Claudia Gabriela Hernandez Santos

Expediente 426/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
426/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
12/05/2022

Partes del expediente

  • Claudia Gabriela Hernandez Santos

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VI. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos la razón asentada por el Actuario de la adscripción, en la que manifiesta la imposibilidad de hacer entrega del oficio 10737/2021, dirigido a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en Representación de los Estados Unidos Mexicanos, en atención que dicha comunicación oficial fue devuelta con la leyenda "AUTORIDAD INEXISTENTE". Sin embargo, toda vez que de autos se desprende que la citada autoridad ha recibido diversos oficios por parte de esta autoridad, y tomando en consideración las diversas diligencias realizadas por este órgano jurisdiccional a efecto de lograr la notificación de la citada autoridad, sin obtener respuesta favorable no obstante de haberse ordenado su envío vía correo certificado y mensajería acelerada, ante su negativa expresa de recibir el oficio que se le dirige y con la finalidad de evitar mayores dilaciones procesales en perjuicio de una pronta y expedita administración de justicia, con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2, gírese atento exhorto al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, para que, de no tener inconveniente, en auxilio de las labores de este Juzgado de Distrito, comisione al actuario de su adscripción y se constituya en el domicilio de la autoridad responsable "Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en Representación de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que le notifique el oficio 10737/2022, emitido por este órgano jurisdiccional. Así, con el propósito de lograr la notificación del oficio de referencia, se solicita se faculte al fedatario de su adscripción para que, en su caso, proceda en los términos que establece el artículo 28 fracción I, segundo párrafo de la Ley de Amparo, levantando la constancia correspondiente a dicho supuesto. Finalmente, se autoriza al Juez exhortado para que en caso de ser necesario, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, faculte al actuario de su adscripción y proceda a practicar la diligencia encomendada en horas y días inhábiles, circunstancia que inclusive guarda congruencia con el principio de pronta administración de justicia consagrada en el artículo 17 constitucional. Notifíquese y por exhorto a la autoridad responsable.MAA

  2. Principal

    MESA VI.- Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio del Juez Primero Familiar de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, mediante el cual devuelve sin diligenciar el exhorto ***, deducido del presente asunto, por el que se solicitó que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, notificara el acuerdo de siete de abril de dos mil veintidós, al quejoso ****, por propio derecho y en su carácter de beneficiaria de los derechos del de cujus ****. Atento a lo anterior, ténganse por recibidas las constancias de mérito, acúsese el recibo correspondiente; asimismo, dese de baja la citada comunicación oficial en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, vista la razón actuarial de dieciocho de abril de dos mil veintidós, en la que el fedatario adscrito al Juzgado Primero Familiar de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, asentó la imposibilidad que tuvo para notificar personalmente a la parte quejosa, el proveído de siete de abril de dos mil veintidós, por las razones que expone. Al respecto, se tiene por hecha la información que proporciona para los efectos legales conducentes y, en consecuencia, efectúese la notificación del proveído de siete de abril de dos mil veintidós, por medio de lista, en términos de lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, hasta en tanto se señale un diverso domicilio para oír y recibir notificaciones. EN CUMPLIMIENTO A LO ANTES ORDENADO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, POR MEDIO DE LISTA, EL DIVERSO AUTO DE SIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, EL QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho y en su carácter de beneficiaria de los derechos del de cujus ***, contra actos de la Subdelegada de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y otra autoridad, fórmese expediente impreso y electrónico, asimismo, regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 426/2022-VI, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). DESECHAMIENTO [.] Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que en esencia el acto reclamado que señala la parte quejosa consiste en: El oficio *** de once de marzo de dos mil veintidós signado por la Subdelegada de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por medio del cual le niegan a la quejosa el pago de la pensión por viudez por concepto de retroactivo desde la fecha del fallecimiento del de cujus, a saber, el uno de marzo de dos mil veintiuno, a la fecha. De lo anterior, se advierte la indudable y manifiesta causal de improcedencia, prevista en el artículo 107, fracción IV, de la Carta Magna, en relación con el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución" LEY DE AMPARO "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior" [.]" De la cita que antecede, se tiene que cuando exista un medio ordinario de defensa por virtud del cual pueda modificarse, revocarse o nulificarse el acto que se reclama y que conforme a las leyes que lo rijan proceda la suspensión de sus efectos, sin exigir mayores requisitos que los requeridos por la Ley de Amparo, el juicio de amparo será improcedente. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo en esta materia, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos en la ley y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Si pasando por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos administrativos no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública. Es oportuno precisar, que si de acuerdo a la fracción XX, del artículo 61, de la ley de la materia, el amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que deban ser revisados de oficio conforme a las "leyes que los rijan", entonces es necesario determinar el alcance de tal expresión, la cual debe entenderse como todos aquellos ordenamientos legales, que guardan estrecha relación con tales actos, ya sea por haber establecido su nacimiento o instauración, su regulación, efectos, o bien, sus formas de impugnación, debiéndose tomar en consideración que no siempre tales actos serán normados por un solo cuerpo legal, sino que puede darse el caso de que lo sea por varios, e incluso sólo en uno se prevenga lo relativo al recurso, juicio o medio de impugnación que proceda contra ellos, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. [.] Bajo esa premisa, el artículo 3º, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como el artículo 2, párrafo primero, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establecen: Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: (.) VII. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; (.)" Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo "ARTÍCULO 2o.- El juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. (.)". En términos del numeral 3°, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en relación con el artículo 2, párrafo primero de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo se establece la procedencia del juicio contencioso administrativo en contra de resoluciones que se dicten en materia de pensiones civiles a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Atento a ello, este Juzgado de Distrito estima que previamente a impugnarse en la presente instancia constitucional el acto aquí reclamado, debió combatirse a través del juicio contencioso administrativo previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para considerar satisfecho el principio de definitividad que rige a este juicio de amparo. Se estima lo anterior, en virtud de que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, prevé la procedencia del juicio contencioso administrativo, en contra de las resoluciones dictadas en materia de pensiones otorgadas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. [.] Por tanto, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra las resoluciones impugnables a través del juicio contencioso administrativo, con la salvedad de que no habrá obligación de promoverlo en los casos en que se actualice alguna excepción al principio de definitividad. De lo antes expuesto, se puede concluir que el acto reclamado en el presente juicio de amparo puede y debe ser impugnado mediante el juicio contencioso administrativo, conforme al artículo 3°, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, máxime que los requisitos establecidos para el otorgamiento de la suspensión de la ejecución de los actos, en términos de los numerales 24 a 28, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no son mayores para obsequiar la medida suspensional a lo que establecen los numerales 125, 128, 129, 131, 132, 135 y 139 de la Ley de Amparo. Ello es así, en la medida de que en ambos juicios la suspensión puede solicitarse en cualquier etapa mientras no se dicte sentencia ejecutoriada; el otorgamiento de la medida precautoria la condiciona el órgano competente a que no se cause perjuicio al interés general o social ni se contravengan disposiciones de orden público, así como a que se otorgue garantía de los daños y perjuicios que puedan ocasionarse. En las relatadas condiciones, en contra del acto reclamado en el presente juicio de amparo, procede el juicio contencioso administrativo previsto en el artículo 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; en consecuencia, la parte quejosa está obligada a respetar el principio de definitividad que prevé el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Lo que significa que es improcedente el juicio de amparo en esta vía bi-instancial, ya que el referido acto puede tener un remedio ante la autoridad del orden común en términos de los preceptos citados en párrafos precedentes, ya que son estos los que en su caso rigen al acto reclamado y podrían modificar o revocar o, en su caso, decretar su nulidad. Cabe precisar que en la especie no se actualiza alguna hipótesis de excepción al principio de definitividad, en primer lugar, porque como ya se dijo, a través de la promoción del juicio contencioso administrativo pueden suspenderse los efectos del acto combatido, ya que la ley que lo rige prevé dicha medida cautelar sin exigir mayores requisitos que la Ley de Amparo. Lo anterior es así, toda vez que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el uno de diciembre de dos mil cinco, prevé la suspensión de los efectos del acto reclamado, en términos de los artículos 24 a 28, sin exigir mayores requisitos que los establecidos en los artículos 128, 132 y 135 de la Ley de Amparo, para conceder la suspensión del acto reclamado, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. [.] Por otra parte, tampoco constituye una excepción al principio de definitividad el hecho de que la promovente aduzca la indebida fundamentación y motivación de la resolución reclamada, ya que no implica una violación directa a la constitución toda vez que constituye una cuestión de legalidad, la cual puede ser reparada a través de diversos medios ordinarios de defensa, por tanto, la quejosa, antes de promover el juicio de amparo, debe agotar el recurso establecido por la ley, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no exime al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria. De igual forma, en relación a que no es obligación de la promovente agotar los recursos o medios de defensa cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución, al respecto, la parte quejosa aduce violaciones al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 502/2012, determinó esencialmente que todo lo concerniente a la aplicación retroactiva de una norma constituye un tema de legalidad y no de constitucionalidad, por lo que tampoco se actualiza esta excepción al principio en estudio. [.] Lo anterior pone de manifiesto que efectivamente la parte agraviada si bien aduce violaciones directas a la Constitución General de la República, de igual forma hace valer cuestiones de legalidad, de ahí que la excepción se actualiza sólo cuando se plantea exclusivamente ese tipo de violaciones, y no así cuando se impugna al mismo tiempo en la demanda de amparo, violaciones de legalidad a la Carta Magna. Esto es así, porque sólo en el primer caso se configura una excepción a la regla contenida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que consagra el principio de definitividad en el juicio de amparo, en virtud de que la parte agraviada sólo puede atacar adecuadamente el acto ante el Juez de Distrito, pues no le resultaría igualmente eficaz plantear esas conculcaciones directas al Pacto Federal en los recursos ordinarios, dado que las autoridades judiciales o administrativas encargadas de resolverlos, no son las idóneas para ocuparse de ellas, por tratarse de cuestiones cuya solución atañe en forma primordial y generalmente privativa a los órganos del control constitucional del Poder Judicial de la Federación. En cambio, si se plantean simultáneamente en la demanda de amparo violaciones directas e indirectas a la Constitución Federal, como ocurre en el caso, no opera excepción alguna al principio de definitividad antes aludido, porque sí es factible para el afectado obtener con eficacia la modificación, anulación o revocación de la resolución que estima violatoria de derechos fundamentales, a través del recurso ordinario, pues al interponerlo, el agraviado puede alegar los vicios de legalidad que ostenta la resolución, lo que equivale a plantear las denominadas violaciones constitucionales indirectas, cuya solución por su naturaleza, se trata sólo de determinar si existe inobservancia de leyes secundarias, correspondiendo inicialmente a la autoridad ordinaria resolver el recurso y sólo en forma mediata competerá al Juez de Distrito. [.] Por otro lado, conviene tener en cuenta que el principio de definitividad admite otras excepciones, algunas previstas legalmente y otras derivadas de la interpretación de la ley efectuada por los tribunales. Consecuentemente, debe determinarse a continuación si en el caso se actualiza alguna excepción al principio de definitividad distinta a las que anteriormente fueron objeto de estudio. 1. Cuando se impugnan leyes con motivo de su primera aplicación. Dicha excepción al principio de definitividad obedece a que el agraviado solamente podrá atacar la inconstitucionalidad de la norma ante el Juez de Distrito, ya que las autoridades judiciales o administrativas encargadas de resolver los juicios o recursos ordinarios no son las idóneas para ocuparse de ellas por tratarse de cuestiones cuya solución atañe en forma privativa al Poder Judicial de la Federación. En ese sentido, de la demanda de cuenta no se advierte que la promovente reclame la inconstitucionalidad de alguna ley, o bien, que se esté en presencia de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para determinar que se surte algún caso de excepción al principio de definitividad. 2. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan. Al respecto, si bien la parte quejosa aduce violaciones a sus derechos fundamentales; es de apreciarse que no le asiste el carácter de tercero extraño, toda vez que la quejosa es parte en el procedimiento. Así, se observa que la parte quejosa conoce plenamente del acto reclamado, lo que corrobora y deja entrever que no tiene el carácter de tercera extraña, sin menoscabo de que está en aptitud de acudir ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa a efecto de promover el juicio administrativo procedente, según se vio, a exponer sus defensas. [.] Consecuentemente, ya que no se verificó excepción alguna al principio de definitividad, se estima que debió promoverse el juicio contencioso administrativo o en su caso, interponer el recurso de revisión antes de acudir a la instancia constitucional. Así, la parte promovente está obligada a observar el principio de definitividad que rige la materia, en tanto que el hecho de que el acto reclamado pueda obtener la cualidad de ser irreparable, no la exime de hacer valer los medios ordinarios de defensa previstos en su contra, como es precisamente el juicio contencioso administrativo, ya que la definitividad se refiere fundamentalmente al alcance de los medios de defensa y no a la naturaleza de los actos impugnados. [.] Corolario de lo expuesto, de conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resulta notoria e indudable la causa de improcedencia que se menciona, por lo que se desecha la demanda de amparo, con el objeto de que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, lo que incluso permite que la parte quejosa acuda oportunamente a los medios ordinarios de defensa a hacer valer sus derechos. Cabe destacar que la determinación anterior no contraviene la garantía de acceso a la justicia tutelada por el artículo 17 constitucional, ya que ese derecho es limitado, puesto que para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual además brinda certeza jurídica; aunado a la circunstancia de que con esta determinación queda incólume el derecho del inconforme para interponer los recursos y los juicios que procedan en defensa de los derechos que estime vulnerados; además, es acorde a lo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). [.] Por tanto, al actualizarse de manera notoria e indudable la causal de improcedencia antes analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho y en su carácter de beneficiaria de los derechos del de cujus ***. Sin que la anterior determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. [.] DOMICILIO Y AUTORIZADOS Ahora bien, toda vez que el domicilio en el que puede ser notificado a la parte quejosa, se encuentran fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional; por única ocasión, con fundamento en los artículos 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles, gírese por única ocasión, atento despacho al Juzgado Familiar de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, a fin de que en auxilio de las labores de este juzgado gire sus instrucciones a quien corresponda y notifique a la quejosa ***, por propio derecho y en su carácter de beneficiaria de los derechos del de cujus ***, en el domicilio ubicado ***, corriéndole traslado con una copia autorizada del presente acuerdo, requiriéndole para que al momento de la notificación o dentro de los tres días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, señale domicilio en esta ciudad de Cuernavaca, para oír y recibir notificaciones, apercibida que en caso de no hacerlo, sin mayor acuerdo, las subsecuentes, aún las de carácter personal, se le harán por medio de la lista que se fija en los estrados de este Juzgado. Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizados para oír y recibir notificaciones a las personas que refiere, así como a ***, toda vez que no proporciona los datos de las cédulas profesionales. [.] AUTORIZACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN NO PROCESAL Por otra parte, respecto a su solicitud de señalar como domicilio para oír y recibir notificaciones el correo electrónico y número de teléfono que refiere, dígase la promovente que no ha lugar a acordar de conformidad dicha solicitud; ello, con fundamento en los artículos 26 fracción III, 27 fracción I y 108 fracción I, en virtud de que las notificaciones serán realizadas en el domicilio indicado por la parte quejosa y de no señalar domicilio se harán por medio de lista. No obstante lo anterior, se tiene el correo electrónico y número de teléfono proporcionados, como medios de comunicación no procesal con dicha parte. [.] EXHORTACIÓN PARA TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" De conformidad con el artículo 22, fracciones I y II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema de juicio en línea. Asimismo, se les conmina para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correo electrónico, teléfono o servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. En este sentido, se hace del conocimiento que de ser necesario, las comunicaciones no procesales que se realicen, a criterio del órgano jurisdiccional, podrán incorporarse al expediente previa certificación correspondiente, para los efectos legales conducentes." HACM

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, siete de abril de dos mil veintidós. Visto el estado de los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de tres días hábiles concedido a las partes, para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, este órgano de control constitucional procede al estudio de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. I. En sentencia de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional AMPARÓ Y PROTEGIÓ a Uriel Fernando Sedano Villalba, para que la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, realizara lo siguiente: ..., V. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se estima CUMPLIDA la ejecutoria de amparo, en su totalidad sin exceso ni defecto, toda vez que la responsable se apegó a los lineamientos que fueron destacados en la sentencia amparadora. VI. Una vez que se ha declarado cumplida la presente ejecutoria, según lo establecido en el artículo 196, párrafo cuarto de la ley de la materia, archívese el expediente como concluido y háganse las anotaciones respectivas. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 18, párrafo primero, fracción I, inciso b del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, por tanto, es susceptible de depuración. En virtud de lo anterior, de conformidad con el numeral 18, párrafos tercero y cuarto, del Acuerdo citado, una vez que transcurra el plazo de tres años, contado a partir de que se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido, y terminado el proceso de depuración, solicítese su transferencia a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. VII. Asimismo, se destaca que en el presente juicio de amparo no se formó incidente de suspensión por no haberse solicitado; así como, no existe tomo de pruebas por separado, ni tampoco obran documentos originales exhibidos por las partes. Notifíquese.

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