Claudia Cruz Piña

Expediente 1508/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1508/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Claudia Cruz Piña

Actuaciones

  1. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA DETERMINACION QUE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Recepción de documentos Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la apoderada legal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este asunto; por lo que se provee: Vista con el cumplimiento a la ejecutoria Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con su contenido y anexo dese vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, corriéndole traslado con copia autorizada de los mismos, para que manifieste lo que a su derecho convenga, en la inteligencia que transcurrido dicho término, con o sin el desahogo de la vista, este órgano constitucional resolverá sobre el cumplimiento de la referida sentencia. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Estado de autos Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que el treinta y uno de octubre del año en curso, se dio vista a las partes con las constancias remitidas por el Director de Área de la Dirección General de Amparos y Contencioso de la Guardia Nacional con sede en Ciudad de México; por tanto, se encuentra transcurriendo el término que concede el artículo 117 de la Ley de Amparo para que las diversas partes procesales se impongan de su contenido. Diferimiento En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese.

  3. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Demanda. Vista la demanda promovida por Claudia Cruz Piña, por propio derecho, contra actos de la Juez Segundo de lo Familiar en el Estado de San Luis Potosí, con sede en esta ciudad. Registro. Regístrese en el libro de Gobierno que corresponda con el número 1508/2023-II, y fórmense los expedientes físico y electrónico respectivos. Desechamiento de la demanda. El artículo 113, de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, para lo cual, en principio, debe tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda. Del análisis integral del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa Claudia Cruz Piña, reclama en esta instancia constitucional la omisión del Juez Segundo de lo Familiar en el Estado de San Luis Potosí, con sede en esta ciudad, de acordar el escrito que presentó ante dicho órgano jurisdiccional el seis de octubre de dos mil veintitrés, dentro del juicio de divorcio incausado 1445/2022. En la especie se surte de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con lo dispuesto en el 107, fracción V, interpretado a contrario sensu de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (...)". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (...)". De tales dispositivos legales, de conformidad con la fracción V del artículo 107 trascrita, se obtiene que el amparo indirecto sólo procede contra actos en el juicio que tengan una ejecución que sea de imposible reparación. Dichos actos son aquéllos que afectan directamente derechos sustantivos públicos de las partes, tutelados por la Constitución a través de los derechos humanos, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales de los gobernados y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. Lo anterior fue motivo de pronunciamiento por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J.37/2014 (10a.)1, registro digital 2006589 de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." De acuerdo con lo sustentado por el alto tribunal, son dos las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de procedimiento, a saber: a) Que se trate de actos "que afecten materialmente derechos"; lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. b) Que esos derechos afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a 1 Instancia: Pleno, Décima Época, Materias(s): Común, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, página 39. los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión ?esta última? que se opone con la de "formal o adjetiva". Pues bien, como se anunció en el caso en estudio, la quejosa reclama del Juez Segundo de lo Familiar en el Estado de San Luis Potosí, con sede en esta ciudad, la omisión de acordar el escrito que presentó ante dicho órgano jurisdiccional el seis de octubre de dos mil veintitrés, dentro del juicio de divorcio incausado 1445/2022; lo cual, a criterio de esta resolutora federal, de momento no afecta de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo. De ahí que, cuando se alega violación al artículo 8 Constitucional, dentro de un procedimiento jurisdiccional, tal inactividad no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino en todo caso, como una violación de carácter adjetivo, ya que no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo. De tal manera que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones. De ahí, que por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página mil ochenta y seis, libro treinta, tomo II, mayo de dos mil dieciséis, décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Del mismo modo, tiene aplicación por el criterio orientador que en el tema se aborda, la jurisprudencia 2a./J.33/2019 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página mil seiscientos cuarenta y tres, libro sesenta y cuatro, marzo de dos mil diecinueve, tomo II, décima época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." Sin que en el caso se actualice la abierta dilación que se establece como excepción. Para clarificar la anterior determinación, se atiende al contenido de los artículos 792 y 795 bis3 fracción I, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí, que en lo que interesa disponen que los autos deberán dictarse dentro de tres días, después del último trámite o de la promoción correspondiente; y que la caducidad de la instancia relativa al juicio principal o incidentes se actualiza en ciento ochenta días naturales. Esto es que, a partir de la fecha de la recepción de una promoción, el plazo con el que cuenta la persona resolutora para dictar el autos correspondiente es de tres días, a lo cual se deben agregar los ciento ochenta días naturales, que constituye el término para que se decrete la caducidad de la instancia, por lo que es dable concluir que, una vez transcurrida la suma de esos plazos, se establece sí existe dilación en la emisión de acordar una promoción, pues conforme a la jurisprudencia referida, para poder considerar que una dilación en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, es de "imposible reparación", para efectos de la procedencia del 2 "Artículo 79. Los decretos y los autos deberán dictarse dentro de tres días, después del último trámite o de la promoción correspondiente." 3 Artículo 795 BIS. La caducidad se decretará de oficio o, a petición de parte, cualquiera que sea el estado del juicio, desde el primer auto que se dicte en el mismo y hasta citación para oír sentencia, en aquellos casos en aquellos casos que concurran las siguiente circunstancias: I. Que hayan transcurrido ciento ochenta días naturales contados a partir del día siguiente a aquél en que surtió efectos la notificación de la última resolución judicial dictada, y (.) amparo indirecto, conforme a lo dispuesto en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, es requisito indispensable que hayan transcurrido más de ciento ochenta días naturales contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos. Luego, si en el caso concreto tenemos que, la parte quejosa presentó su petición el seis de octubre de dos mil veintitrés, en tanto que la demanda de amparo se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en esta ciudad, el nueve de noviembre del año en curso, es indudable que no se ha actualizado una abierta dilación para que se tenga por omisa a la responsable, para considerar la irreparabilidad de la dilación, pues si bien han transcurrido los tres días hábiles que tiene el órgano jurisdiccional para acordar la promoción, aún no fenece el lapso de ciento ochenta días naturales para la caducidad, al transcurrido un mes con tres días naturales desde que la quejosa presentó su promoción. Por ende, no se dan las condiciones que se han establecido para considerar que existe una dilación excesiva en el dictado del proveído que determine la responsable a la presentación del escrito de la quejosa para estimar que constituye un acto de imposible reparación. Por lo expuesto, se concluye que el acto reclamado en esta vía no es de los considerados como de imposible reparación; consecuentemente, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con lo dispuesto en el 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, de la Ley de la materia se desecha de plano la demanda de amparo; porque la causa de improcedencia es manifiesta toda vez que se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda de amparo. Domicilio y autorizados Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a Miriam Terrazas Orozco, Mauricio Rocha Rodríguez y José Othón Terrazas Vázquez, quienes cuentan con sus cédulas profesionales registradas en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Habilitación de días y horas inhábiles Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal Transparencia y acceso a la información pública En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente asunto, tiene el carácter de pública, es accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, en forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. De igual forma, se hace del conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V de la diversa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones que se dicten en el presente asunto se publicarán sin la supresión de los datos personales, salvo los casos de excepción; lo anterior, en la inteligencia de que las partes procesales tienen expedito el derecho de manifestar su oposición a ello, en lo respectivo a la información que se considere confidencial. Juicio en línea Finalmente, se exhorta a las partes, lo que incluye a la autoridad responsable, para que continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Notifíquese personalmente.

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