Claudia Guadalupe Franco Romero
Expediente 969/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 39 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 969/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 39
- Última actuación
- 07/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Claudia Guadalupe Franco Romero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 39.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que sobresee ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, capítulo octavo denominado "EXPEDIENTES DESTRUIBLES", artículo 21, inciso a), se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al artículo 15 del referido del Acuerdo General; y en igual término es depurable el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción I, inciso a), del citado artículo 18, previa conservación de la demanda, sentencia definitiva, del presente acuerdo y de las resoluciones que concedieron la medida cautelar; por lo que, se ordena glosar a estos autos el referido cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir del presente auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del referido Acuerdo General. Hágase constar lo anterior, tanto en la carátula del expediente principal, como del incidente de suspensión original y duplicado. Por otra parte, devuélvase al Juez Décimo Noveno Civil de la Ciudad de México, el tomo de pruebas que remitió como sustento de su informe justificado, en razón de que es innecesario que continúe a disposición de este juzgado. Finalmente, de autos se aprecia que la parte quejosa, allegó al sumario diversas documentales; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 21 del preindicado Acuerdo General, se deja a su disposición, para que dentro del lapso de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado federal a recogerlo, previa identificación con documento oficial que contenga su fotografía y certificación de su desglose; apercibida que de no hacerlo así dentro del plazo indicado dicho documento será destruido junto con el expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
RAZÓN DE NOTIFICACIÓN: SE NOTIFICA PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DEL ACUERDO DE FECHA SIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, MEDIANTE LISTA ELECTRÓNICA PUBLICADA EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN; ACUERDO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que sobresee ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, capítulo octavo denominado "EXPEDIENTES DESTRUIBLES", artículo 21, inciso a), se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al artículo 15 del referido del Acuerdo General; y en igual término es depurable el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción I, inciso a), del citado artículo 18, previa conservación de la demanda, sentencia definitiva, del presente acuerdo y de las resoluciones que concedieron la medida cautelar; por lo que, se ordena glosar a estos autos el referido cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir del presente auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del referido Acuerdo General. Hágase constar lo anterior, tanto en la carátula del expediente principal, como del incidente de suspensión original y duplicado. Por otra parte, devuélvase al Juez Décimo Noveno Civil de la Ciudad de México, el tomo de pruebas que remitió como sustento de su informe justificado, en razón de que es innecesario que continúe a disposición de este juzgado. Finalmente, de autos se aprecia que la parte quejosa, allegó al sumario diversas documentales; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 21 del preindicado Acuerdo General, se deja a su disposición, para que dentro del lapso de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado federal a recogerlo, previa identificación con documento oficial que contenga su fotografía y certificación de su desglose; apercibida que de no hacerlo así dentro del plazo indicado dicho documento será destruido junto con el expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.... LO QUE SE NOTIFICA POR ESTA VÍA, PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES Y EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE FECHA TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE.
- Principal
RAZÓN DE NOTIFICACIÓN: SE NOTIFICA PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN AUTORIZADA EL DIECINUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, MEDIANTE LISTA ELECTRÓNICA, PUBLICADA EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN; RESOLUCIÓN QUE DICE: VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 969/2019. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. I. Por oficio 33366/2019, signado por la Secretaria del Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de México, en Naucalpan de Juárez, encargada del despacho, mediante el cual al declarar carecer de competencia remitió la demanda promovida por Claudia Guadalupe Franco Romero, por su propio derecho, contra las autoridades y actos que enseguida se mencionan: AUTORIDADES RESPONSABLES Ordenadora. Juez Décimo Noveno de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. II. Comunicado oficial, recibido el ocho de octubre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, remitido ese día por razón de turno, a este Juzgado Octavo de Distrito; y por acuerdo de nueve siguiente, este juzgado de Distrito aceptó la competencia planteada y se registró la demanda de amparo bajo el número 969/2019, se admitió a trámite; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; se solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación; se ordenó notificar al tercero interesado el inicio de este juicio; se solicitó los informes justificados a los autoridades responsables; se notificó al agente del Ministerio Publico de la Federación adscrito; y se señaló hora y fecha en que tendría verificativo la audiencia constitucional; la cual se difirió en diversas ocasiones y se verificó una vez que se reanudaron los términos con motivo de la suspensión de labores con motivo de la contingencia sanitaria, con el resultado asentado en el acta que antecede con el resultado asentado en el acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 03/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que adiciona el similar 3/2013, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclama el embargo que se trabó en un juicio ejecutivo mercantil, cuya ejecución se materializó dentro de la residencia en la jurisdicción de este órgano de control constitucional, respecto del cual, la peticionaria de amparo, se ostenta como tercera extraña. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que Bertha Reséndiz Dorantes, reclama el embargo formalmente trabado en diligencia de veintidós de marzo de dos mil diecinueve, respecto del "TERRENO RÚSTICO DENOMINADO "PLAN DEL CHICO Y CERRO PELÓN", UBICADO ENTRE EJIDO DEFINITIVO DE LAS CRUECES Y EL FRACCIONAMIENTO DE PUERTO MARQUEZ, EN LA CIUDAD DE ACAPULCO, GUERRERO, INSCRITO EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DE ACAPULCO, GUERRERO, CON EL FOLIO -101964- DE FECHA FEBRERO DE 1995", por el Juez Sexto Mercantil de Primera Instancia de Tlalnepantla, con sede en Naucalpan, Estado de México, en auxilio del Juzgado Décimo Noveno Civil de la Ciudad de México, dentro de los autos del juicio ejecutivo mercantil 849/2018, promovido por Fianzas Dorama, Sociedad Anónima, en contra de Raúl González Ortiz. TERCERO. Certeza del acto Es cierto que el acto que se reclama del Juzgado Décimo Noveno Civil de la Ciudad de México, del Juez Sexto Mercantil de Primera Instancia de Tlalnepantla y del Ejecutor adscrito a la Central de Ejecutores y Notificadores, estos últimos con sede en Naucalpan, Estado de México, no obstante que el primero de ellos negó su existencia y los restantes lo aceptaron; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa con las copias certificadas que del juicio ejecutivo mercantil 849/2018, promovido por Fianzas Dorama, Sociedad Anónima, en contra de Raúl González Ortiz, remitió el primero de los citados, así como de la enviadas por el segundo de los mencionados, las cuales hizo suya el último referido, relativas al exhorto 170/2019. Documental, que, dada su naturaleza, se le concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; y de las cual, se advierte que el treinta de agosto del dos mil dieciocho, se admitió en la vía ejecutiva mercantil la demanda presentada por la persona moral arriba mencionada y se dictó auto de ejecución con efectos de mandamiento; y, el veintidós de marzo de dos mil diecinueve, en su acato, se embargó a Raúl González Ortiz el "TERRENO RÚSTICO DENOMINADO "PLAN DEL CHICO Y CERRO PELÓN", UBICADO ENTRE EJIDO DEFINITIVO DE LAS CRUECES Y EL FRACCIONAMIENTO DE PUERTO MARQUEZ, EN LA CIUDAD DE ACAPULCO, GUERRERO, INSCRITO EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DE ACAPULCO, GUERRERO, CON EL FOLIO -101964- DE FECHA FEBRERO DE 1995". CUARTO. Causa de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, antes de examinarse la materia de fondo de la litis constitucional, se analiza el tema de la improcedencia del juicio, en los términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, de oficio este juzgador advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso ordinal 107, fracción VI, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, pues la quejosa no tiene el carácter de tercero extraña al juicio del cual derivan los actos reclamados, con que acude a esta instancia constitucional. Antes de exponer los motivos que sustentan tal afirmación, se precisan algunos datos obtenidos del escrito de demanda y se señalan los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado: Del escrito de demanda se obtiene que: CLAUDIA GUADALUPE FRANCO ROMERO, se ostenta con el carácter de tercera extraña, pues refirió que, en el juicio natural en el cual su esposo es parte demandada, se afectó su patrimonio, sin que se le notificara del inicio de aquél y sus consecuencias ni se le diera la oportunidad de ofrecer y de desahogar pruebas, así como la de alegar. El derecho que pretende sea respetado en esta instancia constitucional, considera que lo constituye la propiedad alícuota sobre el cincuenta por ciento (50%) del inmueble embargado en aquél, con motivo del vínculo matrimonial que la une con Raúl González Ortiz, bajo el régimen de sociedad conyugal. Al narrar los hechos que constituyen los antecedentes del acto, en el punto cuarto, señaló: ".sé, que una vez efectuado el arbitrario embargo de los bienes referidos, mi esposo Raúl González Ortiz, contestó la demanda instaurada en su contra oponiéndose excepciones y defensa." Para acreditar su pretensión, ofreció los siguientes documentos: A. Acta de matrimonio con numero de identificador electrónico 01537564735500789269 y código de verificación 31505700021989000060, que la parte quejosa ofreció como prueba, adjunto al escrito recibido en acuerdo de ocho de noviembre de dos mil diecinueve, en el que asentaron, entre otros datos, los siguientes: "Entidad de Registro MÉXICO. Municipio NAUCALPAN DE JUAREZ. Oficialía 0002. Libro 0001. Número de Acta 00006. Fecha de Registro 06/01/1989. Datos de los Contrayentes. RAUL GONZALEZ ORTIZ. CLAUDIA GUADALUPE FRANCO ROMERO. Régimen Patrimonial: SOCIEDAD CONYUGAL". B. Copia certificada de la escritura pública número tres mil doscientos tres, de siete de abril de mil novecientos noventa y cuatro, pasada ante la fe del Notario Púbico número Uno del Distrito Judicial de Tabares, que consigna el contrato de compraventa celebrado el siete de abril de mil novecientos noventa y cuatro, por una parte Inocencia Jiménez De Carbajal, con el consentimiento de su esposo el señor Samuel Carbajal Arizmendi, como vendedora y por otra parte el señor Raúl González Ortiz, como comprador, en relación con la fracción del predio rústico ubicado en Plan Chico y Cerro Pelón, ubicado entre el Ejido Definitivo de Las Cruces y el Fraccionamiento de Puerto Marques, en Acapulco, Guerrero; comprador Raúl González Ortiz. De las actuaciones que integran el juicio natural, se advierte que: 1. Por escrito de veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, Fianzas Dorama (antes AXA FIANZAS, antes ING FIANZAS, antes FIANZAS COMERCIAL AMÉRICA), todas sociedades anónimas, demandó en la vía ejecutiva mercantil, entre otros, a Raúl González Ortiz, el reembolso de la cantidad pagada con cargo a la póliza de fianza 18C00052 (foja 1 a 22); el treinta siguiente, se admitió a trámite y se radicó bajo el número 849/2018, se dictó auto de ejecución con efectos de mandamiento en forma, además, se ordenó el emplazamiento de la parte demandada (foja 23 a 24). 2. Esa diligencia se llevó a cabo -en el domicilio proporcionado por la parte actora en lo principal al desahogar la vista concedida en auto de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve- (foja 147-148); mediante exhorto, cuya diligenciación correspondió al Juez Sexto Mercantil de Primera Instancia de Tlalnepantla, con sede en Naucalpan, Estado de México, en auxilio del Juzgado Décimo Noveno Civil de la Ciudad de México (foja 155 a 183). 3. La referida actuación se verificó el veintidós de marzo de dos mil diecinueve y de cuya lectura se aprecia que, una vez requerido el pago a la persona con la cual se entendió la diligencia y al no realizarse, se trabó formal embargo del "TERRENO RÚSTICO DENOMINADO "PLAN DEL CHICO Y CERRO PELÓN", UBICADO ENTRE EJIDO DEFINITIVO DE LAS CRUECES Y EL FRACCIONAMIENTO DE PUERTO MARQUEZ, EN LA CIUDAD DE ACAPULCO, GUERRERO, INSCRITO EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DE ACAPULCO, GUERRERO, CON EL FOLIO -101964- DE FECHA FEBRERO DE 1995". (foja 182 y 183) 4. El tres de abril de ese año, se tuvo por recibido el citado comunicado oficial; y, el ocho siguiente el ocurso mediante el cual el demandado Raúl González Ortiz dio contestación a la demanda instaurada en su contra. De lo expuesto se obtiene, que efectivamente materialmente la quejosa no formó parte de la relación jurídica procesal en el juicio principal; sin embargo, el bien inmueble embargado perteneciente a la sociedad conyugal, fue defendido por su cónyuge Raúl González Ortiz; circunstancia suficiente para determinar que formalmente intervino el representante de la comunidad y por lo tanto, no tiene el carácter de tercero extraña con el que acude a esta instancia constitucional, se explica: La quejosa y Raúl González Ortiz (demandado en el juicio reivindicatorio) contrajeron matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal en el año de mil novecientos ochenta y nueve, como se advierte del acta de matrimonio que adjuntó al escrito de demanda. Enseguida se citaran las disposiciones del Código Civil, abrogado, pues no obstante ese cuerpo de leyes data del veintinueve de diciembre de mil novecientos cincuenta y seis tuvo diversas reformas (treinta de diciembre de mil novecientos sesenta y tres, diecinueve de marzo de mil novecientos setenta, once de marzo de mil ovocitos setenta y uno, cuatro de febrero de mil novecientos setenta y cinco, veintinueve de junio de mil novecientos setenta y nueve, dos de julio de mil novecientos ochenta, veintiocho de julio de mil novecientos ochenta y dos, veintiocho de febrero de mil novecientos ochenta y tres, once de septiembre de mil novecientos ochenta y siete); aquéllas que regulaban el citado régimen desde esa fecha hasta el día en el cual se celebró el enlace matrimonial, no sufrieron reforma alguna. En relación con el régimen patrimonial que subyace durante la vigencia del matrimonio: El Artículo 164, dispone: "El contrato de matrimonio debe celebrarse bajo el régimen de sociedad conyugal, o bajo el de separación de bienes." Sobre el régimen de sociedad conyugal, los numerales 169, 170, 175 y 180 de ese mismo ordenamiento establecen: Artículo 169. La sociedad conyugal se regirá por las capitulaciones matrimoniales que la constituyan, y en lo que no estuviere expresamente estipulado, por las disposiciones relativas al contrato de sociedad." Artículo 170. La sociedad conyugal nace al celebrarse el matrimonio o durante él. Puede comprender no sólo los bienes de que sean dueños los esposos al formarla, sino también los bienes futuros que adquieran los consortes." "Artículo 175. Las capitulaciones matrimoniales en que se establezca la sociedad conyugal, deben contener: I. La lista detallada de los bienes inmuebles que cada consorte lleve a la sociedad, con expresión de su valor y de los gravámenes que reporten; II. La lista especificada de los bienes muebles que cada consorte introduzca a la sociedad. III. Nota pormenorizada de las deudas que tenga cada esposo al celebrar el matrimonio, con expresión de si la sociedad ha de responder de ellas, o únicamente de las que se contraigan durante el matrimonio, ya sea por ambos consortes o por cualquiera de ellos. IV. La declaración expresa de si la sociedad conyugal ha de comprender todos los bienes de cada consorte o sólo parte de ellos, precisando en este último caso cuáles son los bienes que hayan de entrar a la sociedad. V. La declaración explícita de si la sociedad conyugal ha de comprender los bienes todos de los consortes, o solamente sus productos. En uno y en otro caso se determinará con toda claridad la parte que en los bienes o en sus productos corresponda a cada cónyuge. VI. La declaración de si el producto del trabajo de cada consorte corresponde exclusivamente al que lo ejecutó, o si debe dar participación de ese producto al otro consorte y en qué proporción. VII. La declaración terminante acerca de quién debe ser el administrador de la sociedad, expresándose con claridad las facultades que se le conceden. VIII. La declaración acerca de si los bienes futuros que adquieren los cónyuges durante el matrimonio pertenecen exclusivamente al adquirente, o si deben repartirse entre ellos y en qué proporción. IX. Las bases para liquidar la sociedad." "Artículo 180. El dominio de los bienes comunes reside en ambos cónyuges mientras subsista la sociedad." De lo trascrito, se colige que la sociedad conyugal está formada por una comunidad de bienes entre los cónyuges, integrada por la aportación de cada uno al momento de su constitución, de todo o parte de los bienes que les pertenecen y, de los que adquieran por cualquier título mientras dure tal régimen o sólo de los primeros, o bien, los futuros, incluidos o no, las deudas que se contraigan, todo lo cual debe quedar especificado en las capitulaciones matrimoniales que se pacten. En la sociedad conyugal, cada uno de los consortes concede al otro, sobre determinados bienes presentes y futuros, una cierta participación. En este régimen, los bienes que lo conforman y la participación que cada uno de los esposos tiene sobre esos, se encuentran estipulados en las capitulaciones matrimoniales que la constituyan y, supletoriamente, por las disposiciones relativas a la sociedad, según lo dispone el artículo 169 transcrito. Además, debe establecerse que la falta de capitulaciones matrimoniales no afecta la existencia de la sociedad conyugal, pues esto no puede ser un motivo para incumplir la voluntad de las partes ni considerar que el matrimonio deba regirse por las disposiciones relativas a la separación de bienes. Sobre el tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis de jurisprudencia 49/2001 y 50/2001 definió que cuando hay omisión de formular capitulaciones matrimoniales, deben tenerse por puestas las cláusulas inherentes a la sociedad de gananciales, que es con la que se identifica la sociedad conyugal. Los anteriores criterios son aplicables al caso en estudio, atento al principio de ultractividad de la norma jurídica; pues no obstante se interpretaron disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal vigentes desde mil novecientos veintiocho hasta el treinta y uno de mayo de dos mil, relativas a la sociedad conyugal; su contenido es similar a aquéllas del Código Civil para el Estado de México vigente al momento de celebrarse el matrimonio entre la quejosa y Raúl González Ortiz. Ahora, siguiendo con el marco normativo, a fin de determinar quién o quiénes deben soportar las controversias relativas a los bienes que ingresaron a la sociedad conyugal, se precisa lo siguiente: El matrimonio es un contrato civil, esto es, constituye un acuerdo de voluntades que genera derechos y obligaciones para los contrayentes; de esto se sigue, que la naturaleza jurídica de los deberes y las prerrogativas que surgen entre los consortes por virtud de la circunstancia de que contrajeron nupcias civiles, son de diversa índole (la ayuda mutua, la dirección del hogar, la educación de los hijos, el sostenimiento económico, la administración de los bienes comunes, entre otros); así, se pueden diferenciar entre las que revisten un carácter netamente personal, de aquéllas cuyo contenido es estrictamente patrimonial. En el artículo 1839 del Código Civil para el Estado de México vigente al momento de celebrarse el matrimonio entre la quejosa y Gaspar Benítez Manríquez, dispone: "Artículo 1839. Los contratantes pueden poner las cláusulas que crean convenientes; pero las que se refieran a requisitos esenciales del contrato o sean consecuencias de su naturaleza ordinaria, se tendrán por puestas aunque no se expresen, a no ser que las segundas sean renunciadas en los casos y términos permitidos por la ley." Conforme con dicho numeral, deben tenerse por puestas las cláusulas que se refieren a los requisitos esenciales del contrato por el cual se constituye la sociedad conyugal o las que sean consecuencia de su naturaleza ordinaria. Sobre esos requisitos y las consecuencias de la naturaleza de la sociedad conyugal, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que dio origen a las jurisprudencias 49/2001 y 50/2001 arriba citadas, sustentó: ". Para determinar esos requisitos esenciales y las consecuencias de la naturaleza ordinaria de la institución, conviene señalar, por una parte, que la sociedad conyugal estaba organizada con base a preceptos de los Códigos Civiles de 1870 y 1884 y, por otro lado, que se ubicaba dentro de una gran variedad de los regímenes denominados por la doctrina como de comunidad. (.) Este tipo de comunidad tiene como fundamento y finalidad, sobrellevar las cargas matrimoniales, es decir, los gastos de manutención y auxilio de los consortes y los hijos si los hubiere. - - - Así lo ha entendido la Suprema Corte de Justicia, según se advierte de la transcripción que enseguida se hace de la primera de las ejecutorias que integran la jurisprudencia antes mencionada (amparo directo número 1307/57, resuelta por mayoría de cuatro votos de la entonces Tercera Sala de este Alto Tribunal): - - - "...La sociedad conyugal, si bien tiene semejanzas con el contrato de sociedad, no es idéntica a él, puesto que ésta tiene personalidad jurídica propia, distinta de la de los socios, y persigue fines económicos, en cambio, aquélla, según su naturaleza, no es sino una verdadera comunidad, de mera conservación y aprovechamiento mutuo; una propia comunidad de intereses, que responde adecuadamente a los cónyuges, que unen sus personas y sus intereses. Esta comunidad, por principios de equidad y justicia, consecuentes con la situación de mutua colaboración y esfuerzos que vincula a los cónyuges, le da derecho igual sobre los bienes, de manera que como partícipes tanto en los beneficios como en las cargas, sus partes serán por mitad y serán las disposiciones legales sobre copropiedad, las aplicables para resolver las cuestiones que surjan sobre el particular..." (.) en la sentencia mencionada se consideró, en lo que nos interesa, lo siguiente: - - - "...Esto, claro es, siempre que no existan capitulaciones matrimoniales, pues de haberse celebrado, a ellas debe estarse y en sus omisiones, a lo que ante tal circunstancia, dispone el artículo 183 del Código Civil. Finalmente, en lo que concierne a la sociedad conyugal, lo que usualmente se pacta, es que comprenderá los bienes muebles e inmuebles, y sus productos, que los consortes adquieran durante su vida matrimonial, incluyendo el producto de su trabajo y los frutos de los bienes privativos o peculiares de cada uno, ya adquiridos al celebrarse el matrimonio y ante la falta de capitulaciones, así debe interpretarse que lo desearon, por ser esto además, lo más lógico y conforme a su voluntad manifestada en el pacto obligatorio de su matrimonio, con (sic) sociedad conyugal..." - - - En esas condiciones, es válido concluir que cuando los cónyuges constituían, al celebrar matrimonio, un régimen de sociedad conyugal, pero omitían regularlo, con fundamento en el artículo 1839 del Código Civil, debían tenerse por puestas las cláusulas inherentes al régimen de sociedad de gananciales con el que se identificaba la sociedad conyugal, y las que fueran consecuencia de su naturaleza ordinaria, en los términos precedentes. - - - Esta solución se ajusta al artículo 1796 del Código Civil, conforme con el cual, los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, excepto aquellos que deban revestir una forma establecida por la ley; y que desde que se perfeccionan, obligan a los contratantes no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que, según su naturaleza, son conformes a la buena fe, al uso o a la ley. - - - Conforme con el numeral precitado, si la sociedad conyugal se perfecciona por el mero consentimiento, y su existencia no está condicionada a que se establezcan capitulaciones matrimoniales, obliga a los consortes a sus consecuencias que, según su naturaleza, son conformes a la buena fe, al uso o a la ley. - - - Esas consecuencias no son otras que las precisadas con anterioridad." De acuerdo con lo anterior, la comunidad de intereses que conforma la sociedad conyugal, otorga a los cónyuges derecho igual sobre los bienes, por principios de equidad y de justicia, consecuentes con la situación de mutua colaboración y esfuerzos que los vincula; empero, no nada más son partícipes por igual de los beneficios sino también de las cargas. Precisado lo anterior, en el caso, se está en el supuesto de que no existen capitulaciones matrimoniales, pues la quejosa no demostró lo contrario; por lo cual, como se adelantó, deben tenerse por puestas las cláusulas inherentes a la sociedad de gananciales, que es con la que se identifica la sociedad conyugal. Ahora, como el inmueble defendido en la controversia mercantil de la cual derivan los actos pertenece al fondo común de la sociedad conyugal, por haberse adquirido con posterioridad a la celebración del matrimonio, como se advierte del acta de matrimonio que ofertó (unión que celebró el seis de enero de mil novecientos ochenta y nueve) y de la copia certificada de la escritura pública agregada al juicio natural (compraventa verificada en mil novecientos noventa y dos); de esta manera la quejosa formó parte de la relación jurídico procesal al intentarse una acción contra uno de los cónyuges (Raúl González Ortíz); pues conforme con lo dispuesto en el ya citado artículo 180 del Código Civil, ambos cónyuges tienen el dominio de los bienes que constituyen el fondo común, por ser una consecuencia de la naturaleza de la sociedad de gananciales, esto implica que, en relación con esos bienes, ambos consortes también deben soportar las cargas. A las documentales en mención, la citada en primer lugar (acta de matrimonio) se le otorga valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia y la segunda (escritura pública) quedó valorada en términos de lo precisado en el considerando tercero de esta sentencia. Asimismo, el hecho de que el diverso artículo 176 del ordenamiento que se consulta indique ?en el supuesto de que se hayan pactado capitulaciones matrimoniales?, que es nula la capitulación en la que alguno de los cónyuges sea responsable por las pérdidas y deudas comunes en una parte que exceda a la que proporcionalmente corresponda a su capital o utilidades y, obviamente, por mayoría de razón, aquélla que imponga que sólo uno debe soportarlas. Esto quiere decir, que en la sociedad conyugal por ningún motivo los consortes pueden estar exentos de las cargas a virtud de las cuales obtienen beneficios que son parte del fondo común. Bajo ese contexto, si la quejosa ocurrió a esta instancia como tercera extraña al juicio ejecutivo mercantil, con base principalmente en la circunstancia de que el inmueble adquirido era parte de la sociedad conyugal formada con el demandado; entonces, esa circunstancia no le da el carácter de tercero extraña a juicio, pues basta que la acción se dirija en contra de alguno de los cónyuges, en virtud de que indistintamente se representan mutuamente. Lo anterior, ya que el referido inmueble, pertenece al fondo común de la sociedad conyugal, es inconcuso que ésta formó parte de la relación jurídico procesal al haberse intentado la acción contra una de los cónyuges, pues conforme con lo dispuesto en el artículo 180, del Código Civil del Estado de México, Raúl González Ortiz, éste tiene carácter de administrador de aquella sociedad; además, en aplicación del principio jurídico de que "quien obtiene los beneficios resiente los prejuicios". Así, es lógico y legal que el embargo ejercido debe ser resentido en el bien de la sociedad con aquellos que forman el fondo común. Bajo ese contexto, si su derecho parte precisamente de los gananciales de dicho régimen (sociedad conyugal), no puede dividirse su título del acto que le dio origen, en este caso, el haber contraído matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal y, por ello, es que al pertenecer el inmueble materia de este juicio al fondo común, basta que sea defendido por alguno de los cónyuges para tener por cumplido el respeto al derecho de audiencia, y al haber actuado en representación del otro este último menos puede alegar ser tercero extraño, se insiste, porque a través del otro socio se tuvo conocimiento del litigio y defendido el bien inmueble de la acción real promovida en su contra. En otras palabras, si la quejosa, ocurrió a demandar el amparo y la protección de la justicia Federal y se ostentó como tercera extraña al procedimiento ejecutivo mercantil, con base principalmente en la circunstancia de que el inmueble adquirido, era parte de la sociedad conyugal formada con el demandado; entonces, esa circunstancia no le da el citado carácter, pues basta que la acción se dirija en contra de alguno de los cónyuges, en virtud de que al beneficiarse la sociedad con esa compra, como el del presente asunto, sea responsable de las obligaciones que por el mismo motivo llegue a contraer, que como ya se dijo, podrán hacerse efectivas, en los bienes que constituyen el fondo común y sin necesidad de enderezar la acción correspondiente en contra de cada uno de los cónyuges, pues los dos, indistintamente se representan mutuamente, tanto cuando contraen las obligaciones que son carga de la sociedad conyugal, como cuando son demandados por su cumplimiento. Sustenta lo expuesto la jurisprudencia VIII.A.C. J/2 (10a.) emitida por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, consultable en la página 1859 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3, Materia Común, del rubro y texto siguiente: "TERCERO EXTRAÑO A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER EL CÓNYUGE QUE CONTRAJO MATRIMONIO BAJO EL RÉGIMEN DE SOCIEDAD CONYUGAL, CUANDO ÉSTA FUE OÍDA Y VENCIDA POR CONDUCTO DEL OTRO CONSORTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA, ANTERIOR A MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE). La comunidad de intereses que conforma la sociedad conyugal otorga a los cónyuges derecho igual sobre los bienes, por principios de equidad y de justicia, consecuentes con la situación de mutua colaboración y esfuerzos que los vincula; empero, no nada más los hace partícipes por igual de los beneficios, sino también de las cargas. Esa afirmación se obtiene de la redacción del artículo 194 del Código Civil para el Estado de Coahuila, abrogado en el que se sostiene que ambos cónyuges tienen el dominio de los bienes que constituyen el fondo común, por ser una consecuencia de la naturaleza de la sociedad de gananciales, lo que implica que, en relación con esos bienes, ambos esposos también deben soportar las cargas. Lo anterior se robustece con lo dispuesto por el diverso artículo 190, en el sentido de que es nula la capitulación en la que sólo alguno de los cónyuges sea responsable por las pérdidas y deudas comunes; por tal razón, al pertenecer los bienes defendidos al fondo común de la sociedad conyugal, es suficiente que en el juicio respectivo se oiga sólo a uno de los consortes, pues conforme con el referido artículo 194, cualquiera de los dos tiene el carácter de administrador de la sociedad conyugal, de suerte que si dicha sociedad fue oída en el juicio por conducto de uno de los cónyuges, el otro consorte no puede alegar ser tercero extraño; lo cual es acorde con el principio jurídico que reza "quien obtiene los beneficios debe resentir también los perjuicios". El anterior criterio resulta aplicable al ser idéntico el contenido de las disposiciones que ahí se citan, con aquéllas aplicables al caso relativas al Código Civil para el Estado de México. Por lo expuesto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso ordinal 107, fracción VI, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; procede conforme con el artículo 63, fracción V, de la citada legislación, sobreseer en el presente juicio de amparo. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, la jurisprudencia invocada en el presente asunto no obstante que fue integrada conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicable al presente asunto, dado que no se opone a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 969/2019. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.... LO QUE SE NOTIFICA POR ESTA VÍA, PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES Y EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO ENA UTO DE FECHA TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE.
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