Claudia Cynthia Rios Castillo

Expediente 59/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 1 actuación registrada, la última del 29 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
59/2021
Año
2021
Actuaciones
1
Última actuación
29/01/2021

Partes del expediente

  • Claudia Cynthia Rios Castillo

Actuaciones

  1. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA PARTE PROMOVENTE LA RESOLUCION QUE A LA LETRA DICE: Boca del Río, Veracruz, veintinueve de enero de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos la demanda de amparo signada por Claudia Cynthia Ríos Castillo, contra actos del Jefe del Centro de Servicios al Personal del Hospital General de Petróleos Mexicanos (PEMEX), con residencia en Veracruz, Veracruz, y otra autoridad; por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 14, 16, 17, 103, 107 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en atención a su contenido, se provee: RADICACIÓN Con apoyo en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I, VII y XV, de la Constitución Federal, 1°, 33, fracción IV, 35, 107, fracción V, 108 y 112 de la Ley de Amparo; se ordena formar el expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 59/2021-V, que es el que le correspondió. DESECHAMIENTO Ahora, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda, y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa se duele del siguiente acto reclamado: La negativa de las autoridades responsables de otorgarle incapacidad por enfermedad y riesgo de trabajo. En el caso sujeto a estudio, se estima la actualización de la causa de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1°, fracción I y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, que señalan lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." [.] "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general [.]" De la interpretación de esas normas se sigue que el juicio de amparo sólo procede contra actos u omisiones de los poderes públicos o de particulares que realicen actos de autoridad en los términos previstos por el numeral citado y en ese sentido, para distinguir un acto de otro, se debe atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con ello, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales, éstos actúan en un mismo plano, entendido como en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se haga justicia por ellos mismos, se crean en las leyes los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de ese tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas, contempladas en las legislaciones respectivas, por lo que ambas están en el mismo nivel; así, existe una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución General de la República establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Por último, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En atención a lo anterior, para definir el concepto de autoridad responsable, debe atenderse también a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que la parte promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad, actúe en un plano superior, aun tratándose de un particular. Bajo ese marco referencial, es de concluirse que las notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad de la parte afectada. Lo anterior está plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1089, tomo XXXIV, septiembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." En la especie, se itera que el acto reclamado es la negativa por parte de autoridades pertenecientes al Hospital General de Petróleos Mexicanos (PEMEX), con residencia en Veracruz, Veracruz, de incapacitar a la promovente, quien labora en el área de farmacia de dicho nosocomio, como despachadora de medicamentos. De esa manera, para fijar con precisión si, en el caso, se está o no frente a la existencia de un acto de autoridad reclamable mediante el juicio de amparo, es indispensable analizar su naturaleza jurídica. Ahora, en la demanda de amparo, la promovente manifestó bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: Que tiene el cargo de despachadora de medicamentos en el área de farmacia del Hospital General de Petróleos Mexicanos (PEMEX), con residencia en Veracruz, Veracruz. 2. Que el veintisiete de mayo de dos mil quince, tuvo un accidente automovilístico, en el cual sufrió lesiones corporales, particularmente en el área del cuello, siendo diagnosticada con radioculopatía bilateral, lo cual le causa fuertes dolores a la fecha. 3. Que las autoridades responsables, negaron otorgarle incapacidad por enfermedad y riesgo de trabajo, pese que la naturaleza de sus labores, mismas que impiden se recupere de su enfermedad. Para acreditar su relación laboral, así como la negativa por parte de las autoridades responsables, la promovente anexó a su demanda de amparo, copia simple de la boleta de alta médica, con número DMRP-HGV-0003/2021, de la cual se advierte que es una trabajadora de planta sindicalizada, adscrita al Hospital General de Petróleos Mexicanos, con residencia en Veracruz, Veracruz, así como que declararon que era apta para laborar. De lo anterior, es preponderante señalar que la impetrante es trabajadora del Hospital General de Petróleos Mexicanos, con residencia en Veracruz, Veracruz; y en su demanda solicitó la suspensión de sus labores, al manifestar que las mismas le causan dolores físicos, atendiendo a que es una persona que padece de radioculopatía bilateral. Ahora, de la lectura integral de la demanda, se aprecia que la negativa que reclama la hace depender de la relación trabajadora-patronal que guarda con el Hospital General de Petróleos Mexicanos (PEMEX); y por tanto, no puede considerarse que se está frente a un acto de autoridad, pues no se cumplen los requisitos que han sido delimitados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo anterior se afirma así, toda vez que el acto atribuido a las autoridades responsables, no se dio en un plano de supra a subordinación, sino de coordinación, en la medida en que dicho órgano se erige como patrón frente a su empleado -en este caso- Claudia Cynthia Ríos Castillo, ello partiendo de lo manifestado bajo protesta de decir verdad, por el propio impetrante y de la boleta de alta médica que anexó a su demanda de amparo. De ahí que, a la negativa reclamada no le revista el carácter de acto de autoridad y, por ende, no sea susceptible de combatirse a través del juicio de amparo indirecto, ya que éste no deriva de una relación de supra a subordinación, sino de coordinación, por lo que corresponde a los tribunales del trabajo competentes dirimir esa controversia. Se sostiene lo anterior, porque, como se anotó, se considera como autoridad a las que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. Hipótesis que no se actualiza en el caso, en razón que la negativa de las autoridades responsables, frente a éste se ubica en un plano de igualdad, es decir, en una relación de coordinación regulada por el derecho laboral, en donde aquél actúa como particular, esto, en su calidad de patrón equiparado, no como autoridad investida de imperio frente a la solicitante del amparo. Ello, atendiendo a que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En virtud de lo expuesto, con base en lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos artículos 1°, fracción I, y 5° fracción II, todos de la Ley de Amparo, la negativa reclamada no comparte la naturaleza jurídica de actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, puesto que no se está en un plano de supra a subordinación sino de coordinación, dado que la negativa de aplicar las medidas de salubridad a su favor, se efectúa en su relación de patrón a trabajador y no en un plano de supra a subordinación entre gobernante y gobernado, conflicto que debe dirimirse ante los tribunales ordinarios que conocen de conflictos laborales y no en la instancia constitucional, al ser ante la potestad común en donde Claudia Cynthia Ríos Castillo, puede ocurrir en reclamo del examen de legalidad de la negativa reclamada y las consecuencias que hace valer, de acuerdo con las leyes laborales aplicables. Se estima aplicable por analogía la jurisprudencia III.4o.T. J/3 (10a.), emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, materia común, libro 29, abril de 2016, Tomo III, visible en la página 1956, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo." En ese orden de ideas, si el acto reclamado en el presente juicio no es considerado como de autoridad para los efectos del juicio de amparo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con los numerales 1°, fracción I y 5°, fracción II de la Ley de Amparo y, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la citada Ley, procede desechar de plano la demanda de mérito. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno relativo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y de no existir el mismo, encontrarse éste deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a la parte quejosa o a sus autorizados, se realizaran las notificaciones que tengan el carácter de personales, por lista, previo acuerdo que al efecto se emita, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo; asimismo, téngase como su autorizado en los términos restringidos que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, esto es únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, a Demetrio García González, por no tener registrada su cédula profesional que lo acredita como licenciado en derecho, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, que se lleva en los Órganos del Poder Judicial de la Federación. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte promovente, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez Federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del Juzgado, así como de la persona que reciba la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de esta última ley, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias. EXHORTO A LAS PARTES Dado que el ingreso al recinto que ocupa este Juzgado de Distrito, se encuentra regulado por el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el cual se tomaron acciones específicas respecto al número de personas que pueden acceder al edificio, a efecto de evitar la propagación del virus Covid-19, se exhorta a las partes, para que con fundamento en el artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020, a que de estimarlo pertinente, se transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicio en Línea. LINEAMIENTOS PARA EFECTUAR LAS NOTIFICACIONES Se instruye a los actuarios que las notificaciones que hagan en el presente asunto, se ajusten a lo previsto en los artículos 21 y 23 del referido Acuerdo General 21/2020; en el entendido de que las notificaciones personales, deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz · 5,434 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano