Claudia Cardenas Quevedo
Expediente 1444/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 40 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1444/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 40
- Última actuación
- 09/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Claudia Cardenas Quevedo
- Eduardo Pérez Cortes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 40.
- Principal
Vista la certificación que antecede en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso revisión, contra el sobreseimiento fuera de audiencia; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución ha quedado firme. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y, archívese este expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el principal, ya que se sobreseyó fuera de audiencia y carece de relevancia documental; así como de destruible el original del incidente, ya que se negó la suspensión, por ende, glósese al presente. Una vez que transcurran seis meses de concluido, destrúyase el duplicado del incidente. Como en el presente asunto obran documentos originales, con fundamento en el último párrafo del punto décimo primero, del citado acuerdo general; requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, comparezca a recoger dichos papeles; apercibida que de no hacerlo dentro de ese término, se procederá a depurarlos. Finalmente, devuélvanse al Juez Sexto de lo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México, el anexo que remitió como complemento a su informe con justificación, consistentes en un tomo certificado.
- Principal
"...Vista la certificación que antecede en el sentido de que el término de veinte días otorgado a la parte quejosa por auto de once de marzo del año en curso, para efecto de que se sirviera realizar las gestiones tendientes para la publicación de los edictos ordenados a fin de emplazar al tercero interesado...transcurrió sin que lo hubiere hecho, consecuentemente se hace efectivo el apercibimiento decretado; pues al no concurrir una de las partes al juicio de amparo, se incumple con uno de los requisitos de la demanda de garantías, estipulado en la fracción II del artículo 116 de la Ley de Amparo; en ese contexto, resulta inconcuso que lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 61 fracción XXIII en relación con el 108 fracción II y 63 fracción II, todos de la Ley Reglamentaria del juicio de amparo. En abundamiento, cabe precisar que el emplazamiento del tercero interesado, que permita tener válidamente constituida la relación jurídica procesal, está condicionada a que la parte quejosa recoja y pague la publicación de los edictos respectivos, por haber sido conminada a ello, siendo que el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio de amparo a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio constitucional, puesto que de ser así y en caso de resultar sentencia favorable para la parte agraviada, afectaría el derecho subjetivo del cual goza el gobernado tercero interesado con los actos reclamados a las autoridades responsables. Por ello, tomando en cuenta la naturaleza del juicio de amparo, así como las formalidades esenciales que constitucionalmente rigen a todo juicio, en virtud de que las determinaciones que se adopten en el juicio de amparo pueden llegar a afectar la esfera jurídica del tercero interesado, debe estimarse que su emplazamiento al juicio de garantías constituye un presupuesto procesal cuyo incumplimiento, atribuible a la parte impetrante de garantías, por no comparecer a recoger los edictos, impide al suscrito juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado y, por ende, torna improcedente el presente juicio, pues constitucionalmente no es válido que un Tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a los gobernados cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. Lo anterior es así, ya que al quedar paralizado el juicio constitucional por no recoger y publicar los edictos, a costa de la parte promovente del juicio constitucional, para lograr el emplazamiento del tercero interesado, se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, pues entorpece la administración de justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible a este órgano jurisdiccional, sino a la propia parte agraviada, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto constitucional, dado que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan en los términos que al respecto señala la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso, de la parte quejosa, pues con su omisión impide que se constituya válidamente la relación procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad. Razones las anteriores, que llevan a determinar el sobreseimiento en este juicio de amparo. Conforme a lo anterior, se estima que al respecto queda garantizada la impartición de justicia de manera pronta y expedita, tal y como lo ordena el artículo 17 Constitucional, evitándose además, que la falta de trámite y resolución del juicio de amparo quede al arbitrio de la parte quejosa. Se invoca como apoyo, la jurisprudencia número 2ª./64/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, Julio de 2002, página 211, que señala lo siguiente: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuestos en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático, de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5º., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos, a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgado de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad esta interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso." Consecuentemente, se deja sin efectos la citación para la celebración de la audiencia constitucional señalada a las diez horas con treinta minutos del siete de mayo de dos mil diecinueve; por lo tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno que para tal efecto se lleva en este juzgado, y hágase del conocimiento de las autoridades responsables esta determinación. Sin que sea óbice a lo anterior, lo establecido en la jurisprudencia número 2a./J. 108/2010 pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a página 416, tomo XXXII, Agosto de 2010, que establece: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo."
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que la audiencia constitucional se encuentra prevista para el día de hoy; sin embargo, no se celebra virtud a que se encuentra transcurriendo el término de veinte días otorgado a la parte quejosa por auto de once de marzo de los corrientes; por lo que, la audiencia constitucional fijada para el día de hoy, se difiere y en su lugar se señalan las diez horas con treinta minutos del siete de mayo de dos mil diecinueve.
- Principal
"...Agréguese la promoción de la parte quejosa mediante la cual manifiesta su imposibilidad para efecto de poder costear los edictos ordenados mediante proveído de once de los corrientes (foja 450), virtud a la insuficiencia económica que aduce tener, y a efecto de acreditar tal situación exhibe una constancia médica, un contrato de arrendamiento sin firma del arrendador, tres recibos de pago por concepto de renta, tres cotizaciones en diferentes periódicos respecto de los edictos, y solicita se le realice un estudio socioeconómico para acreditar su situación . En ese sentido, es de referir a la impetrante que mediante auto de cinco de noviembre del año próximo pasado (foja 78), se le requirió para efecto de que proporcionara domicilio donde pudiera ser emplazado el tercero interesado...apercibiéndola que para el caso de no hacerlo en el término ahí indicado se estaría al resultado de la investigación que este órgano federa librara con la finalidad de lograr el emplazamiento de la citada parte, en el entendido que de resultar infructuosa dicha investigación de ordenaría por medio de edictos a su costa; por lo que, este órgano federal ante tal imposibilidad de emplazamiento por auto de once de los corrientes (foja 450) ordenó dichos edictos a su costa. Ahora bien, la impetrante pretende con sus manifestaciones de cuenta que este órgano federal se retracte de que los edictos ordenados sean a su costa, empero la Ley de Amparo, no faculta este órgano para proceder de dicha forma, aunado a ello de autos se advierte que la impetrante tuvo conocimiento desde hace más de cuatro meses, que dicho emplazamiento se practicaría por edictos a su costa, máxime que su autorizado mediante comparecencia de quince de este mes y año en curso (foja 453), recogió los edictos para su publicación, por lo que las manifestaciones de imposibilidad financiera que tiene para costearlos, resulta inatendible. Por lo que, no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado, pues atendiendo a las circunstancias particulares del caso, y aunado a las documentales que exhibe como anexos a su escrito, se estima que la condición económica de la quejosa no se encuentra dentro de los casos de excepción de pagar la publicación de edictos. Para sustentar lo anterior, cabe tener en cuenta la tesis publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, tomo II, libro 16, marzo de 2015, materia común, página 1110, en la que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró: "PUBLICACIÓN DE EDICTOS SIN COSTO PARA EL QUEJOSO DE ESCASOS RECURSOS. LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo previsto por el citado precepto legal, cuando no sea posible llevar a cabo una notificación personal al tercero interesado con base en las reglas previstas en dicha disposición, se efectuará la notificación por edictos a costa del quejoso, con la excepción de que, cuando se trate de personas de escasos recursos a juicio del órgano jurisdiccional, se ordenará la aludida publicación sin costo para el mismo en el Diario Oficial de la Federación. En ese sentido, en primer lugar, debe entenderse que el término "escasos recursos" es un concepto dinámico que se interpreta ampliamente en cada caso concreto, a fin de no incluir en el mismo sólo a las personas que se encuentren asignadas formalmente en un ámbito de extrema pobreza, sino a todas aquellas que demuestren que el pago de los edictos afectará gravemente su economía personal o familiar ante la precariedad de medios económicos para hacer frente a su carga procesal. Dicho lo anterior, para efectos de su aplicabilidad, se estima que una vez que el juzgador no pueda llevar a cabo la notificación personal al tercero interesado, tendrá que ordenar la notificación por edictos a cargo del quejoso o, dependiendo del asunto, si el juzgador lo considera factible, analizará desde ese momento los elementos que obren en autos y determinará, fundada y motivadamente, por qué no procede de plano la referida excepción a la erogación de los edictos por parte del quejoso, sin que ello conlleve la obligación de recabar nuevos elementos probatorios. Con la aclaración de que en el supuesto de que no se localice el domicilio del tercero, el quejoso tendrá la posibilidad de manifestar lo que a su interés convenga y, en dado caso, acreditar su condición de escasos recursos, gozando de la potestad para presentar medios de convicción que demuestren tal condición social. Sobre esto último, el juzgador estará en aptitud de pronunciarse respecto a las pruebas ofrecidas, teniendo la facultad de admitirlas o desecharlas de acuerdo a las circunstancias del caso en concreto y al ejercicio de sus facultades en el trámite del juicio de amparo, actualizándose consecuentemente el deber de justificar las razones que lo llevaron a aceptar o no la admisión de tales elementos de convicción. Lo anterior, sin que se demeriten las facultades de ejercicio potestativo que tiene la autoridad jurisdiccional para recabar nuevos medios de prueba como medidas para mejor proveer ante la insuficiencia de elementos en el expediente para formarse un juicio sobre la condición económica del quejoso." Según la referida tesis, cuando no sea posible llevar a cabo la notificación personal al tercero interesado, ésta se hará por medio de edictos a costa del quejoso, pero, como excepción, cuando se trate de personas de escasos recursos, a juicio del órgano jurisdiccional, se ordenará la aludida publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin costo para el peticionario del amparo. Sin embargo, en la propia tesis se precisó, que para que se ordene la publicación de los edictos sin costo para el quejoso, deben actualizarse los requisitos siguientes: a) Que el quejoso sea de escasos recursos. Entendiéndose el término "escasos recursos", como un concepto dinámico que debe ser interpretado en cada caso concreto, a fin de no incluir en el mismo sólo a las personas que se encuentren asignadas formalmente en un ámbito de extrema pobreza; b) Que el peticionario del amparo manifieste lo que a su interés convenga; c) Que el quejoso demuestre que el pago de los edictos afectará gravemente su economía personal o familiar ante la precariedad de medios económicos para hacer frente a su carga procesal; y d) Que el quejoso acredite su condición de escasos recursos, para lo cual podrá presentar medios de convicción que demuestren tal condición social. En el caso concreto, se estima que la quejosa no cumple con las hipótesis previstas en el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda vez que, no demuestra con algún medio de convicción idóneo ser de escasos recursos, pues la sola manifestación en el sentido de que sus percepciones económicas son insuficientes, así como que se encuentra en un particular estado de salud, no demuestra que esté impedida para realizar el pago de las publicaciones ordenada en autos, pues es necesario acreditar por lo menos indiciariamente su imposibilidad económica, lo que, como ya se precisó, la promovente omitió ofrecer algún medio de convicción idóneo al respecto. Al margen de lo anterior, este Juzgado de Distrito llegada la audiencia constitucional ponderara si es necesario llamar a juicio o no al tercero interesado de referencia..."
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