Claudia Elena Romo García
Expediente 1531/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1531/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 27/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Claudia Elena Romo García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación de la secretaria de este juzgado, en el sentido de que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de queja que establece el artículo 97, fracción I, inciso a, de la propia ley; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, se declara que el proveído de seis de diciembre de dos mil dieciocho, en el que se desechó la demanda, ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de fecha quince de octubre de dos mil nueve; hágase del conocimiento de las partes, que el presente expediente, de acuerdo a sus particularidades es susceptible de destrucción, una vez transcurridos los cinco años que establece el primer párrafo del punto vigésimo primero del aludido acuerdo, contados a partir de esta fecha, toda vez que el presente asunto no tiene relevancia documental, a virtud de que no se trata de delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni de aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales, no es relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes y tampoco se considera que en él se haya adoptado alguna resolución que tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Se notifica por lista a la promovente Vista la diligencia que antecede practicada a la promovente ..., aparece que ratifica el contenido y firma de su escrito presentado el veintiocho de noviembre de este año, por el cual aclara su demanda de amparo en los términos requeridos; por tanto, agréguese dicha constancia para que surta los efectos legales conducentes. Ahora bien, conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia se desechará de plano. El dispositivo en consulta señala: (...) En efecto, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, incluso, en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. A mayor abundamiento, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas ni reticencias, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. (...) De este modo, al examinar integralmente la demanda de amparo y su aclaración, esta juzgadora advierte de manera oficiosa la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el numeral 1, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Los preceptos legales precitados establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". De los preceptos ya transcritos, se pone de manifiesto la finalidad que rige el juicio de amparo, consistente en resarcir a los particulares por actos de autoridad violatorios de las garantías individuales, por lo que es evidente que el juicio de amparo es improcedente cuando se promueve con el objeto de resolver conflictos entre particulares. Sentado lo anterior, debe decirse que en el caso concreto, la parte quejosa reclama la inscripción de un aviso preventivo en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Ciudad Lerdo, Durango, derivado de una operación de compraventa que pretende realizar su cónyuge José Alberto Solís, respecto de un inmueble que pertenece a la sociedad conyugal, lo que aduce es ilegal porque se intenta realizar sin su consentimiento; por ende, la promovente solicita la protección constitucional con la intención de que esa venta no se verifique. Es decir, la quejosa refiere que la autoridad responsable pretende convalidar y dar efectos jurídicos a un acto traslativo de dominio, sin existir consentimiento ni la intervención de dicha peticionaria de amparo, no obstante ser propietaria del cincuenta por ciento de tal inmueble, ello virtud a los gananciales que le corresponden sobre tal bien al estar casada José Alberto Solís, bajo el régimen de sociedad conyugal. En esa virtud, esta juzgadora estima, que dado el planteamiento de la demanda de amparo, la quejosa, al promover el presente juicio constitucional, pretende que el registrador responsable cancele la inscripción de un aviso preventivo derivado de un inminente acto traslativo de dominio (venta), que dice pretende celebrar su cónyuge José Alberto Solís, respecto del inmueble que dice tener en sociedad conyugal con dicha persona. Sobre el tema, cabe resaltar que el artículo 2908 del Código Civil para el Estado de Durango, establece lo siguiente: "Las inscripciones pueden cancelarse por consentimiento de las partes, por resolución del titular del Registro Público de la Propiedad o por sentencia judicial". Por su parte, el artículo 156, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles para el propio Estado, dispone: "Es juez competente: . III. El de la ubicación de la cosa si se ejercita una acción real sobre bienes inmuebles, lo mismo se observará respecto a las cuestiones derivadas del contrato de arrendamiento de inmueble [.]". De la interpretación armónica de los preceptos transcritos, se desprende que expresamente prevén como acción civil autónoma la cancelación de las inscripciones efectuadas en el Registro Público de la Propiedad del Estado de Durango; de ahí que, esta juzgadora considera que la parte quejosa previamente a la promoción del juicio de garantías, debió promover ante la autoridad del fuero común el juicio correspondiente, en el que ejercitara la acción civil prevista en el artículo 2908 del Código sustantivo Civil del Estado de Durango, o bien la acción de nulidad correspondiente al acto traslativo de dominio que generó el aviso preventivo impugnado, a fin de que sea el juez del fuero común, quien determine si procede o no la cancelación de la inscripción del referido aviso; de ahí que al no hacerlo, es incuestionable que en la especie se configura la causal de improcedencia precitada. Ello es así, pues conforme a la segunda de las disposiciones mencionadas, la finalidad del juicio constitucional es la de resarcir a los particulares por actos de autoridad violatorios de las garantías individuales; por lo que entonces, el juicio de amparo no puede tener por objeto resolver conflictos entre particulares; en este sentido, si en las leyes comunes (como son los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles para el Estado de Durango) se establece un determinado procedimiento para dirimir un conflicto entre particulares, es inconcuso que los órganos de control constitucional no pueden sustituirse a la autoridad del fuero común en el conocimiento de tal conflicto. En consecuencia, en el caso concreto, no existe otra forma para la cancelación del registro relativo al aviso preventivo de la compraventa de inmueble que dice la quejosa pretende celebrar su cónyuge José Alberto Solís, respecto del inmueble en cuestión, que el mutuo consentimiento de las partes que intervinieron en el contrato, o por sentencia de la autoridad judicial. Por tanto, antes de ocurrir el juicio de garantías contra una inscripción hecha indebidamente, debe contradecirse ese acto ante la autoridad judicial competente, toda vez que los motivos o causas que apoyan el registro o cancelación, son del conocimiento exclusivo de la autoridad judicial común, que es la que debe decidir sobre la validez del título y sobre de si cumple los requisitos formales externos y si, además, cumple los que exige la ley para su inscripción; por lo que esta autoridad federal no puede sustituirse en el criterio de la autoridad judicial, ni tampoco infringir las disposiciones legales que regulan el procedimiento de cancelación, a lo que equivaldría la concesión del amparo, pues su efecto sería ordenar una cancelación de registro, no contendida previamente. No obsta a lo anterior, el hecho de que en el caso se esté imputando un acto a una autoridad, como es el Registrador del Registro Público de la Propiedad de Torreón, toda vez que ese acto no es combatido por vicios propios, sino sólo como consecuencia de un acto entre particulares, como lo es el acto traslativo de dominio celebrado por el esposo de la quejosa, con una tercera persona, sin su consentimiento o intervención, esto es, en el fondo lo que pretende la quejosa es que se dirima un conflicto entre ella y las partes que celebraron el contrato de compraventa cuya cancelación pretende. Esto es así, pues en el juicio natural que se pueda llegar a promover con el propósito de nulificar la inscripción, el registrador público debe ser oído, teniendo obligación legal de acatar lo que se resuelva en la sentencia ejecutoria que llegue a dictarse; lo anterior, sin perjuicio de que los particulares interesados puedan promover el juicio constitucional contra la sentencia definitiva que solucione la controversia. ... En las relatadas consideraciones, al sobrevenir de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia invocada, lo procedente es DESECHAR de plano la demanda de garantías, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Apoya lo expuesto el criterio del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, contenido en la página 1631, tomo XX, septiembre de 2004, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece lo siguiente: (...) También el criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Segundo Circuito, publicado en la página 618, tomo V, mayo de 1997, del Semanario Judicial de la Federación, Novena época, que dice lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO POR CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA. ÉSTA DEBE ESTAR PLENAMENTE PROBADA. Para desechar una demanda de amparo por causa notoria y manifiesta de improcedencia se requiere que la causal sea indudable, esto es, que esté plenamente demostrada, pues en caso contrario, es indispensable admitir la demanda a trámite, para que en el curso del procedimiento se dilucide si efectivamente se actualiza o no la causal, pues no debe olvidarse que las causales de improcedencia deben estar debidamente acreditadas por ser denegatorias de justicia, y si al acordar sobre la admisión de la demanda tal causal no está fehacientemente probada, y pese a ello se desecha aquélla, se estaría privando al afectado de su derecho a instar el juicio constitucional sin posibilidad de prueba al respecto". Por otro lado, es menester destacar que el análisis de las causas de sobreseimiento, constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia; además, las causas de sobreseimiento establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo. Al respecto, es dable invocar la tesis III.2o.C.3 K (10a.) sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la Décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 3, página 2066, consultable con el epígrafe y contenido siguientes: (...) ...
- Principal
Se notifica por lista a la promovente Agréguese el escrito de cuenta signado por la promovente ..; ahora bien, advirtiéndose que la firma que aparece al calce del mismo resulta notoriamente distinta de las que obran asentadas en autos, a fin de acordar lo que en derecho corresponda, se requiere a la promovente, para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca ante este juzgado de distrito, con documento oficial que la identifique, a ratificar la firma que calza el escrito de cuenta. Asimismo advertido de las penas en que incurre, en términos del artículo 247, fracción IV, del Código Penal Federal y del numeral 261 fracción I, de la Ley de Amparo, a quien faltare a la verdad, a ser interrogado por autoridad judicial. Apercibido de que en caso de no hacerlo dentro del término concedido para tal efecto, se tendrá por no presentado el escrito de cuenta.
- Principal
Se notifica por lista a la promovente Agréguese a sus antecedentes el escrito signado por la licenciada Kathya De La Fuente López, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, mediante el cual contesta la prevención formulada por este juzgado el veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho. A lo anterior, no ha lugar a tener a la compareciente por desahogando la prevención de referencia; lo anterior es así en virtud, de que si bien es cierto se encuentra autorizada con las amplias facultades del artículo 12 de la Ley de Amparo, en la prevención formulada se especificó que la parte quejosa, debería manifestar bajo protesta de decir verdad el punto que le fue requerido. Es decir, fue una prevención de hechos propios, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción V, del artículo 108 de la Ley de Amparo, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado de la quejosa en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la ley de la materia, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad, pues ello, se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a/J.88/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Unión, visible en la página 348, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, julio de 2006, Novena época, de la siguiente literalidad: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes". Asimismo, la tesis de jurisprudencia 2ª. 9, ubicable en la página 295, tomo III, primera parte del semanario Judicial de la Federación, Octava época, materia común, cuyo texto es el siguiente: "DEMANDA, ACLARACION DE LA. EL AUTORIZADO EN TERMINOS DEL ARTICULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, NO ESTA FACULTADO PARA HACERLA. El segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Amparo, antes de su reforma llevada a cabo en decreto de veintitrés de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, prescribía: "El agraviado y el tercero perjudicado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre a cualquier persona con capacidad legal. La facultad de recibir notificaciones autoriza a la persona designada para promover o interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas y alegar en las audiencias, pero no para substituir dichas facultades en un tercero". Por otra parte, en los términos del artículo 4o. de la Ley de Amparo, en materias diversas de la penal, el ejercicio de la acción constitucional corresponde al quejoso o a su representante, y, como todo acto que tienda a poner a la demanda en condición de ser admitida forma parte del ejercicio de la acción, sólo puede ser realizado por el quejoso o su representante. Además, de una recta interpretación del artículo 27, en comento, se concluye que la enumeración de las facultades de recibir notificaciones, promover o interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas y alegar en las audiencias, es limitativa y no enunciativa. Por tanto, las irregularidades que llegaren a encontrarse por el Juez de Distrito en el escrito de demanda deben ser subsanadas por el promovente del juicio de garantías o por su representante legal, y no deben tenerse por hechas las realizadas por el autorizado para oír notificaciones en los términos del artículo 27 de la Ley de Amparo. No obstante, cabe precisar que el autorizado sí puede presentar las copias de la demanda que sean necesarias, pues ello no implica el ejercicio de la acción de amparo, sino la realización de un acto material". Al igual que la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.), de la Primera Sala del Más Alto Tribunal del País, localizable en la página 210, libro 9, tomo I, agosto de 2014, Décima época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes". Por lo anterior, dígase al promovente que subsiste el requerimiento, término y apercibimiento efectuados en auto de veintiuno de noviembre del año en curso, en la inteligencia de que dicho término se interrumpe con la presentación del escrito de cuenta, el cual se reanudará al día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto. Cobra aplicación a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 1ª./J.39/2012 (10ª), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 400, libro VIII, mayo de 2012, tomo I del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Décima época, de la literalidad siguiente: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo". En el entendido de que deberá acompañar las copias suficientes de su escrito aclaratorio, para que sean distribuidas entre las partes.
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