Claudia Eugenia Meave Mireles
Expediente 293/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 293/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Claudia Eugenia Meave Mireles
Actuaciones
- Principal
Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 25/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Ejecutoria Vista la certificación que antecede y en atención a que la Secretaria certifica que revisó el Libro de Oficialía de Partes de este Juzgado y constató que del veinte de octubre al tres de noviembre del año en curso, transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran la sentencia dictada el catorce de octubre del año en curso, sin que hayan hecho uso del recurso de revisión a que se alude; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 2° de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a dicho ordenamiento, se declara que la citada resolución ha causado ejecutoria. En tales condiciones, háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este Juzgado y del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido, en términos del numeral 214, de la Ley de la materia. De conformidad con el Artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se decretó el sobreseimiento, no existen documentos originales exhibidos por las partes, y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental amerite su conservación. Hágase la anotación en la carátula del expediente, de que es susceptible de destrucción. Una vez transcurrido el plazo de tres años establecido en el punto Décimo Primero del Acuerdo en comento, remítase este expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte, previo las anotaciones a que se refiere el párrafo segundo de dicho punto.Notifíquese.
- Principal
La suscrita Elsa Fabiola Saldaña Durán, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, certifica y hace constar: Que habiendo revisado en la propia fecha la Oficialía de Partes del Juzgado de mí adscripción, no se encontró promoción alguna, en la que, con la anticipación de hasta tres días hábiles anteriores a la señalada para la celebración de la audiencia Constitucional, las partes proporcionaran un correo electrónico y el nombre de la, o las personas que acudirán por vía electrónica en su representación; Que una vez verificado con el Secretario de Guardia del Juzgado, ninguna de las diversas partes entabló comunicación con la finalidad de comparecer a la audiencia fijada para el día de la fecha. Lo que se hace constar, en la ciudad de San Luis Potosí, San Luis Potosí, a catorce de octubre de dos mil veinte.- Doy Fe.- Elsa Fabiola Saldaña Durán. Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado En San Luis Potosí, capital, a las doce horas con treinta minutos del catorce de octubre de dos mil veinte, ante Fabiola Delgado Trejo, Juez Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, y Secretaria con quien actúa Elsa Fabiola Saldaña Durán, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, procede a celebrarse la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia en el juicio de amparo 293/2020-7, promovido por Sergio Meave Mireles, en representación de Claudia Eugenia Meave Mireles, contra actos del Ministerio Público Investigador y/o fiscal Investigador Mesa Detenidos del Estado de San Luis Potosí, y de otras autoridades. La Juez la declara abierta, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia, la Secretaria da cuenta con las constancias que obran en autos consistentes en: escrito de demanda; auto admisorio; constancia de emplazamiento a las autoridades responsables e informes justificados rendidos por éstas. Por otra parte, se da cuenta con la certificación de la Secretaria de esta fecha, en la que hace constar: Que habiendo revisado en la propia fecha la Oficialía de Partes del Juzgado de mí adscripción, no se encontró promoción alguna, en la que, con la anticipación de hasta tres días hábiles anteriores a la señalada para la celebración de la audiencia Constitucional, las partes proporcionaran un correo electrónico y el nombre de la, o las personas que acudirán por vía electrónica en su representación; Que una vez verificado con el Secretario de Guardia del Juzgado, ninguna de las diversas partes entabló comunicación con la finalidad de comparecer a la audiencia fijada para el día de la fecha. A lo anterior la Juez acuerda, téngase hecha la relación que antecede, la que será considerada al resolver. En cuanto a la certificación secretarial de cuenta, la Juez acuerda: Se tiene por perdido el derecho de las partes para comparecer a la audiencia mediante el uso de videoconferencia, en consecuencia, la presente audiencia se desahoga sin su asistencia y, por ende, se celebra vía remota y por escrito. Abierto el período de pruebas, la Secretaria da cuenta con las acompañadas por las autoridades responsables; sin que las demás partes hubieran hecho uso de ese derecho. Disponiendo la Juez que: de conformidad con lo dispuesto por los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidos tales medios de prueba, los cuales podrán ser tomados en consideración al resolver el presente juicio, por lo cual, se da por concluido el periodo probatorio. En periodo de alegatos, la Secretaria da cuenta que la parte quejosa no los formuló, además con el pedimento que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita pedimento; y que no obran diversas manifestaciones en vía de alegatos. Ordenando la Juez: Téngase al quejoso por perdido el derecho de hacer manifestaciones; por su parte a la Representante Social de la Federación adscrita por reproducidos los alegatos que esgrimió en el pedimento de cuenta. Al no haber diversas manifestaciones que relacionar se declara el cierre del presente periodo. Acto continuo, la Secretaria hace constar que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y que, por tanto, está debidamente integrado para emitir la resolución que en derecho corresponda. Ante ello, la Juez determina, al no haber diligencias pendientes por desahogar, y estando debidamente integrado el expediente, se levanta la presente acta y se procede a dictar sentencia. SENTENCIA VISTOS, los autos para resolver el juicio de amparo 293/2020-7, promovido por Sergio Meave Mireles, en representación de Claudia Eugenia Meave Mireles, contra actos del Ministerio Público Investigador y/o fiscal Investigador Mesa Detenidos del Estado de San Luis Potosí, y de otras autoridades. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el veinte de marzo de dos mil veinte, ante el Secretario de guardia de este Juzgado Primero de Distrito, Sergio Meave Mireles, en representación de Claudia Eugenia Meave Mireles, promovió demanda de amparo, contra las autoridades y actos que a continuación se trascriben: Autoridad responsable ordenadora: Ministerio Público Investigador y/o Fiscal Investigador Mesa de Detenidos del Estado de San Luis Potosí. Autoridades responsables ejecutoras: Procurador General de Justicia en el Estado por sí mismo o por sus subordinados. Director General de la Policía Investigadora del Estado y/o Policía Ministerial del Estado, por sí o por conducto de cualquiera de sus subordinados. Director de Seguridad Pública del Estado, por sí mismo o por conducto de sus subordinados. Actos reclamados: La orden de privación de la libertad del quejoso y su ejecución. Incomunicación, malos tratos y tortura. SEGUNDO. Derechos fundamentales. La parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes y señaló como derechos fundamentales violados los consagrados en los artículos 1º, 22, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite. Por acuerdo de veinte de marzo de dos mil veinte se tuvo por recibida la demanda; se radicó con el número 293/2020-7; se concedió la suspensión de plano respecto de los actos reclamados: incomunicación, tortura y malos tratos, para los efectos allí señalados; se requirió a las responsables por su informe respecto de la suspensión de plano; y se comisionó al Actuario Judicial adscrito para que acudiera a verificar, en lo posible, el estado físico de la quejosa y la requiriera para que manifestara si ratificaba o no la demanda de amparo promovida en su favor por Sergio Meave Mireles. Mediante auto de cinco de agosto de dos mil veinte, se tuvo por ratificada la demanda de amparo por la peticionaria del amparo y consecuentemente se admitió dicha demanda; se solicitaron a las autoridades responsables sus informes justificados. En ese mismo acuerdo se ordenó reactivar el presente expediente y se reanudaron los plazos y términos respectivos, y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se ordenó que la audiencia constitucional, tuviera verificativo mediante el uso de videoconferencia, requiriendo a las partes para que mediante promoción impresa o electrónica proporcionaran un correo electrónico y el nombre de la, o las personas que acudirán por vía electrónica en su representación. En la inteligencia de que las partes podrían dar cumplimiento a dicho requerimiento hasta tres días hábiles anteriores a la celebración de la audiencia respectiva, apercibidos que en caso de no hacerlo así, se tendría por perdido su derecho para comparecer a dicha audiencia, y en su caso, sería desahogada sin su asistencia; y, se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional. Así mismo, se hizo del conocimiento de las partes, los requerimientos y especificaciones técnicas necesarias para poder tener acceso a la audiencia por vía de videoconferencia, sin que las partes lo hayan solicitado, por lo que la audiencia inició en los términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia, y; CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones IV, VII y XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el que se determina el número y límite territorial de los Circuitos en que se divide el País y la jurisdicción de este Juzgado, pues se reclaman actos con ejecución en el territorio donde este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Oportunidad de la presentación de la demanda. En el caso los actos reclamados se encuentran prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que acorde con el artículo 17 de la Ley de Amparo, la demanda constitucional puede presentarse en cualquier tiempo. TERCERO. Precisión de actos. Por cuestión de método, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es menester precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis conjunto de la demanda y de las documentales que integran el presente juicio, con objeto de interpretar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, tal y como lo explica la tesis de jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese sentido, de la lectura integral a la demanda de amparo, en relación con la totalidad de constancias que integran el juicio, se advierte que la parte quejosa reclamó los actos de las autoridades responsables que enseguida se precisan: Autoridad responsable ordenadora: Ministerio Público Investigador y/o Fiscal Investigador Mesa de Detenidos del Estado de San Luis Potosí. Autoridades responsables ejecutoras: Procurador General de Justicia en el Estado por sí mismo o por sus subordinados. Director General de la Policía Investigadora del Estado y/o Policía Ministerial del Estado, por sí o por conducto de cualquiera de sus subordinados. Director de Seguridad Pública del Estado, por sí mismo o por conducto de sus subordinados. Actos reclamados: La orden de privación de la libertad del quejoso y su ejecución. Incomunicación, tortura y malos tratos. CUARTO. Inexistencia de actos incomunicación, tortura y malos tratos. No son ciertos los actos consistentes en incomunicación, tortura, malos tratos, así como la privación de la libertad, reclamados al Vicefiscal Jurídico en representación del Fiscal General del Estado, Inspector General por instrucciones del Director General de Seguridad Pública del Estado y Director Jurídico de la Dirección General de Métodos de Investigación en suplencia del Director de dicha dependencia; sin que obre en autos prueba en contrario suficiente para desvirtuar esa negativa. Asimismo, de las constancias que exhibió en el presente asunto el Agente del Ministerio Público de Unidad de Tramitación Común con Detenidos, a las cuales se les otorga pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, al tratarse de una actuación practicada por una autoridad en el ejercicio de sus funciones; se desprenden que no son ciertos los consistentes en incomunicación, tortura y malos tratos, sin que obre en autos prueba en contrario suficiente para desvirtuar esa negativa. En tal virtud, ante la inexistencia de los referidos actos reclamados, sin prueba en contrario, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO en el presente juicio.... QUINTO. Certeza del acto reclamado. En diversa tesitura, es cierto el acto atribuido al Agente del Ministerio Público de Unidad de Tramitación Común con Detenidos, consistente en la privación de la libertad de la quejosa, pues si bien es cierto que dicha autoridad fue omisa en rendir su informe justificado; sin embargo, de las constancias que exhibió en el presente juicio, y a las cuales se les otorgó pleno valor probatorio, se desprende que dentro del expediente CDI/FGE/I/D01/09062/20, la quejosa Claudia Eugenia Meave Mireles, fue puesta a su disposición el diecinueve de marzo de dos mil veinte, por parte de un elemento de la dirección General de Métodos de Investigación, por la posible participación en la comisión del delito de fraude; y que posteriormente, mediante acuerdo de libertad dictado el veinte de marzo del año en cita, fue puesta en libertad la peticionaria del amparo. SEXTO. Causales de improcedencia. En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, previo a efectuar el análisis del fondo del asunto, debe analizarse si se actualiza alguna causal de improcedencia en contra de los actos reclamados.... Por tanto, es claro que en la especie ha operado un cambio de situación jurídica en el procedimiento de origen, debiéndose considerar consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en dicho procedimiento, por no poder decidirse sin afectar la nueva situación jurídica de la solicitante del amparo, actualizándose así la causal de improcedencia prevista por la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo.... Por tanto, en atención a las consideraciones expuestas con anterioridad, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo en que se actúa, pues de acuerdo a lo antes expuesto existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XVII, ambos de la Ley de Amparo. .Por lo expuesto y fundado en los artículos 65, 73, 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE el juicio de amparo promovido por Claudia Eugenia Meave Mireles, contra los actos y autoridades precisados en el resultando primero, por los motivos expuestos en los considerandos cuarto y sexto de esta sentencia. Notifíquese.
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