Claudia González Quintana
Expediente 909/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 909/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 15/07/2019
Partes del expediente
- Claudia González Quintana
Actuaciones
- Principal
PRIMERO.- SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR...
- Principal
SE RINDE INFORME JUSTIFICADO.., SE TIENE POR ADMITIDA Y DESAHOGADA LA PRUEBA DOCUMENTAL QUE EXHIBE...,CON SU CONTENIDO DESE VISTA...,TENGASE AL PRESIDENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO EFECTUADO POR AUTO DE...
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ATENDIÓ EL AVISO DE CUATRO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE LE NOTIFICA A TRAVÉS DE LISTA EL AUTO QUE DICE: Querétaro, Querétaro, veintisiete de junio de dos mil diecinueve, Visto el escrito inicial de la demanda de amparo promovida CLAUDIA GONZÁLEZ QUINTANA, por propio derecho, fórmese y regístrese el juicio de amparo bajo el número 909/2019, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; contra actos de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de San Juan del Rio, Querétaro; la cual al reunir todas las exigencias legales con apoyo en los artículos 103, fracción I, 107 de la Constitución Federal; 1°, párrafo primero, 35, 37, 107, 108, 115, 116, 117, 125, 127 y 128, de la Ley de Amparo; se admite la demanda. Sin que sea necesario tramitar el incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, en virtud de que el mismo no fue solicitado por la parte quejosa. Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado; y, en atención a la fracción I, inciso k), del ordinal 26 de la ley de la materia, notifíquesele por oficio el presente acuerdo, corriéndole traslado con copia de la demanda, para los fines legales a que haya lugar. En atención a los dispositivos 117 y 75, de la ley de la materia citada, pídase a la autoridad responsable su informe justificado, mismo que deberá de rendir dentro del plazo de quince días, en el que expresará con precisión si son o no ciertos los actos que se le reclaman; además, deberá expresar las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio en términos del artículo 61 de la referida ley, así como la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; y requiérasele para que remita copia certificada de las constancias que sirvieron de base para emitir los actos que se le atribuyen; haciendo la aclaración que dichas copias tienen que ser legibles y completas, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para dictar sentencia en la que analice de fondo la cuestión que le fue planteada, por lo que se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar en su caso, el impedimento legal que tenga para hacerlo. Con el apercibimiento que de no hacerlo, en los términos indicados, se les impondrá multa de cien días de salario mínimo general vigente, de conformidad con los preceptos en cita, en relación con los diversos 238 y 260, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En la inteligencia, que los salarios mínimos a que se alude en este acuerdo y en el presente asunto, se entenderán referidos a los ahora denominados unidad de Medida y Actualización, en términos del transitorio tercero del "Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo", publicado el miércoles 27 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación. Sustenta lo anterior, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo I, Segunda Parte-1, enero a junio de 1998, página 351, que dice: "INFORME JUSTIFICADO CON COPIAS CERTIFICADAS ILEGIBLES, AMERITA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Es cierto que en términos de lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 149 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables acompañarán como justificante de sus actos, copia certificada de las constancias necesarias; empero, dichas copias tienen que ser legibles, pues en caso contrario debe ordenarse la reposición del procedimiento en el juicio de garantías, pues atendiendo a que en términos de lo dispuesto por los artículos 77 fracción I y 78 del invocado ordenamiento legal, el acto reclamado debe ser apreciado tal como quedó demostrado ante las propias autoridades responsables, es de inferir que cuando las constancias correspondientes no son claras, no es posible analizarlas minuciosamente, y por tanto, no se puede resolver conforme a derecho, pues ante tales circunstancias, se evidencia que el juez de Distrito no tuvo a la vista las pruebas conducentes." Independientemente de lo anterior, requiérase a la JUNTA ESPECIAL NÚMERO CUATRO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE SAN JUAN DEL RÍO QUERÉTARO para que dentro del término de tres días, informe a este Juzgado Federal el estado procesal que guarda el expediente 01766/2017/4/1 de su índice, promovido por por la quejosa CLAUDIA GONZÁLEZ QUINTANA, si a la fecha ya cerró instrucción en el referido juicio laboral, en caso afirmativo la fecha en que lo hizo y en su caso si ya emitió el laudo correspondiente, debiendo remitir las constancias que acrediten su dicho, con el apercibimiento que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización en términos de los artículos 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 115 de la invocada ley de amparo, se señalan para la celebración de la audiencia constitucional, las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL QUINCE DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, para su verificativo. Por otra parte, con fundamento en artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, en atención al contenido del escrito inicial de demanda, se reconoce el carácter de tercero interesado en el presente juicio de amparo a EL TALLER DE LOS NIÑOS ASOCIACIÓN CIVIL, quien tiene su domicilio ubicado en Calle Rio Balsas, número 36-A, Colonia San Cayetano, en San Juan del Rio, Querétaro. Por tanto, se ordena llevar a cabo su emplazamiento en el domicilio de mérito, por conducto de quien acredite su legal representación, debiendo hacerle entrega de copia de la demanda y del presente auto. Asimismo, con fundamento en el artículo 124 de la Ley Reglamentaria invocada, deberá enterarlo de la hora y día que se encuentran señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio, y finalmente deberá requerirlo, en base a lo expuesto en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo invocada, para que dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación de este auto, señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, en la inteligencia que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, se le harán por lista, aun las de carácter personal, con apoyo en el precepto legal referido, sin ulterior acuerdo; sin perjuicio de que pueda hacer la solicitud a que se refiere la fracción IV del artículo 26 de la Ley Reglamentaria invocada. De igual forma, en caso de que no se encuentre al tercero interesado antes mencionado, el actuario deberá cerciorarse de que en el domicilio en el que se constituya pueda ser localizado, y deberá proceder conforme a lo ordenado en el artículo 27, fracción I, incisos b y c de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece. Asimismo, se le hace del conocimiento que en caso de que el domicilio que se proporciona no sea el correcto, pero si le fuese informado que es uno distinto, se faculta para que practique la diligencia encomendada en ese nuevo domicilio, en caso de que corresponda a esta jurisdicción. Se faculta a cualquiera de los actuarios adscritos, para que en caso de que el tercero interesado por conducto de su apoderado legal se presente en el local de este Juzgado, realice el emplazamiento correspondiente. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles, a fin de llevar a cabo la diligencia encomendada. Independientemente de lo anterior, se requiere a la responsable, para que en caso de ser cierto el acto reclamado con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo Vigente, en el término de tres días informen el último domicilio que hubieren señalado las partes en el juicio natural, apercibidos que de no hacerlo, se les impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, de conformidad con el precepto 244 del citado ordenamiento. Asimismo, se requiere a todas las partes en el juicio, para que, en su oportunidad, de actualizarse alguna causal de sobreseimiento, lo comuniquen de inmediato a este Juzgado de Distrito, con apoyo en el numeral 64, de la normatividad aplicable al caso, haciendo de su conocimiento que si no cumplen con esa obligación, se les impondrá una multa de TREINTA DÍAS de salario mínimo general vigente, acorde con lo establecido en el artículo 251 de la Ley de Amparo citada. Por otro lado, se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa los estrados de este juzgado, y como autorizados para los mismos efectos a las personas que refiere, por ser los efectos de su autorización. Por otro lado, con sustento en el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para practicar cualquier notificación o emplazamiento que surjan en el presente asunto, con el fin de no entorpecer el trámite del presente juicio. Para el caso de que en el presente asunto, se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas, admitidas y desahogadas, dada su propia naturaleza, las pruebas que oferta consistentes en la instrumental de actuaciones así como la presuncional en su doble aspecto legal y humana; sin perjuicio de la relación que de ellas se haga en la celebración de la audiencia constitucional, a efecto de ser tomada en cuenta al momento de emitirse el fallo. Ahora bien, respecto de la diversa prueba documental que oferta consistente en copia simple de captura de pantalla de la consulta realizada en veintiocho de dos mil diecinueve, de la página de la autoridad responsable, relativa al expediente 01766/2017/4/1; dígasele que no ha lugar a tener por admitida dicha probanza toda vez que esta no fue exhibida tal y como se corrobora con el sello de recepción de oficialía de partes de este Juzgado Federal. En diverso aspecto, se da vista a la parte quejosa para que, en el caso de que las autoridades señaladas como responsables, con la denominación que indica en su demanda, no existan, con fundamento en la fracción III del artículo 108, de la Ley de Amparo vigente, (que precisa las obligaciones del quejoso, entre las que se encuentra el señalamiento preciso de las autoridades responsables- tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la ley de la materia), sin diverso acuerdo, se les tendrá como inexistentes, no se les dirigirán comunicaciones procesales y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o que el quejoso corrija el señalamiento de la denominación de las autoridades responsables; tomando en consideración que le corresponde al quejoso estar pendiente de la tramitación, en su asunto, circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de celeridad procesal. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 3, 6, 8, 9, 68, 71, 110, 113, 117, 118 y Segundo transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, así como en los considerandos Décimo Quinto, Décimo Sexto y artículo 33, fracción III, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, indíquese a las partes que las sentencias que emita el Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas, salvaguardando los datos personales concernientes a los promoventes identificados e identificables; haciéndoles saber de igual manera el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición, podría entenderse como el consentimiento de que se publiquen. Finalmente, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que emite las reglas y acuerdos generales correspondientes a la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso del FIREL, a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo en vigor, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de septiembre del dos mil catorce, en su oportunidad, digitalícese las demandas, recursos, incidentes, promociones y documentos que presentan las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información con el presente expediente; en la inteligencia de que el Acuerdo General de mérito establece que la integración del expediente electrónico iniciará para este Vigésimo Segundo Circuito en una tercera etapa, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas, haga la declaratoria correspondiente que se publique en el Diario Oficial de la Federación, conforme al artículo Segundo Transitorio, fracciones I y II, del propio Acuerdo General Conjunto. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE AL TERCERO INTERESADO EL TALLER DE LOS NIÑOS ASOCIACIÓN CIVIL.
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