Claudia Elizabeth Camacho Ramírez y Otros.

Expediente 1438/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1438/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
30/11/2022

Partes del expediente

  • Claudia Elizabeth Camacho Ramírez y Otros.
  • Claudia Elizabeth Camacho Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; treinta de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que tuvo por no presentada la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes; archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15 del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Una vez cumplido el término a que se refiere el punto anterior, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 21. 3. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diez de noviembre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito presentado vía electrónica a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación por ***, autorizado en términos restringidos de la parte quejosa, con el cual, pretende desahogar la prevención de veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Al respecto, cabe precisar que de conformidad con el artículo 6 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que la ley lo permita expresamente y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor. Ahora, por firma autógrafa, se entiende según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española: "Nombre y apellido, o título de una persona que ésta pone con rúbrica al pie de un documento escrito de mano propia o ajena, para darle autenticidad o para obligarse a lo que en él dice". El vocablo "firma" proviene del latín firmare, cuyo significado es afirmar o dar fuerza. A su vez, la palabra "firma", se define como "Afirmar, dar firmeza y seguridad a una cosa" (diccionario citado). En este orden de ideas y trasladando los mencionados conceptos al campo del derecho constitucional, debe decirse que la firma consiste en asentar al pie del escrito el nombre y apellido de la persona que lo emite, en la forma en que acostumbra hacerlo, con el propósito de expresar la voluntad de las partes de ejercer un derecho. Ahora, el artículo 3 de la Ley de Amparo establece que los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. Para dar cumplimiento a lo anterior, se emitió el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que en sus artículos 2º, fracción XVI y 45, establecen lo siguiente: "Artículo 2. Para los efectos de este Acuerdo General se entenderá por: [.] XVI. Firma electrónica: documento electrónico expedido por alguna de las autoridades certificadoras intermedias que asocia de manera segura y fiable la identidad del Firmante con una Llave Pública, permitiendo con ello identificar quién es el autor o emisor de un Documento Electrónico. Para efectos del presente Acuerdo General se comprenden en este concepto la FIREL, la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), y las firmas electrónicas o certificados digitales emitidos por otros órganos del Estado con los cuales el PJF haya celebrado convenios para el reconocimiento de certificados digitales homologados. Resulta aplicable a esto último lo previsto en el artículo 5, párrafo segundo, del "Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico. [.] Artículo 45. Para la presentación de solicitudes, demandas y otros escritos iniciales de manera electrónica, con excepción de las señaladas en la sección previa, las personas usuarias ya registradas deberán ingresar al Portal, señalando el "Nombre de Usuario y Contraseña" que generaron al momento de registrarse conforme al artículo 16 del presente Acuerdo General, o bien, lo harán con su Firma Electrónica vigente. Hecho lo anterior, ingresarán al módulo para presentar demandas, solicitudes y escritos iniciales, y elegirán el apartado para presentar escritos de demanda, donde señalarán el nombre del quejoso, una cuenta de correo electrónico en caso de contar con ella, y seleccionarán la OCC de los órganos jurisdiccionales a los que se solicite el amparo o, en caso de que no exista, la Oficialía de Partes del órgano jurisdiccional. Posteriormente, deberán ingresar el archivo electrónico que contenga la demanda, utilizarán el formato predeterminado o llenarán el cuadro de texto en blanco que se encontrará a su disposición. Finalmente, agregarán a la solicitud o escrito de demanda su Firma Electrónica vigente, capturarán un código de seguridad y lo enviarán. Asimismo, podrán enviar los archivos electrónicos que contengan documentos anexos al escrito de demanda". De la anterior transcripción, se advierte que para la presentación de una promoción o solicitud a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), es necesaria la Firma Electrónica vigente, que permite identificar quién es el autor o emisor del documento presentado. En el caso que nos ocupa, si bien, el escrito fue presentado a través del Portal de Servicios en Línea, debe decirse que la evidencia criptográfica que se encuentra anexa a éste, así como el registro que aparece en cada una de las fojas que lo compone, se tiene que el mismo fue firmado electrónicamente por su autorizado ***, y no por la quejosa ***. Sin que pase inadvertido para la suscrita, que al calce del escrito aparezca una firma, que aparentemente corresponde a la directa quejosa, sin embargo, al haber sido presentada vía electrónica, resulta ser una simple reproducción de la que en su caso existe en original. En consecuencia, no ha lugar a tener por presentado el escrito de cuenta, ya que no se encuentra firmado electrónicamente por la quejosa, y no puede considerarse como que ésta lo firmó, por lo que resulta claro que no manifiesta su pretensión de presentarlo. Orienta lo anterior, por el espíritu que informa, la jurisprudencia P./J. 32/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE." Notifíquese.

  3. Principal

    CON APOYO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE VEINTISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos de las siguientes autoridades responsables: 1. Juez de Control de la Región Uno, del Ejido Lázaro Cárdenas, municipio de Cintalapa de Figueroa. 2. ***, Fiscal del Ministerio Público de la Fiscalía de la Mujer. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 1438/2022-1-C. PREVENCIÓN Ahora, el artículo 108 de la Ley de Amparo señala: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación." Por otro lado, el artículo 261 de la ley en comento, dispone: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos". Por su parte, el artículo 114 del mismo ordenamiento, dice: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Atendiendo a lo anterior, a efecto de estar en aptitud de proveer lo conducente, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días siguientes al en que surta efectos su legal notificación: a) Exprese de manera clara y específica el acto o actos que atribuye, así como las autoridades a las que se los se los atribuye. Lo anterior, tomando en consideración que en el apartado correspondiente, señala lo siguiente: "(.) IV.- Acto Reclamado: Del C. Juez de control de la región uno, del ejido de lázaro cárdenas, municipio de Cintalapa de Figueroa, Lic. ***, reclamo la Resolución de fecha 05 de septiembre del 2022, por medio del cual resolvió etapa de Audiencia intermedia de la causa penal número ***, en donde dejo en estado de indefensión a la hoy victima ya que le ha negado su derecho de ser escuchada en juicio oral, con la finalidad de que el juzgador admita su testimonio, por lo que ha violado el debido proceso, así como el principio de igualdad de partes, trasgrediendo los derechos establecidos en la ley general de atención a víctimas. Por parte de la Fiscal del Ministerio Publico y Asesor jurídico *** en la Causa Penal *** por dejar en estado de indefensión a la víctima ya que le negó el principio del debido proceso al NO integrar debidamente la Carpeta de Investigación al negarle a la víctima ser escuchada en juicio y al no incorporar debidamente medios de pruebas como la Documental de atestado de nacimiento de la hija de la víctima, quien es testigo de los hechos, ya que se agrega por medio de la declaración de la víctima, en DONDE EN ETAPA INTERMEDIA SE DEJA ESTABLECIDO LA NEGACION DE DECLARAR EN JUICIO A LA VICTIMA, de un delito de Feminicidio en grado de tentativa establecido en el numeral 164 bis fracción I y V con relación al numeral 21 y 82 correlacionado con el numeral 10, 14, párrafo primero y segundo, fracción I, 15 párrafo primero y segundo 19 fracción II del CPCH." Asimismo, en el apartado señalado como III. Legitimación para promover el juicio de amparo, refiere: "(.) por tanto me asiste el interés jurídico para reclamar sobre la resolución del Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal, Zona 01, Tuxtla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas de 05 de septiembre de 2022. (.)". Y, de los conceptos de violación, se aprecia lo siguiente: "(.) sino que además se está re victimizando a las mujeres dejándonos en completo estado de indefensión al no sustanciar de manera adecuada el recurso de apelación presentada en contra del auto que se reclama, sino también me está negando el acceso a mis derechos victímales faltando a la perspectiva de género para promover y comprometiendo la responsabilidad internacional del Estado (.)". Situación que genera incertidumbre para quien esto determina, pues no se conoce con exactitud los actos que serán motivo de análisis en la presente instancia, ni las autoridades a las que se les atribuyen, esto es, si su intención es reclamar: a) La resolución de cinco de septiembre de dos mil veintidós, emitida en la causa penal ***, atribuida al Juez de Control de la Región Uno, del Ejido de Lázaro Cárdena, municipio de Cintalapa de Figueroa; b) La negativa del Fiscal del Ministerio Público y Asesor Jurídico ***, de incorporar la declaración de la víctima (aquí quejosa), así como el atestado de nacimiento de su hija; c) La negativa de sustanciar el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución de cinco de septiembre de dos mil veintidós, emitida en la causa penal citada, y si dicho acto se lo reclama a la Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal, Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas; o bien, d) La resolución de cinco de septiembre de dos mil veintidós, emitida por el Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal, Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas. Lo que resulta necesario precisarse para que las autoridades responsables rindan con claridad sus informes de ley en relación con los actos impugnados y para que este órgano de control constitucional pueda estudiar su legalidad, en los términos en que se haga la petición. Tiene aplicación a lo anterior, por el espíritu que informa, el criterio sostenido por el entonces Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, en la tesis número XX.57 K, cuyo rubro dice: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS". De igual forma, la promovente deberá subsanar lo siguiente: b) Bajo protesta de decir verdad y apercibido de las penas en que incurren los solicitantes del amparo que al formular su demanda afirman hechos falsos u omiten los que le consten en relación con el juicio de garantías, precise como se desarrolló la etapa intermedia, además señale si en contra de la resolución cinco de septiembre de dos mil veintidós, emitida en la causa penal ***, hizo valer algún medio de impugnación. Lo anterior, toda vez que se estima indispensable para establecer el contexto de la actuación reclamada, máxime que para dar cumplimiento a la exigencia prevista por el artículo 108, fracción V, de la ley de la materia, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías. Cobra vigencia al caso, la tesis I.7o.A.100 K, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del rubro siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN." Así como el criterio Sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en la Tesis VI.1o.C.18 K del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL PREVENIR AL QUEJOSO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE EXPRESAR CON CLARIDAD Y PRECISIÓN LAS IRREGULARIDADES O DEFICIENCIAS QUE DEBEN LLENARSE PARA QUE EL QUEJOSO ESTÉ EN APTITUD DE SUBSANARLAS. APERCIBIMIENTO Se apercibe a la promovente que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo concedido, de acuerdo a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoprimer Circuito, en la tesis de jurisprudencia XI.2o.55 K que a la letra reza: "DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO ES LEGAL CUANDO NO SE CUMPLE CON LAS PREVENCIONES QUE SE HACEN". DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad el que indica para tales efectos. Asimismo, se tienen como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que refiere, por así haberlo solicitado expresamente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Además, hágase del conocimiento del fedatario de la adscripción, que para el caso de que tenga a bien de realizar alguna notificación personal, deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para evitar el contacto físico, siguiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por coronavirus (COVID-19), para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, emitido por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, y empleando el equipo de protección proporcionado para ello. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" Finalmente, en cumplimiento al artículo 2, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", utilizando los medios electrónicos disponibles en el Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado Jueza Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Comitán, Chiapas, con el cual, devuelve sin diligenciar el despacho 236/2022, orden 391/2022, del índice de este juzgado, que se envió para llevar a cabo la inspección judicial ordenada en el presente asunto. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de comunicaciones oficiales y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Atento a lo anterior, resérvese proveer lo conducente en cuanto a su contenido, en tanto se resuelva la aclaración de sentencia en el recurso de queja ***. Notifíquese.

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