efecto se levante. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizado el uso de medios electrónicos para la obtención de las constancias que obren en este sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que, por su naturaleza, sean de carácter confidencial o reservada, debiéndose asentar la razón de recibo respectivo; en el entendido de que el uso de las mismas es responsabilidad de la parte que las obtenga. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente.

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