Claudia Cordero Baez

Expediente 584/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 9 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
584/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
19/08/2022

Partes del expediente

  • Claudia Cordero Baez
  • Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a diecinueve de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, por el que acusa recibo del oficio por el que le fue remitido el original del escrito de agravios signado por la quejosa ******, copia simple del mismo y el original del juicio de amparo 584/2022; asimismo, hace del conocimiento de este juzgado, que el diecisiete de agosto del año en curso, se admitió el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, en contra de la sentencia dictada el veinticuatro de junio de dos mil veintidós, dando origen al recurso de revisión número 236/2022; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. De la misma manera, infórmesele a la Superioridad que quedan disponibles los autos del expediente para su consulta, toda vez que de conformidad a lo establecido en el referido Acuerdo General 21/2020, la remisión de los autos que integran el presente juicio será físicamente tal como se advierte en la siguiente imagen: Asimismo, como lo solicita la autoridad oficiante envíese el archivo electrónico de la sentencia recurrida a la dirección del correo electrónico oficial de ese tribunal colegiado 2tc28cto@correo.cjf.gob.mx, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a veintiocho de julio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación que antecede, de los que se advierte que las partes han sido notificadas del recurso de revisión interpuesto en autos por la parte quejosa, en contra de la sentencia de veinticuatro de junio de dos mil veintidós; por tanto, remítase el original del presente juicio de amparo, original del escrito de agravios y copia simple del mismo, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito en Turno, con sede en Apizaco, para que proceda conforme a sus atribuciones. Asimismo, se hace del conocimiento del Tribunal de Alzada que en la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, se ordenó tener a la vista los expedientes electrónicos de los juicios de amparos 391/2022 y 539/2022, del índice de este órgano jurisdiccional, que obran en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), los cuales se encuentran disponibles para su consulta vía electrónica; lo anterior, para los efectos legales procedentes. Notifíquese.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA:..Apizaco, Tlaxcala, a once de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa Claudia Cordero Báez, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, dictada en el presente expediente y expresa agravios. Luego, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y demás relativos de la Ley de Amparo, distribúyanse entre las demás partes las copias del escrito de agravios, como lo establece el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, y, en acatamiento al numeral 89 del referido ordenamiento legal, dentro del término de tres días siguientes al de la última notificación a las partes del presente proveído, remítanse los autos originales del juicio en que se actúa, escrito de interposición de dicho recurso y escrito de expresión de agravios, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en turno, para la substanciación del recurso que se hace valer. Por otra parte, con copia simple de la demanda, auto admisorio, sentencia y escrito de agravios, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Asimismo, toda vez que en la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, se ordenó tener a la vista los expedientes electrónicos de los juicios de amparos 391/2022 y 539/2022, del índice de este órgano jurisdiccional, que obran en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); con fundamento en el artículo 95 del Acuerdo 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se instruye a la Oficial Judicial A, encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este órgano jurisdiccional, para que realice la autorización correspondiente, a efecto de que el Tribunal de Alzada que conozca del recurso interpuesto, se encuentre en aptitud de consultar vía electrónica los referidos juicios de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio a las autoridades responsables.

  4. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, siendo las diez horas con cincuenta y cuatro minutos del veinticuatro de junio de dos mil veintidós, hora y día señalados en autos para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 584/2022-IV, promovido por Claudia Cordero Baez, se procede a efectuarla en presencia de la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, asistida de Ernesto Argüello Melgar, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe, por lo cual la declara abierta. Acto seguido, el Secretario certifica: Que en las instalaciones del órgano jurisdiccional no se presentó en la hora indicada ninguna persona solicitando comparecer a la audiencia físicamente ni por escrito, aunado a que las partes no manifestaron su deseo de comparecer a través de videoconferencia, por lo que se desahoga sin asistencia de las partes. A continuación, el Secretario relaciona las constancias de autos, entre las que se encuentran la demanda de amparo presentada por Claudia Cordero Baez; auto admisorio de trece de mayo de dos mil veintidós, e informes con justificación rendidos por las autoridades responsables, Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y Presidente de la Comisión Permanente del Congreso del Estado de Tlaxcala. Asimismo, se hace constar que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se encuentra emplazado. En relación a lo anterior, la Juez de Distrito acuerda: con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, tómese en consideración al momento de resolver este expediente los informes justificados rendidos por las autoridades responsables y téngase por emplazado al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y a la referida tercera interesada. Abierto el período de pruebas, el Secretario da cuenta con las pruebas que ofreció la autoridad responsable, Auditora Superior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala, consistentes en las documentales que obran en copia certificada del oficio número OFS/2271/2022 de veintiuno de abril de dos mil veintidós, el cual recae como respuesta al escrito de catorce de febrero de dos mil veintidós, presentado por la quejosa; copia certificada del acuerdo de catorce de marzo de dos mil veintidós, dictado por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, en los autos del juicio ordinario laboral número 210/2016-B y copia certificada del desahogo de la audiencia de tres de mayo de dos mil veintidós, dictado por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, en los autos del juicio ordinario laboral número 210/2016-B; la presuncional legal y humana, así como la instrumental de actuaciones, asimismo, como lo solicitó dicha autoridad responsable, se ordena tener a la vista los expedientes electrónicos de los juicios de amparos 391/2022 y 539/2022, del índice de este órgano jurisdiccional, que obran en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con las documentales públicas que remitió la diversa autoridad responsable, Presidente de la Comisión Permanente del Congreso del Estado de Tlaxcala, consistentes en la copia certificada del oficio número S. P. 0633/2022 de veintiséis de abril de dos mil veintidós, del acta de notificación de veintiocho de abril del año en curso, practicada a la aquí quejosa Claudia Cordero Baez, del oficio 0155/2022- DIP.MACY de veinticinco de abril de dos mil veintidós, dirigido a la quejosa, del oficio 15262/2022 emitido en el juicio de amparo 391/2022 del índice de este juzgado, el doce de mayo del actual y acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, dictado en el expediente 210/2016- B, y su constancia de notificación a la aquí quejosa. A lo que la Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen admitidas y desahogadas las pruebas antes referidas, dada su propia y especial naturaleza, con lo anterior se cierra el período probatorio. Abierta la fase de alegatos, el Secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló; a lo que la Juez acuerda: téngase por hecha la constancia que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. En tal virtud, se concluye esta audiencia, de la que se levanta acta para constancia y enseguida procédase a dictar la siguiente: S E N T E N C I A Se tiene a la vista, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto número 584/2022-IV, promovido por Claudia Cordero Baez, por derecho propio, en contra de los actos reclamados de la Titular del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala y del Presidente de la Mesa Directiva y del Representante Legal del Congreso del Estado de Tlaxcala; y, R E S U L T A N D OS : PRIMERO. Recepción de demanda. Por escrito recibido el doce de mayo de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, Claudia Cordero Baez, por derecho propio, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES: - Titular del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala. - Presidente de la Mesa Directiva y del Representante Legal del Congreso del Estado de Tlaxcala. ACTOS RECLAMADOS: A) DE la C. P. MARÍA ISABEL DELFINA MALDONADO TEXTLE, en su carácter de Titular del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se reclama: 1. La negativa a cumplir voluntariamente con el laudo de fecha 18 de febrero de 2021, dictado en el expediente número 210/2016-B radicado ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, que me hizo saber mediante el oficio número OFS/2271/2022 de fecha 21 de abril del año 2022, con el cual da respuesta a mi escrito de fecha 14 de febrero del año 2022, en el que le solicité que en su carácter de Titular del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala y con las facultades que la ley aplicable le confiere, diera cumplimiento voluntario a la condena que le fue impuesta a su representado dentro del juicio laboral mencionado, con el pago a favor de la hoy quejosa de la cantidad de $1,429,267.03. B) Del Ing. MIGUEL ÁNGEL CABALLERO YONCA, Presidente de la Mesa Directiva y Representante Legal del Congreso del Estado de Tlaxcala, se reclama: 1. La negativa a cumplir voluntariamente con el laudo de fecha 18 de febrero de 2021, dictado en el expediente número 210/2016-B radicado ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, que me hizo saber mediante el oficio número O155/2022-DIP.MACY de fecha 25 de abril del año 2022, con el cual da respuesta a mi escrito de fecha 14 de febrero del año 2022, en el que le solicité que en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva y Representante Legal del Congreso del Estado de Tlaxcala y con las facultades que la ley aplicable le confiere, diera cumplimiento voluntario a la condena que le fue impuesta a su representado dentro del juicio laboral mencionado, con el pago a favor de la hoy quejosa de la cantidad de $1,429,267.03. SEGUNDO. Radicación, admisión y trámite del juicio de amparo. Mediante proveído de trece de mayo de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo, se requirió el informe justificado a las autoridades responsables, se ordenó emplazar a juicio a la parte tercera interesada, se dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, quien no formuló pedimento, se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 35, 37 y 107, fracción VII de la Ley de Amparo; relacionados con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como su adición contenida en el diverso acuerdo 3/2021 difundido en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de abril de dos mil veintiuno, en virtud de que el acto reclamado por grado es del conocimiento de un juez de distrito; y, porque las autoridades a quien se les reprochan tienen su residencia dentro de la jurisdicción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. La quejosa Claudia Cordero Baez, señaló como actos reclamados: A) DE la C. P. MARÍA ISABEL DELFINA MALDONADO TEXTLE, en su carácter de Titular del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, se reclama: 1. La negativa a cumplir voluntariamente con el laudo de fecha 18 de febrero de 2021, dictado en el expediente número 210/2016-B radicado ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, que me hizo saber mediante el oficio número OFS/2271/2022 de fecha 21 de abril del año 2022, con el cual da respuesta a mi escrito de fecha 14 de febrero del año 2022, en el que le solicité que en su carácter de Titular del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala y con las facultades que la ley aplicable le confiere, diera cumplimiento voluntario a la condena que le fue impuesta a su representado dentro del juicio laboral mencionado, con el pago a favor de la hoy quejosa de la cantidad de $1,429,267.03. B) Del Ing. MIGUEL ÁNGEL CABALLERO YONCA, Presidente de la Mesa Directiva y Representante Legal del Congreso del Estado de Tlaxcala, se reclama: 1. La negativa a cumplir voluntariamente con el laudo de fecha 18 de febrero de 2021, dictado en el expediente número 210/2016-B radicado ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, que me hizo saber mediante el oficio número O155/2022-DIP.MACY de fecha 25 de abril del año 2022, con el cual da respuesta a mi escrito de fecha 14 de febrero del año 2022, en el que le solicité que en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva y Representante Legal del Congreso del Estado de Tlaxcala y con las facultades que la ley aplicable le confiere, diera cumplimiento voluntario a la condena que le fue impuesta a su representado dentro del juicio laboral mencionado, con el pago a favor de la hoy quejosa de la cantidad de $1,429,267.03. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables, Titular del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala y el Presidente de la Mesa Directiva y el Representante Legal del Congreso del Estado de Tlaxcala; al rendir sus informes con justificación negaron los actos reclamados consistentes en la negativa a cumplir voluntariamente con el laudo de fecha dieciocho de febrero de dos mi veintiuno; sin embargo, realizaron diversas manifestaciones que demuestran su existencia; por tanto deben tenerse como tales; aunado a que así se advierte de las constancias que obran en autos; a las cuales se les otorga pleno valor probatorio por tratarse de documentales públicas, en términos del los artículos 129, 197 y 204 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes de los actos reclamados. Para una mejor comprensión del asunto es pertinente narrar los antecedentes que originaron los actos reclamados, los cuales se advierten del capítulo respectivo de la demanda de amparo, mismos que son los siguientes: La hoy quejosa Claudia Cordero Baez, promovió ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, juicio ordinario laboral en contra del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala y del Congreso del Estado de Tlaxcala. El Tribunal responsable, dictó laudo el dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, en el que condenó al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala y al Congreso del Estado de Tlaxcala, al pago de la cantidad de $1,429,267.03 (un millón cuatrocientos veintinueve mil doscientos sesenta y siete pesos tres centavos), por concepto de diversas prestaciones laborales. La quejosa mediante escritos de catorce de febrero de dos mil veintidós dirigidos al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala y al Congreso del Estado de Tlaxcala, solicitó que cumplieran voluntariamente con el laudo en cuestión. QUINTO. Causal de improcedencia del juicio. Determinada la certeza del acto reclamado y previamente al estudio de fondo del asunto, se debe analizar, lo aleguen o no las partes, si en el caso se actualiza alguna de las causas de improcedencia del juicio de amparo, toda vez que ello constituye una cuestión de orden público y estudio preferente y además porque así lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1º fracción I, y 5º. de la Ley de Amparo, que prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general [.]" De los preceptos legales transcritos, se advierte, por una parte, que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y, por otra, que debe considerarse autoridad responsable aquella que la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Lo anterior pone de manifiesto, que el acto de la autoridad constituye un requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo, pues así lo dispone el artículo 1º de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del juicio de garantías, contra leyes o actos de autoridad. En ese tenor, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por autoridad responsable, debe considerarse a aquellos entes que con fundamento en una norma legal, emiten actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado, por lo cual, debe analizarse en cada caso, si la autoridad señalada como responsable tiene la facultad para tomar decisiones o emitir resoluciones que afecten la esfera jurídica de los quejosos. En otras palabras, para atribuir el carácter de "autoridad" para efectos del juicio de amparo, debe atenderse a las relaciones jurídicas entre el gobernado y la autoridad, es decir, que exista una relación de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente público señalado como autoridad responsable actúe en un plano superior, para lo cual, debe reunir como notas distintivas las siguientes: 1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; 2. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; 3. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, y; 4. Que para emitir dichos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Ahora, como se precisó con anterioridad, en el caso se actualiza tal causa de improcedencia porque de los antecedentes precisados en la demanda de amparo, se advierte que las autoridades señaladas como responsables en el presente juicio, son parte demandada en el procedimiento de origen, por lo que no puede considerarse que dictaron, promulgaron, ordenaron, ejecutaron o trataron de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, sino que sólo actuaron como demandadas; esto es, sin facultad decisoria en el juicio respectivo, además de que carecen de potestad de decisión, ejecución u omisión de las resoluciones. En efecto, el acto impugnado deriva de un procedimiento jurisidccional en el cual la ahora quejosa tiene la calidad de actora y las autoridades señaladas como responsables, Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala y el Congreso del Estado de Tlaxcala, son demandadas, por tanto, dichos contendientes están en un plano de igualdad, sujetos al imperio del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala. Congruente con lo expuesto no es dable acudir al juicio constitucional con el objeto de que, de manera directa, se determine lo conducente al cumplimiento del laudo dictado el dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, dentro del expediente laboral 210/2016-B, puesto que si la ley establece los mecanismos para llevarlo a cabo, son los propios funcionarios emisores de la resolución, los que habrán de proveer lo relativo al cumplimiento de sus fallos, empleando las medidas más eficaces para ello (los medios de apremio que establece la ley). En efecto, es el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, a quien le corresponde ejecutar el laudo dictado en el expediente laboral 210/2016-B, por ende, goza de plena jurisdicción para emitir y hacer cumplir sus determinaciones, pues entre sus atribuciones está la de imponer medidas de apremio, apoyándose en el capítulo relativo al procedimiento de ejecución y embargo, previsto en la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, En efecto, en la especie, los artículos 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 y 160 de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, establecen lo siguiente: "Artículo 153. Una vez que sea dictado el laudo, por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, y éste cause ejecutoria, previa certificación del Secretario, corresponde al Presidente dar cumplimiento integral al mismo, dentro de las setenta y dos horas siguientes a la fecha en que sea declarado ejecutoriado". "Artículo 154. Realizados los trámites del artículo anterior, a petición de la parte que obtuvo, el Presidente del Tribunal dictará auto de requerimiento y embargo". "Artículo 155. Si la parte demandada se niega a cumplir con el laudo, tratándose de reinstalación, se procederá a dar por terminada la relación de trabajo sin responsabilidad para el servidor público y se condenará al poder público, municipio o ayuntamiento, a indemnizar a éste, con el importe de tres meses de salarios y el pago de veinte días por año, además condenará al pago de los salarios vencidos hasta por un periodo máximo de doce meses". "Artículo 156. Si el servidor público se niega a aceptar el laudo que condena a la reinstalación, el Presidente del Tribunal a petición de la parte demandada, fijará al trabajador un término no mayor de quince días para que se incorpore al trabajo, apercibiéndolo que de no hacerlo, se dará por terminada la relación de trabajo, sin responsabilidad alguna para el poder público, municipio o ayuntamiento". "Artículo 157. Si la entidad pública o municipio condenado al pago de prestaciones pecuniarias, se niega a realizar el mismo, el actuario procederá a embargar bienes del mismo siempre que éstos no sean indispensables para prestar los servicios públicos a que está obligado". "Artículo 158. Quedan exceptuados de embargo los rendimientos de los bienes que pertenezcan a los poderes públicos, municipios o ayuntamientos, así como las contribuciones y otros ingresos que la Legislatura Local establezca en su favor; las participaciones federales y estatales y los ingresos derivados de los servicios públicos a su cargo, ya sea que se manejen por cuenta propia o a través de instituciones bancarias y financieras, por tratarse de recursos públicos. "Artículo 159. Para lograr el cumplimiento de los laudos dictados por el Tribunal, el Presidente deberá, hacer uso de los medios de apremio que esta ley establece". "Artículo 160. En el cumplimiento de los laudos dictados por el Tribunal las partes pueden convenir las modalidades de su cumplimiento, las cuales deberán ser aprobadas por la autoridad laboral." De estos dispositivos legales se advierte que el procedimiento de ejecución se deberá realizar en los siguientes términos: - Una vez que cause ejecutoria el laudo el Presidente deberá dar cumplimiento al mismo. - A petición de la parte que obtuvo sentencia favorable el Presidente del Tribunal dictará auto de requerimiento y embargo. - Si la parte demandada se niega a cumplir con el laudo, tratándose de prestaciones pecuniarias, el actuario procederá a embargar bienes del mismo. - Quedarán exceptuados de embargo los que sean indispensables para prestar los servicios públicos a que está obligada la institución; así como los rendimientos de los bienes que pertenezcan a los municipios o ayuntamientos, las contribuciones y otros ingresos que la Legislatura Local establezca en su favor; las participaciones federales y estatales y los ingresos derivados de los servicios públicos a su cargo, ya sea que se manejen por cuenta propia o a través de instituciones bancarias y financieras, por tratarse de recursos públicos; lo anterior, siempre y cuando ya estén destinados a esos fines. - Para lograr el cumplimiento de los laudos el Presidente deberá hacer uso de todas las medidas que establezca la ley. Además, en términos del artículo 1256 de la legislación burocrática aplicable, el Tribunal responsable tiene la obligación de proveer lo relativo al eficaz e inmediato cumplimiento del laudo, para lo cual tomará en consideración las medidas que estime necesarias en la forma y términos que a su juicio resulten procedentes. Bajo ese contexto, al existir un procedimiento para ejecutar el laudo, es innegable que los actos que se atribuyen al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala y al Congreso del Estado de Tlaxcala, no son actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. Tiene aplicación al respecto en lo conducente, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor literal siguiente: Época: Décima Época Registro: 2006389 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II Materia(s): Común, Laboral Tesis: 2a./J. 31/2014 (10a.) Página: 966 "ÓRGANOS DE GOBIERNO O DEPENDENCIAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE VERACRUZ. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). Conforme a la interpretación de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en especial lo resuelto en la contradicción de tesis 422/2010, de la que derivó la tesis de jurisprudencia 2a./J. 85/2011 (*), el incumplimiento a un laudo por parte de los órganos o dependencias públicas del Estado de Veracruz en el que figuraron como parte demandada no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en tanto que el marco normativo de esa entidad prevé un procedimiento específico para darle ejecución, donde incluso puede llegarse a su forzoso acatamiento a través del embargo de bienes privados o propios de las autoridades demandadas; lo que basta para preservar el plano de coordinación que caracteriza las relaciones laborales y la igualdad que de éstas se pregona." De igual forma, cobra aplicación al respecto el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: Registro digital: 2016588 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común, Laboral Tesis: 2a./J. 34/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 53, Abril de 2018, Tomo I, página 478 Tipo: Jurisprudencia "AYUNTAMIENTOS. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO EN LA LEGISLACIÓN ESTATAL RESPECTIVA EXISTA UN PROCEDIMIENTO PARA EJECUTARLO. De la interpretación armónica de las jurisprudencias 2a./J. 85/2011, 2a./J. 31/2014 (10a.) y 2a./J. 79/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deriva que el incumplimiento a un laudo por parte de los Ayuntamientos no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando en la legislación estatal se desarrollen los procedimientos respectivos para ejecutarlo a través de los instrumentos legales que correspondan a ese fin, porque en estos casos las partes en el juicio se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y a la igualdad procesal que subyace en ellas, que se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos, sin que obste a lo anterior el hecho de que no se prevean el embargo ni el auxilio de la fuerza pública, porque éstos no son los únicos mecanismos para garantizar la plena ejecución de las resoluciones jurisdiccionales". Asimismo, tiene aplicación al respecto el criterio sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito Federal, del tenor literal siguiente: Época: Décima Época Registro: 2004155 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3 Materia(s): Laboral Tesis: I.4o.(I Región) J/1 (10a.) Página: 1511 "AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO BUROCRÁTICO. LA OMISIÓN DE CUMPLIR UN LAUDO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DERIVADO DE UN JUICIO LABORAL EN EL QUE COMPARECIÓ COMO PATRÓN, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. La autoridad que en el juicio laboral en el que figuró como parte, en todo momento actúa en una relación jurídica de coordinación con el actor, esto es, en un plano de igualdad y bilateralidad, incluso durante la etapa de ejecución, pues cuando el Estado, en su calidad de patrón, se niega a acatar el laudo condenatorio dictado en el juicio correspondiente, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado confiere al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento de los laudos que emite, acorde con la jurisprudencia 2a./J. 133/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, septiembre de 2008, página 227, de rubro: "LAUDOS. ADEMÁS DE LA IMPOSICIÓN DE LA MULTA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 148 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CUENTA CON UNA AMPLIA GAMA DE INSTRUMENTOS LEGALES PARA LOGRAR SU EJECUCIÓN.", por lo que dicha omisión no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo." Es oportuno agregar que de conformidad con lo dispuesto por los artículos antes citados, la parte actora (hoy quejosa) cuenta con una amplia gama de instrumentos legales para solicitar el cumplimiento de la determinación emitida en el expediente antes precisado hasta lograr el cumplimiento del laudo. En las relatadas condiciones, no puede estimarse que al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala y al Congreso del Estado de Tlaxcala, se les puedan atribuir actos u omisiones como autoridades, por lo que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1° y 5º., de la Ley de Amparo; por tanto, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo respecto de los citados entes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. SEXTO. Publicación de sentencia. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, genérese la versión pública, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese al expediente el acuse de recibo. SÉPTIMO. Expedición de copias. Por otra parte, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, sin necesidad de acuerdo posterior, expídase copia certificada de esta sentencia a la parte que acredite estar legitimada para su recepción, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos, para debida constancia. Por tanto, a fin de que la parte interesada esté en posibilidad de acudir ante este órgano jurisdiccional para la reproducción de la presente sentencia, de conformidad con los lineamientos previstos en el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comuníquesele que deberá ingresar al portal de servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación en el apartado de servicios jurisdiccionales, específicamente en el rubro de "Agenda OJ", y atendiendo a las fechas y horarios disponibles en que pueda acceder a este órgano jurisdiccional, deberá generar un Código QR que le permitirá ingresar a estas instalaciones para realizar el trámite correspondiente a la entrega de las copias certificadas; ello, con el fin de acatar las medidas sanitarias tendentes a evitar la concentración de personal y la propagación del virus Covid-19 con motivo de la situación de emergencia sanitaria actual. Además, se le informa que de resultarle de suma importancia las copias en mención puede, en caso de no tenerlo, solicitar la continuación del juicio en línea, desde el portal de servicios en línea de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal, para lo cual es indispensable contar con firma electrónica y solicitar notificaciones por medios electrónicos así como su nombre de usuario (lo cual incluye el acceso al expediente electrónico), en términos de los artículos 36 y 55 del Acuerdo General 12 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y así estar en aptitud de imprimir desde el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes las actuaciones que requiera ya que se encuentran acompañadas de evidencia criptográfica lo cual en términos de la fracción VI, del artículo 3 y 22 del citado Acuerdo General, tienen validez legal suficiente al ser firmadas electrónicamente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregadas al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ellas su evidencia criptográfica. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 1°, 103, 107 de la constitución federal; 73 y 74 de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se: R E S U E LV E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Claudia Cordero Baez, en contra de los actos reclamados de la Titular del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala y del Presidente de la Mesa Directiva y del Representante Legal del Congreso del Estado de Tlaxcala, precisados en el resultando primero de esta resolución; en términos del considerando quinto de la misma. SEGUNDO. Captúrese la presente sentencia, genérese la versión pública y, agréguese el acuse de recibo. TERCERO. Entréguese copia autorizada de esta sentencia a la parte que lo solicite, previo pago y razón que por su recibo se deje en autos. Notifíquese por lista y a las autoridades responsables mediante oficio. Así lo resolvió y firma Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, ante el Licenciado Ernesto Argüello Melgar, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

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