Claudia Elizabeth Salas Picaso

Expediente 1362/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 9 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1362/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
23/03/2023

Partes del expediente

  • Claudia Elizabeth Salas Picaso

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los autos y la certificación secretarial que antecede de los que se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia de siete de diciembre de dos mil veintidós; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución que SOBRESEYÓ EN EL JUICIO, HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, como no quedan cuestiones pendientes de resolver, ni trámite que continuar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de amparo, archívese el mismo. En ese orden de ideas, háganse las anotaciones en el libro de gobierno que para tal fin se lleva, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E.". Por otra parte, vistas las constancias de autos el presente expediente carece de relevancia documental, sin que del mismo se aprecie documento alguno en original exhibido por las partes, por lo que se trata de un cuaderno sin valor institucional e histórico, lo que se hace constar de conformidad a lo señalado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación, según su artículo primero transitorio, y de acuerdo a lo de acuerdo a lo que señala el normativo 15 de dicho Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de ser DESTRUIDO. Lo anterior deberá realizarse después de concluido el plazo de tres años contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, en términos de lo que prevén los artículos 12 y 14, en relación con el 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Aunado a lo anterior, con fundamento en el artículo 35 del multimencionado Acuerdo General, háganse las correspondientes indicaciones en la carátula de este expediente.

  2. Principal

    (CITATORIO PARTE QUEJOSA) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO Y/O RESOLUCIÓN DE 23 DE MARZO DE 2023, QUE DICE: Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los autos y la certificación secretarial que antecede de los que se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia de siete de diciembre de dos mil veintidós; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución que SOBRESEYÓ EN EL JUICIO, HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, como no quedan cuestiones pendientes de resolver, ni trámite que continuar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de amparo, archívese el mismo. En ese orden de ideas, háganse las anotaciones en el libro de gobierno que para tal fin se lleva, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E.". Por otra parte, vistas las constancias de autos el presente expediente carece de relevancia documental, sin que del mismo se aprecie documento alguno en original exhibido por las partes, por lo que se trata de un cuaderno sin valor institucional e histórico, lo que se hace constar de conformidad a lo señalado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación, según su artículo primero transitorio, y de acuerdo a lo de acuerdo a lo que señala el normativo 15 de dicho Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de ser DESTRUIDO. Lo anterior deberá realizarse después de concluido el plazo de tres años contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, en términos de lo que prevén los artículos 12 y 14, en relación con el 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Aunado a lo anterior, con fundamento en el artículo 35 del multimencionado Acuerdo General, háganse las correspondientes indicaciones en la carátula de este expediente.

  3. Principal

    V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 1362/2022, promovido por ********************, por propio derecho, contra actos del Presidente Ejecutor del La Presidenta Ejecutora del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E", y turnada por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, el veintinueve siguiente a este Juzgado Séptimo de Distrito, ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y acto que a continuación se especifican: "AUTORIDAD RESPONSABLE: Presidente Ejecutor del La Presidenta Ejecutora del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad. ACTO RECLAMADO: "La inactividad, dilación, omisión o abstención en que ha incurrido la autoridad señalada como responsable, al no dictar en tiempo y forma el acuerdo atinente a la promoción de fecha 18 de agosto del dos mil veintidós, en el juicio laboral número ********************, promovido por la suscrita quejoso ******************** en contra de la DEL H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ********************, GUERRERO, solicitando se ordene a dicha autoridad, dar cumplimiento con el ánimo de lograr la economía, concentración y sencillez del proceso." Acto que estimó violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por auto de tres de octubre de dos mil veintidós, se radicó la demanda como juicio de amparo indirecto 1362/2022, y se admitió a trámite, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, se ordenó emplazar a juicio al tercero interesado, y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se le dio la intervención que legalmente le compete, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que, luego de diversos diferimientos, se inició en términos de la ley y concluye en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A C I O N E S: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, 35 y 37 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el cual fue reformado y adicionado por el diverso 51/2015, publicado en el medio de difusión citado, el veintisiete de noviembre de dos mil quince; lo anterior en virtud de que el acto que se reclama es imputado a una autoridad que tiene su residencia dentro del ámbito territorial en que este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por razón de técnica jurídica y con el fin de cumplir con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo a determinar la existencia o inexistencia del acto reclamado, procede realizar su fijación clara y precisa, a través del análisis integral de la demanda de amparo, a efecto de conocer la verdadera intención de la parte quejosa al promover este juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página treinta y dos, tomo XI, correspondiente a abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Así, de la lectura íntegra a la demanda de amparo y constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierte que de manera categórica el quejoso se duele de: La omisión de la Presidenta Ejecutora del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, en acordar la promoción de dieciocho de agosto de dos mil veintidós presentada ante esa autoridad el diecinueve siguiente, en el expediente laboral ********************. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Por razón de método debe en principio analizarse si en realidad los actos reclamados existen, es decir, resolver respecto de su certeza; lo anterior, porque de no existir los actos combatidos resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia o, en su caso del propio estudio de fondo del acto reclamado; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia del amparo o de la materia de fondo sometida a la consideración implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ello, el juicio de amparo sea procedente. Es aplicable al caso la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." Es cierto el acto atribuido a la autoridad responsable la Presidenta Ejecutora del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Gurrero, con sede en esta ciudad, ello, no obstante que al rendir su informe justificado hubiera negado que se estuvieran violando los derechos fundamentales que adujo la parte quejosa en su demanda de amparo, haciendo manifestaciones posteriores que dejaron ver su certeza. Apoya lo anterior la tesis sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XIV, julio de 1994, página 391, Octava Época, con registro 211004, de rubro y textos siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA". Certeza que se corrobora con la constancia que remitió la autoridad responsable a su informe justificado, a la que se concede valor probatorio pleno acorde con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°. Sustenta a lo anterior la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno del más Alto Tribunal de Justicia en el país, que aparece publicada en la página 153, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, del rubro y contenido: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. Análisis de la actualización de causa de improcedencia. Conforme a la técnica del juicio de amparo y de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo, en principio, corresponde a este órgano de control constitucional analizar oficiosamente si en la especie se actualiza alguna causa que lo torne improcedente, dado que así lo exige el orden público; y, de no advertir que así suceda, se procederá entonces a analizar las razones y fundamentos legales que las partes hubiesen expuesto para evidenciar la improcedencia. Cobra aplicación, por identidad de razón, la jurisprudencia número 814, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte TCC, Octava Época, Página: 553, Materia Común, cuyo rubro dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Ahora, quien aquí resuelve no entrará al análisis de la controversia planteada en el juicio que nos ocupa, en virtud de que en la especie, respecto del acto reclamado identificado en esta sentencia en el considerando segundo, consistente en la omisión de la Presidenta Ejecutora del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, en acordar la promoción de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, presentada ante esa autoridad el diecinueve siguiente, en el expediente laboral ********************, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la ley de Amparo, que a la letra establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La citada causa de improcedencia requiere que la autoridad responsable despliegue una acción dirigida al acto reclamado de tal forma que destruya todos los efectos del mismo, como si se le restituyera a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales que alega le fueron violados. El supuesto de improcedencia que se analiza se encuentra orientado por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia del juicio de amparo, que es obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo. Es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y el de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija, cuando el acto sea negativo o implique una omisión. Así lo confirma la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicada por identidad jurídica sustancial, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, junio de 1999, página 38, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." En consonancia con lo anterior, en el presente caso, el acto reclamado en estudio, esencialmente se hace consistir en la omisión de acordar la promoción exhibida ante la responsable el diecinueve de agosto de dos mil veintidós, en el expediente laboral ********************, en la que solicitó se vincule al cumplimiento de ejecución a la Gobernadora del Estado de Guerrero, Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, Tesorero o Secretario de Finanzas del Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, y Presidenta Municipal del dicha municipalidad. No obstante ello, de las copias certificadas que remitió la autoridad responsable al rendir informe con justificación, se advierte que el veintiuno de octubre de dos mil veintidós, emitió un acuerdo en el que recibió la promoción que le fue exhibida el diecinueve de agosto de dos mil veintidós, y acordó lo conducente. De la constancia aludida, se observa que la responsable, en atención a la promoción en comento, acordó lo siguiente: "Chilpancingo, Guerrero, a veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Por recibido cuatro escritos exhibidos ante este Tribunal Laboral (.). Por último y en atención al quinto escrito de fecha 18 de agosto del presente año, signado por el Lic. ********************, y en su relación a su solicitud de que se vincule al cumplimiento del laudo a la GOBERNADORA DEL ESTADO DE GIUERRERO, SECRETARÍA DE FINANZAS y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, DEL ESTADO POR CONDUCTO DE SU TITULAR, TESORERO O SECRETARIO DE FINANZAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ********************, GUERRERO SINDICO PROCURADOR ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE PATRIMONIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUAREZ GUERRERO, PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ********************, GUERRERO, dígasele al promovente que no ha lugar de acordare favorable lo solicitado y se esté a lo ordenado en el presente acuerdo, toda vez que de acuerdo con el artículo 148 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, es al propio Ayuntamiento a quien le corresponde la aprobación del presupuesto de egresos de sus respectivos municipios, por lo que este Tribunal no puede atender la petición hecha por el promovente toda vez que estaría contraviniendo los dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente a la facultad que tienen los Ayuntamientos para efectos de administrar libremente su Hacienda Pública; para una mejor ilustración en este acto se transcribe el primero de los artículos mencionados: "ARTICULO 148- Los presupuestos de egresos de los Municipios serán aprobados anualmente por sus respectivos Ayuntamientos y se basarán en los ingresos disponibles para el ejercicio fiscal que corresponda. Por otra parte, y previo estudio del Título VI denominado "De los medios de apremio y de la ejecución de los Laudos" de la Ley 51 Estatuto de los Trabajadores del Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, en lo referente a los medios de apremio. que en su literalidad establece: (...)". [Énfasis añadida] De la transcripción que antecede se advierte que, la autoridad responsable en proveído de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, dentro del expediente ********************, recibió el escrito de promoción fechado el dieciocho de agosto de dos mil veintidós, y presentado el diecinueve siguiente, asimismo, emitió acuerdo en el que proveyó lo conducente respecto a lo solicitado por la parte actora -aquí quejosa-. Por tanto, es manifiesto que el acto omisivo que reclamó la parte impetrante del amparo, cesó en sus efectos, en la medida en que la situación jurídica que dio origen a este juicio, dejó de causarle perjuicio, restituyéndola en el goce de su derecho fundamental violado y con ello quedaron satisfechos los derechos tutelados por la norma constitucional que consideró vulnerada, puesto que en fecha veintiuno de octubre de dos mil veintidós, la responsable emitió el acuerdo respectivo en el que acordó la promoción en comento; actuaciones con las que se dio vista a la parte obrera -aquí quejosa- en auto de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, y notificado a través de lista publicada el diez de noviembre del año en curso, al no haber comparecido en atención al citatorio dejado por el actuario judicial de esta adscripción, tal y como se aprecia de autos, sin que hubiera ampliado la demanda en caso de considerarlo necesario. En esas condiciones, es patente que tocante al acto aquí reclamado, consistente en la omisión de acordar la promoción exhibida ante la responsable el diecinueve de agosto de dos mil veintidós, en el expediente laboral ********************, en la que solicitó se dicte el laudo que corresponde, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, y consecuentemente, procede SOBRESEER en el juicio, ello de conformidad con la fracción V, del diverso 63, de esa legislación. Así, este órgano de control constitucional se encuentra legalmente imposibilitado para pronunciarse respecto al fondo del problema jurídico planteado, en atención a la existencia de una causa que hace improcedente el juicio de amparo, acorde con la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 88, Tomo 187-192, Primera Parte, Materia Común, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, con registro en el IUS 232302 que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." QUINTO. Orden de publicación. En otro orden, atento a la inclusión del nombre y datos personales de las partes, en la publicación a que se refieren los artículos 1º, 3º, 4º, 9º y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. La anterior circunstancia se hizo del conocimiento de las partes mediante auto de tres de octubre de dos mil veintidós, mismo que fue notificado electrónicamente a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el usuario designado para ello, el cuatro siguiente, como se constata de actuaciones. Por tanto, se tiene a la parte quejosa implícitamente conforme con que se incluya su nombre y datos personales en la publicación de la sentencia. Por lo antes expuesto y fundado, y además con apoyo en los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61 fracción XXI, 62 y 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal; se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ********************, respecto de los actos reclamados a la autoridad responsable señalada en el resultando primero, en términos de lo expresado en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Se tiene hecho del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es publica, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial, en términos del último considerando del presente fallo. Notifíquese a todas las partes por lista, en los estrados de este órgano jurisdiccional en términos del artículo 26 fracción III, de la Ley de Amparo, por tratarse de una sentencia dictada en audiencia constitucional, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E", y anótese en el libro de registro.Así lo resolvió y firma electrónicamente el licenciado Anastacio Ochoa Pacheco, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, y la secretaria Yuvidalia Pineda Torres, que autoriza y da fe, quien queda facultada para firmar los oficios correspondientes, asimismo, certifica que esta determinación se autorizó a distancia vía Sistema FIREL del personal actuante. Doy fe.

  4. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, diez de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de los autos del juicio de amparo en que se actúa, de los que se aprecia que para el día de hoy, se encuentra programada la celebración de la audiencia constitucional, sin que sea posible llevarla a cabo, en virtud que no se cuenta con el acuse de recibo del oficio 22644/2022, de tres de octubre del año en curso, girado al Ayuntamiento Municipal Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero, a efecto de que sea emplazado al presente asunto. En consecuencia, con fundamento en la fracción II del artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase al Encargado de la Administración Postal de esta ciudad, para que dentro del término de tres días siguientes al en que reciba la notificación del presente proveído, informe el destino que guarda la pieza postal que ampara el oficio citado en el párrafo que antecede y dirigido al Juez de Paz que ahí se precisa. Apercibido que, de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización , lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo y del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. En otro orden, aagréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, mediante el cual desahoga el requerimiento de veintiocho de octubre de esta anualidad, y al efecto remite copia certificada de las constancias de notificación realizado a las partes del auto de veintiuno de octubre de esta anualidad, en el expediente laboral 317/2007, con las que se ordena dar vista a las partes, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda. Para dar margen a que se cumpla con lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo. Finalmente, se ordena la notificación del presente proveído a la autoridad responsable y tercero interesado por medio de lista que se fije en los estrados de éste órgano jurisdiccional, toda vez que el presente acuerdo constituye un acuerdo de trámite de menor trascendencia.

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