Claudia González Lara

Expediente 366/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
366/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
02/05/2022

Partes del expediente

  • Claudia González Lara
  • Claudia González Lara y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dos de mayo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee: Auto causa estado. De la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no impugnó dentro del plazo legal el auto dictado en el presente juicio el cinco de abril de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones en los libros de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que se desechó la demanda de amparo, se determina que el presente sumario es susceptible de DESTRUCCIÓN. Destino del expediente. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la destrucción de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado. Documentos originales. Hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Devolución de tomo de pruebas. En atención a que resulta innecesario conservar el tomo de pruebas que se formó con las copias simples del juicio ordinario oral familiar 1674/2017 que remitió la autoridad responsable como complemento de su informe justificado en razón de que inicialmente la demanda fue presentada como amparo directo, se ordena su devolución, sin que sea necesario acusar de recibo puesto que el sello de recepción produce los mismos efectos. Notifíquese a las partes en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, cinco de abril de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Estado procesal. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de tres días que se concedió a la parte quejosa, por auto de trece de enero de dos mil veintidós, para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable, sin que lo hubiera hecho; por tanto, de conformidad con los artículos 192 primer párrafo y 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional, de oficio, procede a pronunciarse respecto al cumplimiento aludido, tomando en consideración las constancias que obran en este expediente. Efectos del fallo protector. El once de febrero de dos mil veinte, se dictó sentencia, en la que se otorgó la protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Juez Cuarto Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, realizara lo siguiente: Dejar insubsistente el auto de catorce de octubre de dos mil diecinueve; En su lugar dictar otro en el que adicional a lo acordado requiera a la fuente de trabajo el domicilio actual de la madre María Guadalupe Mondragón Botello; Requiera a la madre María Guadalupe Mondragón Botello; la presentación de los menores ante su presencia, para constatar su estado físico y conocer directamente su domicilio. Recurso de revisión. La parte tercera interesada inconforme con la sentencia definitiva interpuso recurso de revisión el cual fue turnado al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito y al que le correspondió el número 12/2021. Así en sesión de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, se dictó la resolución cuyos puntos resolutivos son los siguientes: "PRIMERO. Se modifica la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia Federal ampara y protege a Dioselina Carrillo Herrera y J. Régulo Sánchez Torres y/o Régulo Sánchez Torres, respecto de la autoridad y por el acto precisados en el considerando segundo de la sentencia recurrida, para los efectos establecidos en el último considerando de esta ejecutoria." Ejecutoria. Derivado de la sentencia dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, el veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia, y por tanto, se requirió a la autoridad responsable, en los siguientes términos: "La juzgadora de origen deberá: -Dejar insubsistente el auto de catorce de octubre de dos mil diecinueve; En su lugar dictar otro en el que adicional a lo acordado requiera a la fuente de trabajo el domicilio actual de María Guadalupe Mondragón Botello, madre de los menores; -Requiera la presencia ante su potestad de María Guadalupe Mondragón Botello, a efecto de hacerle saber de manera directa los alcances y consecuencia de su proceder reticente; y, -Haga uso de las facultades que le otorga el Código Familiar del estado de Michoacán, a fin de lograr el cumplimiento eficaz de la orden de convivencia provisional de los menores de que se trata, con sus abuelos paternos." Actos realizados por la autoridad responsable tendentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Para un mejor entendimiento de lo que aquí se determina se considera necesario hacer alusión al auto de veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, en el que se analizaron todos los actos desplegados hasta ese momento por la autoridad responsable a fin de dar cumplimiento con el fallo protector. ".Actos realizados por la autoridad responsable tendentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. El Juez Cuarto Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, mediante oficio 1341/2021 de uno de junio de dos mil veintiuno, remitió copia certificada del proveído de uno de junio del año en curso, del que se aprecia que por una parte dejó sin efectos el proveído de catorce de octubre de dos mil diecinueve, emitido en el expediente 1443/2018, relativo al juicio especial oral sobre convivencia de menor; asimismo, requirió a la fuente de trabajo el domicilio actual de María Guadalupe Mondragón Botello, para que dentro del término de tres días, proporcione el domicilio que tiene registrado; y señaló las once horas del ocho de junio del año en curso, para que se presente ante ese juzgado la citada María Guadalupe Mondragón Botello, a fin de hacerle del conocimiento de manera directa de los alcances y consecuencias de su proceder reticente, de no permitir el régimen de convivencia provisional que se ha decretado entre sus menores hijos y sus abuelos paternos, considerando que es un derecho de sus menores hijos. Enseguida, el oficio de diez de junio del año en curso, la autoridad responsable remitió copia certificada del proveído de ocho de junio del año en curso, del que se aprecia por una parte, que no se presentó María Guadalupe Mondragón Botello, ante ese órgano jurisdiccional, a la hora fijada para hacerle del conocimiento de manera directa de los alcances y consecuencias de su proceder reticente y señaló las trece horas del catorce de junio para efecto de llevar a cabo la citada diligencia. Posteriormente, por oficio de fecha quince de junio del año actual, la autoridad responsable informó que por segunda ocasión no se presentó María Guadalupe Mondragón Botello, ante ese órgano jurisdiccional, a la hora fijada para hacerle del conocimiento de manera directa de los alcances y consecuencias de su proceder reticente de evitar las convivencias entre los menores y sus abuelos paternos, y que se remitió nuevamente oficio a la fuente de trabajo de María Guadalupe Mondragón Botello que es Banco Nacional de México, S.A., para que dentro del término de tres días, proporcione el domicilio que tiene registrado la madre de los menores. Mediante oficio de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, se tuvo al Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, con sede en esta ciudad, informando que recabó el domicilio de la fuente de trabajo el domicilio de María Guadalupe Mondragón Botello y procedió a su citación a las quince horas del veinticuatro de junio del año en curso, a fin de hacerle del conocimiento de manera directa de los alcances y consecuencias de su proceder reticente, de no permitir el régimen de convivencia provisional que se ha decretado entre sus menores hijos y sus abuelos paternos. Enseguida, por oficio de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, la autoridad responsable informó que en esa misma fecha se llevó a cabo la audiencia en la cual se hizo de conocimiento de María Guadalupe Mondragón Botello, los alcances y consecuencias de su actuar reticente, asimismo informó que la citada María Guadalupe Mondragón Botello, hizo saber su domicilio para la convivencia entre los menores y sus abuelos paternos que es el ubicado en calle Taimeo, número ochenta y dos, Colonia Ciudad Jardín en esta ciudad. Mediante oficio de uno de julio del año actual, la responsable informó que no fue posible llevar a cabo las convivencia entre los menores y sus abuelos paternos, pues el actuario que fue a dar fe sobre la convivencias no logró encontrar el domicilio de María Guadalupe Mondragón Botello por lo que se le requirió proporcionar mayores datos sobre su domicilio. Por lo que mediante auto de catorce de julio de dos mil veintiuno, la autoridad responsable informó respecto a la imposibilidad de lograr que se lleve a cabo la convivencia de los menores de edad con sus abuelos paternos, pues la demandada María Guadalupe Mondragón Botello, no proporcionó las características de su domicilio, así como los datos de su localización. En oficio de once de agosto de dos mil veintiuno, la autoridad responsable remitió copias certificas de la razón de siete de agosto del año en curso, levantada por la actuaria adscrita al citado juzgado, en la que hizo constar que se constituyó en el domicilio de la demandada María Guadalupe Mondragón Botello, y que el abuelo paterno J. Régulo y/o Régulo Sánchez Torres, no se presentó para que se efectuara la convivencia provisional presencial, por ello, el diez de agosto del año actual, se señalaron de nueva cuenta las dieciséis horas del catorce del mismo mes y año, para que la fedataria se constituya nuevamente en el domicilio de la citada Mondragón Botello y de fe, si ésta hizo entrega de sus menores hijos a su abuelo paterno J. Régulo y/o Régulo Sánchez Torres, para que efectúe la convivencia provisional presencial. En oficio de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno, se hizo constar que con fecha catorce del mes y año citados, la actuaria adscrita al citado juzgado levantó una actuación actuarial en la que hizo constar que se constituyó en el domicilio de la demandada María Guadalupe Mondragón Botello, y que el abuelo paterno J. Régulo y/o Régulo Sánchez Torres, no se presentó para que se efectuara la convivencia provisional presencial; por ello, en auto de esa misma data se señalaron de nueva cuenta las dieciséis horas del veintiuno de agosto actual, para que la fedataria se constituyera nuevamente en el domicilio de la citada Mondragón Botello. Posteriormente, por oficio de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, la autoridad responsable remitió en copia certificada la acta levantada por la actuaria adscrita a su juzgado en la que hizo constar que el veintiuno de agosto del año en curso se constituyó en el domicilio de la demandada María Guadalupe Mondragón Botello, y que el abuelo paterno J. Régulo y/o Régulo Sánchez Torres, no se presentó para que se efectuara la convivencia provisional presencial. Asimismo, por oficio de veintisiete de septiembre del año en curso, el Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, con sede en esta ciudad, remitió en copia certificada las actuaciones suscritas por la actuaria de su adscripción de fechas veintiocho de agosto y veinticinco de septiembre del año en curso, en las que hizo constar que se constituyó en el domicilio de la aquí tercera interesada María Guadalupe Mondragón Botello, y constató que el abuelo paterno aquí quejoso J. Régulo y/o Régulo Sánchez Torres, no se presentó para que se efectuara la convivencia provisional presencial ordenada en el juicio especial oral familiar 1443/2018. Finalmente, se tiene que del oficio de cuenta registrado con el folio 19931, la Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, con sede en esta ciudad, remitió en copia certificada de las actuaciones practicadas por la actuaria de su adscripción de fecha dos, nueve, dieciséis, veintitrés y treinta de octubre, así como seis, trece, veinte y veintisiete de noviembre y cuatro de diciembre todas de dos mil veintiuno, en las que hizo constar que se constituyó en el domicilio de la tercera interesada María Guadalupe Mondragón Botello, y constató que el abuelo paterno aquí quejoso J. Régulo y/o Régulo Sánchez Torres, no se presentó para que se efectuara la convivencia provisional presencial ordenada en el juicio especial oral familiar 1443/2018. Pronunciamiento. De todo lo anterior, es que es dable concluir que la sentencia de amparo no se encuentra cumplida en sus términos. Es así porque, en el fallo protector se estableció que la autoridad responsable debía dejar insubsistente el auto de catorce de octubre de dos mil diecinueve; en su lugar dictar otro en el que adicional a lo acordado requiera a la fuente de trabajo el domicilio actual de María Guadalupe Mondragón Botello, madre de los menores; y ante su potestad, le haga saber a María Guadalupe Mondragón Botello los alcances y consecuencia de su proceder reticente, lo cual ya ocurrió En efecto, de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que en proveído de uno de junio del año en curso, dejó sin efectos el proveído de catorce de octubre de dos mil diecinueve, emitido en el expediente 1443/2018, relativo al juicio especial oral sobre convivencia de menor; así como, requirió a la fuente de trabajo el domicilio actual de María Guadalupe Mondragón Botello. Posteriormente, la fuente de trabajo de María Guadalupe Mondragón Botello, que es Banco Nacional de México, S.A., informó sobre su domicilio. Luego se tiene que el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la audiencia en la cual se hizo de conocimiento de María Guadalupe Mondragón Botello, los alcances y consecuencias de su actuar reticente, asimismo informó que la citada María Guadalupe Mondragón Botello, hizo saber su domicilio para la convivencia entre los menores y sus abuelos paternos que es el ubicado en calle Taimeo, número ochenta y dos, Colonia Ciudad Jardín en esta ciudad. Empero, de lograr el cumplimiento eficaz de la orden de convivencia provisional de los menores de que se trata, con sus abuelos paternos no está cumplida la sentencia de amparo. Ello es así, pues si bien se advierte que en diversas ocasiones se ha presentado el actuario en el domicilio de María Guadalupe Mondragón Botello, y que J. Régulo y/o Régulo Sánchez Torres, no se ha presentado para que se efectuara la convivencia provisional presencial ordenada en el juicio especial oral familiar 1443/2018, lo cierto es que el Juez responsable omitió remitir las constancias de notificación personal por medio de las cuales se dio a conocer a los abuelos paternos los autos en los que se determinaron las citas para llevar a cabo la convivencia con los infantes ordenada en autos. Lo cual resulta de especial relevancia en el presente asunto, para determinar si la parte quejosa no ha acudido a las citas por falta de interés o por la falta de notificación por parte de la autoridad responsable. (.)" Derivado del análisis realizado en dicho proveído se determinó tener por no cumplida la ejecutoria de amparo, en tanto que si bien la autoridad responsable había dado cumplimiento con los primeros tres efectos de la ejecutoria de amparo, no ocurría lo mismo respecto del cuarto -haga uso de las facultades que le otorga el Código Familiar del estado de Michoacán, a fin de lograr el cumplimiento eficaz de la orden de convivencia provisional de los menores de que se trata, con sus abuelos paternos-, ya que había omitido remitir a este Juzgado Federal las constancias de notificación personal por medio de las cuales se dio a conocer a los abuelos paternos -aquí quejosos- los autos en los que se determinaron las citas para llevar a cabo la convivencia con los infantes ordenada en autos lo cual resulta de especial relevancia en el presente asunto, para determinar si la parte quejosa no ha acudido a las citas por falta de interés o por la falta de notificación por parte de la autoridad responsable. En ese sentido, el dicho proveído se requirió nuevamente a la citada autoridad responsable para que dentro del término de tres días, contado a partir de que quedara debidamente notificada remitiera las constancias que acreditaran haber cumplido con el fallo protector, consistentes en las notificaciones personales por medio de las cuales se dio a conocer a Dioselina Carrillo Herrera y J. Régulo Sánchez Torres y/o Régulo Sánchez Torres los autos en los que se determinaron las citas para llevar a cabo la convivencia con los infantes ordenada en autos. Así, en cumplimiento a lo anterior, mediante oficio 53/2022 de siete de enero de dos mil veintidós, recibido en este órgano jurisdiccional el doce de enero de la presente anualidad, la autoridad responsable remitió copia certificada de las siguientes constancias: 1. Auto de dieciocho de junio de dos mil veintiuno e instructivo relativo a su notificación; 2. Auto de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno y constancias de notificación a las partes; 3. Auto de uno de julio de dos mil veintiuno y constancias de notificación a las partes; 4. Auto de dos de agosto de dos mil veintiuno y sus respectivas constancias de notificación; 5. Auto de cinco de agosto de dos mil veintiuno y las notificaciones correspondientes; 6. Auto de diez de agosto de dos mil veintiuno y constancias de notificación a las partes; 7. Auto de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno y sus respectivas notificaciones a las partes. Proveídos de los cuales se advierte que la autoridad responsable señaló diversas fechas y horas para que la actuaria de su adscripción se constituyera en el domicilio de María Guadalupe Mondragón Botello -tercera interesada- y diera fe de que ésta hiciera entrega de sus menores hijos a los abuelos paternos para que se llevara a cabo la convivencia provisional ordenada por el tribunal de alzada, proveídos que tal y como se advierte de las constancias de notificación remitidas por la responsable, fueron del conocimiento de los quejosos, sin que éstos comparecieran en los días y horas señaladas. Pronunciamiento. De lo determinado por este órgano jurisdiccional en auto de veintidós de diciembre de dos mil veintiuno y de la relación de constancias remitidas por la autoridad responsable mediante oficio 53/2022 de siete de enero de dos mil veintidós, se advierte que la autoridad responsable cumplió con los efectos de la ejecutoria de amparo, pues ha quedado acreditado que por auto de uno de junio del año en curso, dejó sin efectos el proveído de catorce de octubre de dos mil diecinueve, emitido en el expediente 1443/2018, relativo al juicio especial oral sobre convivencia de menor; y requirió a la fuente de trabajo el domicilio actual de María Guadalupe Mondragón Botello. Asimismo, que una vez que la fuente de trabajo de María Guadalupe Mondragón Botello, que es Banco Nacional de México, S.A., informó sobre el domicilio de ésta, el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la audiencia en la cual se hizo de conocimiento de María Guadalupe Mondragón Botello, los alcances y consecuencias de su actuar reticente, asimismo informó que la citada María Guadalupe Mondragón Botello, hizo saber su domicilio para la convivencia entre los menores y sus abuelos paternos que es el ubicado en calle Taimeo, número ochenta y dos, Colonia Ciudad Jardín en esta ciudad. De igual forma quedó acreditado que la autoridad responsable hizo uso de las facultades que le otorga el Código Familiar del Estado de Michoacán, a fin de lograr el cumplimiento eficaz de la orden de convivencia provisional de los menores de que se trata, con sus abuelos paternos; sin que ésta se haya logrado materializar, pues de las constancias remitidas por la responsable se advierte que pese a diversos requerimientos que hizo a los abuelos paternos aquí quejosos a fin de que se presentaran en el domicilio de la madre para que la actuaria diera fe de que aquélla hiciera entrega de los infantes a sus abuelos para que se llevara a cabo la convivencia provisional decretada, los quejosos fueron omisos en presentarse no obstante de encontrarse notificados, de lo que se advierte una falta de interés de su parte para efectuar la convivencia ordenada. Incluso cabe señalar que mediante proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, este juzgado, tuvo a la autoridad responsable informando que en auto de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno requirió a los abuelos paternos aquí quejosos para que manifestaran si tenían interés en llevar a cabo la convivencia con los menores, sin que éstos dieran cumplimiento. Con lo anterior este órgano jurisdiccional también dio vista a los quejosos por el término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, sin que hubieran desahogado dicha vista. En consecuencia, es dable concluir que la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida en sus términos, sin que exista exceso o defecto. Hágase notar que como se advierte de la certificación de cuenta la parte quejosa no hizo manifestación alguna en relación a la vista otorgada respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con María del Rocío Ayala Carrizales, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA CLAUDIA GONZALEZ LARA, POR PROPIO DERECHO Y EN CUANTO REPRESENTANTE DE SUS MENORES HIJAS C.H.G. L.H.G. Y D.H.G., LA DETERMINACION DE CINCO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDOS, toda vez que no acudió dentro de los días hábiles a notificarse personalmente ante este órgano jurisdiccional, no obstante haberle dejado el citatorio respectivo en el domicilio señalado para recibir notificaciones, cuyo contenido es del tenor literal siguiente: Morelia, Michoacán, cinco de abril de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. SE RECIBEN AUTOS. Téngase por recibido el oficio suscrito por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual hace llegar los autos del juicio de amparo directo 210/2022, de su índice, en razón de que el acto reclamado no constituye una sentencia definitiva o resolución que sin resolver el fondo del asunto ponga fin al juicio, ya que se impugna el acuerdo de trámite dictado el nueve de febrero del año en curso, en el juicio ordinario oral familiar 1674/2017, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, en la que se admitió una prueba superveniente ofrecida por el demandado Eduardo Hernández Hernández, en el juicio oral familiar de origen, por lo que resulta competencia de un Juez de Distrito. Acúsese recibo. AVOCAMIENTO. Al surtirse el supuesto del artículo 45 de la Ley de Amparo, este juzgado se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Claudia González Lara, por propio derecho y en cuanto representante de sus menores hijas de iniciales C.H.G., L.H.G. y D.H.G., contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán y otra autoridad. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 366/2022. De conformidad con el Acuerdo General 1/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma al similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de vigencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de enero de dos mil veintidós, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. SE FORMA TOMO DE PRUEBAS. Con las constancias que acompañó la autoridad responsable Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, consistentes en copias simples del juicio ordinario oral familiar 1674/2017, consistente en trescientas veintiséis fojas, fórmese un cuaderno de pruebas por separado para mejor manejo del expediente, identificándose como Tomo I. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Previo a proveer sobre la admisión de la demanda, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención al análisis integral del escrito inicial se precisa que el acto reclamado se hace consistir en: El auto de fecha nueve de febrero de dos mil veintidós, dictado en el juicio ordinario oral familiar 1674/2017, del índice del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, en el que se admitió una prueba superveniente ofrecida por el demandado Eduardo Hernández Hernández. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con fundamento en los preceptos 103 y 107 constitucionales 1°, en relación con el 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por Claudia González Lara, por propio derecho y en cuanto representante de sus menores hijas de iniciales C.H.G., L.H.G. y D.H.G., contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán y otra autoridad. Tal como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, debe analizarse la demanda de amparo en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que lleve a su desechamiento de plano, lo que en el caso acontece, como se desprenderá de las consideraciones que enseguida se realizan. El artículo 113 de la citada ley, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Precisado lo anterior, y atento a la obligación prevista por el artículo 62 de la Ley de Amparo, en cuanto al estudio oficioso de la procedencia del juicio, se estima que en el caso se verifica de manera manifiesta e indudable la hipótesis a que se refiere el arábigo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretada en sentido contrario y 172 fracción III, todos de la Ley de Amparo. De la intelección de tales preceptos se advierte que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando se promueve contra actos que, dictados en juicio, no producen efectos de imposible reparación. El concepto de irreparabilidad está definido por la propia norma e interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la siguiente manera: a) Los actos procesales dentro del juicio solo tienen ejecución de imposible reparación, cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos fundamentales, de modo tal que esa afectación no es susceptible de reparar con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio por haberse consumado irreparablemente la violación del derecho fundamental de que se trate; b) En contraposición, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, aun cuando puedan calificarse como de grado predominante o superior, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. En ese contexto, un acto intraprocesal tiene una ejecución de imposible reparación cuando causan un perjuicio material a los derechos fundamentales del quejoso de forma tal que el daño no puede enmendarse aunque se obtenga una decisión favorable; como ejemplo se citan el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos, arresto, entre otros, sujetos también a las reglas previstas para el principio de definitividad. Así se advierte de la jurisprudencia P. /J. 37/2014 (10a.) IV.2o.C. J/2, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P. /J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P. /J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En el caso particular, la quejosa reclama el auto de nueve de febrero de dos mil veintidós, dictado dentro del juicio ordinario oral familiar 1674/2017, en el que se admitió una prueba superveniente ofrecida por el demandado Eduardo Hernández Hernández; proveído que es del contenido siguiente: "Zamora de Hidalgo, Michoacán, a 09 nueve de febrero de 2022 dos mil veintidós. En términos de la certificación que antecede y del escrito que presente el licenciado Héctor Miguel Moreno Gatica, mandatario judicial de la parte actora, se le dice que no ha lugar a tenerlo por haciendo las manifestaciones a que se refiere en su escrito, porque como se infiere de la certificación aludida, el término con que contaba para ello, le precluyó el día 31 treinta y uno de enero de la presente anualidad. No obstante lo anterior, es de precisarse que en esta contienda se encuentran inmersos derechos de las menores hijas de los contendientes de iniciales C.H.G., L.H.G. y D.H.G., por lo que en términos de los artículos 11, 261 y 932 es de tomarse en consideración el interés superior de tales menores de edad, sin dejar de observar que el demandado señor Eduardo Hernández Hernández, en la actualidad ha procreado una nueva hija de iniciales C.H.L., conforme al acta de nacimiento que obra glosada a foja 721 de los autos. Por consiguiente, no obstante de que la prueba instrumental que nos ocupa no es ofrecida dentro del término legal, esta autoridad haciendo valer la facultad que le otorga el artículo 1006 del código Familiar del Estado, da nueva cuenta con el escrito glosado a foja 720 de las presentes actuaciones, por lo que, atendiendo al interés superior de los referidos menores de edad, admite como prueba superveniente la instrumental pública consistente en el acta de nacimiento de la menor de edad de iniciales C.H.L., en cuanto hija del demandado señor Eduardo Hernández Hernández, con la señora Norma Ramona López Ochoa. La que se admite y atendiendo a su especial naturaleza se da por desahogada." Como se advierte de la anterior transcripción, el acto reclamado, no es de aquellos que contempla la fracción V, del artículo 107, de la Ley de Amparo, en virtud de que no constituye un acto que materialmente afecte derechos sustantivos de la quejosa tutelados por la Constitución, pues ello se vería reflejado hasta que se dicte la sentencia definitiva dentro del juicio oral familiar de origen; en donde, está en condición de obtener una resolución favorable. Ello es así, pues no se advierte que con la emisión del proveído se restrinja alguno de los derechos de las menores o de la propia quejosa, reconocidos en el juicio de origen. Esto es, el acto reclamado únicamente genera una afectación procesal, pues el efecto que produce es que se admite una prueba superveniente de instrumental pública, se continúe con el trámite del juicio de origen y en la sentencia definitiva que se emita sean valoradas las pruebas ofrecidas y admitidas. Lo que no impide que si la parte quejosa obtiene resolución desfavorable, pueda alegar las eventuales violaciones procesales mediante el juicio de amparo que promueva en contra de la misma. Tiene aplicación por ilustrativa la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de rubro y texto dice: "PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO CIVIL. SU ADMISIÓN O DESECHAMIENTO ES IMPUGNABLE EN RECLAMACIÓN, A EFECTO DE PREPARAR LA VIOLACIÓN PROCESAL RESPECTIVA EN EL AMPARO DIRECTO QUE, EN SU CASO, SE PROMUEVA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). El artículo 408 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, en vigor desde el 1 de enero de 2005, establece que la reclamación es el medio de impugnación que tiene por objeto revocar o modificar un auto que no ponga fin al procedimiento; por tanto, la admisión o el desechamiento de pruebas debe impugnarse por medio de dicho recurso, al tratarse de un auto que no pone fin al procedimiento ya que, de no hacerse así, la violación procesal respectiva deberá estimarse consentida y no podrá someterse a examen en el juicio de amparo directo que, en su caso, se promueva, por no haberse preparado la acción constitucional, en términos de los artículos 161 de la Ley de Amparo abrogada y 171 de la vigente." De ahí que resulta claro que no existe afectación material sobre algún derecho sustantivo reconocido en la Constitución o en los Tratados Internacionales, que amerite de inmediato el análisis constitucional del acto reclamado. Conforme a lo anterior, es evidente que los actos reclamados no son de los considerados de ejecución irreparable, en tanto que no afectan materialmente algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que México sea parte, en favor de la parte quejosa, como sería la vida, la integridad personal, la libertad en sus manifestaciones o la propiedad; sino en todo caso, sólo producen una afectación en los denominados derechos adjetivos, que inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable. La causa de improcedencia en estudio no contraviene el principio pro homine, previsto en los párrafos primero y segundo del artículo 1o de la Constitución Federal, ni el numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio efectivo, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, porque estas disposiciones no implican que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, sino solamente contra aquéllos que afecten los derechos sustantivos o fundamentales del quejoso, según la actual redacción del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Es decir, los preceptos mencionados en modo alguno autorizan a las personas a utilizar el juicio de amparo como medio para defender sus prerrogativas que no son sustantivas. Apoya lo anterior, por analogía, la tesis cuya síntesis es: "DERECHOS HUMANOS. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, EN RELACIÓN CON EL 114, FRACCIÓN IV, INTERPRETADO A CONTRARIO SENSU DE LA LEY DE AMPARO, NO PUGNA CON EL PRINCIPIO PRO HOMINE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NI CON LO ESTABLECIDO POR EL DIVERSO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE ESA MATERIA. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, en virtud de la cual el juicio de amparo no es procedente en contra de actos en el juicio que no produzcan efectos de imposible reparación, no pugna con el principio pro homine que establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni con el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José´ de Costa Rica, ya que si bien conforme a lo establecido en el citado artículo 1o. constitucional, las normas protectoras de los derechos humanos deben interpretarse conforme a la Constitución y a los tratados internacionales, en atención al principio pro homine, el cual implica que debe atenderse a la norma que otorga una mayor protección al ser humano, y el artículo 25 del instrumento internacional en comento establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los Jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos sustantivos fundamentales, es igualmente cierto que lo establecido en este dispositivo del instrumento internacional, no implica que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, sino solamente contra de aquellos que afecten a los derechos sustantivos fundamentales, y dado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que los actos en el juicio de imposible reparación, son aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos sustantivos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, debe considerarse que la regla de procedencia que establece la mencionada fracción IV del artículo 114, no significa que el juicio de garantías ofrezca una protección menor a los derechos humanos que la que prevé´ la fracción 1 del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos." No pasa desapercibida la manifestación formulada por la quejosa en el sentido de que con la determinación reclamada se violentan sus derechos e interés superior de las menores, al no respetar, garantizar y salvaguardar dentro del juicio principal los de sus menores hijas de iniciales C.H.G., L.H.G. y D.H.G., quienes son parte en el juicio de origen y pretender garantizar derechos de terceros ajenos al juicio, con independencia de que sean menores; sin embargo, como ya se hizo notar en párrafos anteriores, la determinación del Juez de origen de admitir la prueba superveniente, solo genera violación procesal, que puede ser reparada al momento de dictar sentencia la cual puede resultar favorable a sus intereses, con lo cual quedaría inocua la violación procesal reclamada. Aunado a que, como ya se hizo notar con la transcripción del acto reclamado, no se advierte que con su emisión, de momento, se vulneren los derechos de las menores, en razón de que, de momento, no se advierte que hayan variado las condiciones relativas a la guarda y custodia o los alimentos que estas reciben. Sin que dicha determinación pueda considerarse que lesiona el derecho de acceso a la justicia de la promovente del amparo y de las menores que por ello sea contrario al artículo 1 de la Constitución Federal, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo. Ello es así, en virtud de que la causa de improcedencia tiene una existencia justificada, la cual debe ser analizada de oficio por este órgano de control constitucional y, en el caso, la causa de improcedencia examinada se actualiza de manera manifiesta e indudable, como se estableció al inicio del estudio respectivo. Igual circunstancia ocurre con la ponderación del interés superior del menor, aun cuando los derechos del menor deben ser tutelados por todas las autoridades dicha tutela no implica que dejen de analizarse los presupuestos procesales para la procedencia del juicio de amparo, de modo que la protección del interés superior, no hace procedente un juicio de amparo respecto del cual se actualiza una causa de improcedencia. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." De conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resulta manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, por lo que SE DESECHA la demanda de amparo. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. Asimismo, desde este momento se instruye al actuario para que todas las notificaciones personales que resulten necesarias dentro del presente juicio, se realicen con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para Resguardar la Integridad y Salud de Quienes Realicen la Notificación y de las Personas Justiciables. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los artículos 8 y 18, fracción II, de la propia ley, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, al momento de allegarlos al juicio, en la inteligencia que de no hacerlo se publicara dicha sentencia íntegramente, con las salvedades y excepciones que contempla el reglamento en cita, de igual forma siguiendo el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgado de Distrito, este acuerdo se publicará con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. ATENCIÓN A LAS PARTES. Con fundamento en el artículo 5 del Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 1/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, considerando el riesgo sanitario, se procurará encausar el procedimiento de manera que, tratándose de comunicaciones no procesales, se pueda brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos. Por tanto, se les requiere para que proporcionen número telefónico y correo electrónico con el propósito de establecer contacto y generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten eficientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. Asimismo, se pone a disposición de las partes el número telefónico 44 31 86 57 61, para brindar atención telefónica en el horario de 9:00 a 15:00, de lunes a viernes, exclusivamente para el trámite de su asunto, a través del mensaje de texto vía WhatsApp, para lo cual deberán proporcionar: Nombre completo y la calidad de parte; Imagen fotográfica de su identificación oficial; y, Número de expediente. La solicitud se responderá por la misma vía cuando las labores primordiales del Juzgado lo permitan. En el entendido que únicamente se atenderán los mensajes enviados por partes autorizadas para acceder a la consulta del expediente, en relación a información general del estado procesal de los autos. Cualquier otro tipo de petición no será atendida. PRESENTACIÓN DE PROMOCIONES Y OFICIOS. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: Enviando la promoción u oficio a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), por medio del referido portal, aunque no se cuente con firma electrónica, siempre que el acto reclamado en el juicio se contemple en el artículo 15 de la Ley de Amparo, o se equipare a estos supuestos a juicio del órgano jurisdiccional. Presentando directamente ante la Oficialía de Partes Común a los Juzgados de Distrito en Morelia, de nueva creación, la promoción u oficio, la cual está ubicada en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja, revisión o inconformidad), salvo que se realice con firma electrónica. PUBLICACIONES EN LISTA. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en el lugar que permita su consulta por los interesados. ATENCIÓN EXCEPCIONAL DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. De conformidad con las reglas previstas en los artículos 3 y 6 del Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 1/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la presencia física de las partes únicamente se admitirá: Cuando el órgano jurisdiccional lo determiné; y, Cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. APERCIBIMIENTOS. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubrebocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Se tiene como sus autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Julio César Reyes Calderón, María del Carmen Rangel Tena, Ana Georgina Galván Méndez, Héctor Miguel Moreno Gatica, Lisseth Fernández Cortés, Miriam Berenice Ortega Aviña y Juan Manuel Espinoza Vega, por así haberlo solicitado expresamente. EXHORTA A LAS PARTES AL ESQUEMA DE JUICIO EN LINEA. Se hace del conocimiento de las partes que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, para el caso de que así lo deseen, a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal, podrán imponerse del contenido de los presentes autos (Consulta de Expediente Electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica), quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con la Firma Electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el artículo 14 de dicho Acuerdo, y realicen las promociones correspondientes; en el entendido que deberán de hacer la solicitud correspondiente a este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. Por lo que, conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 1/2022, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es, continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como se le notifique electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo General 12/2020. COPIAS SIMPLES Y CERTIFICADAS. Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, como lo solicita el quejoso, expídasele copias simples y certificadas de las constancias que solicita, autorizando para recibirlas a las personas que alude, previo recibo que se deje en autos. En el entendido de que dicha autorización comprende la expedición de un juego de copias certificadas, y para el caso de que el solicitante requiera más de un tanto, deberá, por escrito, acompañar las razones por las que así lo necesita. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por lo que ve a la diversa solicitud que realiza, toda vez que mediante Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se señala que el Pleno determinó que no existe inconveniente en que se permita a las partes y a las personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramiten ante los Juzgados de Distrito y los Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Sin embargo, cabe señalar que la citada circular no es vinculatoria para esta juzgadora, pues constituye una facultad discrecional de cada titular autorizar o no el uso de dichos medios, pero en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, así como una economía procesal, se autoriza el uso de scanner, cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico, para capturar las actuaciones judiciales que obran en el expediente, siempre y cuando los solicitantes cumplan con los siguientes requisitos: Solicitarlo por escrito o por comparecencia. Señalar las constancias que serán reproducidas y especificar el medio tecnológico (cámaras, grabadoras o lectores ópticos) con el que serán capturadas, de lo que se dejará constancia en autos para mantener una seguridad jurídica. En el entendido, que la reproducción se realizará con la supresión de las firmas de los servidores públicos, que intervengan en la actuación respectiva. Por otro lado, se establece que de conformidad con lo establecido en el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, reformado por el diverso 1/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, para la entrega de las copias certificadas que solicita o para su reproducción electrónica, deberá generar una cita a través del sistema "Agenda OJ"; por tanto, deberá tomar en cuenta que la duración de la cita es de máximo veinticinco minutos. Se hace saber al promovente que de conformidad con el segundo párrafo del artículo 36 del diverso Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copias de las constancias que obren en autos. Mismas que al incluir la evidencia criptográfica, se considerarán copias certificadas electrónicamente. Por esa razón, se les invita a que transiten al esquema de juicio en línea a través de la FIREL. Notifíquese personalmente a la parte quejosa con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para Resguardar la Integridad y Salud de Quienes Realicen la Notificación y de las Personas Justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Janette Pérez García, secretaria que autoriza y da fe.

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