Claudia Cervantes Rosales

Expediente 527/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 1 actuación registrada, la última del 27 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
527/2019
Año
2019
Actuaciones
1
Última actuación
27/06/2019

Partes del expediente

  • Claudia Cervantes Rosales

Actuaciones

  1. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveido de veintisiete de junio de dos mil diecinueve: En Apizaco, Tlaxcala, veintisiete de junio de dos mil diecinueve. No cumple prevención. Ahora, vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que se concedió a la promovente en proveído de catorce de junio de dos mil diecinueve (fojas 149 a 151), mismo que le fue notificado, el diecisiete de junio del año en curso (foja 152), por lo que dicha notificación surtió efectos el dieciocho de junio siguiente y el plazo de referencia transcurrió del diecinueve al veinticinco de junio del año en curso, sin que la promovente diera cumplimiento a los requerimientos precisados en el acuerdo de mérito. Se tiene por no presentada respecto de un acto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento efectuado en el acuerdo de referencia, por lo que se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida por Claudia Cervantes Rosales únicamente respecto del acto reclamado consistente en el auto de nueve de mayo de dos mil diecinueve. Asimismo, se provee respecto del acto reclamado consistente en el auto de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, dictado por la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Tlaxcala con la información proporcionada en la demanda inicial. Desechamiento de demanda. Ahora bien, del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que la quejosa señala como actos reclamados, de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Tlaxcala: El acuerdo de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, dictado en el toca 219/2019 de su índice, por el cual fueron desechados los incidentes de falsedad de firmas y de falta de personalidad hechos valer por la aquí quejosa. La resolución de treinta de mayo del año en curso dictado en el toca 219/2019 de su índice, en la cual deja insubsistente todo lo actuado en el incidente de cuestiones penales en asuntos civiles derivado del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en el expediente 163/2017 del índice del Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la lectura del numeral referido, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Definitividad. En el caso concreto, en relación con el acto consistente en el acuerdo de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, dictado en el toca 219/2019, por el cual fueron desechados los incidentes de falsedad de firmas y de falta de personalidad hechos valer por la aquí quejosa, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIX, del numeral 61, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúan de lo anterior: a).- Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo". El precepto legal transcrito, contiene el principio de definitividad que, entre otros, rige al juicio de amparo, así como diversas excepciones previstas para su observancia. Dicho principio consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un procedimiento extraordinario de carácter constitucional, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia federal. De modo que aquellas resoluciones que pueden ser revocadas, modificadas o nulificadas a través de tales medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de amparo por no ser definitivas (como ocurre en el presente asunto), pues dicha característica es de aquéllas que recaigan a tales medios de defensa ordinarios previstos en la ley aplicable al caso en concreto, si ello fuere procedente. En ese contexto, para actualizar la causa de improcedencia en estudio, deben cumplirse los presupuestos siguientes: - La resolución reclamada debe provenir de una autoridad jurisdiccional o tribunal administrativo o del trabajo. - La ley que rija el acto reclamado establezca un recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento en que se emitió aquél. - Ese medio de defensa o recurso pueda revocar, modificar o nulificar el acto impugnado. - No se actualice alguna excepción al principio de definitividad Al respecto, es aplicable la jurisprudencia I.4o.C. J/25, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 361, tomo VI, Segunda Parte-1, julio a diciembre de 1990, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación, de título y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCIÓN XIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución". Entonces, para que opere la causa de improcedencia en cuestión, es suficiente que una norma -en sentido formal y material-, y no cualquier ordenamiento general, establezca la procedencia directa e inmediata de algún recurso o medio de defensa en contra del acto reclamado, por el cual pueda ser revocado, modificado o nulificado. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo aludida, en virtud de que el auto reclamado es susceptible de ser revocado, modificado o confirmado, a través del recurso de revocación previsto en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala. En esta tesitura, es menester que la promovente antes de acudir al juicio de amparo interpusiera el recurso de revocación en contra del acuerdo de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, dictado en el toca 219/2019 de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Tlaxcala. Para así considerarlo, conviene citar el contenido de los artículos 504, 505, 506, 507 y 508 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, que regula la procedencia del recurso de revocación, que establece: "Artículo 504. La revocación procede contra los autos. Artículo 505. La revocación debe pedirse dentro de los tres días siguientes a la notificación, expresando el recurrente, con toda claridad, el hecho o hechos que constituyan la violación, las disposiciones legales que estime violadas y el concepto de la violación, sin cuyo requisito se desechará de plano. Artículo 506. Admitido el recurso, se mandará correr traslado a los colitigantes, para que lo contesten dentro de tres días y transcurrido este término, contesten o no los colitigantes y sin necesidad de petición dictará la resolución correspondiente. Artículo 507. Contra el auto que admite la revocación no procede recurso alguno. Artículo 508. Contra el auto que niega la admisión de la revocación y contra el que la resuelva, cualquiera que sea su sentido, procede el recurso de queja si fueron dictados por un Juez de Primera Instancia; pero no admiten recurso alguno si fueron dictados en segunda instancia". De los preceptos normativos transcritos se desprende que la parte agraviada podrá promover el recurso de revocación en contra de los autos. De acuerdo con las disposiciones anteriores, el recurso de revocación procede contra los autos; asimismo, dicho recurso deberá tramitarse dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto que le causa agravio, expresando el recurrente, con toda claridad, el hecho o hechos que constituyan la violación, las disposiciones legales que estime violadas y el concepto de la violación. Asimismo, una vez admitido el recurso, se mandará correr traslado a los colitigantes, para que lo contesten dentro de tres días y transcurrido este término, contesten o no los colitigantes y sin necesidad de petición dictará la resolución correspondiente. De igual manera, resulta de capital importancia, establecer que de conformidad con el artículo 86, de la codificación procesal civil invocada, poseen todas las resoluciones que no sean sentencias, la calidad de autos, pues dicho precepto señala: "Artículo 86. Las resoluciones judiciales son autos y sentencias". Asimismo, el precepto 87, del mencionado Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, establece que las sentencias son definitivas o interlocutorias: Definitivas son las que resuelven un juicio en lo principal. Interlocutorias las que deciden un incidente. De lo antes establecido, se puede concluir que el recurso de revocación procede contra autos, dictados tanto en primera como en segunda instancia, dicha aseveración se realiza en términos del numeral 508, ya transcrito en párrafos precedentes, en virtud de que dicha porción normativa es clara en precisar que si no se admite la revocación en primera instancia, procede el recurso de queja, y si no se admite dicha revocación en segunda instancia no procede recurso alguno; por tanto, tal artículo crea la convicción de que los autos dictados en segunda instancia pueden ser combatidos mediante el recurso de revocación. Precisado lo anterior, como ya se mencionó la parte quejosa promueve la presente contienda constitucional, reclamando el acuerdo de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, dictado en el toca 219/2019, del índice de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Tlaxcala, mediante el cual fueron desechados los incidentes de falsedad de firmas y de falta de personalidad hechos valer por la aquí quejosa. Por tanto, con meridiana claridad la determinación de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, no es una sentencia definitiva ni interlocutoria, puesto que ni decide el juicio en lo principal, ni mucho menos resuelve un incidente, en términos del artículo 87 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala; por tanto, dicha determinación no puede considerarse una sentencia, sino un auto, y por ello, aun en segunda instancia procede el recurso de revocación. Asimismo, debe indicarse que en el caso no se actualiza ninguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad que establece el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa no tiene el carácter de tercera extraña al juicio; ni el acto reclamado se trata de aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Por otra parte, tampoco se actualiza la excepción relativa a que cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, lo procedente es desechar en el juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XVIII, ambos de la Ley de Amparo, por lo que hace al acto reclamado a la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Tlaxcala consistente en el acuerdo de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, dictado en el toca 219/2019 de su índice, en el que fueron desechados los incidentes de falsedad de firmas y de falta de personalidad hechos valer por la aquí quejosa. No es acto de imposible reparación. Por otra parte, respecto del acto reclamado a la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Tlaxcala consistente en la resolución de treinta de mayo del año en curso dictado en el toca 219/2019 de su índice, en la cual deja insubsistente todo lo actuado en el incidente de cuestiones penales en asuntos civiles derivado del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en el expediente 163/2017 del índice del Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, se actualiza la causal de improcedencia que resulta de relacionar los artículos 107, fracciones III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con los diversos 61, fracción XXIII y 107, fracción IV, primer párrafo aplicado contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Igual hipótesis se actualiza respecto del acto consistente en el acuerdo de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, dictado en el toca 219/2019, por el cual fueron desechados los incidentes de falsedad de firmas y de falta de personalidad hechos valer por la aquí quejosa. Ahora, los numerales precitados, en lo que interesa señalan: Constitución "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y.". Ley de Amparo "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)". De los numerales transcritos se desprende que el juicio de amparo procede: Contra actos realizados después de concluido el juicio. Contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo en ese momento reclamarse las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Tratándose de los procedimientos de remate, contra la última resolución, que es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, pudiendo reclamar también las violaciones procesales respectivas. En consecuencia, toda vez que el acto reclamado consiste en la resolución dictada por la sala responsable, en la cual deja insubsistente todo lo actuado en el incidente de cuestiones penales en asuntos civiles derivado del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en el expediente 163/2017 del índice del Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, es evidente que el mismo se emitió después de concluido el juicio. Sin embargo, no corresponde a los supuestos identificados en los incisos b) y c), pues no se está en etapa de ejecución de sentencia, por el contrario, se está dentro del procedimiento seguido para sustanciar el recurso de apelación hecho valer contra la sentencia que puso fin al juicio, es decir, la misma aún no ha adquirido firmeza para proceder a su ejecución; por lo cual, el acto reclamado debe analizarse a la luz del supuesto de procedencia identificado con el inciso a). De igual modo, se hace la precisión que ese acto se emitió dentro de un procedimiento sustanciado después de concluido el juicio, a saber la tramitación del recurso de apelación interpuesto por la parte demanda, mismo que inicia con la presentación del escrito de agravios respectivo y concluye con la determinación que emita el Tribunal de Alzada al respecto; por lo cual, se debe estudiar su procedencia de acuerdo a la fase del procedimiento en que se emitió. Ahora, para fijar los supuesto de procedencia respecto a la primer hipótesis, se tiene que analizar el contenido de los párrafos segundo y tercero del artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo, de los cuales se desprende que el juicio de amparo indirecto procede contra actos de ejecución de sentencia, pero sólo respecto de la última resolución dictada en ese procedimiento, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda tanto las violaciones atribuidas a dicha determinación final como las imputadas a los actos intermedios del procedimiento de ejecución respectivo, y en relación con los actos pertenecientes a un remate sólo es reclamable, en forma destacada, la resolución definitiva en que aquél se apruebe o desapruebe, bajo la misma mecánica impugnativa que en el supuesto anterior, es decir, hasta ese momento pueden reclamarse las violaciones cometidas durante el procedimiento de remate. Por tanto, aplicando el mismo razonamiento al supuesto de procedencia previsto en el primer párrafo del numeral de referencia, se concluye que los actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, que no se traten de ejecución de sentencia o remate, y que sean emitidos de manera intermedia dentro de un procedimiento, sólo pueden ser reclamados cuando el amparo se promueva contra la resolución definitiva, pudiendo invocarse como violaciones a ese procedimiento en la demanda que se proponga. En el presente asunto, la hipótesis de procedencia se actualizaría con la resolución que se emita en el recurso de apelación, en caso de no favorecer a las pretensiones de la aquí quejosa, pues fue durante la sustanciación de este recurso donde se emitió la resolución aquí reclamada, ello es así, pues de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad por la quejosa, se desprende que la parte demandada interpuso recurso de apelación contra la sentencia dictada en el juicio de origen; de igual modo, que en virtud de lo anterior, la aquí impetrante hizo valer los incidentes de falsedad de firmas y de falta de personalidad, así como de cuestiones penales en asuntos civiles. Por ende, se estima que los actos reclamados no son impugnables de manera inmediata, pues se trata de cuestiones intermedias que podrá hacer valer hasta el amparo que se intente contra la resolución final con la que culmine dicho procedimiento (apelación). Aunado a ello, si bien existen casos de excepción, ellos se actualizan únicamente respecto de actos de imposible reparación, entendiendo como tales, aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones la propiedad, etcétera, en virtud de que las afectaciones de esta naturaleza no se destruyen por el hecho de que se obtenga una sentencia favorable por parte de quien la sufrió; esto es, son aquellos que producen efectos materiales inmediatos sobre los derechos sustantivos de los gobernados. Y en el caso la resolución combatidas no afecta ninguno de los derechos sustantivos de la quejosa, ya que solamente inciden sobre derechos adjetivos o procesales, pues existe la posibilidad de que los efectos de aquellas afectaciones desaparezcan en caso de que la quejosa obtenga lo pretendido al resolverse el recurso de apelación ante la Sala responsable, ya que de ocurrir esto último, es claro que tales efectos se extinguirían sin originar afectación alguna a los derechos fundamentales de la impetrante. En consecuencia, en el presente asunto se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción en los artículos 107, fracciones III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con los diversos 61, fracción XXIII y 107, fracción IV, primer párrafo aplicado contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, pues dichos actos únicamente pueden reclamarse como violaciones procesales al impugnarse la resolución definitiva del procedimiento en el cual se emitieron (apelación); por tanto, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. Apoya lo anterior la jurisprudencia VI.2o.C. J/6 (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, misma que se cita por analogía y cuyo contenido es: "ACTOS INTERMEDIOS DICTADOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO SUSTANCIADO DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO, DIVERSO AL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA Y AL DE REMATE. DEBEN IMPUGNARSE EN EL AMPARO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE PONGA FIN A AQUÉL. La regla genérica contenida en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, no indica si los actos intermedios dictados durante un procedimiento sustanciado en esa etapa -después de concluido el juicio- pueden atacarse de manera inmediata mediante la acción de amparo biinstancial, o si ello debe hacerse junto con la resolución que decide en definitiva dicho procedimiento. No obstante, de conformidad con el principio de definitividad, aun los actos dictados después de concluido el juicio que no formen parte de un procedimiento deben ser definitivos, es decir, deben reclamarse a través del medio ordinario de defensa que la ley establezca, previo a su impugnación en amparo; luego, el referido principio es aplicable y debe respetarse también en tratándose de aquella clase de actos. Por otro lado, al tenor de los párrafos segundo y tercero del dispositivo legal mencionado, el juicio de garantías indirecto procede contra actos de ejecución de sentencia, pero sólo respecto de la última resolución dictada en ese procedimiento, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda tanto las violaciones atribuidas a dicha determinación final como las imputadas a los actos intermedios del procedimiento de ejecución respectivo, y en relación con los actos pertenecientes a un remate sólo es reclamable, en forma destacada, la resolución definitiva en que aquél se apruebe o desapruebe, bajo la misma mecánica impugnativa que en el supuesto anterior, es decir, hasta ese momento pueden reclamarse las violaciones cometidas durante el procedimiento de remate. Aunado a lo anterior, y de conformidad con los criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicados en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a excepción del último, de rubros: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS.", Tomo VII, febrero de 1998, página 230, tesis 2a. VIII/98; "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.", Tomo XIII, abril de 2001, página 31, tesis P./J. 32/2001; "AMPARO CONTRA LEYES. EL JUICIO PROMOVIDO CONTRA UNA LEY APLICADA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, O EN EL DE REMATE, SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA RESPECTIVA.", Tomo V, abril de 1997, página 15, tesis P. LVI/97; "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL.", Tomo XX, julio de 2004, página 75, tesis 1a./J. 36/2004; y "VIOLACIONES DE PROCEDIMIENTO EN REMATE SÓLO PUEDEN RECLAMARSE EN AMPARO CUANDO AQUÉL SE APRUEBA.", Informe de 1934, Tercera Sala, página 74; en los que el Máximo Tribunal del País estableció que el amparo indirecto no procede contra actos dictados en ejecución de sentencia, incluso si son de imposible reparación, si quien lo promueve es el vencedor en el juicio natural (ejecutante) o si se impugna la constitucionalidad de la ley aplicada, sino sólo contra la última resolución dictada en ese procedimiento; de todo lo que se concluye que los actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, que no se traten de ejecución de sentencia o remate, y que sean emitidos de manera intermedia dentro de un procedimiento, sólo pueden ser reclamados cuando el amparo se promueva contra la resolución definitiva, pudiendo invocarse como violaciones a ese procedimiento en la demanda que se proponga". Desistimiento. Finalmente, agréguese el escrito de la quejosa Claudia Cervantes Rosales, mediante el cual desiste del presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, requiérase a la citada quejosa, para que en el plazo de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, se presente ante este Juzgado debidamente identificada, a fin de que ratifique el escrito de cuenta, con el apercibimiento que de no hacerlo, se continuará con la tramitación del presente juicio.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · 10,223 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano