Claudia Eunice Escobedo Pech

Expediente 1232/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1232/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
25/02/2021

Partes del expediente

  • Claudia Eunice Escobedo Pech y Otros.
  • Claudia Eunice Escobedo Pech

Actuaciones

  1. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, veinticinco de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo legal de cinco días hábiles, dentro del que la parte promovente pudo recurrir en queja el proveído de veintiocho de enero de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo, sin haberlo hecho; por tanto, con fundamento en el artículo 97, inciso a), de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al citado precepto legal, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, además como ya no existe cuestión pendiente en este asunto, se declara como concluido. En cumplimiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte1, se indica que el presente EXPEDIENTE es susceptible de DESTRUCCIÓN. Lo anterior, pues en el caso: se desechó de plano la demanda presentada por la parte quejosa y ésta carece de relevancia documental en términos del numeral 15 del referido Acuerdo General. Entonces, este expediente, al ser destruible, se conservará por el término de tres años en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del citado Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó el archivo como asunto concluido, y una vez concluido dicho plazo, dentro de los siguientes treinta días deberá procederse a su destrucción, hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo establece el penúltimo párrafo del artículo 21 del referido Acuerdo General. Hágase constar su valoración en la carátula del expediente principal, mediante la leyenda "DESTRUIBLE", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo archivístico, así como en la relación que se integre. Notifíquese.

  2. Principal

    SE TIENE POR DEBIDAMENTE NOTIFICADA A LA PATRYE QUEJOSA DEL ACUERDO DE VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO QUE EN SINTESIS DICE: San Francisco de Campeche, Campeche, veintiocho de enero de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el escrito signado por ******************, con el que dan cumplimiento a la prevención que se le hiciera mediante acuerdo de diecisiete de diciembre de dos mil veinte.Al respecto, téngase por presentada a las antes citadas, quienes demandan el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto que atribuyen a la Sala Civil Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esa ciudad Con fundamento en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37 de la Ley de Amparo vigente a la presentación de la demanda, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de lo expuesto en la demanda de garantías, este Juzgado de Distrito es competente para conocer de la misma.Sin embargo, previamente a la admisión de la demanda de cuenta, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia, o bien si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor.En la especie se estima, actualizada la casual de improcedencia del juicio constitucional prevista en el primer párrafo de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, al considerar que no se agotó el principio de definitividad. En efecto, el primer párrafo de la fracción XVIII del artículo 61 del mismo ordenamiento legal. El artículo en cita, pone de manifiesto que el amparo es un juicio extraordinario, por lo que su procedencia y tramitación está regida por reglas especiales y por principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre el gobernante y el gobernado. Dentro de estas reglas fundamentales que estructuran al juicio de amparo, se encuentra el principio de definitividad que establece que dicho juicio es procedente únicamente en contra de actos definitivos. Es decir, actos respecto de los cuales no exista ningún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados, nulificados o revocados. Luego, la definitividad del acto, como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, implica que, antes de acudir al mismo, se deberán agotar los recursos que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto de que se trate. A contrario sensu, cuando se reclamen actos respecto de los cuales no se haya agotado el principio de definitividad, el amparo será improcedente. De ahí que la regla general que establece este principio consiste en que cuando un acto autoritario viola garantías individuales, antes de acudir al juicio de amparo, deben agotarse los recursos o medios de impugnación previstos en la ley ordinaria, en virtud de los cuales puede ser modificado, revocado o destruido dicho acto.En este sentido, es conveniente transcribir el contenido de los artículos 817, 819, 820 y 823 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Campeche, los cuales establecen literalmente lo siguiente: "Artículo 817. Cuando la apelación proceda en ambos efectos el juez remitirá al tribunal de alzada el expediente original. Si el recurso sólo procede en efecto devolutivo únicamente se remitirá copia certificada de las constancias que el apelante señale en su escrito de interposición de la apelación, de las que indique el colitigante, previa vista que se le dé para éste efecto, y de las que el propio juez estime necesarias. En caso de que el apelante sea omiso en señalar constancias el juez tendrá por no interpuesto el recurso y le impondrá una multa hasta de cincuenta veces el salario mínimo diario vigente en la región." "Artículo. 819. Salvo en las excepciones previstas por este capítulo, los jueces no podrán dejar de admitir ni tener por no interpuesto el recurso de apelación." "Artículo. 820. Recibidos en la sala el escrito de interposición de la apelación y el expediente o testimonio, en su caso, el presidente de la misma mandará formar toca, por duplicado, y de oficio calificará la admisión del recurso y el efecto en que proceda." "Artículo. 823. Si la apelación se califica de inadmisible se devolverá al juez el expediente, en su caso, para la continuación del proceso o ejecución del fallo apelado." Del análisis sistemático de los preceptos insertos, se obtiene que en los asuntos de la materia del derecho civil en esta entidad federativa, corresponde a los Jueces de Primera Instancia admitir el recurso ordinario de apelación y establecer en qué efectos se admite, esto es, si la admisión debe ser en ambos efectos o sólo en el efecto devolutivo, y una vez integrado el testimonio de apelación, remitirán a la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el escrito de interposición de la apelación y dicho testimonio o, en su caso, el expediente, para sustanciar la alzada; no obstante, quien en realidad decide sobre la procedencia del recurso es el Presidente de ese cuerpo colegiado, quien, de oficio, tiene la obligación de calificar la admisión del recurso y el efecto en que proceda, pudiendo calificarlo de inadmisible y desecharlo, o tenerlo por no interpuesto, en cuyo caso se devolverá al juez el expediente formado, para la continuación del proceso o ejecución del fallo apelado. Por su parte, los diversos artículos 837 a 840 del código adjetivo civil aludido, textualmente disponen: "Artículo 837. Se llama reclamación el recurso que se interpone para que la sala civil confirme, reforme o revoque, las resoluciones dictadas por su presidente." "Artículo 838. El recurso de reclamación se interpondrá ante la presidencia de la sala, por escrito debidamente motivado y fundado, dentro del término de tres días. El presidente dictará proveído respecto de su admisión y, en su caso, designará al magistrado ponente." "Artículo 839. El recurso de reclamación será resuelto por mayoría de votos de los integrantes de la sala, dentro de los ocho días siguientes." "Artículo 840. En contra de la resolución que la sala pronuncie no es admisible ningún otro recurso." De los artículos anteriores, se desprende que las resoluciones dictadas por el Magistrado Presidente de la Sala Civil Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en un procedimiento de esa materia, seguido dentro del territorio del Estado de Campeche, relativas a la calificación de la admisión del recurso de apelación y de los efectos en que proceda, así como las que tienen por no interpuesto el medio ordinario de defensa, pueden ser impugnados mediante el recurso de reclamación que conocerá y sustanciará el mencionado órgano colegiado, por medio del cual las referidas determinaciones pueden ser modificadas, revocadas o nulificadas; lo que significa que esos acuerdos de presidencia relacionados con la calificación de la admisión, o no admisión, del mencionado medio de defensa legal no constituyen actos definitivos, para los efectos de la procedencia del juicio constitucional. Sirve de ilustración a lo considerado. En la especie, del contenido de la demanda de amparo y del ocurso de cumplimiento de prevención respectivo, se desprende que el acto reclamado se hace consistir en el auto de nueve de noviembre de dos mil veinte, que calificó como improcedente del recurso de apelación interpuesto por las aquí agraviadas, contra el acuerdo de quince de septiembre de dos mil veinte, que dio origen al toca ******., al considerar que lo ahí controvertido no causaba un daño irreparable a las inconformes; esa determinación no se ubica en alguna de las hipótesis de excepción relacionadas con el principio de definitividad, bajo la cual pudiera considerarse procedente el juicio de amparo indirecto, porque: 1) La resolución reclamada no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. 2) Tampoco, consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niega la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, de una resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, ni se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; pues la resolución reclamada fue emitida en un procedimiento civil. 3) La parte quejosa no puede ser considerada como tercero extraño a ese procedimiento, pues se ha integrado a la litis del juicio civil, dado que interpuso recurso de apelación en contra de un acuerdo dictado en el expediente **********, relativo al juicio sumario civil de cumplimiento de contrato, donde fue parte demandada y condenada. 4) La procedencia del acuerdo dictado por el Magistrado Presidente de la Sala Civil Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, en el toca ******* que califica que el recurso de apelación interpuesto por las aquí quejosas no es apelable, no está sujeta a interpretación adicional a lo establecido en el artículo 837 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Campeche, por medio del cual el acto reclamado, podía ser modificado, nulificado o revocado. De donde se sigue que las peticionarias del amparo estaban obligadas a agotar el recurso ordinario de defensa, antes de acudir en demanda de amparo, en la especie, debieron interponer el recurso de reclamación previsto en los preceptos 837 a 840 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Campeche, en contra del acuerdo de nueve de noviembre de dos mil veinte, que calificó inadmisible el recurso de apelación interpuesto por las aquí quejosas en contra del acuerdo de quince de septiembre de dos mil veinte, dictado por el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual este acto de molestia podía ser revocado, modificado o nulificado; pero como la parte agraviada no interpuso el aludido medio ordinario de impugnación, previamente al ejercicio de la acción constitucional, es obvio que en el caso, no se satisface el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, y por ende, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. La anteriores consideraciones son aptas, sin lugar a dudas, para estimar improcedente el juicio de amparo que pretenden promover ******************** dada la actualización de la causal de improcedencia contemplada en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de la Materia, pues, como se analizó anteriormente, en contra del mencionado acto de molestia, procede el recurso de reclamación previsto en el código adjetivo civil invocado. Así, se estima que el motivo de la improcedencia de la demanda es manifiesto e indudable. Es manifiesto porque dicha improcedencia que en esencia radica en que la determinación reclamada no tiene una ejecución de imposible reparación, esto es, constituye una violación procesal. Asimismo, es indudable tal improcedencia si se toma en cuenta que esa circunstancia de ninguna manera podría ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. Por tanto, se DESECHA DE PLANO la demanda de cuenta, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de la Materia, al advertirse de manera manifiesta e indudable la aludida causal de improcedencia del juicio constitucional. Desde este momento, de conformidad con el numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario comisionado, diligencie en dicha temporalidad extraordinaria, la notificación personal que en su caso se ordene.Con fundamento en los párrafos quinto y sexto del enunciado normativo 3 de la Ley de Amparo, se ordena a la secretaría de acuerdos, que tanto en el expediente electrónico, como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso, para lo cual se dispondrá del apoyo material del oficial administrativo correspondiente.Atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de nombrada ley Federal, aplicable hasta en tanto se emita la nueva norma reglamentaria, conforme lo dispone el artículo tercero transitorio del mencionado decreto, se ordena suprimir los datos sensibles en la presente resolución, y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública, previsto en el TÍTULO QUINTO, DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, Capítulo I, de la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis (vigente a partir del diez de mayo siguiente en términos del artículo primero transitorio del decreto). De conformidad con el Acuerdo General 29/20075 del Pleno de la Judicatura Federal, captúrese el presente acuerdo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) en versión original conforme al "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese.

  3. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, veintiocho de enero de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el escrito signado por ******************, con el que dan cumplimiento a la prevención que se le hiciera mediante acuerdo de diecisiete de diciembre de dos mil veinte. Al respecto, téngase por presentada a las antes citadas, quienes demandan el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto que atribuyen a la Sala Civil Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esa ciudad Con fundamento en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37 de la Ley de Amparo vigente a la presentación de la demanda, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de lo expuesto en la demanda de garantías, este Juzgado de Distrito es competente para conocer de la misma. Sin embargo, previamente a la admisión de la demanda de cuenta, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia, o bien si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor. En la especie se estima, actualizada la casual de improcedencia del juicio constitucional prevista en el primer párrafo de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, al considerar que no se agotó el principio de definitividad. En efecto, el primer párrafo de la fracción XVIII del artículo 61 del mismo ordenamiento legal. El artículo en cita, pone de manifiesto que el amparo es un juicio extraordinario, por lo que su procedencia y tramitación está regida por reglas especiales y por principios fundamentales que lo estructuran como el medio jurisdiccional idóneo para lograr la actuación de las prevenciones constitucionales, a través de una contienda equilibrada entre el gobernante y el gobernado. Dentro de estas reglas fundamentales que estructuran al juicio de amparo, se encuentra el principio de definitividad que establece que dicho juicio es procedente únicamente en contra de actos definitivos. Es decir, actos respecto de los cuales no exista ningún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados, nulificados o revocados. Luego, la definitividad del acto, como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, implica que, antes de acudir al mismo, se deberán agotar los recursos que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto de que se trate. A contrario sensu, cuando se reclamen actos respecto de los cuales no se haya agotado el principio de definitividad, el amparo será improcedente. De ahí que la regla general que establece este principio consiste en que cuando un acto autoritario viola garantías individuales, antes de acudir al juicio de amparo, deben agotarse los recursos o medios de impugnación previstos en la ley ordinaria, en virtud de los cuales puede ser modificado, revocado o destruido dicho acto. En este sentido, es conveniente transcribir el contenido de los artículos 817, 819, 820 y 823 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Campeche, los cuales establecen literalmente lo siguiente: "Artículo 817. Cuando la apelación proceda en ambos efectos el juez remitirá al tribunal de alzada el expediente original. Si el recurso sólo procede en efecto devolutivo únicamente se remitirá copia certificada de las constancias que el apelante señale en su escrito de interposición de la apelación, de las que indique el colitigante, previa vista que se le dé para éste efecto, y de las que el propio juez estime necesarias. En caso de que el apelante sea omiso en señalar constancias el juez tendrá por no interpuesto el recurso y le impondrá una multa hasta de cincuenta veces el salario mínimo diario vigente en la región." "Artículo. 819. Salvo en las excepciones previstas por este capítulo, los jueces no podrán dejar de admitir ni tener por no interpuesto el recurso de apelación." "Artículo. 820. Recibidos en la sala el escrito de interposición de la apelación y el expediente o testimonio, en su caso, el presidente de la misma mandará formar toca, por duplicado, y de oficio calificará la admisión del recurso y el efecto en que proceda." "Artículo. 823. Si la apelación se califica de inadmisible se devolverá al juez el expediente, en su caso, para la continuación del proceso o ejecución del fallo apelado." Del análisis sistemático de los preceptos insertos, se obtiene que en los asuntos de la materia del derecho civil en esta entidad federativa, corresponde a los Jueces de Primera Instancia admitir el recurso ordinario de apelación y establecer en qué efectos se admite, esto es, si la admisión debe ser en ambos efectos o sólo en el efecto devolutivo, y una vez integrado el testimonio de apelación, remitirán a la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el escrito de interposición de la apelación y dicho testimonio o, en su caso, el expediente, para sustanciar la alzada; no obstante, quien en realidad decide sobre la procedencia del recurso es el Presidente de ese cuerpo colegiado, quien, de oficio, tiene la obligación de calificar la admisión del recurso y el efecto en que proceda, pudiendo calificarlo de inadmisible y desecharlo, o tenerlo por no interpuesto, en cuyo caso se devolverá al juez el expediente formado, para la continuación del proceso o ejecución del fallo apelado. Por su parte, los diversos artículos 837 a 840 del código adjetivo civil aludido, textualmente disponen: "Artículo 837. Se llama reclamación el recurso que se interpone para que la sala civil confirme, reforme o revoque, las resoluciones dictadas por su presidente." "Artículo 838. El recurso de reclamación se interpondrá ante la presidencia de la sala, por escrito debidamente motivado y fundado, dentro del término de tres días. El presidente dictará proveído respecto de su admisión y, en su caso, designará al magistrado ponente." "Artículo 839. El recurso de reclamación será resuelto por mayoría de votos de los integrantes de la sala, dentro de los ocho días siguientes." "Artículo 840. En contra de la resolución que la sala pronuncie no es admisible ningún otro recurso." De los artículos anteriores, se desprende que las resoluciones dictadas por el Magistrado Presidente de la Sala Civil Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en un procedimiento de esa materia, seguido dentro del territorio del Estado de Campeche, relativas a la calificación de la admisión del recurso de apelación y de los efectos en que proceda, así como las que tienen por no interpuesto el medio ordinario de defensa, pueden ser impugnados mediante el recurso de reclamación que conocerá y sustanciará el mencionado órgano colegiado, por medio del cual las referidas determinaciones pueden ser modificadas, revocadas o nulificadas; lo que significa que esos acuerdos de presidencia relacionados con la calificación de la admisión, o no admisión, del mencionado medio de defensa legal no constituyen actos definitivos, para los efectos de la procedencia del juicio constitucional. Sirve de ilustración a lo considerado. En la especie, del contenido de la demanda de amparo y del ocurso de cumplimiento de prevención respectivo, se desprende que el acto reclamado se hace consistir en el auto de nueve de noviembre de dos mil veinte, que calificó como improcedente del recurso de apelación interpuesto por las aquí agraviadas, contra el acuerdo de quince de septiembre de dos mil veinte, que dio origen al toca ******., al considerar que lo ahí controvertido no causaba un daño irreparable a las inconformes; esa determinación no se ubica en alguna de las hipótesis de excepción relacionadas con el principio de definitividad, bajo la cual pudiera considerarse procedente el juicio de amparo indirecto, porque: 1) La resolución reclamada no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. 2) Tampoco, consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niega la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, de una resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, ni se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; pues la resolución reclamada fue emitida en un procedimiento civil. 3) La parte quejosa no puede ser considerada como tercero extraño a ese procedimiento, pues se ha integrado a la litis del juicio civil, dado que interpuso recurso de apelación en contra de un acuerdo dictado en el expediente **********, relativo al juicio sumario civil de cumplimiento de contrato, donde fue parte demandada y condenada. 4) La procedencia del acuerdo dictado por el Magistrado Presidente de la Sala Civil Mercantil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, en el toca ******* que califica que el recurso de apelación interpuesto por las aquí quejosas no es apelable, no está sujeta a interpretación adicional a lo establecido en el artículo 837 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Campeche, por medio del cual el acto reclamado, podía ser modificado, nulificado o revocado. De donde se sigue que las peticionarias del amparo estaban obligadas a agotar el recurso ordinario de defensa, antes de acudir en demanda de amparo, en la especie, debieron interponer el recurso de reclamación previsto en los preceptos 837 a 840 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Campeche, en contra del acuerdo de nueve de noviembre de dos mil veinte, que calificó inadmisible el recurso de apelación interpuesto por las aquí quejosas en contra del acuerdo de quince de septiembre de dos mil veinte, dictado por el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual este acto de molestia podía ser revocado, modificado o nulificado; pero como la parte agraviada no interpuso el aludido medio ordinario de impugnación, previamente al ejercicio de la acción constitucional, es obvio que en el caso, no se satisface el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, y por ende, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. La anteriores consideraciones son aptas, sin lugar a dudas, para estimar improcedente el juicio de amparo que pretenden promover ******************** dada la actualización de la causal de improcedencia contemplada en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de la Materia, pues, como se analizó anteriormente, en contra del mencionado acto de molestia, procede el recurso de reclamación previsto en el código adjetivo civil invocado. Así, se estima que el motivo de la improcedencia de la demanda es manifiesto e indudable. Es manifiesto porque dicha improcedencia que en esencia radica en que la determinación reclamada no tiene una ejecución de imposible reparación, esto es, constituye una violación procesal. Asimismo, es indudable tal improcedencia si se toma en cuenta que esa circunstancia de ninguna manera podría ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. Por tanto, se DESECHA DE PLANO la demanda de cuenta, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de la Materia, al advertirse de manera manifiesta e indudable la aludida causal de improcedencia del juicio constitucional. Desde este momento, de conformidad con el numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario comisionado, diligencie en dicha temporalidad extraordinaria, la notificación personal que en su caso se ordene. Con fundamento en los párrafos quinto y sexto del enunciado normativo 3 de la Ley de Amparo, se ordena a la secretaría de acuerdos, que tanto en el expediente electrónico, como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso, para lo cual se dispondrá del apoyo material del oficial administrativo correspondiente. Atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de nombrada ley Federal, aplicable hasta en tanto se emita la nueva norma reglamentaria, conforme lo dispone el artículo tercero transitorio del mencionado decreto, se ordena suprimir los datos sensibles en la presente resolución, y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública, previsto en el TÍTULO QUINTO, DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, Capítulo I, de la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis (vigente a partir del diez de mayo siguiente en términos del artículo primero transitorio del decreto). De conformidad con el Acuerdo General 29/20075 del Pleno de la Judicatura Federal, captúrese el presente acuerdo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) en versión original conforme al "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese.

  4. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, diecisiete de diciembre de dos mil veinte. Téngase por recibido a estos autos, el escrito signado por el quejoso *********** con el que interpone recurso de revisión contra la sentencia dictada el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, en el presente juicio de amparo 1105/2019-IV-A. Por tanto, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, este juzgado inicia con el trámite del medio de defensa hecho valer, con el acto procesal relativo a la recepción del escrito correspondiente. En consecuencia; 1) Distribúyanse entre las partes las copias simples del escrito de expresión de agravios; y 2) Hecho lo anterior, dentro del término de tres días hábiles, contados a partir de que se encuentre debidamente integrado el expediente, remítase el original al Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, junto con el escrito original de expresión de agravios y una copia simple de éste, que será entregada al agente del Ministerio Público de la Federación de esa adscripción, para la sustanciación y decisión del recurso interpuesto. Asimismo, por el momento, se reserva sin necesidad de nuevo acuerdo, el envío de este expediente al Tribunal de Alzada, hasta en tanto obren en autos el acuse de recibo del oficio con el que se comunica este acuerdo a las autoridades responsables, y las constancias de notificación a las demás partes. Notifíquese personalmente.

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