Claudia Cristina Gazca Zavala
Expediente 813/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 813/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/07/2023
Partes del expediente
- Claudia Cristina Gazca Zavala
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que no se interpuso recurso de queja en contra del auto veintitrés de junio de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por *****; por tanto, se declara que queda firme, causando estado con fundamento en la fracción II del artículo 977 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido.....
- Principal
AVISO. Se procede a notificar por medio de lista el proveído de veintitrés de junio de dos mil veintitrés a la parte quejosa, en virtud de no haber acudido al local del juzgado dentro del plazo de dos días hábiles siguientes a la entrega del aviso en su domicilio procesal, con el fin de notificarse del contenido de dicho auto, el cual medularmente establece lo siguiente: Mexicali, Baja California, a veintitrés de junio de dos mil veintitrés. I. Radicación Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Claudia Cristina Gazca Zavala, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en Mexicali, Baja California. II. Creación de expediente Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 813/2023. III. Decisión sobre la instancia constitucional 1. Desechamiento Del análisis de la demanda de amparo se advierte que es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la ley de la materia1 disponen que las causas de improcedencia se deben de analizar de oficio y que el juez de distrito, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia al examinar el escrito de demanda, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; esto, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente sobreseídos. "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija la taxativa consistente en que, para desechar una demanda de amparo, no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19, cuyo rubro y texto establecen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad" Del anterior criterio jurisprudencial, se desprende que el motivo de improcedencia del juicio constitucional es manifiesto al advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; por otra parte, es indudable si resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. a) No es de ejecución irreparable. 2 Sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, Septiembre de 1999, página 730 De una intelección del artículo 107, fracción V, de la ley de la materia,3 se desprende que el amparo biinstancial sólo procede en contra de actos en juicios cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndolos como aquellos que afecten derechos sustantivos. En sentido contrario, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produce un menoscabo de esa naturaleza. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis que dice: "JUEZ DE DISTRITO. PUEDE INVOCAR PRECEPTOS LEGALES A CONTRARIO SENSU, PARA APOYAR SUS RESOLUCIONES. Si el Juez de Distrito al momento de dictar su fallo, se encuentra ante la ausencia de norma específica que regule el caso sometido a su consideración, válidamente puede acudir al denominado "argumento a contrario" para resolver la cuestión litigiosa, en acatamiento al principio de la plenitud hermenéutica del orden jurídico, consagrado en el artículo 18 del Código Civil Federal; pues el argumento a contrario, es una de las diversas técnicas de integración de las normas jurídicas, mediante la cual, se pueden colmar las lagunas existentes en la legislación; el que, por cierto, precisa que si una norma establece una solución restrictiva en relación con el caso a que se refiere, válidamente puede inferirse que los no comprendidos en ella deben ser objeto de una solución contraria; y de ahí, que tal proceder resulte legal" Al no actualizarse el supuesto de procedencia del juicio de amparo previsto en el artículo 107, fracción V, de la ley que lo regula, se actualizaría la causa de improcedencia prevista por el diverso artículo 61, fracción XXIII, del mismo cuerpo normativo. El citado numeral 107, fracción V, establece dos condiciones para la procedencia del juicio de amparo, a saber: ? Que sean actos dentro de juicio. ? Que afecten derechos sustantivos Los actos dentro de juicio son aquellos dictados dentro de un proceso jurisdiccional entendido como la institución jurídica compuesta de una serie sucesiva de actos, constituidos por etapas expositiva, probatoria y conclusiva. Cabe destacar que después de la fase conclusiva del proceso, en algunos casos existe la etapa ejecutiva, aunque para los actos dictados en "ARTICULO 107.- El amparo se pedirá ante el juez de Distrito:. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Novena Época, Registro: 175910, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tesis Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Febrero de 2006, Materia(s): Común, Tesis: III.2o.C.18 K, Página: 1827. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley" esta etapa la ley citada hace una distinción, ya que les da el tratamiento de actos dictados después de concluido el juicio (artículo 107, fracción IV, del ordenamiento legal aplicable), con reglas de procedencia distintas al estudio que nos ocupa. El juicio o proceso comienza con la presentación de la demanda y concluye con el dictado de la sentencia o laudo definitivo; por lo que los actos que tengan lugar entre estos extremos constituirán actos en juicio. Ahora, sobre el concepto de ejecución de imposible reparación, debe señalarse que son aquellos actos dictados dentro del juicio que el legislador dispuso afectan de modo directo e inmediato alguno de los derechos sustantivos consagrados en la constitución y no los que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. Lo anterior significa que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de incidir inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la constitución por medio de los derechos fundamentales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, entre otras, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, las meras violaciones procesales no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Luego, el prototipo de los primeros (actos irreparables) está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los que la Ley Fundamental preserva al gobernado como géneros, citándose a guisa de ejemplo, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto que ordena la intercepción de la correspondencia de alguna de las partes en las oficinas de correos, el que se conmina a una parte a que forzosamente desempeñe un trabajo o el arraigo, dado que en los primeros casos se puede afectar la propiedad y posesión, en el cuarto la libertad personal, en el quinto el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, en el sexto la libertad de trabajo y en el séptimo la de tránsito; afectaciones éstas que no podrían repararse en alguna actuación posterior del juicio. En tanto que el supuesto de los segundos (actos reparables), se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal. Además, el juicio de amparo contra actos de autoridades jurisdiccionales dictados dentro de juicio, es procedente cuando se afecten derechos sustantivos, pero no cuando se reclamen violaciones a las garantías individuales, puesto que éstas no son derechos sustantivos, ya que como su nombre lo indica, garantizan la aplicación de la ley en cuanto a los procedimientos seguidos ante tribunales, con el objeto de proteger la integridad física, la libertad y los bienes, siendo éstos, los derechos fundamentales del gobernado, entre otros; es decir, las garantías individuales, no son derechos sustantivos, sino que constituyen el instrumento constitucional establecido por la propia norma fundamental del país, para salvaguardar tales derechos. Ello, según se advierte de la tesis I.6o.C.28 K, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice: "GARANTIAS INDIVIDUALES. NO SON DERECHOS SUSTANTIVOS, SINO QUE CONSTITUYEN EL INSTRUMENTO CONSTITUCIONAL PARA SALVAGUARDAR ESTOS. Las garantías individuales que se encuentran consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, como lo son la del debido proceso y la de fundamentación y motivación en todo acto de autoridad, como su nombre lo indica, garantizan la aplicación de la ley en cuanto a los procedimientos seguidos ante tribunales, con el objeto de proteger la integridad física, la libertad y los bienes, siendo éstos, los derechos fundamentales del gobernado, entre otros; es decir, las garantías individuales, no son derechos sustantivos, sino que constituyen el instrumento constitucional establecido por la propia Norma Fundamental del país, para salvaguardar tales derechos"6 En el caso, el acto reclamado materia del presente sumario, se hace consistir la omisión de emitir acuerdo de admisión y/o desechamiento de pruebas en el juicio laboral 2241/2020-3B, así como de efectuar su notificación. En ese orden de ideas, del escrito de cuenta del quejoso, se obtiene que el quejoso señaló -bajo protesta de decir verdad- que en auto de tres de mayo de dos mil veintitrés, tuvo verificativo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, en la cual, una vez concluida la autoridad responsable Época: Novena Época, Registro: 201169, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Octubre de 1996, Materia(s): Común, Tesis: I.6o.C.28 K, Página: 547 se reservó un término prudente para proveer sobre la admisión y/o desechamiento de las mismas. Por ello, la omisión reclamada tiene la característica de ser dentro de juicio, al emanar de un procedimiento laboral en el que se ha presentado la demanda y no se ha dictado laudo Lo anterior, evidencia que los elementos de las definiciones de ejecución irreparable no se actualizan en el acto reclamado porque con la omisión en estudio sólo se puede afectar los derechos procesales de la parte quejosa, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros. En las relacionadas condiciones se concluye, que la omisión que hoy se combate es un acto verificado dentro de juicio y no se está en el caso que se afecten de modo directo e inmediato derechos sustantivos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Caso contrario si el proveído que le recayera al ocurso versara sobre un derecho sustantivo; por ejemplo, si no se le proveyera sobre un embargo o su levantamiento, la custodia de personas, la devolución de garantías, el señalamiento de fecha lejana para el desahogo de una audiencia. Cabe destacar que la prolongación natural del procedimiento no constituye en sí mismo una afectación manifiesta en los derechos sustantivos del promovente del amparo, que en automático haga procedente el juicio biinstancial. Lo anterior en atención a que todo procedimiento implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello signifique una afectación material a los derechos sustantivos, que conduzca a considerar, por sí solo, que se esté en presencia de un acto de imposible reparación. Sirve de apoyo en lo conducente la tesis que textualmente dice: "ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO ES EL SIMPLE RETARDO EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la solicitud de modificación de jurisprudencia 1/2003, de la que derivó la jurisprudencia P./J. 99/2004, publicada en la página 5 del Tomo XX, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de octubre de 2004, cuyo rubro es: "COSA JUZGADA. LA RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA QUE DESESTIMA ESA EXCEPCIÓN SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, POR SER UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL).", determinó que para analizar si una violación acaecida en el curso del procedimiento es o no de imposible reparación, el juzgador debe proceder de la siguiente manera: a) Discernir si el acto reclamado afecta directa e inmediatamente derechos sustantivos que prevén las garantías individuales contenidas en la Constitución General de la República; b) Que en la hipótesis de que las consecuencias del acto no afectaran dichos derechos sustantivos, debe valorar si con ellas se afecta o no a las partes en grado predominante o superior, puesto que de arribarse a la convicción de que tampoco colma esta afectación exorbitante, sería improcedente el amparo indirecto, debiendo el gobernado esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo; c) Que por regla general, una violación formal o procesal produce una afectación exorbitante a las partes durante el juicio (que la identifica como de imposible reparación), cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que significan una situación especial dentro del procedimiento de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio del orden común, bien para asegurar su desarrollo con respeto a las garantías procesales esenciales del quejoso, o bien, porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso o innecesario del juicio; d) Precisar que la afectación que produzca el acto intraprocesal reclamado, a fin de que amerite su impugnación en amparo indirecto, debía ser en grado extraordinario o sobresaliente; e) Que la anterior precisión era necesaria, toda vez que las tesis que sobre el tema sustenta el más Alto Tribunal del país, se fundaban de manera explícita o implícita en el artículo 17 de la Constitución Federal; y, f) Pero que no obstante lo anterior, era igualmente cierto que no todas las violaciones procesales que puedan encontrar fundamento en el señalado artículo 17 constitucional, a través de las normas adjetivas secundarias o derivadas podían, jurídicamente, ser impugnadas en amparo indirecto, pues ello haría interminables los juicios ordinarios y tornaría inútil un aspecto básico del amparo directo. En el mismo sentido y siguiendo los lineamientos fijados en la solicitud de modificación de jurisprudencia 1/2003, la Segunda Sala del referido Tribunal Constitucional, al resolver la contradicción de tesis 38 2007 PL, que dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 23 2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, febrero de 2008, página 593, de rubro: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO.", sostuvo, en lo que interesa, lo siguiente: "... el retardo en la impartición de justicia ... por sí sola, no podría justificar la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que por ello se viole el principio de justicia pronta.". Establecido lo anterior, la resolución de segunda instancia que revoca el auto mediante el cual el Juez de primer grado cita a las partes para oír sentencia, no constituye un acto procesal de imposible reparación ya que, de la decisión tomada por el tribunal de alzada no depende la suerte de todo el juicio, ni tampoco puede hablarse del desarrollo ocioso de un proceso, cuando éste ya se agotó, aunado a que el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, en tanto que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal que menciona el quejoso"7 Se afirma lo anterior al no advertirse una dilación injustificada que contravenga lo dispuesto en el artículo 17 del Pacto Federal, ya que el legislador al fijar los términos procesales en las leyes respectivas, no puede atender a la variedad de asuntos que son del conocimiento de los órganos jurisdiccionales, sino a un tiempo previsible para resolverlos y engrosarlos debidamente. Época: Novena Época, Registro: 167805, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia(s): Común, Tesis: IV.2o.C.55 K, Página: 2677. Aunado a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que con la finalidad de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio laboral, cuyo trámite y resolución se ha procurado agilizar por virtud de las recientes reformas legales en la materia, la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos y laudos, o en la realización de cualquiera otra diligencia, que la demanda de amparo será procedente cuando han transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que debieron legalmente pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. Entonces, dado que la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad, que el tres de mayo de dos mil veintitrés, tuvo verificativo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, en la cual, una vez concluida la autoridad responsable se reservó un término prudente para proveer sobre la admisión y/o desechamiento de las mismas, y a la fecha de la presentación de la demanda de amparo veintiuno de junio dos mil veintitrés, la responsable no ha emitido acuerdo de admisión y/o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes, ello no constituye una dilación que transgreda el derecho de acceso a la justicia en la tramitación del juicio laboral de origen, ya que como se advierte el término previsto en el artículo 880, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo, el término posterior de concluido el ofrecimiento de las pruebas para proveer sobre la admisión y/o desechamiento de las mismas, consistente en los cinco días siguientes a su conclusión. Por tanto, en el caso, dicho plazo transcurrió del cuatro al diez de mayo del año en curso -para proveer sobre la admisión y/o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes-; en consecuencia, el término de cuarenta y cinco días naturales a que hace mención la jurisprudencia 2a./J.33/2019(10a.), para que se considere una dilación excesiva transcurre del once de mayo del presente año al veinticuatro de junio de dos mil veintitrés; de ahí que, a la data en que se presentó la demanda que se atiende (veintiuno de junio de dos mil veintitrés) no había transcurrido el plazo de referencia; por tanto, la omisión reclamada debe ser considerada como una violación procesal que no afecta derechos sustantivos de la parte promovente. Lo anterior se corrobora con la boleta de turno expedida por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, respecto de la que se inserta imagen para constancia: Sirve para justificar lo anterior la diversa jurisprudencia, cuyo rubro y texto reza: "TERMINOS PROCESALES. PARA DETERMINAR SI UN FUNCIONARIO JUDICIAL ACTUO INDEBIDAMENTE POR NO RESPETARLOS SE DEBE ATENDER AL PRESUPUESTO QUE CONSIDERO EL LEGISLADOR AL FIJARLOS Y LAS CARACTERISTICAS DEL CASO. El artículo 17 de la Constitución consagra la garantía denominada derecho a la jurisdicción que consiste, conforme al texto literal del precepto, en que "toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijan las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial" lo que significa, por regla general, que un funcionario judicial actúa indebidamente cuando incurre en dilaciones que lo llevan a vulnerar esos dispositivos al no acordar las promociones de las partes o emitir las resoluciones dentro de los términos específicos que para cada situación señalan las normas procesales aplicables. De ello se sigue que si se formula una queja administrativa con motivo de esas irregularidades y el funcionario admite que incurrió en ellas o las mismas se encuentran probadas, en principio, debe considerarse fundada la queja e imponer las correcciones disciplinarias que correspondan o adoptar medidas que se juzguen convenientes. Sin embargo, al examinar cada caso se debe considerar que el legislador al fijar términos procesales en las leyes respectivas no pudo atender a la variada gama de casos que se someten a los tribunales, tanto por la índole de las cuestiones jurídicas que se controvierten como por la complejidad de los hechos a los que se refieren, así como al volumen del expediente y la extensión de los escritos aportados y pruebas desahogadas. Por la naturaleza del problema resulta lógico inferir que el legislador, al hacer la determinación a que se alude tomó en cuenta, por una parte, el tiempo que previsiblemente, considerando la capacidad y diligencia medias de un juzgador y de su personal profesional y administrativo de apoyo, se requiere para acordar o resolver la generalidad de los asuntos que ingresan a los órganos jurisdiccionales y, por otra, a que este ingreso sea en número proporcionado a la potencialidad de trabajo del juzgado o tribunal que corresponda. Por todo ello cuando se trate de un asunto excepcional, por alguna o todas las características mencionadas o bien cuando el ingreso de asuntos al órgano jurisdiccional respectivo supere notoriamente al que podría considerarse normal, debe concluirse que o bien se presentaron atenuantes o bien, excluyentes de responsabilidad en relación con la actuación del funcionario contra el que se formuló la queja administrativa y resolverla en consecuencia"8 Así como la jurisprudencia por contradicción de tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre las sustentadas por el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Circuito, fallada en sesión del nueve de enero de dos mil diecinueve, pendiente de publicar, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador" Igualmente resulta aplicable al caso, la tesis de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ACREDITARSE RESPECTO A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA DEMANDA DE AMPARO. Si la parte quejosa tiene la carga de acreditar los actos que reclama ante la negativa de los mismos en el informe justificado rendido por las autoridades señaladas como responsables, las pruebas que para tal efecto rinda deben estimarse con relación a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que esa es la fecha en que debe acreditarse la existencia de los actos reclamados, y no a una posterior, pues, de lo Época: Octava Época, Registro: 205635, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente:, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 57, Septiembre de 1992, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 32/92, Página: contrario, la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron lugar a la demanda9 ". Así las cosas, con fundamento en el artículo 113 de la ley en consulta, procede desechar de plano la demanda de amparo. Tiene aplicación la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente"10 No pasa inadvertida la jurisprudencia sustentada por el Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito de rubro: "AMPARO INDIRECTO. EL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN LA OMISIÓN DE PROVEER UNA PETICIÓN EN UN JUICIO CIVIL, NO CONFIGURA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO" 11, en razón de que el acto reclamado en el presente asunto es de naturaleza diversa y contrario a la diversa sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, citada en el párrafo inmediato anterior, por lo que en términos del artículo 217 de la ley de la materia debe Octava Época, Registro: 207528, Instancia: Tercera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988, Materia(s): Común, Tesis: Página: 273. 10 Época: Décima Época, Registro: 2011580, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Mayo de 2016, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 48/2016 (10a.) 11 Época: Décima Época, Registro: 2011784, Instancia: Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito, Tipo de Tesis: Contradicción de Tesis, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Publicación: viernes 03 de junio de 2016 10:03 h, Materia(s): (Común), Tesis: PC.III.C. J/20 K (10a.). prevalecer la de dicha sala, al ser obligatoria, incluso, para el referido pleno de circuito. IV. Intervención a las partes del juicio de amparo 1. Parte quejosa. Claudia Cristina Gazca Zavala. a. Domicilio. Se tiene por señalado como domicilio procesal el ubicado en Carretera a San Luis, número 3598, interior 1, Colonia González Ortega de esta ciudad. b. Autorizados. Se tiene como autorizados en términos del artículo 12 de la invocada ley a la licenciada Dayaana Uribe Ontiveros; y únicamente para oír y recibir notificaciones a Thairi Mairi Yepiz Acosta y Kenia Lizbeth Mendieta Sotelo. c. Autorización de uso de medios electrónicos. De conformidad con la circular 12/2009 del Pleno de la Judicatura Federal, se autoriza la reproducción de las actuaciones que obren en el expediente en que se actúa, dejando constancia en el expediente de la reproducción obtenida a través de medios electrónicos, tales como cámaras fotográficas, scanner portátiles, celulares con dispositivos fotográficos o similares. En el entendido, que deberá contar con los medios para su reproducción (cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos), así como si se trata de documentos cuya difusión este reservada por disposición legal; así como que el uso que le dé a las copias obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos, será bajo su más estricta responsabilidad. Apoya a lo anterior por las razones que la informan, la tesis cuyo rubro dice: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA."12 12Tesis I.3o.C.725 C (9a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, marzo de 2009, página 2847, con registro digital 167640, de rubro y texto: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin V. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, del cuerpo legal en consulta, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente.
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