Claudia Carrizalez Hernandez
Expediente 1384/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1384/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/02/2021
Partes del expediente
- Claudia Carrizalez Hernandez
Actuaciones
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 26 FRACCIÓN III DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADA GEO BAJA CALIFORNIA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE EL PROVEÍDO DE VEINTISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO QUE DICE: Vista la certificación de cuenta, se advierte que en el presente juicio feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa mediante proveído de once de noviembre de dos mil veinte, para que manifestara lo que a su derecho correspondiera con relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Sin embargo, el procedimiento se encontraba pausado; ello, dada la suspensión de actividades jurisdiccionales en el periodo del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al dieciocho de enero de dos mil veintiuno, que se sustentó en lo instruido en las circulares CAP/3/2020 y SECNO/1/2021; y como consecuencia a la suspensión de plazos y términos procesales, práctica de diligencias y celebración de audiencias, en los asuntos no calificados como de tramitación urgente o prioritaria, o los tramitados en su modalidad de "juicio en línea". Se levanta suspensión de plazos y términos. Ahora, de conformidad con lo señalado en la diversa circular SECNO/4/2021, así como en lo establecido en el artículo 2, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, prorrogado en su vigencia por el diverso Acuerdo General 37/2020, se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada, lo que implica una reanudación de los que quedaron pausados y no su reinicio; por tanto, continúese con la tramitación del presente juicio en la etapa en que se encuentra. Cumplimiento a ejecutoria de amparo. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa mediante proveído de once de noviembre dos mil veinte, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera con relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Efectos del fallo protector. En principio, debe precisarse que a través de la sentencia emitida el trece de octubre de dos mil veinte, la cual causó ejecutoria mediante proveído de cuatro de noviembre del mismo año, concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Claudia Carrizalez Hernández, contra el acto que reclamó a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad, para lo siguiente: SÉPTIMO. Efectos del fallo protector. Con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se precisa que la concesión del amparo y la protección de la Justicia de la Unión, es para efecto de que la junta responsable, con plenitud de jurisdicción, dicte el laudo dentro del expediente laboral 6003/2017-2C. Acciones realizadas para cumplir sentencia. Por su parte, la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, mediante oficio registrado con folio 10576, informó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y para acreditarlo remitió lo siguiente: Copias certificadas del laudo emitido el veintisiete de febrero de dos mil veinte, en el juicio laboral 6003/2017-2C. Documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición del numeral 2º de esta última legislación, por haber sido expedidas por funcionario en ejercicio de sus facultades legales conferidas. Declara cumplido fallo protector. En esas condiciones, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a los lineamientos ordenados por este órgano jurisdiccional en la sentencia de amparo, en razón de que el veintisiete de febrero de dos mil veinte, dictó el laudo correspondiente en el juicio laboral 6003/2017. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 196, segundo párrafo, de la ley de la materia, se declara cumplida la ejecutoria de amparo sin excesos ni defectos; háganse las anotaciones correspondientes en el rubro de observaciones del libro uno de gobierno del índice de este juzgado. Notificación. Comuníquese a la parte quejosa la determinación que antecede para los efectos del artículo 201, fracción I, en relación con el 202, primer párrafo, de la Ley de Amparo. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el cuaderno principal del presente juicio de amparo es susceptible de depuración, al ubicarse en la hipótesis establecida en el artículo 18, inciso b), del citado acuerdo, ya que se concedió el amparo en este asunto. Por tanto, consérvense el presente expediente en el archivo de este juzgado por un plazo de tres años, computado a partir de esta fecha, y transcurrido dicho plazo procédase a su depuración. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15, último párrafo, del citado acuerdo a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Finalmente, toda vez que el presente asunto se encuentra totalmente concluido devuélvase el tomo de pruebas que se formó con las documentales aportadas por la autoridad responsable, dado que resulta innecesaria su retención. Notifíquese personalmente.
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Audiencia constitucional. Se apertura audiencia y se celebra en todas sus etapas y se ponen a la vista los autos para resolver el juicio de amparo. RESUELVE: Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a la parte quejosa, por derecho propio, contra actos de la autoridad responsable y para los efectos contenidos en la sentencia. Notifíquese a las partes por medio de lista.
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Tijuana, Baja California, diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Quejoso amplia por acto reclamado. Visto lo de cuenta, se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda el escrito presentado por el quejoso, mediante el cual se advierte que es su interés ampliar su demanda de amparo en el capítulo de acto reclamado contra las autoridades: Dirección de Administración Urbana del Ayuntamiento de Tijuana; y, Departamento de Urbanización de la Dirección de Administración Urbana del Ayuntamiento de Tijuana. En consecuencia, con fundamento en los artículos 17 Constitucional y 111 fracción II, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la ampliación de la demanda de amparo por los nuevos actos reclamados que refiere el quejoso. Córrase traslado a las demás partes con las copias de la referida ampliación para su conocimiento y efectos legales conducentes. Informe justificado. En atención a los artículos 117 y 75 de la ley de la materia, solicítese a dichas autoridades responsables su informe justificado, que deberán rendir dentro de quince días, inclusive por medios magnéticos, expresando con precisión si son o no son ciertos los actos que se les reclaman; además deberán señalar las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio en términos de artículo 61 de la referida ley, en el entendido que en el informe de mérito se deberán manifestar si las constancias que en su caso sean remitidas, constituyen la totalidad de actuaciones de las cuales derivan los actos reclamados; con la precisión que dichas documentales deben ser nítidas, completas y en forma cronológica, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada, por lo cual, se estima que la ilegibilidad de las constancias o su falta de nitidez en el caso, equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiéndose manifestar el impedimento legal que se tenga para hacerlo. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacer lo antes descrito, en los términos indicados, se les impondrá multa de cien veces la Unidad de Medida y Actualización de conformidad con los preceptos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos segundo y tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Asimismo, en caso que no rindan su informe en el plazo concedido se presumirán ciertos los actos reclamados, quedando a cargo de la parte quejosa probar su inconstitucionalidad en términos de lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo y se impondrá a la autoridad omisa, en la audiencia respectiva, la multa con la que se les apercibió. Conocimiento previo. Requiérase a las autoridades responsables para que al rendir su informe con justificación, comuniquen a este órgano de control constitucional si tienen conocimiento de algún juicio de amparo que se relacione con los actos que se reclaman en éste, o sea, que haya sido promovido por el mismo quejoso o que derive del mismo procedimiento o juicio del que emanan los actos que aquí se reclaman; lo anterior, a efecto de aprovechar, en su caso, el conocimiento previo del asunto y evitar el dictado de resoluciones contradictorias. Causal de improcedencia. Con apoyo en lo establecido en el artículo 64 del ordenamiento legal invocado, requiérase a las responsables, para que en el supuesto de que hubiera alguna causa de improcedencia o sobreseimiento en el presente juicio, lo haga saber así a este juzgado. Incidente de suspensión. De conformidad con el artículo 128 de la Ley de Amparo y toda vez que ya se encuentra ordenada la apertura del incidente de suspensión, provéase en el mismo la petición de la parte quejosa. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Tijuana, Baja California, cinco de diciembre de dos mil diecinueve. Radicación. Vista la demanda y anexos de cuenta, fórmese el expediente físico y electrónico respectivos y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 1384/2019-VI. Admisión de la demanda. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103 fracción I, 107 fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1 fracción I, 33, 35, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo; se admite la demanda promovida por Claudia Carrizalez Hernández, por propio derecho, contra la autoridad y acto señalado en la misma. Incidente de suspensión. Sin tramitarse el incidente de suspensión por no haberse solicitado. Audiencia constitucional. Cítese a las partes a la audiencia constitucional que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS DEL SEIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTE. Ministerio Público. Dese la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, en términos de los artículos 107, fracción XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. Informe justificado. En atención a los artículos 117 y 75 de la ley de la materia, requiérase a la responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro de quince días, incluso por medios magnéticos, expresando con precisión si son o no son ciertos los actos que se le reclaman; además deberá señalar las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio en términos de artículo 61 de la referida ley, así como la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; y requiérasele para que remita copia certificada de las constancias que sirvieron de base para emitir el acto que se le atribuye, en el entendido que en el informe de mérito, deberá manifestar si las constancias que en su caso sean remitidas, constituyen la totalidad de actuaciones de las cuales derivan los actos reclamados; con la precisión de que dichas copias deben ser nítidas, completas y de forma cronológica, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada, por lo cual se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar en su caso, el impedimento legal que tenga para hacerlo. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacer lo antes descrito, en los términos indicados, se le impondrá una multa de cien veces la Unidad de Medida y Actualización de conformidad con los preceptos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos segundo y tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Asimismo, en caso que no rinda su informe en el plazo concedido se presumirán ciertos los actos reclamados, quedando a cargo de la parte quejosa probar su inconstitucionalidad en términos de lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo y se le impondrá, en la audiencia respectiva, la multa con la que se le apercibió. Conocimiento previo. Requiérase a la autoridad responsable para que al rendir su informe con justificación, comunique a este órgano de control constitucional si tiene conocimiento de algún juicio de amparo que se relacione con los actos que se reclaman en éste, o sea, que haya sido promovido por la misma quejosa o que derive del mismo procedimiento o juicio del que emanan los actos que aquí se reclaman; lo anterior, a efecto de aprovechar, en su caso, el conocimiento previo del asunto y evitar el dictado de resoluciones contradictorias. Causal de improcedencia. Con apoyo en lo establecido en el artículo 64 del ordenamiento legal invocado, requiérase a la responsable, para que en el supuesto de que hubiera alguna causa de improcedencia o sobreseimiento en el presente juicio, lo haga saber así a este juzgado. Tercero interesado. Con independencia de lo señalado por la quejosa en su demanda, este juzgado se reserva reconocer a terceros interesados, hasta en tanto la autoridad rinda su informe justificado y del mismo se advierta que a alguien pueda asistirle tal carácter, en términos de la fracción III del artículo 5º de la Ley de Amparo. Domicilio. Atento a lo dispuesto en el numeral 108 fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indican en su escrito de demanda. Autorizados. Asimismo, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la legislación en consulta, a la persona que sí cuenta con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, como se advierte de la constancia glosada en autos; únicamente para oír y recibir notificaciones a Joel Montes Aispuro, Gustavo Andrés Bustamante Otañez y Manuel Antonio Corona Pérez, toda vez que el registro de éste último fue suspendido, tal como se advierte de la constancia que se glosa a los autos y a los restantes por no cumplir con tal requisito. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Se autoriza al secretario del juzgado firme los oficios derivados de este asunto. Pruebas. Conforme a la interpretación sistemática de los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten y se tienen por desahogadas en razón de su propia naturaleza las pruebas instrumental pública de actuaciones y la presuncional legal y humana; sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no lo integrarán las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponden a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; tampoco las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, a prudente arbitrio de esta juzgadora, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones. Notifíquese y personalmente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrita.
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