Claudia Guadalupe Delgado Rodríguez

Expediente 936/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
936/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
31/08/2023

Partes del expediente

  • Claudia Guadalupe Delgado Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    Culiacán, Sinaloa, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Con base en la certificación de cuenta y dado que la parte promovente no recurrió el auto en que se desechó la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el citado proveído HA CAUSADO ESTADO. Al no existir actuación por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo de este expediente como concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, este expediente es susceptible de destrucción. En el entendido que este expediente no es de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos indicados en el citado Acuerdo General Notifíquese.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b)de la Ley de amparo se notifica por lista de estrados y página electrónica a la parte quejoso Culiacán, Sinaloa, once de agosto de dos mil veintitrés. I. Parte quejosa. Claudia Guadalupe Delgado Rodríguez. II. Formación del expediente. Recibida la demanda presentada vía electrónica por Claudia Guadalupe Delgado Rodríguez, fórmese expediente, anótese en el libro de gobierno; de igual forma, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo se ordena la apertura del expediente electrónico, para lo cual, el secretario encargado dará fe que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sea incorporada cada promoción, documento, auto, resolución y, en general, cualquier información relacionada con el expediente, a fin que coincidan; en caso de presentación de promociones vía electrónica, proceda su impresión para incorporarlas al expediente impreso. III. Actos reclamados. De la lectura integral a la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama el auto de dieciocho de julio del año en curso, dictado en el toca de apelación 148/2023, donde la Sala responsable fijo como garantía la cantidad de doscientos veinte mil setenta y seis pesos cincuenta y seis centavos, como requisito de efectividad para que surtiera efectos la suspensión provisional concedida, en torno a la demanda de amparo directo presentada por la parte quejosa el catorce de julio del año en curso, contra lo resuelto en el recurso de apelación que confirmó la sentencia de primera instancia dictada en el expediente ********************/2021 del índice del Juzgado Quinto Civil. IV. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo faculta desechar de plano la demanda de garantías al advertir la existencia de causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de garantías. Por manifiesto se entiende lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, en su caso, de los documentos que se anexen; mientras lo indudable es que se tenga certeza y plena convicción que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no sería factible obtener convicción diversa. Al respecto es aplicable la tesis 2a. LXXI/2002 de la Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 448, Tomo XVI, Julio de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de la siguiente lectura: DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. En el caso, es claro que la demanda de amparo debe desecharse por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, el cual dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; [.] Del contenido del precepto legal trascrito, se puede inferir que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra cualquier tipo de determinaciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. Asentado lo anterior, cabe destacar que en la tramitación del amparo directo, la autoridad responsable tiene el rol de auxiliar en aspectos tales como remitir la demanda de amparo, proveer respecto de la suspensión del acto reclamado y emplazamiento del o los terceros interesados, esto, para lograr una mayor celeridad en la tramitación del juicio de amparo directo. Por lo tanto, si el juicio de amparo directo inicia con la presentación de la demanda ante la autoridad que tenga el carácter de responsable, es claro que, si se reclaman en amparo indirecto, las determinaciones de la autoridad responsable ante quien se presentó el juicio de amparo uni-instancial, como lo es, la determinación de la Sala responsable que fijo garantía como requisito de medida de efectividad de la suspensión del acto reclamado, resulta evidente que el presente juicio constitucional es improcedente, pues el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, establece dicha improcedencia respecto de resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; por tanto, por mayoría de razón, además debe estimarse que también lo es respecto de las determinaciones alegadas dentro de la tramitación del propio juicio. En ese contexto, si en la demanda en estudio se reclaman la determinación dictada por la responsable, en autos del incidente de suspensión relativo al amparo directo promovido por la parte quejosa, es incuestionable que el juicio de amparo indirecto es improcedente respecto a dicha determinación pues ésta se dictaron durante la tramitación del amparo directo, surtiéndose con ello la hipótesis de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción IX de la ley de la materia, en virtud de que, se insiste, los proveído reclamados fueron dictados por la responsable actuando en auxilio de la Justicia Federal, con apoyo en los artículos de la Ley de Amparo y, por esa razón, tales actos deben entenderse inmersos en la jurisdicción de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la tesis III.2o.C.33 K, sustentado por el Segundo tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página 1315, tomo XXVIII, noviembre de 2008, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan lo siguiente: AMPARO BIINSTANCIAL. ES IMPROCEDENCTE RESPECTO DE OMISIONES ACAECIDAS DENTRO DE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL DIRECTO. Una interpretación literal y sistemática de los preceptos legales que regulan la tramitación del juicio de amparo directo, permite advertir que el rol de la autoridad responsable es el de un auxiliar de la Justicia Federal, en la remisión de la demanda de garantías, el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado y el emplazamiento del o los terceros perjudicados; función esta última que, cabe destacar, fue establecida por el legislador federal, en las reformas a la Ley de Amparo, de mil novecientos ochenta y tres, que tendió a lograr una mayor celeridad en la tramitación del juicio de garantías al suprimirse la alternativa de presentar la demanda de amparo directamente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación o ante el Tribunal Colegiado. De ahí, que si el juicio de garantías inicia con la presentación de la demanda respectiva, ante el órgano jurisdiccional correspondiente; que en caso de amparo directo, es el que tenga carácter de autoridad responsable, es claro que, si se reclama en amparo indirecto, la omisión de la autoridad responsable de cumplir con su obligación de remitir la demanda de garantías directa presentada por su conducto, tal omisión está relacionada con el trámite del juicio de amparo uni-instancial, respecto del cual, es improcedente el juicio de garantías, pues una interpretación teleológica del artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, permite concluir que, si en dicha fracción, se prevé que el juicio de garantías es improcedente respecto de resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas, por mayoría de razón, debe estimarse que también lo es, respecto de omisiones alegadas dentro de la tramitación del propio juicio." Asimismo, es aplicable por las razones que la rigen, la tesis I.3o.C.58 K, sustentado por el Tercer tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1002, tomo XVII, junio de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: INCIDENTE DE DAÑOS Y PERJUICIOS. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN ÉL, A PESAR DE QUE SEA TRAMITADO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Es inconcuso que el incidente previsto en el artículo 129 de la Ley de Amparo para hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión de los actos reclamados, constituye un procedimiento dentro del juicio de amparo y participa de su materia, por lo que contra las determinaciones dictadas en ese incidente no es procedente promover un diverso juicio de amparo, al actualizarse la causa prevista en el artículo 73, fracción II, de la legislación invocada, lo que se justifica en atención a que no sería jurídico que contra resoluciones incidentales o principales dictadas en los juicios de garantías procediera otro amparo, porque de ser así se originaría una cadena interminable de juicios de esa naturaleza. No es óbice para tal conclusión que tratándose del juicio de amparo directo, de ese tipo de incidentes conozca la autoridad responsable, según lo señala el artículo 170 de la mencionada ley, ya que en tal evento ésta actúa en auxilio de la Justicia Federal, sujetándose a las disposiciones de la materia y, por lo mismo, sus actos se encuentran inmersos en la jurisdicción de amparo. Cabe destacar que en el supuesto de que existan violaciones en el procedimiento o en la resolución del mencionado incidente, el agraviado está en aptitud de interponer el recurso de queja previsto en el artículo 95, fracción VII, de la ley en cita o, en su caso, promover el incidente de nulidad de notificaciones a que se refiere el artículo 32 de la mencionada legislación, de ahí que, al respecto, no se encuentra en estado de indefensión." En efecto, la improcedencia del presente juicio se corrobora por el hecho de que la propia Ley de Amparo prevé la posibilidad de combatir las determinaciones dictadas por la autoridad responsable ante quien se presentó el juicio de amparo directo, en relación a la suspensión del acto reclamado, a través del recurso de queja, previsto en el numeral 97, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 97. El recurso de queja procede: [.] II. Amparo directo, tratándose de la autoridad responsable, en los siguientes casos: b) Cuando no provea sobre la suspensión dentro del plazo legal, conceda o niegue ésta, rehúse la admisión de fianzas o contrafianzas, admita las que no reúnan los requisitos legales o que puedan resultar excesivas o insuficientes; [.]" De lo anterior, se desprende que la Ley de Amparo prevé que a través del recurso de queja se puede combatir ese tipo de determinaciones dictadas durante la tramitación del juicio de amparo directo al proveer en relación con fijación de las garantías y contragarantías respecto a la suspensión del acto reclamado; por tanto, resulta indudable que el presente juicio de amparo indirecto es improcedente, puesto que de la interpretación teológica del artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, permite concluir que el juicio de amparo indirecto deviene improcedente respecto de las determinaciones adoptadas por la autoridad responsable durante la tramitación del incidente de suspensión derivado del amparo uni-instancial; máxime que, como se expuso, la propia Ley de Amparo prevé el recurso que procede en contra de las determinaciones reclamadas en la demanda en estudio. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 150/2006, sustentada por la Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 368, tomo XXVIV, octubre de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan lo siguiente: QUEJA CONTRA EL AUTO QUE NIEGA O CONCEDE LA SUSPENSIÓN O QUE FIJA EL MONTO DE LA FIANZA EN EL AMPARO DIRECTO LABORAL. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ESTÁ FACULTADO PARA REPARAR, POR REGLA GENERAL, LOS VICIOS QUE SE EXPONGAN EN RELACIÓN CON SU FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De la interpretación de los artículos 107, fracciones X y XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 170, 173 y 174 de la Ley de Amparo, se advierte que corresponde al Presidente del Tribunal o Junta responsable pronunciarse sobre la suspensión de la ejecución de los actos reclamados en el juicio de amparo directo en materia laboral, así como, en su caso, fijar el monto de la fianza, actuando en auxilio de la Justicia Federal y en ese aspecto se convierte en un órgano de amparo al decidir sobre esa medida cautelar, cuyas decisiones puede revisar un Tribunal Colegiado de Circuito a través del recurso de queja previsto en el artículo 95, fracción VIII, de la mencionada ley reglamentaria. En ese sentido, resulta evidente que el Tribunal Colegiado de Circuito, al resolver dicho recurso, puede asumir plenitud de jurisdicción para subsanar los vicios relacionados con la fundamentación y motivación del acuerdo recurrido, por tratarse de irregularidades cometidas en una resolución de amparo directo, no en una instancia común, además de que la suspensión en este tipo de juicios se resuelve de plano, dada la urgencia e inmediatez de esa medida, por lo que sería contrario a su naturaleza la existencia del reenvío, en virtud de que ello ocasionaría retardo de la ejecución, generalmente, de los laudos que benefician a la parte obrera, produciéndole perjuicios de difícil reparación; lo anterior, salvo que el Tribunal Colegiado no cuente con los elementos jurídicos necesarios para emitir un pronunciamiento completo en la indicada queja, pues de actualizarse este supuesto de excepción debe reenviarse el asunto al Tribunal o Junta laboral para que subsane la omisión o imprecisión advertida, con base en el material que no haya puesto a disposición del órgano revisor." En las relacionadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción IX, con apoyo en el precepto 113, del ordenamiento en cita, procede desechar de plano, por manifiesta y notoria improcedencia, la demanda de amparo que se analiza. VI. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para recibir notificaciones el que indica en la demanda de amparo y para tales efectos en términos más amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado ********************, virtud que tiene cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma Ramón Gustavo Grajeda Tello, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, encargado del despacho en términos de los artículos 44 y 141, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización comunicada mediante oficio CCJ/ST/2330/2023, de quince de mayo de dos mil veintitrés, signado por Karina Chimal Barrera como Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado José Leónides Miguel Santos Cortés, secretario que asiste y da fe.

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