Claudia Elena Sandoval Vázquez
Expediente 1647/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1647/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 16/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Claudia Elena Sandoval Vázquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Notifíquese personalmente. (III)
- Principal
Se notifica por lista a la quejosa auto de dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve...Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer dicho medio de impugnación; por tanto, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y envíese al archivo. En cumplimiento a la fracción I del artículo vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, se establece que este expediente es destruible. Ahora bien, de autos se desprende que la parte quejosa acompañó a su escrito inicial de demanda documento original; prevéngasele para que acuda a este juzgado dentro del plazo de noventa días a recogerlo, apercibida que en caso de no hacerlo, se le dará el mismo destino que al expediente. Finalmente, de conformidad con el segundo párrafo del punto Décimo Primero, en relación con el último párrafo del punto Vigésimo Primero, ambos del Acuerdo General antes mencionado, al advertirse que el presente juicio no actualiza alguno de los supuestos previstos en el último de los puntos indicados, ni se observa que se trate de archivo de carácter histórico o se haya emitido alguna resolución de trascendencia jurídica, política, social o económica; por tanto, el presente asunto no es de relevancia documental...(III)
- Principal
Se notifica por lista a la quejosa auto de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve...Visto el escrito aclaratorio de cuenta, presentado por la quejosa. mediante el cual hace diversas manifestaciones; en atención a su contenido, se le tiene cumpliendo con la prevención que le fuera formulada en auto de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. -Desechamiento- De la lectura integral del escrito inicial de demanda y aclaratorio, así como de los anexos que se acompañan, se advierte que la quejosa reclama -ostentándose como tercera extraña al procedimiento- el embargo de bienes muebles propiedad de la sociedad conyugal derivada de su matrimonio con el demandado., en el juicio., que fue trabado el día doce de noviembre de dos mil diecinueve, en cumplimiento a la sentencia interlocutoria dictada el diez de junio anterior por el Juez Mixto de Primera Instancia del Cuarto Partido Judicial de Rincón de Romos, Aguascalientes, en donde se condena a su cónyuge, al pago inmediato de la cantidad de. -Desechamiento- El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el órgano jurisdiccional que conozca de la demanda, la examinará y si encuentra motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Sobre el alcance de la expresión "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se cita la jurisprudencia P./J. 128/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIV, octubre de 2001, página 803, con rubro y texto: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción VI, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; ." De lo anterior se colige que el juicio constitucional procede contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas, y al respecto resulta pertinente precisar que tanto la doctrina como la jurisprudencia utilizan indistintamente la expresión de persona extraña y de tercero extraño al referirse a la procedencia del amparo indirecto previsto en la fracción VI del artículo 107 ya citado. No obstante, acorde con las interpretaciones sustentadas por el Alto Tribunal de la Nación, el concepto de persona extraña al juicio es más amplio que el de tercero extraño, porque en aquél se incluye también al propio demandado cuando no es emplazado, o cuando los vicios en el emplazamiento le impiden conocer los datos necesarios para defenderse. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 107, fracción VI, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluido en este concepto, por equiparación, como ya se dijo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Sobre el particular resulta aplicable la tesis de jurisprudencia del Pleno 7/98, visible con el registro 196932, en la página 56 del tomo VII, enero de 1998 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto se reproduce a continuación: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Así, persona extraña puede ser quien no es parte en el juicio de origen o quien tiene el carácter de parte, pero que debido a que no ha sido llamada al mismo o el llamamiento se hizo de forma ilegal, desconoce su existencia. Ahora bien, de las manifestaciones expuestas por la promovente en su escrito de demanda de amparo y aclaratorio, mismos que constituyen una confesión de su parte en términos de lo dispuesto por el artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia por disposición de su numeral 2°, así como de los anexos exhibidos, se advierte lo siguiente: 1. Que la quejosa, contrajo matrimonio con-parte demandada en el juicio de origen- bajo el régimen de sociedad conyugal, como se advierte de la copia certificada del acta respectiva (foja 9). 2. Que el día doce de noviembre de dos mil diecinueve, se trabó embargo de bienes muebles propiedad de la sociedad conyugal mencionada, en cumplimiento a la sentencia interlocutoria dictada por el Juez Mixto de Primera Instancia del Cuarto Partido Judicial de Rincón de Romos, Aguascalientes, el diez de junio anterior, en donde se condenó, al pago inmediato de la cantidad de 3. La promovente refiere que los bienes muebles objeto de embargo -relacionados en el acta de embargo que exhibe- pertenecen al fondo de la sociedad conyugal, por lo que se trabó secuestro judicial sobre ellos, a pesar de ser propietaria del cincuenta por ciento de los mismos, por lo que no ha sido oída y vencida en juicio. En la especie, como se anticipó, la quejosa, no tiene la calidad de tercera extraña a juicio con la que acude al juicio de amparo, al encontrarse representados sus intereses respecto de los bienes muebles secuestrados en litigio por medio de su esposo -quien sí es parte en el juicio-, como se verá en los párrafos siguientes. Al respecto, la Primera Sala del Máximo Tribunal al resolver la contradicción de tesis 38/99 de su índice, determinó -en lo que interesa-, lo siguiente: ? Que dentro del régimen de sociedad legal, la regla es que todos los bienes adquiridos por los consortes durante su matrimonio forman parte del fondo común, y la excepción es que el bien no forme parte de dicho caudal, en cuyo caso debe tratarse de uno de los expresamente contemplados por el legislador. ? Que las deudas individuales se pueden pagar con bienes comunes y viceversa, engendrándose una relación de acreedor-deudor entre los propios cónyuges y de los cónyuges hacia la masa hereditaria. ? Que las reclamaciones que se enderezan contra uno solo de los cónyuges, surten efectos de cosa juzgada para ambos y el otro no puede considerarse como tercero extraño a ella. Las anteriores consideraciones dieron lugar a la jurisprudencia 1ª./J. 82/2001 de rubro y texto siguientes: "SOCIEDAD LEGAL. NO TIENE EL CARÁCTER DE TERCERO EXTRAÑO AL PROCEDIMIENTO UNO DE LOS CÓNYUGES EN EL JUICIO SEGUIDO EN CONTRA DEL OTRO, AUN CUANDO SE EMBARGUEN BIENES COMUNES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA). ** subrayado añadido. Conviene precisar que los preceptos analizados en la referida contradicción de tesis son sustancialmente idénticos a los contemplados por el Código Civil del Estado de Aguascalientes respecto a la institución del matrimonio, por lo que los argumentos ahí esgrimidos son plenamente aplicables al análisis de la improcedencia en este controvertido. De esa manera, cabe establecer que la institución del matrimonio deriva de un contrato que genera derechos y obligaciones para los contrayentes. Al respecto el Código Civil de Estado de Aguascalientes en sus artículos 174, 175, 176, 177 y 207, determina lo siguiente: "Artículo 174. El matrimonio se celebrará bajo el régimen de sociedad conyugal o bajo el de separación de bienes. Artículo 175. La sociedad conyugal puede ser voluntaria o legal. Artículo 176. La sociedad voluntaria se regirá estrictamente por las capitulaciones matrimoniales que la constituyan: en todo lo que no estuviere expresado en ellas de un modo terminante regirán los preceptos que arreglan la sociedad legal. Artículo 177. La sociedad voluntaria y la legal se regirán por las disposiciones relativas a la sociedad común en todo lo que no estuviere comprendido en los capítulos relativos de este Código. Artículo 207. El régimen de sociedad legal, consiste en la formación de un patrimonio común diferente de los patrimonios propios de los consortes y cuya administración corresponde a cualquiera de los cónyuges, de acuerdo a lo que ellos mismos decidan." De los preceptos anteriores, se advierte que el matrimonio se puede celebrar bajo dos regímenes patrimoniales: i) separación de bienes o ii) sociedad conyugal y que a su vez, está puede ser a) voluntaria o b) legal. Cabe indicar que las capitulaciones matrimoniales son pactos que los esposos celebran para constituir una sociedad voluntaria o de separación de bienes, y para administrar estos en uno u otro caso . El régimen de sociedad legal consiste en la formación de un patrimonio común diferente de los patrimonios propios de los consortes y cuya administración corresponde a cualquiera de los cónyuges, de acuerdo a lo que ellos mismos decidan . A falta de capitulaciones expresas, se entiende celebrado el matrimonio bajo el régimen de sociedad legal . De lo anterior, es válido concluir que la sociedad conyugal debe ser considerada como una comunidad de bienes entre los consortes que por principios de equidad y justicia, consecuentes con la situación de mutua colaboración y esfuerzos que vinculan a los cónyuges, les da derecho igual sobre los bienes. Bajo tales premisas, es inconcuso que el matrimonio entre la promovente y el tercero, se contrajo bajo el régimen de sociedad conyugal -tal como se advierte del acta de matrimonio que anexó la quejosa a su escrito de demanda-, pues éste se perfeccionó con el mero consentimiento de las partes y su existencia no está condicionada al establecimiento de capitulaciones matrimoniales, como lo dispone el artículo 209 del Código Civil del Estado de Aguascalientes. Ahora, como ya se dijo en la sociedad legal, el patrimonio común es diverso al de los consortes; sobre el tema la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que los bienes adquiridos durante la vigencia del matrimonio celebrado bajo el régimen de sociedad conyugal pasan a formar parte del fondo común, salvo prueba en contrario. Bajo esa tesitura, de la lectura de los artículos 210 y 212 del Código Civil del Estado de Aguascalientes -que establecen cuáles bienes forman parte del caudal y cuáles son propios de los cónyuges-, se advierte que los bienes adquiridos durante la vigencia del matrimonio, sea a título oneroso, gratuito, a costa del caudal común o derivado del ejercicio de la profesión u oficio de uno de los cónyuges, forman parte del fondo común a excepción de los establecidos por el citado precepto 210 del código de referencia. La conclusión anterior resulta de relevancia en el caso en estudio, pues la promovente aduce que a raíz de que contrajo matrimonio con el deudor en el juicio génesis, comenzaron a generarse con costo para ambos, varios bienes muebles que ahora son objeto del secuestro reclamado, lo que conduce a la conclusión de que no puede estimarse a la primera como tercera extraña a la controversia y, por ende, con el acto reclamado no se afecta derecho de propiedad alguno, ni existe obligación de que sea escuchada en el juicio seguido en contra del otro consorte, por las siguientes consideraciones. Al respecto conviene transcribir los artículos 208, 215 y 223 de la legislación adjetiva en comento, que determinan lo siguiente: "Artículo 208.- Ninguno de los cónyuges puede considerarse como tercero respecto de la sociedad por lo que ve a obligaciones a cargo de ésta que afecten los bienes sociales. Artículo 215.- El dominio y posesión de los bienes comunes reside en ambos cónyuges, mientras subsista la sociedad; pero las acciones en contra de ésta o sobre los bienes sociales serán dirigidas contra el administrador. Las reclamaciones relativas a obligaciones que son carga de la sociedad legal procederán contra el administrador y lo decidido en el Juicio en que intervino produce autoridad de cosa juzgada, respecto de la sociedad legal y del otro cónyuge como miembro de ésta. Constituido el patrimonio familiar conforme a las reglas de este Código, los cónyuges no pueden ejercer actos de dominio sobre los bienes afectos a éste, y las reclamaciones relativas a obligaciones de la sociedad no pueden cumplirse con los bienes que forman parte del patrimonio familiar. Artículo 223.- Las deudas contraídas durante el matrimonio por ambos o por uno de los cónyuges son carga de la sociedad legal sin perjuicio de la responsabilidad del cónyuge directamente obligado que puede hacerse efectiva sobre los bienes propios. Al liquidarse la sociedad, el cónyuge que hubiere pagado con bienes propios deudas a cargo de la sociedad legal, será acreedor de ésta, por el importe de aquéllas. Quedan exceptuados los bienes afectos al patrimonio familiar legalmente constituido, para el pago de deudas contraídas por los cónyuges y que sean carga de la sociedad legal o sólo de cada uno de ellos." ** subrayado añadido. De los preceptos transcritos se obtiene que, ninguno de los cónyuges puede considerarse como tercero respecto de la sociedad por lo que ve a obligaciones a cargo de ésta que afecten los bienes sociales; asimismo, que las reclamaciones relativas a obligaciones que son carga de la sociedad legal procederán contra el administrador y lo decidido en el juicio en que intervino produce el estado de cosa juzgada, respecto de la sociedad legal y del otro cónyuge como miembro de ésta. De igual manera, se advierte que las deudas contraídas durante el matrimonio por alguno de los cónyuges serán a cargo de la sociedad legal. Así, tal como lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si uno de los cónyuges no fue oído y vencido en el juicio seguido contra el otro -en el cual se afectaron bienes comunes-, éste último no debe ser considerado tercero extraño al juicio, pues sus intereses respecto del bien afecto se encuentran representados por el diverso cónyuge que sí es parte en el juicio, esto, pues ninguno de los consortes puede considerarse tercero respecto a la sociedad y las obligaciones a su cargo, incluso, al considerar la propia ley que la sentencia que se dicte en contra de uno de ellos tiene efectos de cosa juzgada frente al otro. En el caso en estudio, el secuestro de bienes reclamado deriva del cumplimiento a una sentencia interlocutoria en la que se condena al cónyuge de la accionante al pago de la cantidad de dinero ya precisada en supra líneas; por lo que, atendiendo a lo establecido por el Alto Tribunal, y ante el reconocimiento expreso por la promovente, en el sentido que los bienes sujetos a embargo forman parte del fondo común de la sociedad legal de los referidos consortes, fuerza concluir el inexistente carácter de tercera extraña con el que insta esta vía constitucional. Así, atendiendo a que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las reclamaciones que se enderezan contra uno solo de los cónyuges, surten efectos de cosa juzgada para ambos respecto de los bienes comunes y derivado de que en el juicio de origen del índice de la autoridad responsable, es parte formal, por tanto, lo intereses que pueda tener la quejosa respecto de los bienes muebles objeto de embargo, son representados por aquél en el juicio de origen, por lo que no se le puede reconocer el carácter de tercera extraña a . Lo anterior, tomando en consideración que el secuestro judicial practicado en el procedimiento de referencia respecto de los bienes muebles pertenecientes a la sociedad legal, fueron del conocimiento del cónyuge demandado, que sí es parte en el procedimiento, por lo que de conformidad con lo antes expuesto, no le recae el carácter de tercera extraña en el juicio de origen a la quejosa, pues no se le afectó derecho de propiedad alguno, y por tanto, no existe obligación alguna de que sea escuchada en el referido procedimiento, seguido en contra del diverso consorte . En las relatadas consideraciones, al actualizarse de manera notable, indudable y manifiesta, la causal de improcedencia invocada, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por... Como corolario, debe decirse que admitir y dar trámite al juicio de amparo a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que el promovente interponga oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23 de la Novena Época, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en la página 921, Tomo XXIV, Julio de 2006, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto es el siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. .. Además, si bien del contenido de los artículos 1° y 17 de la Constitución Federal, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se advierte que privilegian el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que no tienen el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance -que en la especie se traduce en la promoción del juicio de amparo indirecto, contra actos que afecten en grado predominante derechos fundamentales-. Estimar lo contrario, equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales, convencionales y legales que rigen la función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función dado que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, aunado a que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables. Tiene aplicación, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Libro XIV, Noviembre de 2012 Tomo 2, décima época, página 1587, con el siguiente rubro y texto: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL...(III)
- Principal
Notifíquese personalmente a la promovente.(III)
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