Claudia García Castillo
Expediente 647/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 647/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 06/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Claudia García Castillo
Actuaciones
- Principal
MESA V Visto el oficio con el que se da cuenta, mediante el cual la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, remite testimonio de la resolución relativa al recurso de queja Q.P. 115/2017; en consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, comuníquese a las partes y acúsese recibo. Ahora bien, de la lectura de la resolución emitida por el aludido Tribunal, se advierte que se resolvió el recurso de queja en los siguientes términos: ".ÚNICO. Es Infundado el recurso de queja..." En vista de lo anterior, con fundamento en el numeral 214, de la Ley de Amparo, se ordena archivar el presente asunto como concluido y de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de 28 de septiembre de 2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destrucción. Se llega a esa conclusión, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del diverso punto vigésimo primero, ambos del capítulo quinto, de dicho acuerdo; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. En ese orden, como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo y décimo tercero, todos del capítulo tercero y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; por lo cual, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el presente sumario al Centro Archivístico Judicial.
- Principal
MESA V. Agréguese el oficio de cuenta, mediante el cual la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, comunica la admisión del recurso de queja interpuesto por Claudia García Castillo, contra el auto de veintisiete de julio pasado, dictado en el juicio de amparo 647/2016-V; medio de impugnación que quedó registrado como Queja 115/2017.
- Principal
MESA V. Agréguese el escrito firmado por Manuel Rodrigo Bolaños Gutiérrez, autorizado del quejoso, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto de veintisiete de julio del año en curso. En ese sentido, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja contra el acuerdo mencionado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 101, de la ley de la materia, con copia del escrito de cuenta, así como el diverso de veintisiete de julio de los corrientes, dese vista a las partes por el término de tres días, para los efectos a que hace referencia dicho artículo. Una vez trascurrido dicho término, sin previo acuerdo, remítanse al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en turno, el original del oficio del recurso, previo desglose del presente juicio, copia del acuerdo recurrido, el informe materia de la queja y en su caso de las constancias solicitadas. Ahora, atendiendo a que la decisión adoptada por este Juzgado el veintisiete de julio pasado, consistente en desechar la demanda presentada por la parte quejosa, implica la terminación del juicio, resulta innecesario hacer uso de la facultad conferida en el artículo 102, de la Ley de Amparo, esto es, suspender el procedimiento. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno.
MESA . SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, EL AUTO DE VEINTISIETE DE JULIO DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: MESA V.- Vista la demanda de amparo promovida por Claudia García Castillo, contra actos del Agente del Ministerio Público Titular de la Mesa VI Investigadora de la Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción y otra, por violación a los derechos fundamentales contenidos en el artículo 1, 14, 16, y 23 Constitucionales, se provee: RADICACIÓN Con fundamento en los numerales, 103, fracción I y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 2º, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V, 108, 112 y 115, de la Ley de Amparo, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 647/2017-V-A. DESECHAMIENTO Ahora bien, de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados: ? LA INTEGRACIÓN Y SUBSTANCIACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA 021/FECCI/16-DF. ? LA ABSTENCIÓN DE CONSIGNÁRSELE DENTRO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA 384/AP/DGDCSPI/11. En principio, es importante destacar que la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público, por ser uno de los instrumentos contenidos en la norma fundamental como medio de control que da efectividad al orden constitucional, de lo contrario, la Carta Magna quedaría como un conjunto de preceptos meramente éticos y jurídicamente imperfectos; una de esas formas de protección a través del control judicial es el amparo, cuya sustanciación se encuentra contemplada en los artículos 103 y 107 del Estatuto Supremo. En tales condiciones, antes de proveer lo pertinente, resulta necesario examinar si en el caso se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del numeral 113, de la Ley de la Materia, que dispone: En ese sentido, es necesario examinar si en el caso se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113, de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El precepto transcrito autoriza al Juez Federal a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación a las características en que descansa la improcedencia del juicio biinstancial, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo de inejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que se anexan. Lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia J/4, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Mayo de 1998, página 890, que establece: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Sobre esa base, respecto del acto reclamado consistente en LA INTEGRACIÓN Y SUBSTANCIACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA 021/FECCI/16-DF, reclamada por la quejosa se estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 1º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) De la interpretación de dichos preceptos se tiene que, entre otros requisitos, la procedencia del juicio de amparo requiere de la emisión de algún acto de autoridad o bien que incurra en una omisión que trastoque los derechos fundamentales y las prerrogativas constitucionales del gobernado, lo que implica necesariamente, que el proceder del órgano de gobierno para ser examinado a través de la instancia constitucional, requiere como presupuesto, ser susceptible de agraviar jurídicamente a los gobernados, lo que de no actualizarse en el caso concreto es evidente que acarreará la improcedencia del juicio de amparo. En vinculación con lo anterior, resulta imprescindible traer a contexto el artículo 5º, fracción I, de la Ley de amparo, que dice: Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. [.] La porción normativa que precede, contempla con mayor claridad la figura del quejoso en el juicio de amparo, estimando por tal a quien resiente en su esfera jurídica un acto lesivo. Bajo esa perspectiva, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que tanto la integración, averiguación, consignación o determinación de una investigación ministerial, no son actos que hasta ese momento irroguen perjuicio alguno en la esfera jurídica del quejoso, y por ende, no son susceptibles de violar derechos fundamentales, siendo en todo caso la consideración que adopte la autoridad judicial que conozca de la consignación, la que materializaría perjuicios a la parte impetrante, y por tanto, la que puede ser susceptible de atacar a través del juicio biinstancial; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer las facultades constitucional y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad. El aserto que precede se encuentra contenido en la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Tomo XX, Diciembre de 2004, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 351, del rubro y texto siguiente: ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad. En esa línea de pensamiento, al actualizarse la causal de improcedencia de mérito, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo respecto al acto reclamado que la parte impetrante hizo consistir en LA INTEGRACIÓN Y SUBSTANCIACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA 021/FECCI/16-DF. Por otra parte, debe decirse que respecto al acto reclamado consistente en LA ABSTENCIÓN DE CONSIGNÁRSELE DENTRO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA 384/AP/DGDCSPI/11, la demanda de garantías debe desecharse, ya que se actualiza en forma manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 61 de la ley de la materia, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XVI. Contra actos consumados de modo irreparable ." Lo anterior, se afirma toda vez que de lo narrado por la parte quejosa, se advierte que la Dirección General de Delitos cometidos por Servidores Públicos de la Institución de la Visitadora General de la Procuraduría General de la República inició la Averiguación Previa 384/AP/DGDCSPI/11 contra la quejosa; posteriormente, la indagatoria fue consignada y quedó radicada con el número de causa penal 91/2017-1, del índice del Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales de esta Ciudad. De lo expuesto por la quejosa, se advierte que la amparista pretende que se examine el pliego consignatorio de la referida temporalidad para que se en éste se incluyan los hechos de dos mil nueve, lo cual es jurídicamente improcedente al tratarse de un acto consumado de forma irreparable, por lo que resulta inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia a que se contrae el numeral 61, fracción XVI de la Ley de Amparo; puesto que la aludida causal es manifiesta e indudable, que con ningún medio de prueba puede desvirtuarse. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede ser consulta en la página setecientos treinta y ocho, del Semanario Judicial de la Federación, tomo XXIX, Materia Común, Quinta Época, que versa: "ACTOS IRREPARABLEMENTE CONSUMADOS. Por tales deben entenderse para la procedencia del amparo, aquellos cuyos efectos no es posible legalmente hacer desaparecer, volviendo las cosas a su estado anterior; y si los actos de las autoridades, aun cuando consumados, producen efectos que continúan manifestándose y que no son sino el resultado de aquéllos y que pueden desaparecer por la concesión del amparo, no hay causa para sobreseer." Por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo se DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente, la demanda de amparo por los motivos expuestos en los párrafos que anteceden. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA En términos del artículo 27, fracción primera, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para recibir notificaciones de la parte impetrante el que señala en su escrito de demanda, y como autorizada en términos amplios del artículo 12, del citado ordenamiento legal, a Manuel Rodrigo Bolaños Gutiérrez y Nicolás Hernández Mendoza, en virtud que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema descrito en la certificación secretarial; y por autorizados en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo a las demás personas que refiere, lo anterior, hasta en tanto acrediten encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de Licenciado en Derecho o Abogado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la ley reglamentaria invocada, se habilitan horas y días inhábiles, para que las Actuarias de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. En el entendido de que, tratándose de la notificación a la autoridad ministerial señalada como responsable, la actuaria está facultada para realizarla en cualquiera de los turnos y fuera del horario de labores de dicha potestad, y ante la negativa de recibir dicha notificación, deberá proceder en términos del artículo 28, de la ley de amparo. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el numeral 3º, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario supervise que se incorporen al expediente electrónico, todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. CAPTURA SISE En cumplimiento al artículo 175, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo al registro de los movimientos de los juicios de amparo, procesos y recursos que se tramiten ante los órganos jurisdiccionales así como la captura diaria que aseguren la permanente actualización y veracidad contenida en ese Sistema, se ordena al Secretario supervise que la Analista Jurídica Especializada capture su ingreso en el citado Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Se autoriza a la Secretaría para firmar los oficios de este juicio de amparo y del incidente de suspensión.
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