Claudia Elena Martín del Campo Aguilar

Expediente 907/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 6 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
907/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
25/11/2021

Partes del expediente

  • Moises Martín del Campo Aguilar
  • Claudia Elena Martín del Campo Aguilar
  • Rosa María Martín de Campo Aguilar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. I. Causa ejecutoria. Vista la certificación que antecede, se advierte que las partes legitimadas no interpusieron recurso de revisión contra el auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. II. Archivo. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el artículo 21 del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. IV. No existen documentos. Se hace la aclaración que la parte quejosa no allegó al juicio principal algún documento que por sus características amerite proveer su devolución conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables.

  2. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. I. Sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que el cuatro de octubre del año en curso, se tuvo por recibido el informe justificado del Gobernador del Estado de Querétaro, con el cual, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se dio vista a la parte quejosa. Ahora, como lo impone el precepto 62 de la Ley de Amparo, del análisis de lo manifestado por la autoridad responsable antes citada y las constancias de mérito, se advierte la improcedencia del juicio constitucional al haber cesado en sus efectos el acto reclamado. Previo al análisis de la causal de improcedencia se estima necesario a manera de antecedentes relacionar los siguientes: "IV LEY O ACTO DE AUTORIDAD QUE DE LA AUTORIDAD SE RECLAMA. La omisión de dar trámite a nuestra queja notarial, obstruyendo de manera deliberada nuestro acceso a la justicia." . En apoyo a lo anterior tiene aplicación la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, Tomo XIX, abril de 2004, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Por su parte, la autoridad responsable al momento de rendir su informe, negó la existencia del acto reclamado, pues al efecto dijo que no existe tal omisión en virtud de que el once de agosto pasado, mediante acuerdo administrativo, admitió el escrito de queja prestado por los quejosos, en contra del titular de la Notaría Pública número Treinta y uno de esta ciudad, y por ende ordenó formar el expediente ............... y ordenó remitir copia del escrito de queja y sus anexos a la Comisión de Honor y Justicia del Consejo de Notarios del Estado de Querétaro, para que dentro del plazo de diez días hábiles, realizara las gestiones pertinentes para resolver la controversia. Asimismo, refirió que el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, el aludido notario, contestó la vista y dio contestación a la queja planteada, concediendo vista a los quejosos. Circunstancia que fue notificada a la parte quejosa el veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. Negativa que se desvirtúa, pues si bien la queja presentada por la parte quejosa aconteció con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo, lo cierto es que no tuvieron conocimiento de ello hasta el veintidós de septiembre actual. De ahí la existencia del acto reclamado. Lo que se corrobora con las documentales que allegaron a los mismos, los cuales al encontrarse certificados por funcionario en ejercicio de sus funciones adquieren valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. Cobra sustento la Jurisprudencia 226, visible en la página 153, del Tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que indica: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Ahora, no obstante la certeza del acto de autoridad, previo al estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causas de improcedencia que hagan valer las partes, o bien, de oficio se advierta que se actualicen, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En tal virtud, como previamente se estableció, este Juzgado advierte, se actualiza la causal de improcedencia en la fracción XXI del precepto 61 de la Ley de Amparo, porque han cesado los efectos del acto reclamado, como se explica enseguida. La disposición jurídica de que se habla, expresamente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" La cesación de efectos del acto reclamado se traduce en que el acto reclamado deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa al cesar su actuación, es decir, ello implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto. La causal de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin del juicio de amparo, que es restituir a la parte agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Luego, de la interpretación de los artículos 61, fracción XXI y 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio constitucional consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando las cosas han vuelto al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o, habiéndola irrumpido, no deja huella alguna. Ahora bien, la quejosa reclama la omisión de la autoridad responsable de tramitar la queja notarial contra el Notario Público número Treinta y Uno de esta ciudad. Empero, de las constancias que la autoridad responsable allegó a su informe justificado, se desprende que el once de agosto pasado, mediante acuerdo administrativo, admitió el escrito de queja prestado por los quejosos, en contra del titular de la Notaría Pública número Treinta y uno de esta ciudad, y por ende ordenó formar el expediente ................ y ordenó remitir copia del escrito de queja y sus anexos a la Comisión de Honor y Justicia del Consejo de Notarios del Estado de Querétaro, para que dentro del plazo de diez días hábiles, realizara las gestiones pertinentes para resolver la controversia. Asimismo, refirió que el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, el aludido notario, contestó la vista y dio contestación a la queja planteada, concediendo vista a los quejosos. Circunstancia que fue notificada a la parte quejosa el veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, según se advierte de la fotocopia certificada: Constancias que merecen valor probatorio pleno, al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por ser documentos públicos expedidos por funcionario en ejercicio de sus funciones. Resulta aplicable al caso, la tesis de Jurisprudencia número 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." De ahí que ello permita concluir que en el caso a la fecha no existe la omisión que los promoventes del amparo alegaron en su escrito de demanda, puesto que con posterioridad a la presentación de la demanda que dio origen al presente juicio, le fue notificado el resultado de la tramitación de la queja presentada ante la responsable. Por ende, es claro que en la especie, han cesado los efectos del acto reclamado, por haberse extinguido las omisiones combatidas, toda vez que al ser así, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, de tal manera que el acto ya no agravia a la quejosa, siendo ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que merezca ser suprimida por el otorgamiento del amparo solicitado. Apoya lo anterior la jurisprudencia 9/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210, del tomo VII de febrero de mil novecientos noventa y ocho, de la novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Asimismo el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis listada con el número 2a./J. 59/99, página 38, del Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En las relatadas consideraciones, al haberse actualizado en la especie la causa de improcedencia en el presente juicio, se impone necesario sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo con fundamento en los artículos 61, fracción XXI y 63 fracción V de la Ley de Amparo y por ende, se dejan sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Por último, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese personalmente; y por oficio a la autoridad responsable.

  3. Principal

    EN ESTA FECHA SIENDO LA PRIMER HORA HABIL SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCIÓN DE VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE A LA LETRA DICE: Santiago de Querétaro, Querétaro, veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. I. Sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que el cuatro de octubre del año en curso, se tuvo por recibido el informe justificado del Gobernador del Estado de Querétaro, con el cual, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se dio vista a la parte quejosa. Ahora, como lo impone el precepto 62 de la Ley de Amparo, del análisis de lo manifestado por la autoridad responsable antes citada y las constancias de mérito, se advierte la improcedencia del juicio constitucional al haber cesado en sus efectos el acto reclamado. Previo al análisis de la causal de improcedencia se estima necesario a manera de antecedentes relacionar los siguientes: "IV LEY O ACTO DE AUTORIDAD QUE DE LA AUTORIDAD SE RECLAMA. La omisión de dar trámite a nuestra queja notarial, obstruyendo de manera deliberada nuestro acceso a la justicia." . En apoyo a lo anterior tiene aplicación la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, Tomo XIX, abril de 2004, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Por su parte, la autoridad responsable al momento de rendir su informe, negó la existencia del acto reclamado, pues al efecto dijo que no existe tal omisión en virtud de que el once de agosto pasado, mediante acuerdo administrativo, admitió el escrito de queja prestado por los quejosos, en contra del titular de la Notaría Pública número Treinta y uno de esta ciudad, y por ende ordenó formar el expediente ............... y ordenó remitir copia del escrito de queja y sus anexos a la Comisión de Honor y Justicia del Consejo de Notarios del Estado de Querétaro, para que dentro del plazo de diez días hábiles, realizara las gestiones pertinentes para resolver la controversia. Asimismo, refirió que el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, el aludido notario, contestó la vista y dio contestación a la queja planteada, concediendo vista a los quejosos. Circunstancia que fue notificada a la parte quejosa el veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. Negativa que se desvirtúa, pues si bien la queja presentada por la parte quejosa aconteció con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo, lo cierto es que no tuvieron conocimiento de ello hasta el veintidós de septiembre actual. De ahí la existencia del acto reclamado. Lo que se corrobora con las documentales que allegaron a los mismos, los cuales al encontrarse certificados por funcionario en ejercicio de sus funciones adquieren valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. Cobra sustento la Jurisprudencia 226, visible en la página 153, del Tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que indica: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Ahora, no obstante la certeza del acto de autoridad, previo al estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causas de improcedencia que hagan valer las partes, o bien, de oficio se advierta que se actualicen, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En tal virtud, como previamente se estableció, este Juzgado advierte, se actualiza la causal de improcedencia en la fracción XXI del precepto 61 de la Ley de Amparo, porque han cesado los efectos del acto reclamado, como se explica enseguida. La disposición jurídica de que se habla, expresamente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" La cesación de efectos del acto reclamado se traduce en que el acto reclamado deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa al cesar su actuación, es decir, ello implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto. La causal de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin del juicio de amparo, que es restituir a la parte agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Luego, de la interpretación de los artículos 61, fracción XXI y 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio constitucional consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando las cosas han vuelto al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o, habiéndola irrumpido, no deja huella alguna. Ahora bien, la quejosa reclama la omisión de la autoridad responsable de tramitar la queja notarial contra el Notario Público número Treinta y Uno de esta ciudad. Empero, de las constancias que la autoridad responsable allegó a su informe justificado, se desprende que el once de agosto pasado, mediante acuerdo administrativo, admitió el escrito de queja prestado por los quejosos, en contra del titular de la Notaría Pública número Treinta y uno de esta ciudad, y por ende ordenó formar el expediente ................ y ordenó remitir copia del escrito de queja y sus anexos a la Comisión de Honor y Justicia del Consejo de Notarios del Estado de Querétaro, para que dentro del plazo de diez días hábiles, realizara las gestiones pertinentes para resolver la controversia. Asimismo, refirió que el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, el aludido notario, contestó la vista y dio contestación a la queja planteada, concediendo vista a los quejosos. Circunstancia que fue notificada a la parte quejosa el veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, según se advierte de la fotocopia certificada: Constancias que merecen valor probatorio pleno, al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por ser documentos públicos expedidos por funcionario en ejercicio de sus funciones. Resulta aplicable al caso, la tesis de Jurisprudencia número 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." De ahí que ello permita concluir que en el caso a la fecha no existe la omisión que los promoventes del amparo alegaron en su escrito de demanda, puesto que con posterioridad a la presentación de la demanda que dio origen al presente juicio, le fue notificado el resultado de la tramitación de la queja presentada ante la responsable. Por ende, es claro que en la especie, han cesado los efectos del acto reclamado, por haberse extinguido las omisiones combatidas, toda vez que al ser así, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, de tal manera que el acto ya no agravia a la quejosa, siendo ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que merezca ser suprimida por el otorgamiento del amparo solicitado. Apoya lo anterior la jurisprudencia 9/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210, del tomo VII de febrero de mil novecientos noventa y ocho, de la novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Asimismo el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis listada con el número 2a./J. 59/99, página 38, del Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En las relatadas consideraciones, al haberse actualizado en la especie la causa de improcedencia en el presente juicio, se impone necesario sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo con fundamento en los artículos 61, fracción XXI y 63 fracción V de la Ley de Amparo y por ende, se dejan sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Por último, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese personalmente; y por oficio a la autoridad responsable.

  4. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, quince de octubre de dos mil veintiuno. I. Estado de autos. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días que prevé el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado, pues éste se agregó el cuatro de octubre actual y se notificó al día hábil siguiente. II. Diferimiento. Por tanto, a fin de dar oportunidad a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificación. Notifíquese.

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