Claudia Bustos Juárez

Expediente 456/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 25 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
456/2019
Año
2019
Actuaciones
25
Última actuación
21/04/2021

Partes del expediente

  • Claudia Bustos Juárez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, veintiuno de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, al haber transcurrido el término de quince días a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de inconformidad en contra del acuerdo en el que se declaró por cumplida la sentencia pronunciada en este asunto, sin que las partes interesadas hubieren ejercido ese derecho; en tal virtud, se tiene por CONSENTIDO dicho proveído. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente asunto como concluido. Ahora bien, en términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis del artículo 18, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo concedido; al igual que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, pues se concedió la medida cautelar, acorde con lo dispuesto en el inciso a), fracción I, del mismo artículo. Se precisa que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, habida cuenta que el presente asunto no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Por tanto, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los siguientes noventa días, se realizará el proceso de depuración y se transferirán a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación; por lo que, agréguese al cuaderno original del incidente de suspensión copia autógrafa de este auto y manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Por otra parte, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), de la multicitada norma, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, dentro de los treinta días siguientes, se proceda a la DESTRUCCIÓN del duplicado de los cuadernos incidentales, debiéndose remitir el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone penúltimo párrafo del referido artículo; por lo que, de igual forma, glósesele copia autógrafa de este proveído y manténgase por separado en el archivo de este juzgado federal. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes.

  2. Principal

    Vista; la certificación secretarial que antecede, y el estado procesal que guardan los presentes autos y tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, así como que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio sin que se haya cumplido la sentencia amparadora dictada en el mismo; por lo que, se procede a verificar si el fallo pronunciado en este juicio se encuentra en este supuesto, sólo con base en las constancias de autos, dado que las partes omitieron desahogar la vista que previamente se les dio al respecto. Así pues, este órgano de control constitucional procede a analizar si, conforme a lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el fallo protector dictado en el presente asunto ha sido o no cumplido, sin excesos ni defectos; y, para tal efecto, cabe precisar primeramente, que: Mediante sentencia pronunciada el doce de noviembre de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso para los siguientes: "a) Deje insubsistente el auto de formal prisión dictado el tres de septiembre de dos mil diecinueve, en el proceso penal 43/2013, instruido en contra de Claudia Bustos Juárez, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de aborto equiparado, previsto y sancionado por los artículos 149, en relación con el diverso 152, párrafo primero, del Código Penal para el Estado de Veracruz, en agravio de Juana Gabriela Leyva Vargas. b) Hecho lo anterior, dicte una nueva determinación en la que concluya que en el caso no se acreditó el cuerpo del delito de aborto equiparado, previsto y sancionado por los artículos 149, en relación con el diverso 152, párrafo primero, del Código Penal para el Estado de Veracruz, sin perjuicio que del análisis que efectúe, determine que los hechos origen de la causa, encuadran en diversa hipótesis normativa, pues en ese supuesto, se le reserva plenitud de jurisdicción para que reclasifique el delito por el cual se ejerció acción penal. Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos al Director del Centro de Reinserción Social de esta ciudad, específicamente a la identificación administrativa, toda vez que no fueron impugnados por vicios propios, sino en vía de consecuencia." Por acuerdo de ocho de diciembre de dos mil veinte, se requirió a las autoridades responsables para que dentro del término de tres días, justificaran haber dado cumplimiento al fallo protector, o las gestiones que realicen al respecto. Para tal efecto, la Juez Primero de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad, mediante oficio 50, de once de enero de dos mil veintiuno, informó que dejó sin efectos el auto de formal prisión de tres de septiembre de dos mil diecinueve, y que en su oportunidad remitirá la resolución que en derecho corresponda. Por su parte, el Director del Centro de Reinserción Social, con residencia en esta ciudad, a través del oficio CR/PR/JUR/009/2021, de diez de enero de dos mil veintiuno, informó que quedó enterado del fallo federal y que estaba en espera de la nueva resolución que dicte la juez responsable. Finalmente, por oficio 100/2021, de veinte de enero de dos mil veintiuno, la juez de Primera Instancia remitió copia certificada del auto de dieciocho de enero de este propio año, dictado en la causa penal 43/2013 de su índice, con el que pretende acreditar el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Al respecto, de las constancias remitidas en copia certificada por la juez responsable, se advierte que por auto de seis de enero de dos mil veintiuno, dictado en la causa penal 43/2013 de su índice, dejó insubsistente el auto de formal prisión de tres de septiembre de dos mil diecinueve, dictado contra Claudia Bustos Juárez, por hechos que la ley señala como el delito de aborto equiparado, cometido en agravio de Juana Gabriela Leyva Vargas; sin embargo, procedió a la reclasificación del ilícito por lo que dictó nuevo auto de formal prisión en contra de Claudia Bustos Juárez, al estar comprobado el cuerpo del delito, como la probable responsabilidad del delito de lesiones dolosas calificadas, cometido en agravio de Juana Gabriela Leyva Vargas, como se corrobora con la siguiente transcripción del citado acuerdo: ". por lo que a criterio de quien resuelve, la determinación de la fiscalía en ejercicio de la acción penal, no corresponde al delito de ABORTO, menos aún ABORTO EQUIPARADO, pues de acreditarse éste delito, sin existir certeza de las causas que motivaron la muerte del producto, se vulneraría el derecho del gobernado al principio de certeza y seguridad pública en términos del artículo 14 de la Carta Magna.- Siendo en el caso que nos ocupa evidente que la carga de la prueba no se encuentra cubierta por el órgano acusador, quien no justificó los elementos del delito, siendo indispensable conocer las causas de la muerte del producto, a lo que se arriba mediante el análisis técnico por parte de los expertos en la materia de la medicina, lo que en el caso se itera, no sucedió. (.) En las relatadas condiciones, quien resuelve considera la justificación de delito distinto, por lo que atendiendo a los datos de prueba que constan en la causa penal que se estudia, conforme las atribuciones de este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 173 del Código Adjetivo de la materia, se procede a la reclasificación del delito de ABORTO EQUIPARADO al de LESIONES, en términos del artículo 136 y 137, fracción I del Código Penal, al justificarse los elementos siguientes: Quien causa a otro una alteración en su salud. Que sea ocasionada por causa externa. Las lesiones no pongan en peligro la vida y Tarden en sanar hasta quince días; (.) IV.- PROBABLE RESPONSABILIDAD PENAL.- La probable responsabilidad penal que se le atribuye a CLAUDIA BUSTOS JUÁREZ; en la comisión del delito de LESIONES, cometido en agravio de la salud personal de JUANA GABRIELA LEYVA VARGAS; a juicio de la suscrita se encuentra acreditada en autos; ello al valorar de forma individual y en su conjunto el material de prueba existente en actuaciones en términos del artículo (sic) 214, 215, 277 párrafo primero y 278 del Código Procesal Penal, por los motivos lógicos jurídicos que más adelante se precisarán. (.) Ahora bien, al hacer una sana crítica de los anteriores testimonios, a juicio de la suscrita se consideran indicios suficientes para colegir que la indiciada es probable responsable de los hechos que se le vienen reprochando, pues hasta esta etapa procesal en que nos encontramos sus dichos encuentran apoyo procesal unos con otros, considerando que se justifica la probabilidad que CLAUDIA BUSTOS JUÁREZ, el día tres de mayo de dos mil doce, aproximadamente a las diez de la noche (circunstancias de tiempo) en el domicilio ubicado en calle Francisco Márquez número trece, de la colonia Totolapa, del Municipio de Tihuatlán, Veracruz (circunstancias de lugar), llevó a cabo las agresiones físicas en contra de la agraviada, empujándola y jalándola del cabello (greñas), así como golpeándola en la cara, provocándole lesiones que tardan en sanar hasta quince días (circunstancias de modo), considerando que su actuar resulta de carácter doloso justificando el artículo 21 del Código Penal del Estado, en su párrafo segundo, en virtud que conociendo las circunstancias de la conducta que cometía, las asumió y continuó su actuar de forma voluntaria, justificando el conocimiento que se cometía un delito y realizando la conducta de forma voluntaria. Asimismo que se justifica la conducta como autora material y directa en términos del artículo 37 del código penal vigente, toda vez que se identifica por la víctima a Claudia Bustos Juárez, como la persona que de forma directa y material se presentó ante ella en su domicilio y empujó iniciando las agresiones y llevándola hacia la calle donde continuó agrediéndola provocándole las alteraciones en su salud. (.) Motivo por el cual estando comprobado tanto el cuerpo del delito de LESIONES DOLOSAS CALIFICADAS, así como la probable responsabilidad en que incurrió la inculpada en la comisión de estos, y habiéndose satisfecho los requisitos del artículo 19 Constitucional, y 171 del Código de Procedimientos Penales vigente en la entidad, se dicta el correspondiente AUTO DE FORMAL PRISIÓN, en contra de CLAUDIA BUSTOS JUÁREZ como probable responsable del delito de LESIONES DOLOSAS CALIFICADAS, cometido en agravio de JUANA GABRIELA LEYVA VARGAS, por lo que deberá comunicársele el presente al Ciudadano Director del Reclusorio Regional de esta ciudad, para su conocimiento." Ahora bien, de un análisis comparativo realizado entre los efectos de la tutela constitucional otorgada y la actuación llevada a cabo por la autoridad responsable, se aprecia que la ejecutoria de amparo sí fue cumplida en sus términos, tal como aprecia en lo párrafos anteriores, en los que se describen las actuaciones concretas con las que la autoridad acreditó el debido cumplimiento. Tales lineamientos se obtienen de las jurisprudencias y tesis siguientes: "Época: Novena Época Registro: 192174 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Marzo de 2000 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 26/2000 Página: 243 INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." "Época: Décima Época Registro: 2008030 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 76/2014 (10a.) Página: 605 RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO. El artículo 107, fracción XVI, párrafo último, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que no podrá archivarse juicio de amparo alguno sin que la sentencia relativa quede enteramente cumplida; por ello, el análisis que se emprenda en el recurso de inconformidad para determinar si fue correcta o no la determinación que la tuvo por cumplida, no debe limitarse a los argumentos planteados por el recurrente, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta con facultades amplias para analizar oficiosamente si la ejecutoria de amparo fue o no acatada. Ahora, si bien es cierto que en la legislación de amparo abrogada, para dicho análisis bastaba con realizar un estudio comparativo general o básico entre lo ordenado en la ejecutoria y lo ejecutado por la autoridad responsable, también lo es que ello obedecía a que en esa legislación se contemplaba al recurso de queja como un medio para combatir el exceso o defecto en el cumplimiento; de ahí que para tener por cumplida la sentencia protectora, era suficiente con que la autoridad acreditara haber realizado lo ordenado, sin que al respecto debiera analizarse si había incurrido en exceso o defecto pues, de ser así, las partes podían interponer el recurso de queja; no obstante, éste ya no se contempla para ese fin en la Ley de Amparo vigente, en tanto que ahora el exceso o defecto puede combatirse a través del recurso de inconformidad. En efecto, aunque el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, sólo señala que el recurso de inconformidad procede contra la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, sin especificar que en él puedan combatirse los excesos o defectos en que incurra la responsable en el cumplimiento, de una interpretación armónica de ese numeral con los artículos 192, párrafo primero, 196 y 197 de la propia ley, se concluye que en este medio de impugnación pueden combatirse esos vicios, pues para que una ejecutoria pueda declararse cumplida es preciso que la responsable acate puntualmente lo ordenado sin incurrir en exceso o defecto. Atento a ello, si la materia del recurso de inconformidad, vista en relación con la anterior Ley de Amparo, ha sido ampliada, entonces para resolver este recurso ya no basta con realizar un examen comparativo general o básico entre las conductas señaladas por el órgano jurisdiccional como efecto de la concesión del amparo y las adoptadas por la autoridad responsable, pues ahora, en adición a ese examen, también debe verificarse que en el cumplimiento de la ejecutoria no haya habido exceso o defecto, para lo cual deberá tenerse presente que hay exceso, cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria y que, por el contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; sin embargo, al hacer ese análisis, debe tenerse presente el límite señalado en la ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia Federal, así como la libertad de jurisdicción que, en su caso, se haya otorgado a la responsable, pues a pesar de la ampliación en su materia, no es factible que a través de este medio se analice la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable, ni mucho menos introducir aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo." "Época: Décima Época Registro: 2017156 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 55, Junio de 2018, Tomo II Materia(s): Común Tesis: 1a. LXII/2018 (10a.) Página: 952 CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA LIBERTAD DE JURISDICCIÓN PARA DICTAR UNA NUEVA RESOLUCIÓN ENCUENTRA SU LÍMITE EN LA MATERIA DE ANÁLISIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Para evaluar el debido y total cumplimiento de una sentencia de amparo, tratándose de autoridades jurisdiccionales, si bien deben atender puntualmente y en su totalidad los efectos precisados en aquélla, lo cierto es que éstos no están desvinculados de las consideraciones y de los razonamientos plasmados en la sentencia aludida; por tanto, las autoridades jurisdiccionales deberán atender a dichos efectos, en el entendido de que la libertad de jurisdicción para dictar una nueva resolución encuentra su límite en la materia de análisis en el juicio de amparo." Asimismo, se considera que las autoridades responsables dieron cumplimiento al fallo protector en sus términos, sin excesos, al no haber ido más allá del alcance de la ejecutoria que concedió la protección federal, afectando actos jurídicos de los que no se ocupó el fallo constitucional, ni defectos, pues no se advierte que hubieran omitido llevar a cabo alguna actuación de las que ordenó la ejecutoria de amparo. Al respecto, es aplicable el criterio que sigue: "Época: Novena Época Registro: 171208 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVI, Octubre de 2007 Materia(s): Común Tesis: 1a. CCXXVI/2007 Página: 186 CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE ASÍ LO INFORMA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PRONUNCIARSE, SUJETÁNDOSE A LOS EXTREMOS DE LA LITIS CONSTITUCIONAL QUE RESOLVIÓ. Cuando el juez de Distrito recibe el informe de la autoridad responsable, en el que manifiesta que ya cumplió con los efectos de la ejecutoria, dicho juez Federal deberá emitir el pronunciamiento correspondiente, tomando en cuenta la naturaleza de los actos concretamente reclamados, los efectos y alcances del fallo protector, y sin incluir elementos extraños a la litis constitucional ventilada ante su potestad deberá determinar si la sentencia de amparo está o no cumplida y hacer el pronunciamiento, correspondiente, teniendo presente en todo momento, la naturaleza y objeto del incidente de inejecución de sentencia, y distinguiéndolo de la inconformidad, la queja o la repetición del acto reclamado pues, con independencia de que el quejoso haga uso de estos medios de impugnación el juez de Distrito debe pronunciarse y determinar si el fallo protector está o no cumplido, dando razón fundada de dicha decisión." Por ende, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa el presente auto y comuníquese lo anterior a la autoridad responsable, para su conocimiento y efectos legales conducentes.

  3. Principal

    Visto; el oficio con sus anexos, remitidos por la Juez Primero de Primera Instancia con residencia en esta ciudad; mediante el cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria por la cual fue concedido el amparo y protección de la Justicia de la Unión y remitiendo las constancias respectivas; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda y estese a lo acordado en auto de veintidós de enero de dos mil veintiuno, en el que se acordó lo correspondiente.

  4. Principal

    Visto; el oficio con sus anexos, remitidos por la Juez Primero de Primera Instancia con residencia en esta ciudad; agréguense a los autos para que surtan sus efectos legales correspondientes y téngasele informando el cumplimiento dado a la ejecutoria por la cual fue concedido el amparo y protección de la Justicia de la Unión y remitiendo las constancias respectivas; y, toda vez que la diversa responsable Director del Centro de Reinserción con residencia en esta ciudad, ya informó sobre el cumplimiento dado a la sentencia pronunciada en el presente juicio. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, quedan los autos a la vista de las partes por el término de TRES DÍAS, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga y transcurrido dicho término, este juzgado resolverá sobre el cumplimiento o incumplimiento de la ejecutoria con base en las constancias de autos y los datos aportados por las autoridades responsables. Es aplicable la jurisprudencia siguiente: "Época: Novena Época Registro: 192174 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Marzo de 2000 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 26/2000 Página: 243 INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. En virtud de lo anterior, se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales adscritos para que al momento de realizar la notificación personal del presente proveído, corra traslado a las partes con copia del oficio que se provee, debiendo asentar dicha recepción en la propia diligencia. DILIGENCIA PERSONAL De conformidad con el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, dicha diligencia deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud del servidor público que la realice y de las personas justiciables.

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