Claudia Delgado Granados

Expediente 1749/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1749/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
24/11/2021

Partes del expediente

  • Claudia Delgado Granados

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase por recibido el oficio signado por el Director de Área adscrito a la Dirección General de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera, de conformidad con la encomienda contenida en el oficio 110/E/251/2019, en suplencia del Director General de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por medio del cual interpone recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, en la cual se concede el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada; en tal virtud, con fundamento en los artículos 81, 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se ordena dar trámite al recurso planteado. Una vez que este expediente se encuentre debidamente integrado, con las constancias de notificación de la sentencia y del presente proveído, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en turno; previa integración y certificación del cuaderno de antecedentes respectivo. Lo anterior, hágase del conocimiento y distribúyase entre las partes copia del escrito de agravios, ordenándose notificar el presente proveído a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, por medio de lista de conformidad con el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, ya que no se trata de un amparo contra normas generales, quedando a su disposición en la Secretaría de este Juzgado la copia del escrito de agravios referida. Asimismo, hágase saber a las partes que en caso, de que no sea posible la práctica de la notificación de manera personal del presente proveído y se efectúe por medio de lista, de conformidad a los artículos 26, 27 y 29 de la Ley de Amparo, el escrito de agravios queda a su disposición en la Secretaria de este juzgado. Por otro lado, en términos del artículo 9 de la ley de la materia, se le tiene nombrando como delegados a las personas que menciona.

  2. Principal

    Ténganse por recibidos los oficios signado por el Director de Padrón y Licencias de Guadalajara, Jalisco y por la Directora de Catastro de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, por medio de los cuales, informan que no localizaron domicilios a nombre de los terceros interesados señalados en proveído de diecinueve de octubre anterior; al respecto, se ordenan agregar a los presentes autos para que obren como corresponda y surtan los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos, el oficio remitido por el Presidente Especial y Presidente Auxiliar, ambos adscritos a la Décimo Séptima Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, por medio del cual, en cumplimiento al requerimiento de doce de agosto de dos mil veintiuno, remiten copia certificada de diversas constancias relativas al juicio laboral de origen. Ahora bien, en relación con las documentales que acompaña, se tienen como prueba de su parte en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, misma que será tomada en consideración. II. Sobreseimiento fuera de audiencia. Con relación a lo anterior, se estima que de las constancias que integran el presente juicio de amparo, particularmente, del contenido de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado a la autoridad responsable consiste en: -La omisión de proveer lo correspondiente al escrito presentado el cuatro de agosto de dos mil veinte, a través del cual la parte actora solicita ejecución forzosa de laudo y formuló planilla de liquidación dentro del juicio laboral 1864/2014 y su notificación. De lo anterior y con las constancias remitidas por la autoridad responsable, se concreta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los actos reclamados. A lo que se provee lo siguiente: En efecto, la hipótesis en cuestión ha sido definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquélla que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total o incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola interrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. La interpretación que de la disposición legal en estudio ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso. El término cesar, en su sentido etimológico y gramatical, significa suspender o acabarse una cosa; o bien, dejar de hacer lo que se está haciendo. Asimismo, la acepción efecto, significa lo que sigue en virtud de una cosa, o el fin para el que se hace una cosa. En esa virtud, de acuerdo con el texto de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando éstos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto deja de hacerlo, o bien, cuando se revoca o deroga por alguna razón. Así pues, se insiste en que para que sea aplicable esta causal de improcedencia es necesario, esencialmente, que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados. En consecuencia, para considerar, estrictamente, que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiere nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente, así como los efectos legales y materiales que hubiere producido. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Ahora bien, en el particular, el promovente de amparo reclama como acto destacado, omisión de proveer lo correspondiente al escrito presentado el cuatro de agosto de dos mil veinte, a través del cual la parte actora solicita ejecución forzosa de laudo y formuló planilla de liquidación dentro del juicio laboral 1864/2014 y su notificación. En ese orden de ideas, de las constancias que remite la autoridad responsable, se desprende, lo siguiente: - Que la autoridad responsable Décima Séptima Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, en auto de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, proveyó lo correspondiente al escrito presentado por la parte quejosa en el que solicitó la ejecución forzosa del laudo y formuló planilla de liquidación. - Con lo anterior, la autoridad responsable ordenó abrir incidente de liquidación para llevar a cabo la cuantificación del pago de la condena; se señaló fecha para la audiencia correspondiente. - Seguido el procedimiento, el veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, se dictó la resolución correspondiente al incidente de liquidación de laudo dentro del procedimiento laboral 1864/2014. Es por ello, que si el acto reclamado era la omisión de proveer lo correspondiente al escrito presentado el cuatro de agosto de dos mil veinte, dentro del juicio laboral 1864/2014 y su notificación, y la autoridad responsable por acuerdo de veintiocho de abril del presente año, dictó auto en el cual proveyó lo conducente e incluso a la fecha ya resolvió el incidente de liquidación, se concluye que han cesado los actos aquí reclamados. Sin soslayar que la autoridad responsable no remitió la constancia de notificación realizada a la parte actora del auto de veintiocho de abril del presente año y anexos, pues será notificada de lo anterior por conducto de este Juzgado Federal De lo hasta aquí expuesto, así como de las constancias que fueron reseñadas, las cuales se valoran en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al caso, se desprende con claridad que lo que procede es sobreseer en el juicio respecto de los indicados actos, toda vez que se ha actualizado la causal de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues al haberse impugnado la omisión de proveer lo correspondiente al escrito presentado el cuatro de agosto de dos mil veinte, a través del cual la parte actora solicita ejecución forzosa de laudo y formuló planilla de liquidación dentro del juicio laboral 1864/2014; resulta inconcuso que han cesado los efectos del acto reclamado y el amparo resulta improcedente conforme a la fracción y artículo en estudio. En ese orden de ideas, es evidente que han quedado destruidos los efectos del acto violatorio de garantías de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho esencial violado, de tal manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional. Consecuentemente, con apoyo en la fracción XXI del artículo 61 y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el juicio, toda vez que al haberse dictado la resolución correspondiente y continuado el proceso laboral, cuya abstención generó violación en su perjuicio a las garantías consagradas en los artículos 17, de la Constitución General de la República, es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado. Al respecto se invoca la jurisprudencia 198, que previene: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". También es útil en este tema la jurisprudencia, que es del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Igualmente resulta aplicable el criterio contenido en la tesis, cuyo rubro y texto son: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Es corolario de lo expuesto, que en términos de lo dispuesto en la fracción XXI, del artículo 61, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el juicio FUERA DE AUDIENCIA, toda vez que conforme a lo aquí apuntado, han cesado los efectos del acto reclamado en sede constitucional. Es de invocarse en apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia, cuyo rubro y texto son: SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO." En virtud de lo expuesto, se deja sin efectos la citación para la audiencia constitucional, señalada para las trece horas con treinta minutos del diecinueve de octubre de dos mil veintiuno. Asimismo, conforme lo dispone el artículo 26, fracción I, inciso f), de la Ley de Amparo, notifíquese personalmente a la parte quejosa, debiendo corrérsele traslado con copia simple del oficio y anexos que en esta fecha se reciben, para los efectos legales a que haya lugar. De conformidad a la declaratoria del cinco de julio de dos mil veintiuno, relativa a la entrada en vigor de los servicios en línea previstos en el Convenio de Colaboración para la Interconexión entre los Sistemas Tecnológicos de Gestión Jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; se ordena al actuario judicial de la adscripción que corresponda, para que verifique si en el presente acuerdo existen autoridades responsables respecto de las cuales exista convenio de colaboración celebrado y, de ser el caso, remita el presente acuerdo mediante el oficio correspondiente a través de la interconexión del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a las autoridades respectivas. Notifíquese vía electrónica.

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