Claudia Gonzalez Rivera

Expediente 548/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
548/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
09/08/2021

Partes del expediente

  • Claudia Gonzalez Rivera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, nueve de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada el veinte de julio de dos mil veintiuno, la cual sobreseyó en el presente juicio; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. No es obstáculo, que no obre el acuse de recibo del oficio por el cual se ordenó la notificación de la autoridad responsable, en razón de que carece de legitimación para impugnar la sentencia dictada en autos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XIX.1o.A.C. J/1 (10a.), cuyo epígrafe dice: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS.". También es aplicable a lo anterior las conclusiones apuntadas en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA.". Se ordena indicar la anterior valoración en la carátula del expediente, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese por lista a la parte quejosa; así como por oficio a la autoridad responsable y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.Así lo proveyó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante el(la) secretario(a) Maribel Pereda Corvera, que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    V I S T O S; para resolver los autos del juicio de amparo número 548/2021, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, promovido por Claudia González Rivera, por su propio derecho; y, R E S U L T A N D O: Primero. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el nueve de junio de dos mil veintiuno (fojas 2 y 3), ante buzón judicial y remitido el día siguiente, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en San Andrés Cholula, Puebla, a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, Claudia González Rivera, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto enseguida se precisa: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE: La Ciudadana Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana de esta Ciudad de Puebla, Licenciada Desireé Bernal Quintana." IV. NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA: Lo es el acuerdo de fecha 17 de mayo de 2021, dictado por el Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana, Licenciada Desireé Bernal Quintana, acuerdo en el cual me niega la devolución de la caución por la cantidad de $18,000.00 (dieciocho mil pesos 00/100) en virtud de que indebidamente considera que no se puede archivar en definitiva la indagatoria número 1699/2012/SACHO, toda vez que esta no se encuentra prescrita, situación que contraviene mis garantías constitucionales al no poder disponer de la cantidad de dinero que exhibí dentro de la indagatoria de referencia, a pesar de que el término para el ejercicio de la acción persecutoria ya prescribió; por tal motivo es que recurro ante esta autoridad a solicitar el amparo y protección de la justicia federal, para efectos de que ordene a la autoridad responsable, deje sin efecto este acuerdo, y dicte uno nuevo, en el cual determine el archivo en definitiva, derivado de la prescripción del ejercicio de la acción penal, en virtud del tiempo transcurrido, autorizando la devolución de la caución por la cantidad de $18,000.00 (dieciocho mil pesos 00/100)." La parte quejosa narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados, los contenidos en los artículos 14, 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del Juicio. Mediante proveído de once de junio de dos mil veintiuno, este Juzgado registró la demanda de amparo indirecto bajo el número 548/2021, y se previno al quejoso para que precisara lo siguiente: "(.) ÚNICO. Bajo protesta de decir verdad, precise la fecha en que le fue notificado el auto de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, dictado por la autoridad responsable 1. Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana, Licenciada Desireé Bernal Quintana, o la fecha en que tuvo conocimiento del mismo." (fojas 6 a 13). Por escrito presentado ante este juzgado el catorce de junio de dos mil veintiuno, el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: ".QUE EL ACUERDO DE FECHA 17 DE MAYO DE 2021, DICTADO POR EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO LICENCIADA DESIREÉ BERNAL QUINTANA, EL CUAL ES SEÑALADO COMO ACTO RECLAMADO, ME FUE NOTIFICADO EL DÍA 2 DE JUNIO DE 2021." (foja 14). Con motivo de lo anterior, el quince de junio siguiente, se admitió a trámite, sin incidente de suspensión, se dio la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, entre otras determinaciones (fojas 15 a 19 y 21). Tercero. Cita para audiencia constitucional. Por auto de cinco de julio de dos mil veintiuno (foja 122) se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desarrolló al tenor del acta que antecede, y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclama un acto de esa naturaleza, atribuido a una autoridad penal con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. Segundo. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 74, fracción I de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar el acto reclamado que se advierte del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, así como de la revisión del informe justificado, se advierte que la quejosa Claudia González Rivera, esencialmente reclama: De la 1. Agente del Ministerio Público, adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana, de la Fiscalía General del Estado de Puebla, Desireé Bernal Quintana, en la averiguación previa 1699/2012/SACHO, de su índice, lo siguiente: El acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, por el cual negó la devolución de la caución a la quejosa, por la cantidad de $18,000.00 (dieciocho mil pesos, cero centavos, moneda nacional). Tercero. Existencia de los actos reclamados. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." La autoridad responsable 1. Agente del Ministerio Público, adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana, de la Fiscalía General del Estado de Puebla, Desireé Bernal Quintana, aceptó la existencia del acto reclamado (foja 26). Existencia que se corrobora con la documental que remitió la responsable como justificación a su informe, de la que se advierte que en la averiguación previa 1699/2012/SACHO, el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, acordó no favorable a la promovente, aquí quejosa, la devolución de la caución solicitada, bajo el argumento que no se podía archivar en definitiva dicha indagatoria pues aún no estaba prescrita (foja 114), acuerdo que se notificó a la quejosa el dos de junio del actual (foja 116). Documental con valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Cobra aplicabilidad, la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Cuarto. Antecedentes. Para una mejor comprensión del asunto, conviene narrar los antecedentes que se derivan de las constancias remitidas por la autoridad responsable 1. Agente del Ministerio Público, adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana, de la Fiscalía General del Estado de Puebla, Desireé Bernal Quintana, relativas a la averiguación previa 1699/2012/SACHO, en lo que interesa, son los siguientes: Mediante comparecencia de Juan Huerta Ramírez, el dieciséis de julio de dos mil doce, denunció el delito de daño en propiedad ajena, en contra de quien resulte ser responsable (fojas 30 y 31). Dicha denuncia fue radicada por el Ministerio Público correspondiente, el propio dieciséis de julio de dos mil doce, ordenando la practica de diligencias necesarias para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad penal (foja 29). Previas diligencias pertinentes, mediante determinación de veintiséis de noviembre de dos mil trece, la entonces Agente del Ministerio Público ejerció acción penal en contra de Juan Huerta Ramírez, por el delito de daño en propiedad ajena a título de culpa, en agravio de Jesús Hernández Martínez y Óscar Huerta Ramírez (fojas 71 a 79). Consignación de la que conoció el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, quien por resolución de diecinueve de diciembre de dos mil trece, se declaró legalmente incompetente para conocer de los hechos que dieron origen a la causa penal 502/2013, y ordenó devolver los autos de la indagatoria al Ministerio Público (fojas 83 a 85). Así, el cinco de agosto de dos mil catorce (fojas 88 a 95), nuevamente se consignó sin detenido la indagatoria de que se trata, ante el Juez de lo Penal Municipal de San Andrés Cholula, Puebla, la cual se registro bajo el número 192/2014, y por determinación de dos de octubre de dos mil quince, resolvió el reenvío de los autos a la autoridad ministerial para su debida integración (fojas 98 y 99). Seguida que fue la secuela procesal, en determinación de cuatro de mayo de dos mil dieciocho, la entonces agente del Ministerio Público determinó el no ejercicio de la acción penal dentro de dicha indagatoria y el archivo definitivo por obstáculo material insuperable (fojas 108 y 109). Mediante escrito presentado el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, la quejosa solicitó la devolución de la caución por la cantidad de $18,000.00 -dieciocho mil pesos, cero centavos, moneda nacional- (foja 115), la que aduce exhibió en su carácter de garante. Ocurso que fue atendido por la responsable en la misma data, donde acordó no favorable la devolución de la caución solicitada, bajo el argumento que no se podía archivar en definitiva dicha indagatoria debido a que aún no estaba prescrita (foja 114); acuerdo que se notificó a la quejosa el dos de junio del actual (foja 116). -Determinación que constituye el acto reclamado- Cuarto. Causales de improcedencia. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia del juicio, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En efecto, para poder analizar la constitucionalidad del acto reclamado, es necesario que la acción intentada sea procedente, es decir, no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada, los cuales, se denominan causas de improcedencia. Así pues, la improcedencia es una institución jurídica por la cual, en un primer momento del juicio, que no involucra el conocimiento de fondo de la acción intentada, se debe indagar si están constituidos los presupuestos necesarios que configuran la relación procesal y obligan al juzgador a resolver sobre la constitucionalidad del acto reclamado. En suma, la improcedencia del juicio de amparo constituye un obstáculo que impide el pronunciamiento de fondo; por tanto, dicho estudio debe hacerse previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, pues de actualizarse alguna causa de inviabilidad, sería imposible el examen de la litis constitucional. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia II.1o. J/5 del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, la cual se transcribe enseguida: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Así las cosas, el suscrito advierte, de oficio, que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". Del precepto legal trascrito se obtiene que el interés jurídico representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, el cual se traduce en que si las leyes o actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, no existe legitimación para entablar el juicio de garantías, por lo que aquél debe acreditar en forma fehaciente que el acto de autoridad vulnera en su perjuicio algún derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, o sea, que le causa un daño o perjuicio en sus derechos, pues si esta circunstancia no se encuentra plenamente probada el juicio de garantías resulta improcedente. Ello es así, pues el artículo 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." Además, es preciso indicar que en relación con el tema del interés jurídico, el numeral 5, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resienta una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley.". Así, la fracción I del artículo 5º, a que remite la fracción XII, dispone que es quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Así, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado, de manera que el sujeto de los mismos pueda ocurrir al juicio de garantías demandando que esa transgresión cese, y no otra persona. En cuanto al interés legítimo puede definirse, como aquel interés personal -individual o colectivo-, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso. Dicho interés, deberá estar garantizado por un derecho objetivo, sin que dé lugar a un derecho subjetivo; debe haber una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra índole. Por su parte, el interés simple o jurídicamente irrelevante, es aquel que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traduce en ningún tipo de beneficio personal para el interesado. Por la misma razón, el interés simple no supone afectación alguna a la esfera jurídica del quejoso en ningún sentido. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." Así, para acreditar el interés jurídico dentro de un juicio de amparo, quien solicita la protección constitucional debe acreditar la titularidad de un derecho subjetivo, así como la afectación que el acto produce sobre ese derecho, pues tales elementos son los que le otorgan legitimación para instar la acción de amparo. En el caso, no se actualiza el interés jurídico de la parte quejosa, para combatir el acto reclamado, por las razones siguientes: En efecto, la promovente del amparo reclama el auto de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, dictado en la averiguación previa 1699/2012/SACHO, se acordó no favorable la devolución de la caución solicitada, bajo el argumento que no se podía archivar en definitiva dicha indagatoria debido a que aún no se encontraba prescrita (foja 114). Ahora bien, la quejosa en el juicio únicamente acompañó como prueba documental, la constancia de notificación relativa al acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, dictado en dicha indagatoria, por la Agente del Ministerio Público, adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana, de la Fiscalía General del Estado de Puebla, Desireé Bernal Quintana, la cual es insuficiente para acreditar el interés jurídico en esta instancia constitucional. Esto es así, porque si bien de dicho acuerdo se desprende la negativa de la responsable para devolver la caución otorgada debido a que no se puede archivar en definitiva la indagatoria de que se trata, pues aún no se encuentra prescrita; tal documento no es suficiente para demostrar su interés jurídico, pues en su caso debió ofrecer prueba alguna que justificara que exhibió dicha garantía, a efecto de acreditar su interés jurídico en el presente juicio. Máxime, que la autoridad ministerial responsable en alcance a su informe justificado, envío el oficio 215/2021, de uno de julio de dos mil veintiuno, a través del cual, hizo del conocimiento que en la averiguación previa de origen no obra diligencia alguna en la que se haya otorgado caución por la cantidad de $18,000.00 -dieciocho mil pesos, cero centavos, moneda nacional-, situación que se corrobora del contenido de las constancias de la indagatoria, como anteriormente se expuso; lo que tampoco fue desvirtuado por la parte quejosa, a pesar de la vista que se le otorgó mediante acuerdo de cinco de julio de dos mil veintiuno (foja 122). Por tanto, aún cuando la autoridad responsable el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, acordó no favorable la devolución de la caución solicitada por la quejosa, lo cierto es que, la quejosa no acreditó tener la calidad de garante y que exhibió tal cantidad ante la responsable. Lo que tampoco se advierte de las constancias que la representante social responsable acompañó a su informe, valoradas anteriormente, pues, incluso de dicha documenta, no se aprecia actuación alguna en la que Claudia González Rivera, haya intervenido dentro de la indagatoria de origen. En ese tenor, si bien el acto reclamado constituye un pronunciamiento ministerial dirigido a la aquí quejosa, lo cierto es que en este sumario no se logró acreditar que con tal actuación se haya lesionado derecho fundamental alguno de la gobernada y que sea susceptible de ser reparada en esta instancia de alguna manera haya transcendido en la esfera jurídica de la solicitante. De ahí que la determinación tomada por la responsable el diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, no causa afectación alguna a los derechos fundamentales de la quejosa, pues el interés jurídico se debe acreditar de manera fehaciente, lo que no aconteció en el juicio. En las relatadas condiciones, en la especie se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en lo establecido en el numeral 63, fracción V, de la citada ley, procede sobreseer en el presente juicio. Atento a lo anterior, esta autoridad se encuentra jurídicamente imposibilitada para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa, pues la actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio de amparo impide al juzgador pronunciarse sobre cualquier cuestión que atañe al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. Cobra aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto, son: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON LOS QUE SE HACEN CONSISTIR EN LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN SI EL JUEZ ESTIMÓ PROCEDENTE EL SOBRESEIMIENTO. Si el Juez de Distrito consideró que se habían actualizado dos causales de sobreseimiento y con base en ellas resuelve sobreseer en el juicio, en el que se reclama la inconstitucionalidad de una ley, son inoperantes los agravios que se hacen consistir en la omisión de análisis de su parte, de diversos conceptos de violación, pues el sentido del fallo no sólo no lo obligaba a abordar tal estudio sino que lo imposibilitaba para realizarlo, pues de lo contrario su proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es poner fin al juicio sin resolver la controversia del fondo." Quinto. Publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 65, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Claudia González Rivera, en contra del acto reclamado a la Agente del Ministerio Público, adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana, de la Fiscalía General del Estado de Puebla, Desireé Bernal Quintana, precisado en el considerando tercero y por las razones expuestas en el diverso cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando sexto. Notifíquese por lista a la parte quejosa -debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020- y, por oficio a la autoridad responsable, así como al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cinco de julio de dos mil veintiuno. Visto, agréguese a los autos el oficio signado por la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana, Desireé Bernal Quintana, por medio del cual, en alcance a su informe justificado, refiere que dentro de la averiguación previa 1699/2012/SACHO, de su índice, no obra diligencia alguna en la que se haya otorgado caución por la cantidad de $18,000.00 (dieciocho mil pesos, cero centavos, moneda nacional), por lo que la aquí quejosa no tiene ninguna personalidad dentro de dicha indagatoria; por tanto, con el contenido del oficio de cuenta dese vista a las partes, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo,. En ese tenor, al estar señaladas las nueve horas con treinta y dos minutos del nueve de julio de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional, resulta evidente que para esa data no habrá transcurrido el plazo previsto en el mencionado numeral; por tanto, para dar margen a lo anterior se difiere anticipadamente, y se señalan las nueve horas con treinta minutos del veinte de julio de dos mil veintiuno, para su celebración. Notifíquese por lista a las partes...

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dos de julio de dos mil veintiuno. Visto, intégrese a los autos el informe justificado de la autoridad responsable 1. Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana, Desireé Bernal Quintana, con el que da cuenta la secretaria, para que surta los efectos legales a que haya lugar y, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes. En ese sentido, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad responsable ofreciendo como pruebas las documentales que anexa al informe de mérito, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en el momento procesal oportuno; esto es, en la celebración de la audiencia constitucional. Por otro lado, visto el estado procesal de autos, se advierte que mediante proveído de quince de junio pasado, se reservó acordar respecto de los terceros interesados, hasta que se recibiera el informe justificado de la autoridad responsable y, toda vez que esto ya aconteció, se provee: No ha lugar a tener, con el carácter de tercera interesada a persona alguna, toda vez que nadie se ubica en algún supuesto del artículo 5, fracción III de la Ley de Amparo, máxime que por resolución de cuatro de mayo de dos mil dieciocho, se determinó el no ejercicio de la acción penal persecutoria, misma que no fue recurrida. Notifíquese por lista a las partes.

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