Claudia Cruz Cruz

Expediente 1026/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 16 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1026/2018
Año
2018
Actuaciones
16
Última actuación
21/10/2019

Partes del expediente

  • Claudia Cruz Cruz
  • Claudia Cruz Cruz y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; veintiuno de octubre de dos mil diecinueve. La certificación de cuenta patentiza que dentro del plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no se inconformó contra el auto de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, en el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria del presente juicio de amparo; en tal virtud, se tiene por consentida para los efectos legales procedentes. En otro orden, el estado procesal del presente juicio de amparo, evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, en el Libro de Gobierno háganse las anotaciones respectivas. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: El cuaderno principal es susceptible de depuración, pues se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión; (punto vigésimo primero, fracción IV, párrafo primero). A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. De igual forma, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve. De la certificación de cuenta se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en auto de cuatro de septiembre de la presente anualidad, para que manifestara lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable Directora Técnica-Jurídica y de Igualdad de Género, así como representante legal de la Directora General del IFREM y el Delegado del Gobierno Constitucional del Estado de México, dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por tanto, a fin de establecer el correcto o incorrecto cumplimiento otorgado a la sentencia de amparo, es necesario precisar lo siguiente: El presente juicio se promovió por Claudia Cruz Cruz y Leopoldo Albiter Cabrera, contra el acto reclamado consistente en la discusión, aprobación, refrendo, publicación y primer acto de aplicación del decreto por el cual se creó el artículo 95, fracciones I, inciso C, rango 6 y II, rango 6 vigentes para dos mil dieciocho (pago de derechos por servicios prestados por el Instituto de la Función Registral del Estado de México, derivado de la inscripción de operación de compraventa de inmueble). Mediante sentencia dictada por este juzgado, el veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión para que la autoridad responsable realizaran lo siguiente: "a) En lo sucesivo, no se aplique a la parte quejosa el artículo 95, fracciones I, inciso C, rango 6 y II, rango 6 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, vigente para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho. b) Dicha protección constitucional se hace extensiva al cobro y liquidación del derecho combatido que le fue efectuado a la quejosa, por ende, se deberá devolver, actualizada de forma debida, la cantidad que resulte de la diferencia entre las cantidades de $37,204.00 (TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS), correspondiente al volante de trámite exhibido y la cuota mínima establecida en la porción normativa aplicada. c) En la inteligencia de que el efecto del amparo no tiene el alcance de liberar en su totalidad al gobernado del pago de la contribución y obligar al Estado a prestar el servicio registral, pues, ello implicaría un despropósito; sino que la protección constitucional tiende a desincorporar de la esfera de la parte quejosa la porción normativa estimada inconstitucional; sin que ello implique que no deba pagar por el servicio, lo que, en todo caso, deberá hacer con base en la menor tarifa que establece la ley, por ser ese el parámetro mínimo que representa para el Estado el costo del servicio de que se trata." Mediante proveído de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, se recibió el testimonio de la ejecutoria que desechó el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia que concedió el amparo y protección de la justicia federal por lo que se requirió a las autoridades responsables para que dieran cumplimiento. En oficio presentado el dos de septiembre de dos mil diecinueve, en la oficialía de partes de los juzgados de Distrito, la Directora Técnica-Jurídica y de Igualdad de Género, así como representante legal de la Directora General del IFREM, dio cumplimiento al fallo protector, pues adjuntó copia certificada del cheque 0005624, valido por la cantidad de treinta y seis mil sesenta y seis pesos 83/100 M.N., de la institución bancaria denominada "Scotiabank", a favor de Claudia Cruz Cruz y Leopoldo Albiter Cabrera, aplicando la tarifa mínima en estricto cumplimiento a la ejecutoria de amparo, tal como lo acreditaba con el cotejo realizado por la Dirección de Finanzas de ese Instituto. Por tanto, resulta evidente que los efectos de la sentencia de amparo fueron satisfechos por la responsable obligada a efectuar la devolución, en los términos indicados por este órgano jurisdiccional. Bajo esas condiciones, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se declara cumplida la ejecutoria de amparo, por las consideraciones expuestas en párrafos precedentes. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    SE LISTA AVISO DE LOS QUEJOSOS Toluca, Estado de México; diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve. De la certificación de cuenta se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en auto de cuatro de septiembre de la presente anualidad, para que manifestara lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable Directora Técnica-Jurídica y de Igualdad de Género, así como representante legal de la Directora General del IFREM y el Delegado del Gobierno Constitucional del Estado de México, dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por tanto, a fin de establecer el correcto o incorrecto cumplimiento otorgado a la sentencia de amparo, es necesario precisar lo siguiente: El presente juicio se promovió por Claudia Cruz Cruz y Leopoldo Albiter Cabrera, contra el acto reclamado consistente en la discusión, aprobación, refrendo, publicación y primer acto de aplicación del decreto por el cual se creó el artículo 95, fracciones I, inciso C, rango 6 y II, rango 6 vigentes para dos mil dieciocho (pago de derechos por servicios prestados por el Instituto de la Función Registral del Estado de México, derivado de la inscripción de operación de compraventa de inmueble). Mediante sentencia dictada por este juzgado, el veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión para que la autoridad responsable realizaran lo siguiente: "a) En lo sucesivo, no se aplique a la parte quejosa el artículo 95, fracciones I, inciso C, rango 6 y II, rango 6 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, vigente para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho. b) Dicha protección constitucional se hace extensiva al cobro y liquidación del derecho combatido que le fue efectuado a la quejosa, por ende, se deberá devolver, actualizada de forma debida, la cantidad que resulte de la diferencia entre las cantidades de $37,204.00 (TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS), correspondiente al volante de trámite exhibido y la cuota mínima establecida en la porción normativa aplicada. c) En la inteligencia de que el efecto del amparo no tiene el alcance de liberar en su totalidad al gobernado del pago de la contribución y obligar al Estado a prestar el servicio registral, pues, ello implicaría un despropósito; sino que la protección constitucional tiende a desincorporar de la esfera de la parte quejosa la porción normativa estimada inconstitucional; sin que ello implique que no deba pagar por el servicio, lo que, en todo caso, deberá hacer con base en la menor tarifa que establece la ley, por ser ese el parámetro mínimo que representa para el Estado el costo del servicio de que se trata." Mediante proveído de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, se recibió el testimonio de la ejecutoria que desechó el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia que concedió el amparo y protección de la justicia federal por lo que se requirió a las autoridades responsables para que dieran cumplimiento. En oficio presentado el dos de septiembre de dos mil diecinueve, en la oficialía de partes de los juzgados de Distrito, la Directora Técnica-Jurídica y de Igualdad de Género, así como representante legal de la Directora General del IFREM, dio cumplimiento al fallo protector, pues adjuntó copia certificada del cheque 0005624, valido por la cantidad de treinta y seis mil sesenta y seis pesos 83/100 M.N., de la institución bancaria denominada "Scotiabank", a favor de Claudia Cruz Cruz y Leopoldo Albiter Cabrera, aplicando la tarifa mínima en estricto cumplimiento a la ejecutoria de amparo, tal como lo acreditaba con el cotejo realizado por la Dirección de Finanzas de ese Instituto. Por tanto, resulta evidente que los efectos de la sentencia de amparo fueron satisfechos por la responsable obligada a efectuar la devolución, en los términos indicados por este órgano jurisdiccional. Bajo esas condiciones, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se declara cumplida la ejecutoria de amparo, por las consideraciones expuestas en párrafos precedentes. Notifíquese personalmente

  4. Principal

    (se lista citatorio parte quejosa) Toluca, Estado de México; cuatro de septiembre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguense a los autos los oficios de cuenta a través de los cuales la Directora Técnico-Jurídica y de Igualdad de Género, así como representante legal de la Directora General del IFREM y el Delegado del Gobernador Constitucional del Estado de México, comunican la forma en que dan cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con copia simple del oficio y anexo de cuenta, signado por la primera de dichas autoridades dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga en relación con la forma en que la mencionada responsable da cumplimiento al fallo protector, apercibida que de ser omisa, se resolverá sobre el particular, con base en las constancias que obran en el sumario constitucional, pues la mencionada en segundo término solo comunica que respecto del acto que se atribuyó a su delegante no existe materia que cumplimentar. Con apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia publicada con el número 247, que se aprecia en la página 203, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, con número de registro 917781, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Notifíquese personalmente.

Quedan 12 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 14,527 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano