Claudia Cynthia Ríos Castillo

Expediente 1170/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1170/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
09/01/2023

Partes del expediente

  • Claudia Cynthia Ríos Castillo

Actuaciones

  1. Principal

    "...Boca del Río, Veracruz, nueve de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se declara que el auto que desechó la demanda de amparo ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Archívese como asunto concluido. CUESTIONES ADMINISTRATIVAS. Hágase la anotación de rigor en el libro de gobierno respectivo y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)... DOCUMENTOS. En este orden, no existe razón para que continúen a disposición de esta autoridad los documentos exhibidos por la parte impetrante. Se ordena la devolución. Requiérasele a fin de que comparezca a recibirlos. Se le concede un plazo de noventa días hábiles, con el apercibimiento que de no recogerlos correrán la suerte del expediente. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa...".

  2. Principal

    "...Boca del Río, Veracruz, nueve de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se declara que el auto que desechó la demanda de amparo ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Archívese como asunto concluido. CUESTIONES ADMINISTRATIVAS. Hágase la anotación de rigor en el libro de gobierno respectivo y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)... DOCUMENTOS. En este orden, no existe razón para que continúen a disposición de esta autoridad los documentos exhibidos por la parte impetrante. Se ordena la devolución. Requiérasele a fin de que comparezca a recibirlos. Se le concede un plazo de noventa días hábiles, con el apercibimiento que de no recogerlos correrán la suerte del expediente. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa...".

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. Fórmese expediente con la demanda de amparo promovida por Claudia Cynthia Ríos Castillo, contra actos del 1. Jefe del Centro de Servicios al Personal del Hospital General de Pemex y otra autoridad. Regístrese con el número 1170/2022-VII, en el libro de gobierno respectivo. Háganse las anotaciones correspondientes. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). -DESECHAMIENTO- De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Congruente con ello, el que suscribe advierte la actualización de causa de improcedencia del presente juicio constitucional, la cual se analizará a continuación. De la lectura integral de la demanda y los anexos que la acompañan, se aprecia el acto reclamado consiste en: - La negativa de incapacitarme por Enfermedad y Riesgo de Trabajo por parte del Director y por órdenes del Jefe de Recursos Humanos y Relaciones Laborales, ambos del Hospital General de Pemex, con residencia en Veracruz, Veracruz. Del capítulo de antecedentes expuesto en la demanda, en lo que aquí interesa, se destaca la parte quejosa manifiesta bajo protesta de decir verdad: - El veintisiete de mayo de dos mil quince, al dirigirse a su trabajo tuvo un accidente automovilístico. - Con motivo de ese evento fue atendida en el servicio de urgencias del Hospital de Pemex- Veracruz, en el que labora en la farmacia como despachadora de medicamentos. - Sustancialmente señala que la atención que ha recibido ha sido deficiente, al punto que a pesar de encontrarse incapacitada para desempeñar sus labores, no se le han expedidos las incapacidades por riesgo de trabajo, cuando ella incluso cuenta con padecimientos que la incapacitan total y permanente. En ese sentido, se estima que en el caso en estudio, se actualiza de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 de la Ley de Amparo, en su fracción XXIII, con los diversos 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo. "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos?????????? Mexicanos, o de esta ley. ARTÍCULO 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ARTÍCULO 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." En tal virtud, el acto reclamado no puede ser considerado acto de autoridad para los efectos del presente juicio. Deriva de una relación laboral que une a la promovente con las señaladas como responsables. Derivado directamente del vínculo patrón trabajador y prestador de seguridad social. Consecuentemente, no es posible su análisis en la vía extraordinaria como lo es el amparo. El reclamo no constituye actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. Se tiene la certeza que aún en el supuesto de admitirse la demanda y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa. Lo anterior, bajo el contexto que, para efectos del amparo, el acto de autoridad es aquél que proviene de un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública. Es decir, cuando el acto tiene su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña. En el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de suprasubordinación. Actuando con los atributos esenciales del proceder autoritario: unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Que se traducen en la posibilidad de que el Estado actúe sin el consenso de los particulares y pueda imponer sus determinaciones. Aún en contra de su voluntad. Si no se presentan estas condiciones, entonces se dice que la autoridad asume conductas y obligaciones como cualquier otro particular, adquiriendo su actuación el carácter de una relación de coordinación, como si se tratara de un ente de derecho privado. De la interpretación sistemática de dichos preceptos legales, se desprende que el juicio biinstancial es improcedente contra actos que no provengan de autoridad. Ésta es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria u omite el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Concretamente, del contenido de la demanda y sus anexos, se advierte el reclamo deriva de la negativa de concederle incapacidad por enfermedad y riesgo de trabajo, por motivo de las secuelas ocasionadas en virtud de lo que ella califica como un riesgo de trabajo. Así como la instrucción de presentarse a laborar en su fuente de trabajo [al no contar con incapacidad] donde presta sus servicios como encargada del área de farmacia. Así las cosas, el reclamo de Claudia Cynthia Ríos Castillo en esta instancia, no es impugnable a través del juicio de derechos humanos. Se trata de un reclamo??????????? emanado de una relación laboral con la dependencia que funge como su patrón y la dependencia de seguridad social. De ahí la improcedencia del juicio constitucional. En apoyo a lo anterior, por analogía se cita la jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.), emitido por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, libro 29, abril de 2016, tomo III, visible en la página 1956, con registro digital 2011343, de título, subtítulo y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación." En tal virtud, es inconcuso, los derechos aludidos en la demanda son de carácter laboral que facultan a quien promueve a ejercer su acción ante tribunales del trabajo para combatir cualquier irregularidad que estime cometida referente a sus derechos inherentes a la relación de trabajo. Ventilar ello ante los órganos jurisdiccionales de trabajo y de considerar que, lo ahí decidido vulnera su esfera constitucional de derecho, entonces acudir a la vía constitucional que en derecho corresponda. Lo que evidencia que a través de aquélla no se crea, modifica o extingue, por sí y ante sí, una situación jurídica en forma unilateral y obligatoria o, se omite un acto que, de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Se trata una cuestión derivada de la relación contractual de carácter operario entre las partes involucradas (patrón -llamado aquí autoridad responsable- y trabajador -quejoso- y entidad que presta la seguridad social). De ahí que sea inconcuso el acto reclamado es una cuestión entre entes que se ubican en un mismo plano (patrón-trabajador) y no en sede administrativa. Sólo por excepción Constitucional prevista en el artículo 123, apartado B, fracción XIII (marinos, militares, policías, Ministerio Público y miembros del servicio exterior) se puede considerar que la relación sea de naturaleza administrativa y no laboral. Sin que desde luego, se esté en el caso de señalar específicamente a la parte quejosa, cuáles serían los medios de defensa idóneos a los que deberá acudir a fin de lograr como parte en juicio ordinario hacer respetar sus derechos, con base en la Jurisprudencia 2ª./J.125/2012 (10ª) de la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal de Justicia Constitucional en el País (registro 2002215), que se publicó en la página 1583, Libro XIV, noviembre de 2012, Tomo 2, Materia (s) Constitucional-Común, del??????????? Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con rubro y texto siguientes: "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. SU ALCANCE FRENTE AL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO AL RESULTAR IMPROCEDENTE LA VÍA CONSTITUCIONAL Y PROCEDENTE LA ORDINARIA. El reconocimiento del derecho a la tutela judicial efectiva frente al desechamiento de una demanda de amparo por improcedencia de la vía, no implica que el órgano constitucional del conocimiento deba señalar la autoridad jurisdiccional ordinaria que considera competente para tramitar la vía intentada y ordenar la remisión de los autos y menos aún, que aquélla tome como fecha de ejercicio de la acción la de presentación de la demanda del juicio constitucional improcedente, pues ello implicaría dar al citado derecho un alcance absoluto que desconocería las limitaciones legal y constitucionalmente admitidas que guardan una razonable relación de proporcionalidad entre los medios que deben emplearse y su fin; es decir, se desvirtuaría la finalidad de instrumentar requisitos y presupuestos procesales que permitan mantener la legalidad y seguridad jurídica requeridas dentro del sistema jurídico, en tanto que se beneficiaría indebidamente a una parte y se desconocerían los derechos de la contraparte en un proceso, al permitir a los particulares rescatar términos fenecidos y desconocer instituciones jurídicas como la prescripción, instituidas para efectos de orden público." En consecuencia, al actualizarse causa notoria e indudable de improcedencia, con fundamento en el numeral 113 de la ley de la materia, se desecha la presente demanda de amparo.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. Fórmese expediente con la demanda de amparo promovida por Claudia Cynthia Ríos Castillo, contra actos del 1. Jefe del Centro de Servicios al Personal del Hospital General de Pemex y otra autoridad. Regístrese con el número 1170/2022-VII, en el libro de gobierno respectivo. Háganse las anotaciones correspondientes. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). -DESECHAMIENTO- De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Congruente con ello, el que suscribe advierte la actualización de causa de improcedencia del presente juicio constitucional, la cual se analizará a continuación. De la lectura integral de la demanda y los anexos que la acompañan, se aprecia el acto reclamado consiste en: - La negativa de incapacitarme por Enfermedad y Riesgo de Trabajo por parte del Director y por órdenes del Jefe de Recursos Humanos y Relaciones Laborales, ambos del Hospital General de Pemex, con residencia en Veracruz, Veracruz. Del capítulo de antecedentes expuesto en la demanda, en lo que aquí interesa, se destaca la parte quejosa manifiesta bajo protesta de decir verdad: - El veintisiete de mayo de dos mil quince, al dirigirse a su trabajo tuvo un accidente automovilístico. - Con motivo de ese evento fue atendida en el servicio de urgencias del Hospital de Pemex- Veracruz, en el que labora en la farmacia como despachadora de medicamentos. - Sustancialmente señala que la atención que ha recibido ha sido deficiente, al punto que a pesar de encontrarse incapacitada para desempeñar sus labores, no se le han expedidos las incapacidades por riesgo de trabajo, cuando ella incluso cuenta con padecimientos que la incapacitan total y permanente. En ese sentido, se estima que en el caso en estudio, se actualiza de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 de la Ley de Amparo, en su fracción XXIII, con los diversos 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo. "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos?????????? Mexicanos, o de esta ley. ARTÍCULO 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ARTÍCULO 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." En tal virtud, el acto reclamado no puede ser considerado acto de autoridad para los efectos del presente juicio. Deriva de una relación laboral que une a la promovente con las señaladas como responsables. Derivado directamente del vínculo patrón trabajador y prestador de seguridad social. Consecuentemente, no es posible su análisis en la vía extraordinaria como lo es el amparo. El reclamo no constituye actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. Se tiene la certeza que aún en el supuesto de admitirse la demanda y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa. Lo anterior, bajo el contexto que, para efectos del amparo, el acto de autoridad es aquél que proviene de un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública. Es decir, cuando el acto tiene su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña. En el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de suprasubordinación. Actuando con los atributos esenciales del proceder autoritario: unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Que se traducen en la posibilidad de que el Estado actúe sin el consenso de los particulares y pueda imponer sus determinaciones. Aún en contra de su voluntad. Si no se presentan estas condiciones, entonces se dice que la autoridad asume conductas y obligaciones como cualquier otro particular, adquiriendo su actuación el carácter de una relación de coordinación, como si se tratara de un ente de derecho privado. De la interpretación sistemática de dichos preceptos legales, se desprende que el juicio biinstancial es improcedente contra actos que no provengan de autoridad. Ésta es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria u omite el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Concretamente, del contenido de la demanda y sus anexos, se advierte el reclamo deriva de la negativa de concederle incapacidad por enfermedad y riesgo de trabajo, por motivo de las secuelas ocasionadas en virtud de lo que ella califica como un riesgo de trabajo. Así como la instrucción de presentarse a laborar en su fuente de trabajo [al no contar con incapacidad] donde presta sus servicios como encargada del área de farmacia. Así las cosas, el reclamo de Claudia Cynthia Ríos Castillo en esta instancia, no es impugnable a través del juicio de derechos humanos. Se trata de un reclamo??????????? emanado de una relación laboral con la dependencia que funge como su patrón y la dependencia de seguridad social. De ahí la improcedencia del juicio constitucional. En apoyo a lo anterior, por analogía se cita la jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.), emitido por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, libro 29, abril de 2016, tomo III, visible en la página 1956, con registro digital 2011343, de título, subtítulo y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación." En tal virtud, es inconcuso, los derechos aludidos en la demanda son de carácter laboral que facultan a quien promueve a ejercer su acción ante tribunales del trabajo para combatir cualquier irregularidad que estime cometida referente a sus derechos inherentes a la relación de trabajo. Ventilar ello ante los órganos jurisdiccionales de trabajo y de considerar que, lo ahí decidido vulnera su esfera constitucional de derecho, entonces acudir a la vía constitucional que en derecho corresponda. Lo que evidencia que a través de aquélla no se crea, modifica o extingue, por sí y ante sí, una situación jurídica en forma unilateral y obligatoria o, se omite un acto que, de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Se trata una cuestión derivada de la relación contractual de carácter operario entre las partes involucradas (patrón -llamado aquí autoridad responsable- y trabajador -quejoso- y entidad que presta la seguridad social). De ahí que sea inconcuso el acto reclamado es una cuestión entre entes que se ubican en un mismo plano (patrón-trabajador) y no en sede administrativa. Sólo por excepción Constitucional prevista en el artículo 123, apartado B, fracción XIII (marinos, militares, policías, Ministerio Público y miembros del servicio exterior) se puede considerar que la relación sea de naturaleza administrativa y no laboral. Sin que desde luego, se esté en el caso de señalar específicamente a la parte quejosa, cuáles serían los medios de defensa idóneos a los que deberá acudir a fin de lograr como parte en juicio ordinario hacer respetar sus derechos, con base en la Jurisprudencia 2ª./J.125/2012 (10ª) de la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal de Justicia Constitucional en el País (registro 2002215), que se publicó en la página 1583, Libro XIV, noviembre de 2012, Tomo 2, Materia (s) Constitucional-Común, del??????????? Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con rubro y texto siguientes: "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. SU ALCANCE FRENTE AL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO AL RESULTAR IMPROCEDENTE LA VÍA CONSTITUCIONAL Y PROCEDENTE LA ORDINARIA. El reconocimiento del derecho a la tutela judicial efectiva frente al desechamiento de una demanda de amparo por improcedencia de la vía, no implica que el órgano constitucional del conocimiento deba señalar la autoridad jurisdiccional ordinaria que considera competente para tramitar la vía intentada y ordenar la remisión de los autos y menos aún, que aquélla tome como fecha de ejercicio de la acción la de presentación de la demanda del juicio constitucional improcedente, pues ello implicaría dar al citado derecho un alcance absoluto que desconocería las limitaciones legal y constitucionalmente admitidas que guardan una razonable relación de proporcionalidad entre los medios que deben emplearse y su fin; es decir, se desvirtuaría la finalidad de instrumentar requisitos y presupuestos procesales que permitan mantener la legalidad y seguridad jurídica requeridas dentro del sistema jurídico, en tanto que se beneficiaría indebidamente a una parte y se desconocerían los derechos de la contraparte en un proceso, al permitir a los particulares rescatar términos fenecidos y desconocer instituciones jurídicas como la prescripción, instituidas para efectos de orden público." En consecuencia, al actualizarse causa notoria e indudable de improcedencia, con fundamento en el numeral 113 de la ley de la materia, se desecha la presente demanda de amparo.

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