Claudia Edith Gonzaga Coronel

Expediente 805/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 9 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
805/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
07/09/2022

Partes del expediente

  • Claudia Edith Gonzaga Coronel

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, siete de septiembre de dos mil veintidós. Estado procesal del sumario. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiese recurrido la sentencia definitiva dictada el once de agosto de dos mil veintidós, en la que, en su único punto resolutivo, se negó el amparo solicitado. Firmeza del fallo definitivo. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la misma, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. Notificación a las partes y anotaciones respectivas. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se decreta archivo del presente juicio. En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Valoración documental. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica, en la hipótesis prevista en el artículo 18, párrafo primero, fracción I, b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte); por tanto, es susceptible de depuración. Transferencia del expediente principal. En virtud de lo anterior, de conformidad con el numeral 18, párrafos tercero y cuarto, del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años, contado a partir de que se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido, y terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia del presente expediente principal a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Asunto carece de relevancia documental, jurídica e histórica. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada, documentos originales y de la exhibición de garantías. Además, el presente asunto no contiene información reservada ni documentos originales, además no se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Devolución de un anexo. Finalmente, hágase la devolución del anexo formado con motivo de las constancias allegadas por la autoridad responsable Juzgado Séptimo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado, al resultar innecesaria su conservación, en el entendido que el sello de recepción del oficio correspondiente hará las veces de acuse. Notifíquese.

  2. Principal

    V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 805/2022, promovido por********************por propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales********************y ********************; R E S U L T A N D O: I. Presentación de la demanda: El diez de junio de dos mil veintidós. II. Desechamiento parcial y admisión de la demanda. El quince de junio de dos mil veintidós, se desechó parcialmente la demanda únicamente por cuanto a la autoridad responsable Tercer Secretaría de Acuerdos del Juzgado Séptimo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado con residencia en Cuernavaca, Morelos y se admitió a trámite por cuanto a la diversa Jueza Séptimo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos. III. Emplazamiento del Agente del Ministerio Público de la Federación: El diecisiete de junio de dos mil veintidós. IV. Emplazamiento al tercero interesado Hugo Hernán Hernández Olac. El veintiuno de junio de dos mil veintidós. V. Designación de representante especial a los menores. Se tuvo por aceptado y protestado mediante proveído de veintidós de junio de dos mil veintidós. VI. Preceptos constitucionales que la parte quejosa considera vulnerados. Los artículos 1, 4, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. C O N S I D E R A N D O: I. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 Constitucionales, 1, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1 fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Acuerdos Generales 3/2013 y 26/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, vigente; en virtud de que, los actos reclamados se atribuyen a autoridades que residen dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. II. Precisión del acto reclamado. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, al estudiar íntegramente las actuaciones, se advierte que el acto reclamado a la autoridad responsable Jueza Séptimo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, se hace consistir en: a) Acuerdo de diecisiete de mayo del año dos mil veintidós, dictado dentro del juicio de divorcio incausado ********************, en el que se determinó que antes de decretar el régimen de convivencia con los menores, la juzgadora debería entrevistarlos con la asistencia de la Ministerio Público Adscrita al Juzgado y el Psicólogo que designara el Departamento de Orientación Familiar. III. Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable Jueza Séptimo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, en su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado. Lo que se corrobora con copia certificada de las constancias que integran el juicio de divorcio incausado ********************, remitidas en apoyo al informes justificado. Documentos que tienen valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, al ser expedidos por autoridades en ejercicio de sus funciones, aunado a que no fueron objetados por las partes. Asimismo, la jurisprudencia 226 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, página 153, con registro 394182, Quinta Época, cuyo texto y rubro dicen: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Así como la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." IV. Causales de improcedencia. Al no existir causas de improcedencia pendientes de analizar hechas valer por alguna de las partes o bien advertida de oficio por este juzgador se procede al estudio de fondo. V. Estudio de fondo. Suplencia de la queja. En principio, debe precisarse que en el presente caso opera la suplencia de la queja en su máxima expresión, al estar de por medio la posible afectación de la esfera jurídica de menores de edad. Lo anterior es así, dado que quien promueve el presente juicio es********************por propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales********************y ********************; en tales condiciones, conforme a lo dispuesto por el artículo 107, fracción II, quinto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el diverso numeral 79, fracción II, de la Ley de Amparo, en caso necesario, debe suplirse la deficiencia de la queja respecto de los conceptos de violación, en favor de los menores de edad. Máxime que la suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales, la cual, debe ser total cuando se encuentran en litigio los derechos de menores, es decir, no se limita al carácter del promovente, ni a una sola instancia, ni a los conceptos de violación y agravios, pues el alcance de esta comprende desde el escrito inicial de demanda de amparo, hasta el período de ejecución de la sentencia en caso de que se conceda el amparo. En este sentido se encuentra la jurisprudencia 1a./J. 191/2005, surgida de la contradicción de tesis 106/2004-PS, resuelta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, mayo de 2006, página 167, con número de registro 175053, cuyo rubro y contenido son: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quién o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz." Además, que la figura de la suplencia de la deficiencia de la queja consiste, en esencia, en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente, en sus conceptos de violación o en sus agravios, respectivamente, que podrían resultar favorables para arribar al conocimiento de la verdad jurídica, lo que implica un examen, incluso oficioso, para investigar acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, pero que no llega al grado de poder cambiar la naturaleza del acto reclamado o apreciar pruebas que no conoció la autoridad responsable a través de la jurisdicción ordinaria, ya que en términos de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley de Amparo, en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado debe apreciarse tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable, por lo que no es posible atender en el juicio de amparo argumentos que no formaron parte de la Litis natural, ya sea por no haberse propuesto en la demanda o contestación del juicio natural, o en los recursos interpuestos, pues de lo contrario se vulnerarían aquellos principios y se perjudicaría a la parte contraria, a quien se le privaría de la oportunidad de alegar y probar. Es decir, la suplencia de la deficiencia de la queja no puede llevarse hasta el extremo de cambiar la litis planteada. Antecedentes del acto reclamado. Ahora, previo abordar el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa en su demanda de amparo, conviene realizar una reseña de los antecedentes del acto reclamado, en términos de las copias certificadas relativas al divorcio incausado, expediente número ******************** -antes valoradas- y de las que se desprende lo siguiente: 1. El veinticinco de abril de dos mil diecinueve, ********************(tercero interesado) por propio derecho, demandó en la vía especial, la acción de divorcio incausado a********************(quejosa). 2. El veintinueve de abril de dos mil diecinueve, se formó y registró el expediente con el número ********************, asimismo, admitió a trámite y se ordenó emplazar a la parte demandada. 3. El dos de julio de dos mil diecinueve, se emplazó a la hoy quejosa por comparecencia. 4. El dos de septiembre de dos mil diecinueve, se llevó a cabo la audiencia de divorcio incausado en la que se declaró disuelto el vínculo matrimonial. 5. Mediante escrito fechado el veinticinco de abril de dos mil veintidós, la hoy quejosa solicitó se decretaran las convivencias provisionales con sus menores hijos. 6. Mediante auto de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, la Juez previo a decretar un régimen de convivencias entre la progenitora y sus menores hijos, acordó señalar fecha y hora para que los menores fueran presentados ante esa autoridad y ser entrevistados por la titular de ese juzgado, con la asistencia de la ministerio Público adscrita y el Psicólogo que determinara designar el Departamento de Orientación Familiar. Auto que es motivo del juicio de amparo indirecto. Conceptos de violación y determinación que toma este Juzgado. - La parte quejosa aduce en su único concepto de violación que el auto reclamado viola en su perjuicio el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 7, 9 y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, toda vez que solicitó a la autoridad responsable estableciera un régimen de convivencias con sus menores hijos, no obstante previó a acordar lo conducente, ésta consideró necesaria una nueva presentación de los menores, la cual alega resulta innecesaria ya que de autos ya se desprende una entrevista con los menores. Menciona que dicha actuación les causa a ella y a sus menores hijos un daño de imposible reparación el cual de ningún modo podrían restituírseles la privación de las convivencias así como de la seguridad jurídica de las que fueron objeto, asegura, la responsable no tomó en cuenta el interés superior del menor al momento de pronunciarse sobre las cuestiones relativas a las convivencias. Finalmente señala que la Jueza Séptimo Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, viola en su perjuicio y de sus menores hijos los artículos 221 y 222 del Código Familiar para el Estado de Morelos, al deber garantizarle a los menores el derecho que tienen de que la quejosa los cuide y vivan con ella, y así evitar la afectación en su desarrollo; en virtud de aducir que de la interpretación de los mencionados artículos la madre tiene a su favor la presunción de ser la más apta para cuidar a los hijos procreados, a menos de demostrar una conducta que pueda ser dañina a la salud e integridad de los hijos, situación la cual menciona no aconteció al no acreditarse que los menores corran algún peligro con ella. Los argumentos esgrimidos por la quejosa aun y suplidos en deficiencia resultan infundados. Es menester señalar que en este asunto debe atenderse también al interés superior del menor, sobre lo cual, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado como definición la interpretación dada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de que: "la expresión 'interés superior del niño' implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación en todos los órdenes relativos a la vida del niño". Así se encuentra plasmado en la jurisprudencia 1a./J. 25/2012 (9a.), sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, publicada en la página 334, Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 159897, la cual dispone: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO. En términos de los artículos 4o., párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991; y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales, en todas las medidas que tomen relacionadas con los menores, deben atender primordialmente al interés superior del niño; concepto que interpretó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia contenciosa aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998) de la siguiente manera: "la expresión 'interés superior del niño' implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño". En diverso criterio se ha establecido que el interés superior del menor implica, entre otras cosas, tomar en cuenta aspectos dirigidos a garantizar su desarrollo y ejercicio pleno de sus derechos; además, cumple con dos funciones normativas: a) como principio jurídico garantista y, b) como pauta interpretativa para solucionar los conflictos entre derechos de los menores. Tales consideraciones están contenidas en la tesis 1a. CXXI/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 261, Libro IX, junio de 2012, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con número de registro 2000989, la cual es del tenor siguiente: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SUS ALCANCES Y FUNCIONES NORMATIVAS. El interés superior del menor implica, entre otras cosas tomar en cuenta aspectos dirigidos a garantizar y proteger su desarrollo y el ejercicio pleno de sus derechos, como criterios rectores para elaborar normas y aplicarlas en todos los órdenes de la vida del menor, conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Convención sobre los Derechos del Niño; así pues, está previsto normativamente en forma expresa y se funda en la dignidad del ser humano, en las características propias de los niños, en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con el pleno aprovechamiento de sus potencialidades; además, cumple con dos funciones normativas: a) como principio jurídico garantista y, b) como pauta interpretativa para solucionar los conflictos entre los derechos de los menores". En otra tesis estableció los criterios que involucra su aplicación en casos concretos: a) se deben satisfacer las necesidades básicas o vitales del menor, así como las de tipo espiritual, afectivas y educacionales; b) se deberá atender a los deseos, sentimientos y opiniones del menor, siempre y cuando sean compatibles con lo anterior e interpretados de acuerdo con su personal madurez o discernimiento; c) se debe mantener, si es posible, el statu quo material o espiritual del menor y atender a la incidencia que toda alteración del mismo pueda tener en su personalidad y para su futuro. Así se estableció en la jurisprudencia 1a./J. 44/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, consultable en la página 270, Libro 7, junio de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2006593, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONFIGURACIÓN COMO CONCEPTO JURÍDICO INDETERMINADO Y CRITERIOS PARA SU APLICACIÓN A CASOS CONCRETOS. Resulta ya un lugar común señalar que la configuración del interés superior del menor, como concepto jurídico indeterminado, dificulta notablemente su aplicación. Así, a juicio de esta Primera Sala, es necesario encontrar criterios para averiguar, racionalmente, en qué consiste el interés del menor y paralelamente determinarlo en concreto en los casos correspondientes. Es posible señalar que todo concepto indeterminado cabe estructurarlo en varias zonas. Una primera zona de certeza positiva, que contiene el presupuesto necesario o la condición inicial mínima. Una segunda zona de certeza negativa, a partir de la cual nos hallamos fuera del concepto indeterminado. En tercer y último lugar la denominada zona intermedia, más amplia por su ambigüedad e incertidumbre, donde cabe tomar varias decisiones. En la zona intermedia, para determinar cuál es el interés del menor y obtener un juicio de valor, es necesario precisar los hechos y las circunstancias que lo envuelven. En esta zona podemos observar cómo el interés del menor no es siempre el mismo, ni siquiera con carácter general para todos los hijos, pues éste varía en función de las circunstancias personales y familiares. Además, dicha zona se amplía cuando pasamos -en la indeterminación del concepto- del plano jurídico al cultural. Por lo anterior, es claro que el derecho positivo no puede precisar con exactitud los límites del interés superior del menor para cada supuesto de hecho planteado. Son los tribunales quienes han de determinarlo moviéndose en esa "zona intermedia", haciendo uso de valores o criterios racionales. En este sentido, es posible señalar como criterios relevantes para la determinación en concreto del interés del menor en todos aquellos casos en que esté de por medio la situación familiar de un menor, los siguientes: a) se deben satisfacer, por el medio más idóneo, las necesidades materiales básicas o vitales del menor, y las de tipo espiritual, afectivas y educacionales; b) se deberá atender a los deseos, sentimientos y opiniones del menor, siempre que sean compatibles con lo anterior e interpretados de acuerdo con su personal madurez o discernimiento; y c) se debe mantener, si es posible, el statu quo material y espiritual del menor y atender a la incidencia que toda alteración del mismo pueda tener en su personalidad y para su futuro. Asimismo, es necesario advertir que para valorar el interés del menor, muchas veces se impone un estudio comparativo y en ocasiones beligerante entre varios intereses en conflicto, por lo que el juez tendrá que examinar las circunstancias específicas de cada caso para poder llegar a una solución estable, justa y equitativa especialmente para el menor, cuyos intereses deben primar frente a los demás que puedan entrar en juego, procurando la concordancia e interpretación de las normas jurídicas en la línea de favorecer al menor, principio consagrado en el artículo 4o. constitucional". Como se precisó anteriormente, es necesario destacar que, como efecto jurídico inmediato derivado de la Convención sobre los Derechos de los Niños, se recoge en el sistema jurídico mexicano la fraseología "interés superior de la niñez," la cual implica que en todo momento las políticas, acciones y toma de decisiones en esa etapa de la vida humana, tendrán que realizarse de modo tal, en primer término, se busque el beneficio directo del niño o niña a quien van dirigidas. En ese orden de ideas, por interés superior del menor debe entenderse el catálogo de valores, principios, interpretaciones, acciones y procesos dirigidos a forjar un desarrollo humano integral y una vida digna, así como generar las condiciones materiales que permitan a los niños vivir plenamente y alcanzar el máximo bienestar personal, familiar y social posible, cuya protección debe promover y garantizar el Estado en el ejercicio de sus funciones legislativa, ejecutiva y judicial, por tratarse de un asunto de orden público e interés social. De igual forma, se precisó el derecho de vivir en familia, así como reunirse con ella cuando por diferentes razones ha habido una separación, vincularse con ambos progenitores en caso de conflicto entre éstos e integrarse a una nueva familia cuando es imposible la vida con la de origen, determinándose la obligación de velar porque los menores solo sean separados de sus progenitores mediante sentencia judicial que declare válida y legítimamente la necesidad de hacerlo y de conformidad con los procedimientos legales en los que se garantice el derecho de audiencia de todas las partes involucradas, así como el derecho a mantener el contacto y la convivencia con el progenitor de quien se esté separado. A su vez, en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se introdujo el respeto irrestricto al interés superior de la infancia, pues determinó que las normas aplicables a los menores se entenderán dirigidas a procurarles, primordialmente, los cuidados y la asistencia que requieren para lograr un crecimiento y un desarrollo pleno, dentro de un ambiente de bienestar familiar y social, con el señalamiento que, para atender a ese principio, el ejercicio de los derechos de los adultos no podrá, en ningún momento, ni bajo ninguna circunstancia, condicionar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Ahora bien, como se desprende de los antecedentes del acto reclamado, la hoy quejosa solicitó la convivencia de sus menores hijos y previo a acordar lo conducente la autoridad responsable con la finalidad de salvaguardar los derechos de los menores y tomando en cuenta el interés superior del menor consideró importante entrevistar a los menores de referencia a efecto de ser escuchados por la Juzgadora. Del auto recurrido, contrario a lo que menciona la hoy quejosa, se advierte que la responsable sí tomó en cuenta el interés superior del menor y fue estudiado de manera correcta, pues con fundamento en los artículos 167 y 168 del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, así como en los 3 y 9 del la Convención Interamericana sobre los Derechos del Niño; 3 y 4 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas. Niños y Adolescentes, consideró importante señalar fecha y hora para la presentación de los menores a efecto de ser entrevistados por la misma y así decretar el régimen de convivencias respectivo. Ahora, retomando el principio relativo al interés superior del niño, que se traduce en dar prioridad al bienestar de los infantes ante cualquier otro interés que vaya en su perjuicio, se obtiene que en toda contienda judicial en la que se vean involucrados derechos inherentes a los menores, debe resolverse en atención a ese principio básico. En ese orden de ideas, un diverso instrumento internacional como lo es el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por nuestro país el veinticuatro de marzo de mil novecientos ochenta y uno, prevé en los numerales 23 y 243; que, en caso de disolución del matrimonio, o bien, separación de los padres, se deberán adoptar disposiciones que aseguren la protección necesaria a los niños, tanto por parte de su familia, como de la sociedad y del Estado. Precisamente, uno de los tópicos en que tales medidas de protección a favor de los menores deben ser observadas, es el relativo a las convivencias entre los infantes y sus padres no custodios, para el caso de que no exista acuerdo entre éstos. Para decretarlas o suspenderlas temporal o definitivamente, además de tomar en consideración la opinión de los menores, el juez habrá de atender para la adopción de la medida, a los elementos personales, familiares, materiales, sociales y culturales que concurren en una familia determinada, buscando lo que se entiende mejor para los hijos, respecto de su desarrollo integral, su personalidad, su formación psíquica y física, teniendo presente los elementos individualizados como criterios orientadores, sopesando las necesidades de atención, cariño, alimentación, educación y ayuda escolar, desahogo material, sosiego y clima de equilibrio para su desenvolvimiento, las pautas de conducta de su entorno y sus progenitores, el buen ambiente social y familiar que pueden ofrecerles, sus afectos y relaciones con ellos, en especial si existe un rechazo o una especial identificación, la edad y capacidad de autoabastecerse de los menores, entre otros factores. Además de lo hasta aquí expuesto, como lo fundamentó la responsable debe tomarse en consideración el contenido del artículo 9 de la Convención de los Derechos del Niño que estatuye la obligación de los Estados Parte, para velar porque los niños no sean separados de sus padres contra su voluntad, salvo cuando los padres viven separados y deba adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño. En el supuesto de que se dé la separación de los cónyuges, se respetará el derecho de los infantes a mantener relaciones personales y contacto directo con el progenitor que no detente la custodia, hecha excepción de que ello resulte contrario a su interés superlativo. Sentadas las premisas anteriores, se tiene que en la especie, la solicitante de la protección constitucional reclama la determinación de que se llamara a los menores de nueva cuenta a efecto de ser escuchados, ya que como lo menciona ya fueron presentados, no obstante, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió que es obligación del Estado velar por el interés superior del menor y dentro de esa obligación cuenta con facultades de allegarse de pruebas que le permitan decidir sobre un parámetro de razonabilidad sobre el régimen de convivencias. En esa tesitura, el auto recurrido no trae propiamente una afectación y, por el contrario, permite a la juzgadora allegarse de mayores elementos para estar en condiciones de decidir sobre las convivencias de los menores con su progenitora y que, eventualmente, incluso sin prejuzgar, la presentación de los infantes podría resultarle benéfica. Se cita, por las consideraciones que contiene, la jurisprudencia I.5o.C. J/39 (9a.) del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IX, Junio de 2012, Tomo 2, página 758, que se lee: "RÉGIMEN DE VISITAS Y CONVIVENCIAS. ANTES DE FIJARLO EL JUZGADOR DEBE LLAMAR AL MENOR PARA SER ESCUCHADO, INCLUSO DE MANERA OFICIOSA. En atención a que el régimen de visitas y convivencias es un derecho humano del menor que se debe respetar en términos de los artículos 1o. de la Constitución Federal; 1 al 41 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 3, 4, 7, 41, 48 y 49 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 1 y 4 de la Ley de los Derechos de las Niñas y Niños en el Distrito Federal; y 282, apartado B, fracción III, y 283, fracción III, y último párrafo, del Código Civil para el Distrito Federal; el juzgador se encuentra legalmente obligado a llamar al menor para que sea escuchado antes de fijar el régimen de visitas y convivencias al que deberá estar sujeto con sus progenitores, lo que deberá hacer oficiosamente en términos del artículo 941 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, pues con ello se garantiza que las visitas y convivencias sean resueltas conforme al interés superior del menor." Así, fue acertada la determinación de la Juez responsable de tomar en consideración la opinión de los menores antes de decretar las convivencias con la hoy quejosa pues de esa manera se garantiza el cumplimiento del mandato encaminado, como ya se dijo, a la tutela del supremo interés de los infantes involucrados en el juicio. Finalmente este Juzgador no advierte de oficio violación alguna en la forma propuesta por la responsable ni causa alguna para suplir. En consecuencia, ante lo infundado del concepto de violación, procede negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 1° fracción I, 73, 74, 75, 76, 117, 119 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia Federal no ampara ni protege a********************por propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales********************y ********************; en los términos de lo establecido en el apartado quinto de esta resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante Betsy Marisol Garduño Flores, secretario que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, el once de agosto de dos mil veintidós, por así permitirlo las labores del órgano jurisdiccional. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiocho de julio de dos mil veintidós. Agréguense a los autos los escritos signados por ****, quejosa dentro del presente sumario, a través de los cuales realiza diversas manifestaciones. De los alegatos. Respecto a las manifestaciones realizadas en el primero de sus escritos, conforme a lo que establece en el dispositivo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechos sus alegatos, mismos que podrán ser tomados en consideración al momento de resolver respecto de la sentencia definitiva. Quejosa solicita se haga efectivo apercibimiento. Por otro lado, respecto a sus manifestaciones realizadas en el segundo de sus escritos consistentes en que se haga efectivo el apercibimiento de veintiuno de junio de dos mil veintidós, realizado al tercero interesado, consistente en que las notificaciones se le realicen por medio de lista y de la misma manera se le tenga por precluido su derecho a dar contestación a la vista dada por auto siete de julio de dos mil veintidós. Dígase que no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado, toda vez que, en principio por auto de veintitrés de junio de dos mil veintidós, se tuvo por emplazado al aquí tercero interesado, y por señalado su domicilio para recibir notificaciones. Por otro lado, respecto a que se le considere precluido su derecho al tercero para realizar manifestaciones respecto la vista dada con el informe justificado, este juzgado niega la solicitud de la quejosa, en virtud de que la vista otorgada a las partes con el informe justificado, tiene como finalidad materializar el derecho fundamental de tutela judicial efectiva, por lo que con apego a las reglas que norman el procedimiento de amparo, las partes pueden realizar manifestaciones incluso en la misma audiencia constitucional. Notifíquese.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, catorce de julio de dos mil veintidós. Estado procesal de autos. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para hoy, en virtud de que mediante proveído de siete de julio de dos mil veintidós, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por la autoridad responsable; por lo que, a la fecha, no ha transcurrido el término a que se refiere el párrafo segundo del artículo 117 de la Ley de Amparo. Diferimiento de audiencia constitucional. En consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y, en su lugar, se fijan las once horas con cincuenta minutos del dos de agosto de dos mil veintidós. A lo anterior, sirve de apoyo la contradicción de tesis número 29/98.PL, entre la sustentada por la anterior Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolverse la diversa contradicción de tesis 19/89, denunciada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito y el criterio que sostiene la actual Segunda Sala de este Alto Tribunal, al resolver el amparo en revisión 2639/97, que al rubro dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, DEBE EN PRINCIPIO DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDAN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO". Notifíquese.

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