Claudia Garza Rodriguez

Expediente 78/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 34 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
78/2023
Año
2023
Actuaciones
34
Última actuación
17/11/2023

Partes del expediente

  • Claudia Garza Rodriguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 34.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia dictada en este asunto, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, se declara que la citada resolución ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en su oportunidad archívese el presente expediente. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, el expediente principal e incidental son susceptibles de destrucción, conforme lo establece el numeral 20, fracciones I y III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, al haberse sobreseído este juicio de amparo y negado la suspensión definitiva. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de tres años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de tres años, este órgano jurisdiccional deberá destruir el presente expediente principal e incidental, lo cual, deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Además, se califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Informa transición a expediente electrónico Atento a lo establecido en el artículo 3, fracciones III y XII, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se hace saber a las partes, que la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso; así como en caso de que una actuación deba imprimirse para efectos de practicar una notificación, la evidencia criptográfica de la firma respectiva será suficiente, sin necesidad de certificación alguna. Del mismo modo, los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el Consejo de la Judicatura Federal. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Reyna Jazmín Valenzuela Martínez. Doy fe.

  2. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. Visto para resolver el juicio de amparo ***/2023-II, promovido por ****. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el veinte de enero de dos mil veintitrés, turnado a este juzgado el día hábil posterior, *****, promovió demanda de amparo en contra de la Jefa del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, y otras autoridades. Segundo. Derechos fundamentales que la parte quejosa estimó vulnerados. La parte accionante del amparo señaló como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en los artículos 1º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Admisión de la demanda de amparo. Mediante auto de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron fecha y hora para la audiencia constitucional, misma que se verificó conforme al acta que antecede. Cuarto. Vista a quejosa para ampliar demanda; no ampliación y efectivo aercibimiento. En proveído de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, se dio vista a la quejosa para que, de ser su deseo, ampliara su demanda de amparo en los siguientes términos: (.) Ahora bien, vistos los autos, se desprende que en dicho proveído, se tuvo a autoridad responsable ****, remitiendo copia certificada de las constancias relativas a los juicios ***/2022 y ***/2022, del índice del Juzgado Séptimo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Morelos, de donde se deduce el embargo que le atribuyó, del bien inmueble a que hace referencia en su demanda de amparo. En efecto, en el primero de ellos, relativo a las providencias precautorias promovidas por ****(aquí señalada como autoridad responsable), admitidas a trámite en auto de veintiocho de junio de dos mil veintidós, momento en el cual se decretó el embargo precautorio del bien inmueble ubicado en *****, en esta ciudad. En cuanto al segundo de ellos, relativo al juicio oral mercantil ***/2022, se desprende que ****(aquí señalada como autoridad responsable) lo promovió y que fue admitido por el referido juzgado el quince de agosto de dos mil veintidós. En consecuencia, a efecto de no dejar en estado de indefensión a la parte solicitante del amparo, y evitar -en su momento- una posible reposición del procedimiento, se le da vista, con sustento en el artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo, para que en un término de quince días a partir de que surta efectos la notificación de este auto, amplíe su demanda, de ser su deseo, y señale al efecto, como nueva autoridad al Juzgado Séptimo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Morelos y de los referidos juicios, destaque los actos que estime reclamar a través de este juicio. En el entendido de que en caso de no hacerlo, el presente asunto continuará tramitándose en los términos propuestos en la demanda inicial. (.) A la postre, en auto de trece de junio de dos mil veintitrés, al haber transcurrido el periodo de quince días dado a la parte quejosa para ampliar su demanda de amparo, sin que lo haya hecho, se le hizo efectivo el apercibimiento decretado en el aludido auto y se continuó con el trámite del asunto en los términos propuestos en la demanda inicial. Quinto. Precisiones especiales. La aquí parte peticionaria del amparo, señaló como responsables ordenadoras, a las instituciones bancarias acotadas como responsables -***** y *****- mientras que como autoridad ejecutora, a la Jefa del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos. A las primeras, les atribuyó la orden de inscripción de dos gravámenes consistentes en dos embargos precautorios, sobre el bien inmueble ubicado en Privada Paseo del Campestre, número cuarenta (40) de la manzana única, del fraccionamiento Residencial Campestre Senecú, en esta ciudad, del que dice ser propietaria. A la restante autoridad, quien dijo que tenía la calidad de ejecutora, le reclamó la inscripción material de los embargos precautorios de dicho inmueble. Así pues, una vez recibido el informe justificado y constancias que envió en alcance *****, se desprendió que en los juicios ***/2022 y ***/2022, del índice del Juzgado Séptimo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Morelos, se dedujeron las órdenes de anotaciones de embargos precautorios que la quejosa le atribuyó, del bien inmueble ya indicado. Es decir, en esos juicios, *****es la parte actora y la aquí quejosa, la demandada; y quien ordenó el embargo precautorio en cada uno de esos asuntos, fue el Juez Séptimo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Morelos, con sede en Chihuahua, capital. Por ese motivo, como ya se dijo, en auto de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, se dio vista a la parte quejosa para que, de ser su deseo, señalara como responsable al Juez Séptimo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Morelos, con sede en Chihuahua, capital, por los actos que estimara atinentes, relativos a los juicios ***/2022 y ***/2022; sin que lo haya hecho, como también ya se precisó en el resultando anterior. Luego, del informe justificado rendido a la postre por la diversa institución bancaria señalada como responsable, ****, se desprendió que en los expedientes 302/22 y 277/22 ambos del Juzgado Octavo Civil por Audiencias y Especializado en Extinción de Dominio del Distrito Judicial Morelos, en Chihuahua, Chihuahua, se dedujeron las órdenes de anotaciones de embargo precautorio que la quejosa le atribuyó, del bien inmueble ya indicado. Es decir, en esos juicios, ****es la parte actora y la aquí quejosa, la demandada; y quien ordenó el embargo precautorio en cada uno de esos asuntos, fue el Juzgado Octavo Civil por Audiencias y Especializado en Extinción de Dominio del Distrito Judicial Morelos, en Chihuahua, Chihuahua. Sin embargo -tal como se acotó en auto de veinte de septiembre de dos mil veintitrés- al tenerse por recibidas las constancias relativas a dichos asuntos, devino innecesario darle vista a la parte quejosa para ampliar su demanda, con sustento en el artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo, respecto de dicho juzgado; toda vez que de los autos que integran los expedientes ***/2022 y ****/2022, del índice de dicho juzgado, se desprendió que los embargos sobre el bien inmueble ya indicado, se dejaron sin efectos en autos de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, emitidos en esos juicios. Finalmente, debe precisarse que, aunque la quejosa reclamó de las instituciones bancarias que señaló como autoridades responsables, la orden de inscripción de los embargos precautorios en el Registro Público de la Propiedad, en el bien inmueble ya aludido, como ya se dijo, quienes ordenaron tales anotaciones fueron los Juzgados Séptimo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Morelos, en Chihuahua, Chihuahua -a quien la quejosa no deseó adicionar como autoridad responsable- y Octavo Civil por Audiencias y Especializado en Extinción de Dominio del Distrito Judicial Morelos, en Chihuahua, Chihuahua. De modo que, esos bancos, actores en los juicios ya indicados, no tienen la calidad de autoridades responsables en este asunto; ni tampoco de terceros interesados, pues la quejosa no llamó a los juzgados ya indicados, como autoridades responsables. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 49, 124 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; con relación al Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de las constancias que integran el presente juicio, se precisa que la quejosa reclamó lo siguiente, de las autoridades que a continuación se apuntan: Del ****: La orden de anotación de dos gravámenes, consistentes en dos embargos precautorios, sobre el bien inmueble ubicado en ****, en esta ciudad, del que dice ser propietaria. De ****: La orden de anotación de dos gravámenes, consistentes en dos embargos precautorios, sobre el bien inmueble ubicado en *****, en esta ciudad, del que dice ser propietaria. De la Jefa del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos: La anotación de las inscripciones de cuatro gravámenes, de cuatro embargos precautorios, sobre el bien inmueble ya indicado, inscritos de la siguiente forma: Inscripción número **, libro ***, sección primera, de veintiuno de julio de dos mil veintidós. Inscripción número **, libro ***, sección segunda, de seis de septiembre de dos mil veintidós. Inscripción número **, libro ***, sección segunda, de ocho de septiembre de dos mil veintidós. Inscripción número **, libro ***, sección segunda, de veinte de septiembre de dos mil veintidós. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. ***** y ******, al rendir sus respectivos informes justificados negaron, categóricamente el acto que les atribuyó la accionante del amparo. Al efecto, como ya se ha expuesto, Banco Mercantil del Norte sociedad anónima institución de banca múltiple grupo financiero Banorte, acotó que es actora en los juicios ***/2022 y ***/2022, del índice del Juzgado Séptimo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Morelos, de donde se dedujeron las órdenes de anotaciones de embargos precautorios que la quejosa le atribuyó, del bien inmueble ya indicado; respecto a lo cual, se dio a la parte quejosa la vista pertinente para que señalara a ese juzgado como autoridad responsable, sin que lo haya hecho. De modo que, como lo dijo esa institución bancaria al rendir su informe justificado, es inexistente el acto que le fue atribuido, pues fue emitido por el órgano jurisdiccional ya indicado; lo que acreditó con copia certificada de la totalidad de constancias que componen esos asuntos; mismas que gozan de valor probatorio pleno de conformidad con los arábigos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas por un servidor público, dotado de fe pública y en ejercicio de sus funciones. Por su parte, ****, precisó que es actora en los juicios ***/2022 y ***/2022 ambos del Juzgado Octavo Civil por Audiencias y Especializado en Extinción de Dominio del Distrito Judicial Morelos, en Chihuahua, Chihuahua, de donde se dedujeron las órdenes de anotaciones de embargo precautorio que la quejosa le atribuyó, del bien inmueble ya indicado. Órdenes que, como ya se indicó, quedaron sin efectos, pues de los autos que integran esos asuntos, remitidas debidamente certificadas y que, por ende, gozan de valor probatorio pleno, en términos de los numerales ya indicados, se desprende que así fue determinado en autos de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, emitidos en esos juicios. Lo que acredita, que como lo señaló esa institución bancaria, el acto que le fue atribuido, devino inexistente, pues adverso a lo señalado por la parte quejosa, no lo emitió. Sin que la quejosa, por sí o por conducto de sus autorizados en amplios términos, haya aportado pruebas eficaces tendentes a desvirtuar tales negativas. Razón por la cual, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Respecto a lo anterior, tiene aplicación al caso la jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo VI, mil novecientos diecisiete- dos mil, Materia común, página 236, del contenido: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Cuarto. Existencia de un acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Jefa del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, consistente en la anotación de las siguientes inscripciones de cuatro gravámenes, de cuatro embargos precautorios, sobre el bien inmueble ubicado en Privada Paseo del Campestre, número cuarenta (40) de la manzana única, del fraccionamiento Residencial Campestre Senecú, en esta ciudad: Inscripción número **, libro ****, sección primera, de veintiuno de julio de dos mil veintidós. Inscripción número **, libro ****, sección segunda, de seis de septiembre de dos mil veintidós. Inscripción número **, libro ****, sección segunda, de ocho de septiembre de dos mil veintidós. Inscripción número **, libro **** sección segunda, de veinte de septiembre de dos mil veintidós. Lo que se corrobora con las constancias con que acompañó el primero, su informe justificado; que gozan de valor probatorio pleno de conformidad con los arábigos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas por un servidor público, dotado de fe pública y en ejercicio de sus funciones. De modo que, se tiene por cierto el acto que se le atribuyó. Quinto. Improcedencia. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo, es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para que el juzgador constitucional determine si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional, o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que no se dirima la controversia constitucional planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman tal figura; hipótesis normativas debidamente descritas en la Ley de Amparo, que deben analizarse de acuerdo con el texto del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se actualizan dos hipótesis de improcedencia, como se demostrará enseguida. Primera causa de improcedencia actualizada Se materializa la hipótesis contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los ordinales 5º fracción II y 6, todos de la Ley de Amparo; numerales que son del siguiente contenido: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley. Por su parte, los artículos 5º fracción II y 6° de la citada legislación, disponen: Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas (.) Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Para estar en condiciones de evidenciar por qué se considera actualizada la causa de improcedencia mencionada, es importante traer a colación, de nueva cuenta, que una vez recibido el informe justificado y constancias que envió en alcance el Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, se desprendió que en los juicios 610/2022 y 722/2022, del índice del Juzgado Séptimo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Morelos, se dedujeron las órdenes de anotaciones de embargos precautorios que la quejosa le atribuyó, del bien inmueble ya indicado. En otras palabras, en esos juicios, *****es la parte actora y la aquí quejosa, la demandada; y quien ordenó el embargo precautorio en cada uno de esos asuntos, fue el Juez Séptimo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Morelos, con sede en Chihuahua, capital. Por ese motivo, como ya se dijo, en auto de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, se dio vista a la parte quejosa para que, de ser su deseo, señalara como responsable al Juez Séptimo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Morelos, con sede en Chihuahua, capital, por los actos que estimara atinentes, relativos a los juicios ***/2022 y ***/2022; sin que lo haya hecho, como también ya se ha precisado en este fallo. Entonces, dado que la quejosa no amplió su demanda de amparo en contra de la autoridad judicial que materialmente emitió la orden de anotar los embargos precautorios en los juicios ***/2022 y ***/2022; a pesar de que este Juzgado le dio la oportunidad de ampliar su demanda de amparo al respecto, es evidente que no se incorporó al juicio de amparo a la autoridad que dictó ese mandato; por ende, se hizo efectivo el apercibimiento respectivo y se continuó el juicio en los términos planteados en su demanda de amparo. El acto de referencia solamente es atribuible a quien lo dictó, esto es, al Juez Séptimo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Morelos, con sede en Chihuahua, capital. En consecuencia, al no haber sido señalado con tal carácter a la autoridad en comento y no haberle reclamado el acto de referencia -no obstante que a la parte quejosa se le dio vista para ello- se actualiza la causa de improcedencia referida, pues esta Juzgadora no puede analizar actos atribuidos a autoridades que no fueron señaladas con la calidad de responsables, como acontece en el presente asunto. Se cita en apoyo de lo anterior la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, materia común, página 73, que establece: AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente, no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que se le llamó a juicio ni fue oída. De igual forma, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. CLXIV/98, sustentada por la Segunda Sala del Más Alto Tribunal, volumen IX, enero de 1999, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, relativo a la Novena Época, página 113, del rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento. Debido a que el juicio de amparo se sigue a instancia de parte agraviada, como dispone el artículo 6° de la Ley de Amparo, es claro que le corresponde a la solicitante del amparo colmar los requisitos a fin de que se integre debidamente la litis constitucional, entre ellos, el señalamiento preciso de las autoridades que participaron en la realización de los actos reclamados, así como la designación de éstos últimos; lo que se corrobora con el hecho de que, ante el evento consistente en que el juzgado federal advierta que ciertos aspectos no son impugnados, se le dé la oportunidad a la promovente del amparo de que amplíe su demanda en cuanto a ello y se le otorgue el plazo acotado en la Ley de Amparo para hacerlo, tal como ocurrió en el presente caso; pero ello no llega al extremo de llamarla oficiosamente a juicio, ni de designar motu proprio actos novedosos. Apoya lo previo, por las razones que informa, la tesis XX.46 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, volumen II, de noviembre de 1995, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, relativo a la Novena Época, página 608, cuyo rubro y texto es el siguiente: SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA DE AMPARO. NO LLEGA AL GRADO DE QUE EL JUEZ DE DISTRITO TENGA QUE LLAMAR A JUICIO A UNA AUTORIDAD QUE NO LE FUE SEÑALADA COMO RESPONSABLE, LA. Si bien es cierto que el emplazamiento a juicio es una cuestión de orden público y que como consecuencia los jueces tienen la obligación de analizarlo oficiosamente, porque de efectuarse en forma contraria a las disposiciones legales constituiría la violación procesal de mayor trascendencia; también lo es, que la suplencia de la queja en materia de amparo, no llega al grado de que el juez de Distrito, tenga que llamar a juicio a una autoridad que no le fue señalada como responsable en la demanda de garantías, a fin de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de sus actos, ya que es a la parte quejosa a quien corresponde hacer ese señalamiento, porque así lo dispone expresamente el artículo 116, fracción III, de la Ley de Amparo. Así, como ya se precisó, este juzgado previno a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo adicionar como autoridad responsable al Juez Séptimo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Morelos, con sede en Chihuahua, capital, que fue quien ordenó las anotaciones de los embargos precautorios que derivaron en las inscripciones número 34, libro 3763, sección primera, de veintiuno de julio de dos mil veintidós y la número 47, libro 3774, sección segunda, de seis de septiembre de dos mil veintidós, realizadas por la Jefa del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos. Apercibiéndola de que, de no hacerlo, se continuaría el trámite de este asunto en los términos previos propuestos; por lo que al no desahogar esa prevención, se hizo efectivo el apercibimiento decretado, mediante auto de trece de junio de dos mil veintitrés, tal como corresponde. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los ordinales 6° y 5° fracción II, todos de la Ley de Amparo; y, por ende, con fundamento en el precepto 63, fracción V, de la ley en cita, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Sobre el punto, resta acotar que no se dio vista para ampliar la demanda de amparo, respecto del Juzgado Octavo Civil por Audiencias y Especializado en Extinción de Dominio del Distrito Judicial Morelos, en Chihuahua, Chihuahua, quien ordenó las anotaciones en los expedientes 277/2022 y 302/2022, que derivaron en las inscripciones número 63, libro 3775, sección segunda, de ocho de septiembre de dos mil veintidós y la número 87, libro 3777, sección segunda, de veinte de septiembre de dos mil veintidós; pues esa autoridad ordenó dejar esas anotaciones sin efectos en autos de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, emitidos en esos juicios. Segunda causa de improcedencia actualizada En la especie, la suscrita estima que respecto a los actos reclamados ante esta instancia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1° y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.) Esos preceptos establecen, respectivamente, que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como que el amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados por esa ley. Señalan también que es parte en el juicio de amparo la autoridad responsable y que tiene tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trate de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, y que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Ahora, respecto del acto reclamado a la Jefa del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, el artículo 14, de la Ley del Registro Público de la Propiedad del Estado de Chihuahua, dispone que a las Oficinas Registrales les corresponde revisar, analizar y calificar los documentos presentados para su registro y, en su caso, autorizarlos; verificar la inscripción de los documentos por riguroso orden de presentación; hacer las inscripciones dentro de los tres días hábiles siguientes a la presentación de la boleta de pago de los derechos respectivos, cuando corresponda, salvo que el exceso de trabajo lo impida o, dentro del plazo, devolver los documentos correspondientes para que se subsane la falta de los requisitos que establecen las leyes; y los demás que establezcan esa Ley y su Reglamento, así como otras disposiciones legales; esto es, su actuar no es unilateral ya que está supeditado a que se presente el documento atinente para que realice la función pública que corresponda. Asimismo, podrán solicitar anotaciones, entre otros, los Jueces de Primera Instancia competentes. Por tanto, la responsable ejerce una función administrativa con la finalidad de cumplir con las obligaciones que le fueron encomendadas de conformidad al contenido de la Ley del Registro Público de la Propiedad del Estado de Chihuahua, como lo es hacer inmediatamente las anotaciones preventivas, y las inscripciones dentro de los tres días hábiles siguientes a la presentación de la boleta de pago de los derechos respectivos, cuando corresponda. Por tanto, en el presente asunto, la Jefa del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, no ejecutó un acto de manera unilateral y decidió realizar las anotaciones ya indicadas; es decir, su intervención fue derivada de las ordenes que recibió de los juzgados de referencia. Es decir, el Juez Séptimo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Morelos, con sede en Chihuahua, capital -que la quejosa no señaló como responsable a pesar de la vista que le fue dada para ese efecto- fue quien ordenó las anotaciones de los embargos precautorios que derivaron en las inscripciones número **, libro ****, sección primera, de veintiuno de julio de dos mil veintidós y la número **, libro ****, sección segunda, de seis de septiembre de dos mil veintidós. Mientras que, el Juzgado Octavo Civil por Audiencias y Especializado en Extinción de Dominio del Distrito Judicial Morelos, en Chihuahua, Chihuahua, ordenó las anotaciones en los expedientes****/2022 y ****/2022, que derivaron en las inscripciones número **, libro ***, sección segunda, de ocho de septiembre de dos mil veintidós y la número **, libro ****, sección segunda, de veinte de septiembre de dos mil veintidós. Mismas que, como también ya se expuso, ordenó dejar sin efectos en autos de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, emitidos en esos juicios. Por tanto, si en el caso mediaron esas órdenes, para realizar las anotaciones de referencia; es inconcuso que la Jefa del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos no actuó de mutuo propio, ni emitió un acto unilateral que haya creado modificando o extinguido por sí o ante sí, una situación jurídica que afectó la esfera legal de la quejosa. Por ello, es que los actos que en esta vía reclama la solicitante del amparo, no constituyen, de acuerdo a su naturaleza, actos de autoridad, virtud a que la Jefa del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, no obra con el imperio de su soberanía, característica de los actos de autoridad, ya que el juicio de amparo no puede tener por objeto resolver conflictos entre particulares; en este sentido, si en las leyes comunes, se establece que no podrá ejercitarse ninguna acción contradictoria del dominio de inmuebles o de derechos reales inscritos a nombre de persona o entidad determinada, sin que, previamente o a la vez, se entable demanda de nulidad o cancelación de la inscripción en que conste dicho dominio o derecho; es inconcuso que los órganos de control constitucional no pueden sustituirse a la autoridad del fuero común en el conocimiento de tal conflicto. Es aplicable, en sentido contrario, la tesis aislada P. XXVII/97, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 199459, visible en la Novena Época, de rubro y texto siguientes: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia VI.3o. J/15, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a foja 388, Tomo VI, Noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Civil, registro 197412, que dice: REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO CONSTITUCIONAL PROMOVIDO PARA NULIFICAR UNA INSCRIPCIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Cuando el juicio de garantías se promueve con la finalidad de nulificar una inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, resulta improcedente al tenor del artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso 1o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, conforme a la segunda de las disposiciones mencionadas, la finalidad del juicio constitucional es la de resarcir a los particulares por actos de autoridad violatorios de las garantías individuales. Es claro entonces que el juicio de amparo no puede tener por objeto resolver conflictos entre particulares; en este sentido, si en las leyes comunes (concretamente en los artículos 3009 del Código Civil y 126, fracción X, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla), se establece un procedimiento para obtener la cancelación de una inscripción registral, que en el fondo implica la existencia de un conflicto entre dos personas que se están disputando la preferencia de un crédito, es inconcuso que los órganos de control constitucional no pueden sustituirse a la autoridad del fuero común en el conocimiento de tal conflicto. En tales circunstancias, si el acto de referencia, reclamado en esta instancia no es equivalente al de una autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, toda vez que la Jefa del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, no actuóde manera unilateral, imperativa y coercitivamente, es decir, desde una posición de supra a subordinaciónm procede sobreseer en el presente juicio, con apoyo en el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1° y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 63, 73, 74, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido ****, por los argumentos vertidos en los considerandos tercero y quinto de este fallo. Notifíquese; 1) mediante oficio a las autoridades señaladas responsables, así como 2) por lista electrónica a las demás partes, al haberse emitido esta sentencia en su propia fecha. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Reyna Jazmín Valenzuela Martínez. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que en la fecha en que se actúa se encuentra programada la audiencia constitucional. Sin embargo, existe imposibilidad jurídica para celebrarla, toda vez que entre la fecha en que se dio vista a las partes con las constancias recibidas en autos de fecha veinte y veintiséis de los actuales, por la autoridad responsable **, y el Juez Octavo Civil por Audiencias y Especializado en Extinción de Dominio en la ciudad de Chihuahua, al día de hoy, no media los ocho días que exige el artículo 117, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Consecuentemente, de conformidad con el artículo 115 de la ley de la materia, se difiere la citada audiencia y en su lugar se fijan las diez horas con diez minutos del diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, para dar margen a lo anterior. Notifíquese este proveído por lista a las partes, inclusive a las autoridades con esa calidad, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, de rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio y anexos remitidos por el Juez Octavo Civil por Audiencias y Especializado en Extinción de Dominio en la ciudad de Chihuahua, mediante el cual remite copia certificada de las constancias que integran los expedientes ******************** y ********************, de su índice. Como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dichas constancias y tómense en cuenta en la celebración de la audiencia constitucional, en términos del diverso numeral 124 de la legislación en cita. Finalmente, se ordena aperturar tomos de prueba con las constancias de cuenta para su mejor manejo. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Reyna Jazmín Valenzuela Martínez. Doy fe.JAIP

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