Claudia Grisel Gallardo Beltrán

Expediente 219/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
219/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
14/03/2019

Partes del expediente

  • Claudia Grisel Gallardo Beltrán

Actuaciones

  1. Principal

    V) Toluca, Estado de México a catorce de marzo de dos mil diecinueve. La certificación precedente, evidencia que la parte agraviada no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de veintiséis de febrero pasado (f. 12-16), por el cual se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha adquirido firmeza procesal. Ahora, del estado procesal de este asunto, se advierte que se encuentra totalmente integrado y no existe más por cumplimentar; con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa lo siguiente: 1. Este asunto es susceptible de destrucción, pues se desechó la demanda de amparo (punto vigésimo primero, fracción I, párrafo primero y segundo del Acuerdo General Conjunto referido). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental, y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 3. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Por otro lado, se comunica a la parte quejosa que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Principal

    V. Toluca, Estado de México a veintiséis de febrero de dos mil diecinueve. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por Claudia Grisel Gallardo Beltrán, por propio derecho, contra actos de la Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, regístrese su ingreso en el libro de gobierno con el número 219/2019-V. ACTO RECLAMADO. Ahora, del debido análisis de la demanda (capítulo de antecedentes y conceptos de violación) se advierte que el acto que reclama el agraviado consiste en: la notificación de la sentencia dictada en el expediente 642/18-29-01-5 del índice de la Sala responsable, así como su consecuencia consistente en el auto de veintitrés de enero de dos mil diecinueve, por el cual se declara la firmeza de la sentencia. DESECHAMIENTO. Sin embargo, de escrito se advierte actualizado el supuesto previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, toda vez que existe una causa manifiesta e indudable de improcedencia, que da lugar a su desechamiento de plano. En efecto, el numeral 113, del aludido cuerpo de leyes, establece que: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Por lo anterior, se advierte actualizada la hipótesis normativa contenida en el artículo 113 de la Ley de Amparo que da lugar a su desechamiento de plano, en virtud de que se evidencia la causa de improcedencia prevista en el dispositivo 61, fracción XVIII, del mismo ordenamiento jurídico, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. ." Como puede precisarse y de acuerdo al artículo citado con antelación, el amparo es improcedente en términos de dicha fracción cuando se dan los siguientes supuestos: 1.- Que el acto sea emitido por autoridades judiciales, administrativos o del trabajo; circunstancia que se encuentra acreditada, puesto que la autoridad que emitió el acto reclamado, es una autoridad judicial. 2.- Que proceda contra ellos algún recurso o medio de defensa legal dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser revocados, modificados o nulificados, aun cuando la parte afectada no lo hubiere hecho valer; elemento que se acredita, pues en contra de la notificación realizada al ahora quejoso, procede el incidente de nulidad de notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. En efecto, el numeral citado, establece: "ARTÍCULO 33.- Las notificaciones que no fueren hechas conforme a lo dispuesto en esta Ley serán nulas. En este caso el perjudicado podrá pedir que se declare la nulidad dentro de los cinco días siguientes a aquél en que conoció el hecho, ofreciendo las pruebas pertinentes en el mismo escrito en que se promueva la nulidad. Las promociones de nulidad notoriamente infundadas se desecharán de plano. Si se admite la promoción, se dará vista a las demás partes por el término de cinco días para que expongan lo que a su derecho convenga; transcurrido dicho plazo, se dictará resolución. Si se declara la nulidad, la Sala ordenará reponer la notificación anulada y las actuaciones posteriores. Asimismo, se impondrá una multa al actuario, equivalente a diez veces el salario mínimo general diario del área geográfica correspondiente al Distrito Federal, sin que exceda del 30% de su sueldo mensual. El actuario podrá ser destituido de su cargo, sin responsabilidad para el Estado en caso de reincidencia." Conforme a la disposición adjetiva citada, cuando una notificación no se realiza conforme a lo establecido por la misma legislación, podrá promoverse su nulidad dentro de los términos establecidos en la ley de la materia. Apoya a lo anterior, por identidad de razón, la tesis visible en el Semanario Judicial de la Federación, Página 746, Tomo VI, Agosto de 1997, que establece: "NOTIFICACIONES, IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO EN CONTRA DE. Es improcedente el juicio de amparo que se promueve en contra de la notificación practicada en un juicio del orden civil, por operar la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, en atención a que es impugnable mediante el incidente de nulidad de actuaciones a que se refieren los artículos 72, 73, 74 y 75 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de San Luis Potosí; medio de defensa mediante el cual se puede nulificar la notificación reclamada y que, por tanto, debe agotarse antes de acudir al juicio de amparo." En ese orden de ideas, el acto en estudio debió ser combatido a través del medio ordinario de defensa que la ley del acto prevé, antes de acudir a esta instancia constitucional, a saber, el incidente de nulidad de notificación, de conformidad con el artículo 33 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; por tanto, si el agraviado no lo hizo así, debe concluirse que el juicio de amparo promovido en contra del acto referido es improcedente, al no haberse impugnado, como ya se dijo a través del medio ordinario correcto que las propias leyes establecen, ya que con tal omisión, no quedó satisfecho uno de los principios fundamentales para la procedencia del juicio constitucional, como lo es el de definitividad. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Novena Época, emitida por el primer Tribunal Colegiado en materia Civil del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Tomo XVI, noviembre de 2002, consultable en la página 1041, que en el rubro y texto expresa lo siguiente: "NULIDAD DE ACTUACIONES, DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO: Si bien es cierto que la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo no habla de agotar precisamente incidentes, sino recursos ordinarios, también lo es que tal fracción se refiere no sólo a recursos sino también a medios ordinarios de defensa dentro del procedimiento, por virtud de los cuales puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas las resoluciones de que se trate, y en tanto el incidente de nulidad de actuaciones cumple con el último de los objetivos mencionados, pues mediante él puede lograrse la nulificación del acto materia del incidente, es válido su encuadramiento dentro de los medios ordinarios de defensa a que el precepto invocado se refiere." Así como la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, 57, septiembre de 1992, visible en la página 47, que expresa lo siguiente: "EMPLAZAMIENTO, CUANDO SE RECLAMA EN AMPARO SU ILEGALIDAD Y EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO DEL JUICIO ANTES DE DICTARSE SENTENCIA DEFINITIVA, DEBE AGOTAR PREVIAMENTE EL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES Y LOS RECURSOS ORDINARIOS PROCEDENTES: La procedencia del juicio de amparo indirecto o biinstancial, previsto por la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, no se actualiza en el caso en que, quien siendo parte en el juicio natural instaurado en su contra, estuvo en posibilidad de impugnar el ilegal emplazamiento antes de que se pronunciara sentencia definitiva, a través del incidente de nulidad, o bien, alegarla como agravio mediante el recurso de apelación contra dicha resolución definitiva, con lo cual se corrobora el criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en jurisprudencia definida en el sentido de que cuando se reclama la falta de emplazamiento, el quejoso no está obligado a agotar los recursos ordinarios antes de promover el juicio constitucional, pues tal criterio es aplicable cuando se está impugnando esa diligencia después de dictarse sentencia definitiva que haya causado ejecutoria en el juicio generador del amparo, por estarse reclamando la falta de audiencia en el procedimiento civil.". En estas circunstancias, al no haber sido agotado por el quejoso el medio de defensa que se ha mencionado, respecto del acto reclamado que señala es inconcuso que no cumplió con el principio de definitividad a que se refiere el artículo 6I, fracción XVIII, de la ley de la materia, de modo que el juicio de amparo es improcedente. Tiene aplicación a lo anterior, la Jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Novena Época, Tomo XV, Mayo de 2002, página 902, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra indica: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías.". Además, el propio promovente de amparo señala que el acto reclamado es derivado del 642/18-29-01-5 del índice de la Sala responsable en el cual es parte actora y ya se ha declarado firme la sentencia correspondiente, lo que determina que está en aptitud de inconformarse de la notificación combatida, interponiendo en su contra el recurso correspondiente. Es aplicable la Jurisprudencia 982, visible en la página 674, del Tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice de 1995, cuyo contenido literal es: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional." Aunado a ello, por lo que refiere a sus consecuencias, consistente en el auto de veintitrés de enero de dos mil diecinueve, por el cual se declara la firmeza de la sentencia dictada en el expediente motivo del acto reclamado, del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que el mismo deriva de un acto consentido, siendo importante señalar que para la configuración de la causa de improcedencia del juicio de amparo a que se refiere la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA.", publicada bajo el número 70, foja 116, Volumen I, Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, es menester que entre el acto reclamado y el anterior que se estime consentido, exista una relación de causa a efecto, es decir, que lo considerado en uno, sea una simple derivación de lo sustentado en el otro, como ocurre en el presente asunto, con lo que resulta clara la concurrencia del motivo de improcedencia del juicio de amparo, en virtud de que el auto de veintitrés de enero de dos mil diecinueve, por el cual se declara la firmeza la firmeza de la sentencia dictada en el expediente de origen, es consecuencia directa del plazo computado a partir de la notificación reclamada; por tanto, fue consentida por el solicitante del amparo; en tal virtud se actualiza la causa de improcedencia que contempla la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Máxime que del contenido del escrito que se atiende, se constata que su reclamo es esencialmente la notificación en comento. Es aplicable al caso en concreto la tesis de la Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Segunda Parte, Enero-Junio de 1988, visible en la página 52, que dice: "ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. FUNDAMENTO DE LA IMPROCEDENCIA. La improcedencia que resulta cuando el acto reclamado es consecuencia de otro consentido, por no haberse impugnado en su oportunidad, se funda en los artículos 73, fracción XVIII de la Ley de Amparo en relación con el diverso artículo 192 de la misma Ley, que establece la obligación de observar la jurisprudencia sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: en este caso, la número 19 visible en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación que dice: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA." Y por su aplicación, la jurisprudencia visible en la página nueve, volumen 217-228, Séptima Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, bajo el rubro y texto siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo con la jurisprudencia número 19 contenida en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, los supuestos para que opere la causal de improcedencia cuando el amparo se endereza contra actos derivados de otros consentidos son, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél." En esas condiciones, dado que el agraviado no observó el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, es indudable que se actualiza la causal de improcedencia advertida; por tanto, lo procedente es desechar de plano la demanda promovida, con apoyo en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el diverso 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO. Por otro lado, con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa en el escrito de demanda. AUTORIZADOS. Como la certificación de cuenta evidencia que Saúl López Espinosa y Omar Javier Mora Osorio, cuentan con la patente para ejercer la profesión de licenciado en derecho, registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se les tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, y a los restantes de conformidad con la parte final del párrafo segundo del precepto en cita; esto es, sólo para oír y recibir notificaciones, limitación que se establece hasta en tanto realice el registro respectivo, lo cual deberán comunicar mediante nueva promoción. DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo establecido en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones del presente asunto, aún las de carácter personal. TRANSPARENCIA. Finalmente, con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa

  3. Principal

    V. Toluca, Estado de México a veintiséis de febrero de dos mil diecinueve. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por Claudia Grisel Gallardo Beltrán, por propio derecho, contra actos de la Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, regístrese su ingreso en el libro de gobierno con el número 219/2019-V. ACTO RECLAMADO. Ahora, del debido análisis de la demanda (capítulo de antecedentes y conceptos de violación) se advierte que el acto que reclama el agraviado consiste en: la notificación de la sentencia dictada en el expediente 642/18-29-01-5 del índice de la Sala responsable, así como su consecuencia consistente en el auto de veintitrés de enero de dos mil diecinueve, por el cual se declara la firmeza de la sentencia. DESECHAMIENTO. Sin embargo, de escrito se advierte actualizado el supuesto previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, toda vez que existe una causa manifiesta e indudable de improcedencia, que da lugar a su desechamiento de plano. En efecto, el numeral 113, del aludido cuerpo de leyes, establece que: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Por lo anterior, se advierte actualizada la hipótesis normativa contenida en el artículo 113 de la Ley de Amparo que da lugar a su desechamiento de plano, en virtud de que se evidencia la causa de improcedencia prevista en el dispositivo 61, fracción XVIII, del mismo ordenamiento jurídico, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. ." Como puede precisarse y de acuerdo al artículo citado con antelación, el amparo es improcedente en términos de dicha fracción cuando se dan los siguientes supuestos: 1.- Que el acto sea emitido por autoridades judiciales, administrativos o del trabajo; circunstancia que se encuentra acreditada, puesto que la autoridad que emitió el acto reclamado, es una autoridad judicial. 2.- Que proceda contra ellos algún recurso o medio de defensa legal dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser revocados, modificados o nulificados, aun cuando la parte afectada no lo hubiere hecho valer; elemento que se acredita, pues en contra de la notificación realizada al ahora quejoso, procede el incidente de nulidad de notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. En efecto, el numeral citado, establece: "ARTÍCULO 33.- Las notificaciones que no fueren hechas conforme a lo dispuesto en esta Ley serán nulas. En este caso el perjudicado podrá pedir que se declare la nulidad dentro de los cinco días siguientes a aquél en que conoció el hecho, ofreciendo las pruebas pertinentes en el mismo escrito en que se promueva la nulidad. Las promociones de nulidad notoriamente infundadas se desecharán de plano. Si se admite la promoción, se dará vista a las demás partes por el término de cinco días para que expongan lo que a su derecho convenga; transcurrido dicho plazo, se dictará resolución. Si se declara la nulidad, la Sala ordenará reponer la notificación anulada y las actuaciones posteriores. Asimismo, se impondrá una multa al actuario, equivalente a diez veces el salario mínimo general diario del área geográfica correspondiente al Distrito Federal, sin que exceda del 30% de su sueldo mensual. El actuario podrá ser destituido de su cargo, sin responsabilidad para el Estado en caso de reincidencia." Conforme a la disposición adjetiva citada, cuando una notificación no se realiza conforme a lo establecido por la misma legislación, podrá promoverse su nulidad dentro de los términos establecidos en la ley de la materia. Apoya a lo anterior, por identidad de razón, la tesis visible en el Semanario Judicial de la Federación, Página 746, Tomo VI, Agosto de 1997, que establece: "NOTIFICACIONES, IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO EN CONTRA DE. Es improcedente el juicio de amparo que se promueve en contra de la notificación practicada en un juicio del orden civil, por operar la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, en atención a que es impugnable mediante el incidente de nulidad de actuaciones a que se refieren los artículos 72, 73, 74 y 75 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de San Luis Potosí; medio de defensa mediante el cual se puede nulificar la notificación reclamada y que, por tanto, debe agotarse antes de acudir al juicio de amparo." En ese orden de ideas, el acto en estudio debió ser combatido a través del medio ordinario de defensa que la ley del acto prevé, antes de acudir a esta instancia constitucional, a saber, el incidente de nulidad de notificación, de conformidad con el artículo 33 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; por tanto, si el agraviado no lo hizo así, debe concluirse que el juicio de amparo promovido en contra del acto referido es improcedente, al no haberse impugnado, como ya se dijo a través del medio ordinario correcto que las propias leyes establecen, ya que con tal omisión, no quedó satisfecho uno de los principios fundamentales para la procedencia del juicio constitucional, como lo es el de definitividad. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Novena Época, emitida por el primer Tribunal Colegiado en materia Civil del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Tomo XVI, noviembre de 2002, consultable en la página 1041, que en el rubro y texto expresa lo siguiente: "NULIDAD DE ACTUACIONES, DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO: Si bien es cierto que la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo no habla de agotar precisamente incidentes, sino recursos ordinarios, también lo es que tal fracción se refiere no sólo a recursos sino también a medios ordinarios de defensa dentro del procedimiento, por virtud de los cuales puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas las resoluciones de que se trate, y en tanto el incidente de nulidad de actuaciones cumple con el último de los objetivos mencionados, pues mediante él puede lograrse la nulificación del acto materia del incidente, es válido su encuadramiento dentro de los medios ordinarios de defensa a que el precepto invocado se refiere." Así como la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, 57, septiembre de 1992, visible en la página 47, que expresa lo siguiente: "EMPLAZAMIENTO, CUANDO SE RECLAMA EN AMPARO SU ILEGALIDAD Y EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO DEL JUICIO ANTES DE DICTARSE SENTENCIA DEFINITIVA, DEBE AGOTAR PREVIAMENTE EL INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES Y LOS RECURSOS ORDINARIOS PROCEDENTES: La procedencia del juicio de amparo indirecto o biinstancial, previsto por la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, no se actualiza en el caso en que, quien siendo parte en el juicio natural instaurado en su contra, estuvo en posibilidad de impugnar el ilegal emplazamiento antes de que se pronunciara sentencia definitiva, a través del incidente de nulidad, o bien, alegarla como agravio mediante el recurso de apelación contra dicha resolución definitiva, con lo cual se corrobora el criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en jurisprudencia definida en el sentido de que cuando se reclama la falta de emplazamiento, el quejoso no está obligado a agotar los recursos ordinarios antes de promover el juicio constitucional, pues tal criterio es aplicable cuando se está impugnando esa diligencia después de dictarse sentencia definitiva que haya causado ejecutoria en el juicio generador del amparo, por estarse reclamando la falta de audiencia en el procedimiento civil.". En estas circunstancias, al no haber sido agotado por el quejoso el medio de defensa que se ha mencionado, respecto del acto reclamado que señala es inconcuso que no cumplió con el principio de definitividad a que se refiere el artículo 6I, fracción XVIII, de la ley de la materia, de modo que el juicio de amparo es improcedente. Tiene aplicación a lo anterior, la Jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Novena Época, Tomo XV, Mayo de 2002, página 902, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra indica: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías.". Además, el propio promovente de amparo señala que el acto reclamado es derivado del 642/18-29-01-5 del índice de la Sala responsable en el cual es parte actora y ya se ha declarado firme la sentencia correspondiente, lo que determina que está en aptitud de inconformarse de la notificación combatida, interponiendo en su contra el recurso correspondiente. Es aplicable la Jurisprudencia 982, visible en la página 674, del Tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice de 1995, cuyo contenido literal es: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional." Aunado a ello, por lo que refiere a sus consecuencias, consistente en el auto de veintitrés de enero de dos mil diecinueve, por el cual se declara la firmeza de la sentencia dictada en el expediente motivo del acto reclamado, del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que el mismo deriva de un acto consentido, siendo importante señalar que para la configuración de la causa de improcedencia del juicio de amparo a que se refiere la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA.", publicada bajo el número 70, foja 116, Volumen I, Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, es menester que entre el acto reclamado y el anterior que se estime consentido, exista una relación de causa a efecto, es decir, que lo considerado en uno, sea una simple derivación de lo sustentado en el otro, como ocurre en el presente asunto, con lo que resulta clara la concurrencia del motivo de improcedencia del juicio de amparo, en virtud de que el auto de veintitrés de enero de dos mil diecinueve, por el cual se declara la firmeza la firmeza de la sentencia dictada en el expediente de origen, es consecuencia directa del plazo computado a partir de la notificación reclamada; por tanto, fue consentida por el solicitante del amparo; en tal virtud se actualiza la causa de improcedencia que contempla la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Máxime que del contenido del escrito que se atiende, se constata que su reclamo es esencialmente la notificación en comento. Es aplicable al caso en concreto la tesis de la Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Segunda Parte, Enero-Junio de 1988, visible en la página 52, que dice: "ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. FUNDAMENTO DE LA IMPROCEDENCIA. La improcedencia que resulta cuando el acto reclamado es consecuencia de otro consentido, por no haberse impugnado en su oportunidad, se funda en los artículos 73, fracción XVIII de la Ley de Amparo en relación con el diverso artículo 192 de la misma Ley, que establece la obligación de observar la jurisprudencia sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: en este caso, la número 19 visible en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación que dice: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA." Y por su aplicación, la jurisprudencia visible en la página nueve, volumen 217-228, Séptima Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, bajo el rubro y texto siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo con la jurisprudencia número 19 contenida en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, los supuestos para que opere la causal de improcedencia cuando el amparo se endereza contra actos derivados de otros consentidos son, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél." En esas condiciones, dado que el agraviado no observó el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, es indudable que se actualiza la causal de improcedencia advertida; por tanto, lo procedente es desechar de plano la demanda promovida, con apoyo en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el diverso 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO. Por otro lado, con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa en el escrito de demanda. AUTORIZADOS. Como la certificación de cuenta evidencia que Saúl López Espinosa y Omar Javier Mora Osorio, cuentan con la patente para ejercer la profesión de licenciado en derecho, registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se les tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, y a los restantes de conformidad con la parte final del párrafo segundo del precepto en cita; esto es, sólo para oír y recibir notificaciones, limitación que se establece hasta en tanto realice el registro respectivo, lo cual deberán comunicar mediante nueva promoción. DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo establecido en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones del presente asunto, aún las de carácter personal. TRANSPARENCIA. Finalmente, con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa

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