Claudia Carrillo Martínez
Expediente 574/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 574/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/05/2018
Partes del expediente
- Claudia Carrillo Martínez
Actuaciones
- Principal
MESA VII. CAUSA ESTADO. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación secretarial de cuenta, de los que se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el acuerdo de veinticinco de abril del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia en cita, se declara que dicho proveído ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese como asunto concluido. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa lo siguiente: 1. Este asunto es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, fracción I, primero y segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto referido). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental, y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. En términos del Punto Décimo Primero, último párrafo, del acuerdo general conjunto referido, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días, por conducto de persona autorizada para ello, comparezca a este órgano jurisdiccional a recoger los documentos que exhibió en el presente asunto; con el apercibimiento que de no hacerlo, dichas constancias podrán ser destruidas junto con el expediente. Finalmente, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, de conformidad con el Decreto por el que se reforman los artículos 11; fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se remitirá a Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal; y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese y por lista a la quejosa.
- Principal
MESA VII. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia de Tenancingo, Estado de México, a través del cual devuelve sin diligenciar el despacho 100/2018 (número de orden 164/2018), del índice de este Órgano Jurisdiccional. Las anotaciones respectivas háganse en el libro de gobierno. Acúsese el recibo correspondiente. Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa el presente auto, así como la determinación de veinticinco de abril pasado y las subsecuentes, aun las que deban ser personales, por medio de la lista que se fija en este órgano jurisdiccional, hasta en tanto señale domicilio procesal en la residencia de este juzgado federal. Tiene aplicación en lo conducente la Jurisprudencia 1a./J. 20/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 238, Tomo XXVII, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2008, Novena Época, Materia Común, con número de registro 169843, que establece: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. De la interpretación armónica de los artículos 27 a 34 de la Ley de Amparo, se advierte que hay resoluciones -como las que contienen prevenciones y requerimientos- cuya notificación debe practicarse personalmente, y que ante la imposibilidad de dicha práctica, ya sea porque no se señaló domicilio o porque no se esperó al notificador, la regla es que se notifiquen mediante lista. En ese sentido, si bien la Ley indicada no establece cómo debe actuar el órgano jurisdiccional ante la imposibilidad de notificar personalmente un auto en el que se previene a la parte quejosa en el domicilio que designó para oír y recibir notificaciones, cuando el actuario que se constituye en éste, no encuentra a quien debe notificar, ni a sus parientes, empleados domésticos o a alguna persona que viva ahí, debe entenderse que para llevar a cabo la diligencia, la notificación deberá realizarse por lista. Lo anterior, en virtud de que dicha eventualidad puede encuadrarse en los supuestos previstos en la Ley de Amparo, según los cuales, ante la imposibilidad de practicar la notificación personalmente, debe realizarse por lista, con lo cual el órgano jurisdiccional cumple con el cometido de hacer del conocimiento del quejoso la resolución emitida, utilizando las figuras preestablecidas en la Ley mencionada; esto en el entendido de que corresponde al titular del órgano jurisdiccional, a partir de la razón actuarial en la que conste que se llevaron a cabo todas las actuaciones posibles para efectuar la notificación personal, determinar que ello fue imposible y, en consecuencia, se ordenará válidamente que se practique por lista. Además, lo anterior es así porque si la Ley de Amparo prevé una solución al caso planteado, es inconcuso que resulta innecesario acudir a otra normatividad para resolverlo, de ahí que en la especie sea inaplicable supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles." Notifíquese y por lista a la parte quejosa el presente auto y el diverso de veinticinco de abril de dos mil dieciocho.
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MESA VII. RADICACIÓN DE LA DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por *********** por propio derecho, contra actos del Juez Primero Civil de Primera Instancia de Tenancingo, Estado de México, y otra autoridad. Fórmese expediente físico y electrónico, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y regístrese bajo el número 574/2018-VII. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En esas condiciones, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, es necesario precisar que los actos reclamados materia de este asunto, esencialmente, se hacen consistir en: Los acuerdos de doce de marzo y cuatro de abril ambos del año en curso dictados por el juez responsable dentro del expediente 276/2017, a través de los cuales se requiere al demandado incidentista Abraham Sandoval Lara, el cumplimiento voluntario a la ejecutoria, apercibido que de no hacerlo, se procederá al embargo de bienes de su propiedad suficientes a garantizar la cantidad adeudada; mandato que se pretende ejecutar en el domicilio ubicado en: Calle Himno Nacional Número Dos, Colonia San Ramón, Tenancingo, Estado de México. Una vez precisado lo anterior, este órgano de control constitucional advierte que respecto del citado acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 5°, fracción I, y 6°, párrafo primero, de la propia ley reglamentaria, aplicado en sentido contrario, que establecen: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." La fracción XXIII del artículo 61 transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica una causa de improcedencia del juicio de amparo, en razón de que el legislador no podía establecer de manera casuística todos los motivos que impiden el ejercicio de la acción constitucional, y temeroso de pasar por alto alguna disposición legal que debiera tomarse en consideración cuando se formulan los supuestos de improcedencia, hizo culminar tal enumeración con una regla como la que estatuye la fracción de trato, que es ciertamente justificada en tanto que existen causas de improcedencia establecidas en la Constitución Federal y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguna de las específicas que se prevén en el numeral de referencia, como la establecida en los numerales 5º, fracción I, y 6°, párrafo primero, de la ley de la materia, interpretado en sentido contrario. Por otra parte, del análisis de los referidos artículos 5º, fracción I, y 6°, párrafo primero de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad (actos o resoluciones en estricto sentido, o los actos de naturaleza formal o materialmente legislativa, sean leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general), y se sigue siempre a instancia de parte agraviada, es decir, el juicio constitucional únicamente puede promoverlo la parte a quien perjudique el acto que se reclame; en consecuencia, para que sea procedente, es menester que quien lo interponga esté legitimado para ello, presupuesto que se colma con la existencia de una ofensa, lesión o agravio en su esfera de derechos. En relación con las nociones de agravio y de legitimación para interponer un medio de defensa o recurso contra la resolución el acto que lo ocasiona, deben tenerse en cuenta las siguientes premisas de orden teórico: Para Hernando Devis Echandía por recurso o medio de defensa se entiende la petición formulada por una de las partes, principales o secundarias, para que el propio juez que profirió una providencia, su superior o quien por ley deba hacerlo la revise, con el fin de corregir los errores de juicio o de procedimiento (in judicando o in procedendo) que en ella se hayan cometido. El citado autor señala que el recurrir es un derecho subjetivo de quienes intervienen en el proceso respectivo por cualquier título o condición, para que se corrijan los errores del juez que le causan gravamen o perjuicio, por lo que en principio todas las personas que figuren en el proceso como partes tienen el derecho de recurrir contra las providencias del juez, pero, afirma el referido autor, como el recurso es un medio para obtener la corrección de los errores del juez que perjudican al recurrente, de una determinada providencia, sólo pueden recurrir quienes reciben con ella un perjuicio material o moral, pero concreto y actual respecto de la materia de la providencia; y por tal motivo -concluye- puede aceptarse como regla general que sin el interés especial por resultar perjudicado con la providencia, no procede recurso. En cuanto al tema, Hugo Alsina refiere que los recursos o medios de defensa son aquellos que la ley concede a las partes para obtener que una providencia judicial sea modificada o dejada sin efectos y que la cuestión de saber quién puede interponerlos constituye un aspecto de la legitimación procesal; de ahí que, por regla general, aquéllos tienen la característica de que funcionan por iniciativa de las partes, en consecuencia, a ellas corresponde su deducción; pero hay casos en que el recurso se niega a las partes y otros en que se concede a terceros. En consecuencia, el mencionado jurista concluye que así como el interés es la medida de la acción, el agravio es la medida en el recurso y por eso se concede aun a los que no siendo partes en el proceso sufren un perjuicio como consecuencia de la sentencia, sin que proceda cuando la sentencia sea favorable a la pretensión de la parte. Por su parte, Eduardo Pallares sostiene al respecto que los recursos son los medios de impugnación que otorga la ley a las partes y a los terceros para que obtengan mediante ellos la revocación o modificación de una resolución judicial sea ésta auto o decreto, y que los recursos sólo se conceden cuando la parte que los hace valer sufre un "agravio" por la sentencia o resolución impugnadas, porque sin agravio no hay recurso, por lo que las violaciones a la ley o a la doctrina meramente teóricas o académicas que no perjudiquen a la parte, no son impugnables. El referido autor ha enseñado que agravio es la lesión o perjuicio que recibe una persona en sus derechos o intereses por virtud de una resolución judicial y, por tanto, para que exista un agravio no es suficiente que la ley o los principios generales de derecho hayan sido violados por la resolución, sino que es preciso, además, que la violación importe un daño a los intereses o derechos del recurrente, porque los errores simplemente teóricos que haya en la sentencia y que no sean trascendentales a la cuestión litigiosa, no pueden hacerse valer como agravios. De lo anterior se sigue que los medios de impugnación son los que otorga la ley a las partes o a terceros para combatir la validez o la legalidad de los actos o, incluso, omisiones del órgano jurisdiccional, con la finalidad de que se determine su revocación o modificación, o se ordene la realización de los actos omitidos, pero para que proceda un recurso no basta que el recurrente sea parte en el juicio en que se dicte la resolución recurrida y se considere agraviado, sino que es necesario, además, que esté legitimado para interponerlo, por haber sufrido de manera real y no teóricamente un agravio, perjuicio o gravamen de carácter material o moral, y que éste sea concreto, actual y directo; es decir, que únicamente el sujeto procesal agraviado que ha visto insatisfecha alguna de sus aspiraciones puede hacer valer el medio de defensa, lo que ha producido el aforismo "donde no hay agravio no hay recurso". Como conclusión, es dable afirmar que si el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad (actos o resoluciones en estricto sentido, o los actos de naturaleza formal o materialmente legislativa, sean leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general), y se sigue siempre a instancia de parte agraviada; entonces, aquella persona que no resulta agraviada con el acto o resolución que pretende reclamar, carece de legitimación para excitar la función jurisdiccional. Ahora bien, en el caso, se considera que la promovente carece de legitimación para promover la acción constitucional, habida cuenta que los actos reclamados no le causan agravio material en su esfera jurídica, pues del propio contenido de los acuerdos que combate la aquí quejosa y que anexa en copias a su demanda de amparo (fojas 8 a 14), se advierte que el cumplimiento voluntario de la sentencia ejecutoriada se formula a Abraham Sandoval Lara, quien en caso de ser omiso, se embargarían bienes de su propiedad suficientes a garantizar la cantidad que adeuda; por lo que resulta evidente que los actos que aquí reclama la promovente no le causan un agravio personal y directo, en razón de que éstos no están dirigidos a su persona. Lo anterior, sin que obste que la promovente manifieste que con la ejecución del acto reclamado se le ha molestado en el inmueble que aduce ser de su propiedad, esto es, el ubicado en: calle Himno Nacional, lote 4, manzana 3, colonia San Ramón, Ejido de Tepoxtepec, Tenancingo, Estado de México; pues de la cédula de notificación de once de abril de dos mil dieciocho que adjunta a su demanda (fojas 13 y 14), se advierte que esta va dirigida a domicilio diverso de la peticionaria, esto es, el ubicado en Calle Himno Nacional Número Dos, Colonia San Ramón, Tenancingo, Estado de México, por lo que no existe identidad de domicilios, además no refiere que se pretenda realizar embargo o desposesión sobre algún bien inmueble de su propiedad, por ende, al no surtirse el supuesto de procedibilidad previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5º, fracción I y 6°, párrafo primero de la Ley de Amparo, el juicio de amparo debe declararse improcedente. Es aplicable la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 117, del Tomo CXXX, del Semanario Judicial de la Federación, octubre de mil novecientos cincuenta y seis, Quinta Época, con número de registro 316003, que establece: "LEGITIMACIÓN PARA LA ACCIÓN DE AMPARO Y RECURSOS Y ACCIONES INCIDENTALES. La legitimación, para iniciar y seguir el recurso de garantías, debe fundarse en la ofensa, lesión o agravio, causado por acto de autoridad o por la ley, al interés del particular, moral o físico, sea de naturaleza jurídica o patrimonial; y esa legitimación para lo principal, lógicamente se requiere para todas las incidencias o recursos que puedan ser propuestos, durante el curso del juicio o terminado éste, así sean, por razón de legitimación y de igualdad, partes principales en la controversia constitucional, terceros perjudicados o terceros extraños; y de no llenarse esos requisitos básicos, surge ineludiblemente la improcedencia, sea también de la acción principal, recursos y acciones incidentales, en los términos del artículo 74 de la Ley de Amparo, ya que puede ocurrir que no se compruebe la afectación de los intereses jurídicos del quejoso; que el acto reclamado haya sido consentido, tácita o expresamente; que haya cambiado la situación jurídica del acto impugnado o dejado este de surtir efectos por extemporaneidad de la demandada y otras causas. La legitimación por consecuencia, que requieren la acción de amparo, y los recursos o incidentes que surjan en la controversia o terminada ésta, no es otra, fundamentalmente que la lesión u ofensa de un derecho constitutivo del agravio que deba ser reparado por anticonstitucional o ilegítimo." Asimismo, es aplicable la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito publicada en la página 1907, del Tomo XXIX, del Semanario Judicial de la Federación, abril de dos mil nueve, Novena Época, con número de registro 167493, que establece: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR FALTA DE INTERÉS JURÍDICO, CUANDO EL AUTO DE EXEQUENDO NO FUE DICTADO CONTRA EL QUEJOSO. Aun cuando sea verdad que el auto de exequendum haya servido de antecedente para el embargo que el quejoso reclame, ostentándose como tercero extraño al juicio, si también es cierto que ese auto no fue dictado en contra del peticionario del amparo, sino que ahí se ordenó embargar bienes de quien figuraba como demandado en el juicio del que emanan los actos combatidos, es indudable, por lo mismo, que el auto de referencia, por sí solo no lesiona los intereses jurídicos del quejoso y debe al respecto sobreseerse en el amparo, por estarse en la hipótesis que contempla el artículo 73, fracción V, en relación con el 74, fracción III, ambos de la Ley de Amparo." En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, y dado que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5º, fracción I, y 6º, párrafo primero, aplicado en sentido contrario, se desecha de plano la demanda promovida por Claudia Carrillo Martínez, por propio derecho, contra actos del Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México y otra autoridad, por notoriamente improcedente. DOMICILIO. Dado que el domicilio procesal señalado por la parte quejosa se localiza fuera de la residencia de este Juzgado, con base en el artículo 27 de la Ley de Amparo, se le tiene como tal las listas de publicación, hasta en tanto designe uno nuevo en esta ciudad. No obstante, conforme al artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley en cita, líbrese atento despacho al Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tenancingo, Estado de México, para que en auxilio a las labores de este Juzgado, aún en días y horas inhábiles, en términos del numeral 21 de la Ley de Amparo, ordene a quien corresponda, se constituya en el domicilio ubicado en lote número 4, manzana 3, calle Himno Nacional, colonia San Ramón, Ejido de Tepoxtepec, Tenancingo, Estado de México, en busca de la quejosa, o su autorizada, y le notifique la presente determinación, en términos de lo dispuesto por la Ley de Amparo. La autoridad deberá acusar recibo vía telegráfica y remitir las constancias respectivas en el plazo de tres días, previsto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, apercibida que en caso de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta a mil días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México, lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. En otro punto, en atención a la certificación de cuenta, se tiene por autorizada en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Nancy Edith Gómez González, dado que no cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. Con fundamento en lo establecido en el numeral 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme a la ley de la materia, no ha lugar a acordar de conformidad lo peticionado, en relación a la devolución de los documentos con los cuales acredita la calidad que ostenta respecto de los bienes que defiende, hasta en tanto cause estado la presente determinación. Ello obedece a que con dichos documentos acredita su interés jurídico para instar este juicio constitucional y como todo documento, puede ser objetado durante la tramitación del juicio, en cuanto a su falsedad, en términos del artículo 122 de la Ley de Amparo; por ende, es indispensable contar con los elementos que de forma inicial se presentaron para sustentar la calidad con la cual promueve, hasta que se declare firme la resolución por la que se ponga fin a este juicio. En el entendido, de que la quejosa está en la aptitud legal para solicitar en cualquier momento copia certificada de los documentos de mérito. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese; y por despacho a la parte quejosa.
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