Claudia Buendía Jiménez

Expediente 711/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 25 actuaciones registradas, la última del 3 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
711/2018
Año
2018
Actuaciones
25
Última actuación
03/09/2019

Partes del expediente

  • Claudia Buendía Jiménez
  • Claudia Buendía Jiménez y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; tres de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el oficio el oficio 6156/2019, suscrito por el Secretario adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, en con residencia en esta ciudad, con la copia certificada del testimonio de la resolución dictada en el toca en revisión 124/2019 del índice de aquél Tribunal Colegiado, con motivo del recurso de revisión que interpuso la parte quejosa, en contra de la sentencia dictada el veintiocho de febrero del año en curso (foja 250), de cuyo contenido se advierte que resolvió: PRIMERO. Se tiene por desistida a ******* del presente recurso de revisión. SEGUNDO. Queda firme la sentencia de veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, dictada por el Juez Séptimo de distrito en el Estado de Chihuahua, en el juicio de amparo 711/2018. Consecuentemente, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con transcripción del presente proveído, acúsese el recibo correspondiente. Por lo anterior, al no existir actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad la fracción III del invocado punto vigésimo primero, del Acuerdo General en mención, se hace del conocimiento que el mismo es susceptible de destrucción. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo, del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de marzo de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el escrito presentado por el autorizado de la quejosa, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia emitida dentro del presente juicio, el veintiocho de febrero del año en curso (foja 251). Por lo que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 81 fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89, de la Ley de Amparo, una vez que se encuentre debidamente integrado el recurso de cuenta, es decir, que obren la totalidad de las constancias de notificación a las partes, tanto de la sentencia de referencia, como del presente recurso de revisión, remítase al Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito en turno, con sede en esta ciudad, los autos originales de este juicio de amparo número ***-IV, así como el escrito de expresión de agravios del recurrente, con copia de éste para el Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a dicho Tribunal. Con fundamento en el artículo 88, del ordenamiento legal antes invocado, se ordena la distribución de las copias del medio de impugnación, entre las partes. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ******************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***************. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; once de marzo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que conste como legalmente corresponda el escrito presentado por el autorizado de la quejosa, mediante el cual solicita copia certificada de la sentencia dictada en el presente asunto (foja 251). En atención a lo anterior, dígasele que se esté a lo acordado en el auto de admisión de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho (foja 17), toda vez que en dicho acuerdo fue autorizada la expedición de copias a quien tenga facultades para ello, sin necesidad de solicitarlo por escrito. Lo anterior de conformidad con el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado **********, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

  4. Principal

    Sentencia Visto para resolver el juicio de amparo 711/2018-IV, promovido por *******. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el veinte de noviembre de dos mil dieciocho, turnada a este Juzgado en su fecha, ******* promovió demanda de amparo contra actos del Fiscal de Distrito Zona Norte, Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación Distrito Norte, Coordinadora de la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Patrimoniales, Coordinador Especial "B" adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Patrimoniales de la Agencia Estatal de Investigación Distrito Zona Norte, agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Patrimoniales, todos con residencia en esta ciudad, y Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, de quienes reclamó lo siguiente: 4. ACTOS RECLAMADOS: De las autoridades responsables, en su doble carácter de ordenadoras y de ejecutoras reclamo la ilegal e inconstitucional orden emitida fuera de procedimiento, de aseguramiento y/o desposeimiento y/o decomiso de un vehículo de mi propiedad, así como su ejecución, sin mediar para ello mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal de dicho acto. Asimismo reclamo de las autoridades señaladas como responsables en su carácter de ordenadoras, la ilegal orden de inscribir en el Registro Público de Vehículos como robado el automotor a que se refiere la presente demanda, pues el mismo no ha sido objeto de robo alguno, así como la ejecución de dicha orden por parte de la autoridad señalada en el inciso f). Segundo. Derechos fundamentales que la quejosa estimó vulnerados. La quejosa señaló como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Mediante proveído de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho (foja 17), se admitió la demanda de amparo de referencia, se registró bajo el expediente 711/2018-IV, se solicitaron informes justificados a las responsables, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Cuarto. Ampliación de demanda. En auto de seis de diciembre de dos mil dieciocho (foja 191), se tuvo al quejoso ampliando su demanda de amparo respecto a sus conceptos de violación y se requirió los informes justificados respectivos a las autoridades responsables. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, , 33, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que se reclama la inconstitucionalidad de actos ejecutados dentro del territorio en que este juzgado ejerce su jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo , de la totalidad de constancias que integran el presente juicio se precisa que la quejosa reclamó lo siguiente, de las autoridades que a continuación se apuntan: a) Del Fiscal de Distrito Zona Norte, Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación Distrito Norte, Coordinadora de la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Patrimoniales, Coordinador Especial "B" adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Patrimoniales de la Agencia Estatal de Investigación Distrito Zona Norte y agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Patrimoniales, todos con residencia en esta ciudad: - La orden de aseguramiento del vehículo marca *******, modelo *******, línea *******, tipo *******, clase *******, número de serie *******, respecto del cual la quejosa se ostenta propietaria, así como la ejecución de tal mandato. - La orden de inscripción del automóvil ya descrito, en el Padrón Vehicular y de Contribuyentes, con reporte de robo. b) Del Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del mismo nombre: - La ejecución de la orden de la inscripción reclamada. Tercero. Inexistencia actos reclamados. Al rendir su informe justificado, el Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del mismo nombre (foja 227), negó categóricamente el acto que le atribuyó la quejosa, sin que ésta haya aportado medio de convicción efectivo alguno a fin de desvirtuarlo. En consecuencia, se tiene a dicho acto de ejecución como inexistente. Por su parte, en sus informes justificados, el Fiscal de Distrito Zona Norte (fojas 49 y 202), Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación Distrito Norte (fojas 26 y 219), Coordinadora de la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Patrimoniales (fojas 49 y 202) y Coordinador Especial "B" adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Patrimoniales de la Agencia Estatal de Investigación Distrito Zona Norte (fojas 25; 33 y 214), en sus denominaciones correctas, con sede en esta ciudad, aceptaron la existencia de los actos que les reclamó la quejosa. En dichos informes, las autoridades en comento aluden a la existencia de la orden de aseguramiento reclamada y acotan que la misma no ha sido ejecutada. No obstante, de la carpeta de investigación *******, de la que derivan los actos reclamados y que obra en autos, se desprende que fue la agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Patrimoniales, con sede en esta ciudad, quien emitió la orden de aseguramiento reclamada. Además, de dicha carpeta de investigación se advierte que es inexistente la orden de inscripción de reporte de robo del automóvil marca *******, modelo *******, línea *******, tipo *******, clase *******, número de serie *******, en el Padrón Vehicular y de Contribuyentes -pues si bien la agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Patrimoniales, con sede en esta ciudad, ordenó el diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho (foja 61), dar de alta tal automotor como robado en el sistema denominado Silver, de la Unidad Especializada en Robo de Vehículo, como un mecanismo de control interno-, ninguna de las autoridades responsables dio el mandato reclamado, señalado al inicio de este párrafo. Las documentales referidas cuentan con valor probatorio pleno conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales por una servidora pública, dotada de fe pública, en ejercicio de sus funciones, como lo es la agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Patrimoniales, con sede en esta ciudad. Por ende, resulta evidente que los actos reclamados a tales responsables, a) tanto de la emisión del mandato de aseguramiento, b) como de su ejecución, c) así como de la orden de inscripción del automóvil ya descrito, en el Padrón Vehicular y de Contribuyentes, con reporte de robo, son inexistentes. En virtud de lo anterior, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo respecto de los actos reclamados a tales autoridades responsables, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.) Cuarto. Existencia de un acto reclamado. En los informes justificados que rindió la agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Patrimoniales, con residencia en esta ciudad, relativos a la demanda inicial y a la ampliación de la misma (fojas 49 y 202, respectivamente), se desprende que, efectivamente, emitió la orden de aseguramiento del vehículo marca *******, modelo *******, línea *******, tipo *******, clase *******, número de serie *******, respecto del cual la quejosa se ostenta propietaria, reclamada en este juicio de amparo. Ello se colige de la carpeta de investigación *******, aludida en el considerando previo, que goza valor probatorio pleno, como también oportunamente se acotó. Ante lo anterior, resulta innegable la existencia del acto reclamado consistente en la orden de aseguramiento del vehículo automotor ya descrito, emitida el diecisiete de septiembre de dos mil diecisiete, por la autoridad responsable de referencia. Quinto. Examen constitucional del acto reclamado. Como se precisó en el considerando segundo, *******, reclamó de la agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Patrimoniales, con residencia en esta ciudad: La orden de aseguramiento del vehículo marca *******, modelo *******, línea *******, tipo *******, clase *******, número de serie *******, respecto del cual la quejosa se ostenta propietaria, así como la ejecución de tal mandato. Indicado lo anterior, se considera pertinente relatar los antecedentes del acto reclamado. En la demanda de amparo, la aquí quejosa relató lo siguiente: a) El seis de agosto de dos mil dieciocho, celebró con *******, un contrato privado de mutuo con garantía prendaria, donde éste se comprometió a pagarle la cantidad de *******, el seis de septiembre de dos mil dieciocho, para lo cual, le dejó en garantía el vehículo marca *******, modelo *******, línea *******, tipo *******, clase *******, número de serie *******. En la misma fecha, la quejosa acudió a la Unidad Especializada de Robo de Vehículo de la Fiscalía General del Estado, Zona Norte, donde constató que dicho bien mueble no contaba con reporte de robo. b) El seis de octubre de dos mil dieciocho, *******, transmitió a la quejosa la propiedad del automotor ya referido, con lo cual dieron por terminado el contrato de mutuo con garantía prendaria, referido previamente. c) Luego, el nueve de octubre de dicha anualidad, la quejosa celebró un contrato de compraventa con *******, respecto del bien mueble en mención. d) Después, el treinta de octubre de dos mil dieciocho, señaló que elementos policiacos se apersonaron en su negociación ubicada en *******, a fin de asegurar el automóvil en comento, en razón de que tenía reporte de robo, sin lograrlo, pues la quejosa ya no contaba con dicho vehículo. e) Posteriormente, el catorce de noviembre de dos mil dieciocho, ******* devolvió dicho automotor a la quejosa, y ésta a su vez la cantidad pagada, debido al reporte de robo aludido, quedando sin efectos de esta manera el contrato de compraventa que habían celebrado. Con relación a lo anterior, la quejosa exhibió anexos a su demanda de amparo, los siguientes documentos: 1. Copia certificada del contrato privado de mutuo con garantía prendaria, celebrado entre la quejosa y *******, de seis de agosto de dos mil dieciocho. 2. Copia certificada del contrato privado de dación en pago, celebrado entre la quejosa y *******, el seis de octubre de dos mil dieciocho. 3. Copia certificada de la factura con número de folio *******, expedida por *******, correspondiente al automóvil ya aludido. 4. Copia certificada de la tarjeta de circulación vehicular, respecto del vehículo de referencia. Dichas documentales poseen valor probatorio pleno conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, pues fueron certificados respecto de sus originales por un servidor público en uso de sus funciones como lo es el Notario Público número Trece, en ejercicio para el Distrito Judicial Bravos. Por otro lado, de las constancias de la carpeta de investigación *******, se desprende que el siete de agosto de dos mil dieciocho (fojas 53 a 55), *******, aquí tercero interesado, denunció los siguientes hechos: EN EL MES DE JULIO DEL AÑO 2018 ANDABA INTERESADO EN VENDER MI VEHÍCULO DE LA MARCA *******, LÍNEA *******, COLOR *******, DE *******, MODELO *******, NACIONAL SIN PLACAS Y NO. DE SERIE *******, EL CUAL VENDÍA POR LA CANTIDAD DE $*******, Y LA ANUNCIÉ EN INTERNET POR MEDIO DE AUTOTRADER.COM Y EN SOLOAUTOS.COM, Y EL DÍA 02 DE AGOSTO DE 2018 ME LLAMÓ UNA PERSONA DESDE EL NO. DE TELÉFONO ******* (.) Y ME DIJO QUE SU NOMBRE ERA *******, Y DIJO QUE QUERÍA COMPRARME LA CAMIONETA POR LA CANTIDAD DE $*******, PERO QUE ESTABA EN ******* Y LA PERSONA QUE IBA A PAGAR EL VEHÍCULO ESTABA EN ESTADOS UNIDOS, Y QUE ERA SU PADRE, POR LO QUE NECESITARÍA UNA CUENTA DE UN BANCO EN ESTADOS UNIDOS PARA DEPOSITARME EL DINERO, Y COMO MI HIJO DE NOMBRE ******* TIENE UNA CUENTA EN EL BANCO ******* DE ESTADOS UNIDOS, ACCEDÍ A QUE ASÍ SE ME HICIERA LA TRANSACCIÓN, Y AL DÍA SIGUIENTE 03 DE AGOSTO DEL 2018 ME LLAMÓ Y ME CONFIRMÓ QUE SÍ QUERÍA LA CAMIONETA, Y ME PREGUNTÓ QUE SI LE IBA A DEJAR LAS PLACAS O LAS IBA A DAR DE BAJA, Y ME DIJO QUE ASÍ LO HICIERA PARA HACER LA COMPRAVENTA, Y PARA QUE ME REALIZARA EL PAGO LE DI EL NÚMERO DE CUENTA DE MI HIJO (.) Y EL DÍA 04 DE AGOSTO DEL 2018 ME AVISÓ QUE YA HABÍA HECHO EL DEPÓSITO, Y LE PEDÍ A MI HIJO QUE REVISARA SI YA ESTABA DEPOSITADO EL DINERO, Y ME DIJO QUE SÍ, QUE YA ESTABA DEPOSITADO EL DINERO, QUE APARECÍA UNA TRANSACCIÓN POR LA CANTIDAD DE $*******, POR LO QUE ESE DÍA SÁBADO 04 DE AGOSTO DEL 2018 ACUDÍ A LA OFICINA DE RECAUDACIÓN DE RENTAS A DAR DE BAJA LAS PLACAS, Y ME DIJO LA PERSONA QUE ESE MISMO DÍA IBA A MANDAR A LAS 15:00 HORAS A UN CHOFER EMPLEADO DE ÉL A RECOGERLA, PERO LA CAMIONETA SE ME CERRÓ CON LAS LLAVES ADENTRO, POR LO QUE NO PUDE IR A ENTREGÁRSELA A LA CENTRAL CAMIONERA ASÍ QUE EL CHOFER QUE MANDÓ ACUDIÓ A MI CASA POR LA CAMIONETA, Y EN LO QUE LLEGÓ DE LA CENTRAL CAMIONERA A MI CASA LE HABLE A UN CERRAJERO (.) Y EL CHOFER LLEGÓ A MI CASA UBICADA EN ******* (.) Y SE LLEVÓ LA CAMIONETA, DE LA CUAL LE ENTREGUÉ LA FACTURA ORIGINAL ENDOSADA LA CUAL ME ENTREGÓ LA AGENCIA, Y COMO LOS BANCOS YA ESTABAN CERRADOS POR EL FIN DE SEMANA, YA NO PUDIMOS MI HIJO Y YO SACAR EL DINERO, Y EL DÍA LUNES 06 DE AGOSTO DEL 2018 LLAMAMOS DE NUEVA CUENTA AL BANCO Y NOS DIJERON QUE TODAVÍA NO PODÍAN RETIRAR EL DINERO DEL CHEQUE, ASÍ QUE DECIDIMOS ESPERAR, Y AL DÍA SIGUIENTE 07 DE AGOSTO DEL 2018 LLAMAMOS DE NUEVA CUENTA A BANCO ******* Y NOS INFORMARON QUE EL CHEQUE NO TENÍA FONDOS Y QUE LA CUENTA ESTABA CANCELADA, FUE AHÍ QUE ME DI CUENTA QUE HABÍA SIDO VÍCTIMA DE UN FRAUDE, Y AL CHOFER QUE MANDÓ A RECOGER LA CAMIONETA DE NOMBRE ******* (CON DOMICILIO EN CALLE ******* EN ESTA CIUDAD) (.) DEJÓ IMPRESIÓN DE LA FOTOGRAFÍA DE SU CREDENCIAL DEL ELECTOR, Y EL CHEQUE QUE SE DEPOSITÓ PARA HACERME CREER QUE EL PAGO ESTABA REALIZADO ES EL CHEQUE NO. ******* DE FECHA ******* Y ES DEL BANCO DENOMINADO ******* Y ESTÁ A NOMBRE DE *******, ES POR LOS ANTERIORES HECHOS QUE ES MI DESEO INTERPONER FORMAL QUERELLA POR EL DELITO DE FRAUDE Y/O LO QUE RESULTE EN CONTRA DE ******* Y/O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES. De dicha declaración, se desprende que el aquí tercero interesado, *******, compareció ante la agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Patrimoniales, con residencia en esta ciudad, de cuya declaración destacan los siguientes hechos: a) En el mes de julio de dos mil dieciocho, publicó en dos páginas web, la venta del vehículo marca *******, modelo *******, línea *******, tipo *******, clase *******, número de serie *******, que dijo, es de su propiedad. b) El dos de agosto de dos mil dieciocho lo contactó una persona de nombre ******* y le hizo saber que estaba interesado en adquirir el automotor, para lo cual, el tres de agosto de dos mil dieciocho, le solicitó una cuenta bancaria en Estados Unidos, para efectuar el depósito. c) El cuatro de agosto de dicha anualidad, la persona de nombre ******* hizo saber al aquí tercero interesado que ya había realizado el depósito, situación que le confirmó su hijo, titular de la cuenta bancaria donde se depositó. d) En esa fecha, acudió a Recaudación de Rentas del Municipio de Juárez con la finalidad de dar de baja las placas de dicho automóvil. e) Ese mismo día, cuatro de agosto de dos mil dieciocho, acudió a la casa de *******, una persona enviada por el comprador, de nombre *******, a recoger el vehículo, entregándole en el acto la factura del mismo y haciéndolo firmar su recepción. f) El siete de agosto de dos mil dieciocho, fue informado por personal del banco denominado *******, que el cheque no tenía fondos y que la cuenta de retiro, fue cancelada. En virtud de que guardan trascendente conexidad con el acto reclamado en este asunto, previo a estudiar la constitucionalidad o no de éste, se continúa con el relato de los antecedentes. 1. Al iniciar la investigación, la agente del Ministerio Público responsable, entre otras cosas, en acuerdo de diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, ordenó el aseguramiento del vehículo ya descrito (foja 63), auto que se analizará detalladamente en las líneas siguientes. 2. Una vez localizada la persona de nombre *******, quien recogió el vehículo automotor del domicilio del aquí tercero interesado, acudió tras la citación que le fue realizada y emitió su declaración ante la agente del Ministerio Público responsable (fojas 88 y 89), de la que se advierte que: - Por solicitud de su primo de nombre *******, quien reside en *******, accedió a recoger unos vehículos que le dijo haber adquirido, entre los que se encontraba el automotor ya descrito, del que la aquí quejosa se ostenta propietaria. - Señaló que el cuatro de agosto de dos mil dieciocho, acudió al domicilio del aquí tercero interesado, *******, por el vehículo ya aludido, dejando copia simple de su credencial de elector y firmando al momento de su recepción. - Apuntó que el cinco de agosto de dos mil dieciocho, llegó a esta ciudad su primo nombre *******, y que el seis del mismo mes y año, lo acompañó a una agencia donde realizan prestamos (propiedad de la aquí quejosa) dejando en prenda el automotor marca *******, modelo *******, línea *******, tipo *******, clase *******, número de serie *******. 3. En oficio *******, de treinta de octubre de dos mil dieciocho (foja 95), la agente del Ministerio Público responsable, ordenó al Comandante de la Policía Investigadora de la Unidad de Delitos Patrimoniales, que acudiera a la agencia de préstamos de la cual la aquí quejosa es propietaria, a solicitar información al respecto. 4. Esa misma fecha (foja 96), acudió ante la agente del Ministerio Público responsable, un abogado en nombre de la aquí quejosa, a presentar copias simples de dos contratos de mutuo con garantía prendaria, celebrados entre ésta y la persona de nombre *******, uno de los cuales es el relativo al automotor ya referido y que la justiciable exhibió en copia certificada a este asunto, como ya se había apuntado. 5. La agente del Ministerio Público responsable, el treinta de octubre de dos mil dieciocho (foja 127), solicito al Juez de Control en turno del Distrito Judicial Bravos, que girara orden de aprehensión en contra de la persona de nombre *******, misma que fue emitida el día hábil posterior (foja 145). 6. Documental agregada a foja 159, de la que se desprende que se solicitó vinculación a proceso en contra de la persona de nombre *******, fijándose el catorce de noviembre de dos mil dieciocho para tal efecto. Ahora bien, sentado lo anterior, se procede al análisis de los conceptos de violación de la quejosa. I. Primero, la quejosa señala que con la orden de aseguramiento reclamada se vulneraron sus derechos de audiencia, toda vez que no es parte en la carpeta de investigación de la que deriva el acto reclamado, y debido proceso. Dicho concepto de violación es infundado. Ello es así, en virtud de que la orden de aseguramiento reclamada, emitida por la agente del Ministerio Público responsable, reclamada en este juicio de amparo, no constituye un acto privativo, ni se vulneraron en su perjuicio los principios de audiencia previa y debido proceso legal, previstos en el artículo 14 Constitucional. Dicha orden de aseguramiento constituye en realidad un acto de molestia, por lo tanto, para la emisión del acto reclamado debió observarse únicamente el principio de seguridad jurídica -fundamentación y motivación- previsto en el artículo 16 Constitucional, por lo que será el único precepto a analizar. Entonces, será hasta que se dicte sentencia ejecutoria cuando se determine el destino final y definitivo del vehículo multicitado. En apoyo a lo anterior, se cita la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 15, del Volumen 81 Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia Común, Séptima Época, que dice: AUDIENCIA Y SEGURIDAD JURÍDICA, GARANTÍAS DE. ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA DE BIENES O DERECHOS. DISTINCIÓN. ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES. En los términos del artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Federal, la audiencia previa a la emisión del acto de autoridad y el debido proceso legal, como garantías del gobernado, son de observancia obligatoria únicamente tratándose de actos privativos, sea de la vida, de la libertad, de propiedades, posesiones o derechos de los particulares más no así cuando se trata de actos de molestia que no tengan la finalidad de privar al afectado de alguno de sus bienes o derechos, pues tales actos se rigen solamente por la garantía de seguridad jurídica (fundamentación y motivación) que establece el artículo 16 constitucional. II. Por otra parte, la quejosa señaló como concepto de violación, la carencia de fundamentación y motivación de la orden de aseguramiento reclamada en este juicio de amparo. Sin embargo, dicho concepto de violación es infundado, como se demostrará a continuación. El artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , dispone que sólo una autoridad competente, a través de mandamiento escrito, en el que se funde y motive la causa legal del procedimiento, estará en posibilidad de emitir un acto de molestia sobre una persona, su familia, domicilio, papeles o posesiones. Es decir, es menester de toda autoridad al emitir sus determinaciones, hacerlo de manera adecuadamente fundada y motivada, además, obvio es, de lograr un nexo lógico de ajuste entre tales elementos. Por lo que hace a la fundamentación, motivación y el nexo lógico entre ambos, se pueden conceptuar, de forma sintética, de la manera siguiente: 1. Motivación: es expresar las razones por las cuales se toma determinada decisión. 2. Fundamentación: básicamente es indicar la hipótesis normativa aplicable al caso concreto. 3. Adecuación (nexo lógico): relación apropiada entre el precepto legal aplicable y la situación de hecho. Sentado lo anterior, se considera oportuno analizar el acuerdo de diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante el cual la agente del Ministerio Público responsable, ordenó el aseguramiento del vehículo marca *******, modelo *******, línea *******, tipo *******, clase *******, número de serie *******. 1. Comienza la agente del Ministerio Público responsable, citando la fundamentación de su determinación, para lo cual invoca el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, numeral que consta del siguiente texto: Artículo 21.- La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas. Si el infractor de los reglamentos gubernativos y de policía fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día. Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa que se imponga por infracción de los reglamentos gubernativos y de policía, no excederá del equivalente a un día de su ingreso. El Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos y condiciones que fije la ley. El Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, conocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas: a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la Federación, las entidades federativas y los Municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones. b) El establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de personal para las instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema. c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos. d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito así como de las instituciones de seguridad pública. e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines. Lo subrayado, es propio. Asimismo, fundamentó su actuación en los artículos 118 y 119, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, del contenido siguiente: Artículo 118. El Ministerio Público representa los intereses de la sociedad, con las atribuciones que le confieren esta Constitución y las leyes. Artículo 119. Son atribuciones del Ministerio Público: I. Intervenir, ejerciendo la acción penal, en todos los juicios de este orden, así como brindar asesoría, atención y protección a las personas que sean víctimas u ofendidas de delito, en los términos de la ley reglamentaria; II. Cuidar de que se ejecuten las penas impuestas por los Tribunales, exigiendo, de quien corresponda y bajo su responsabilidad, el cumplimiento de las sentencias recaídas; III. Intervenir en los juicios y diligencias del orden civil que se relacionen con personas ausentes, menores de edad o incapaces a los que representará velando por sus intereses, así como a los establecimientos públicos con fines de asistencia social, siempre que éstos no tuvieren quien los patrocine. IV. Rendir a los Poderes del Estado y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, los informes que le soliciten sobre asuntos relativos a su ramo, en el caso de esta última, únicamente en asuntos de su competencia; V. Dictar órdenes, en el ejercicio de sus funciones a la Policía que esté bajo su autoridad y mando inmediato. Además, en los numerales 2, apartado B y 12, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, que señalan: Artículo 2. La Fiscalía General del Estado tiene las siguientes atribuciones: (.) B. En materia de Investigación y Persecución del Delito: La Institución del Ministerio Público local y sus órganos auxiliares directos, se integran en la Fiscalía General del Estado para el despacho de los asuntos que le atribuyen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, la presente Ley y las demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables. La Institución del Ministerio Público local, presidida por el Fiscal General del Estado, y éste personalmente, tienen las siguientes atribuciones: I. Vigilar la observancia de los principios de constitucionalidad y legalidad en el ámbito de su competencia, sin perjuicio de las facultades que legalmente correspondan a otras autoridades jurisdiccionales o administrativas; II. La investigación y la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden local; y por lo mismo, le corresponderá solicitar las órdenes de aprehensión contra los imputados; buscar y presentar las pruebas que acrediten los elementos del tipo penal y la responsabilidad de los imputados; III. Hacer que los juicios se sigan con toda regularidad para que la administración de justicia sea pronta y expedita y pedir la aplicación de las penas impuestas por los tribunales; IV. Intervenir en los juicios y diligencias que se relacionen con ausentes, menores, incapacitados o establecimientos de beneficencia pública, a los que representará siempre que no tuvieren quien los patrocine, velando por sus intereses; V. Rendir a los Poderes del Estado, los informes que le pidiesen sobre los asuntos relativos a su ramo; VI. Dictar las medidas adecuadas para combatir y erradicar la violencia contra la mujer y los niños, desarrollando para tal efecto mecanismos institucionales; VII. Otorgar la protección que la ley prevé a los derechos de las víctimas, estableciendo y reforzando mecanismos jurídicos y administrativos que permitan obtener la reparación del daño; VIII. Ejercer el mando sobre la Policía Estatal Única en los términos de su Ley Orgánica y de las demás disposiciones aplicables; IX. Ejercitar las acciones legales en materia del Sistema Especializado de Justicia para Adolescentes Infractores; X. Organizar, dirigir y supervisar la Escuela Estatal de Policía, el Centro Estatal de Control de Confianza, los Centros de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo, los Laboratorios de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, el Centro de Justicia Alternativa y las demás Unidades Técnicas y Administrativas que establezcan las leyes y sus reglamentos, y XI. Aplicar los mecanismos legales para el Ingreso, Promoción, Permanencia, Responsabilidades y Estímulos de los servidores de la Fiscalía General del Estado. El Fiscal General intervendrá por sí o por conducto de las Fiscalías Especializadas, o de los Agentes del Ministerio Público, en el ejercicio de las atribuciones a que se refiere este apartado, según las previsiones de las leyes y reglamentos y los acuerdos que dicte el Ejecutivo local o el propio Fiscal General. El Reglamento prevendrá la distribución de los asuntos entre las Unidades Técnicas y Administrativas de la Dependencia. (.) Artículo 12. Son atribuciones de los agentes del Ministerio Público: I. Dirigir las investigaciones penales que les fueren asignadas; II. Promover las acciones penales, civiles y administrativas e interponer los recursos correspondientes, conforme a lo establecido en las leyes de la materia; III. Velar para que el imputado sea instruido en sus derechos constitucionales; IV. Citar u ordenar la presentación de cualquier persona, siempre que ello sea procedente para el ejercicio de sus funciones. Tratándose del imputado, no podrá ordenar su presentación. El agente del Ministerio Público podrá hacer uso de los medios de apremio que le confiere el Código de Procedimientos Penales, para el cumplimiento de sus atribuciones; V. Vigilar que los derechos de la víctima u ofendido sean adecuadamente tutelados; VI. Promover la conciliación y los acuerdos reparatorios entre la víctima u ofendido y el imputado, en los casos autorizados por la ley; VII. Solicitar la aplicación de los criterios de oportunidad, el sobreseimiento del proceso, la suspensión del proceso a prueba y la apertura del procedimiento abreviado, en los supuestos previstos por la Ley; VIII. Vigilar la correcta aplicación de la ley, en los casos de delitos cometidos por miembros de pueblos o comunidades indígenas; IX. Intervenir en los asuntos relativos a los menores de edad, personas con discapacidad y adultos mayores, en los casos previstos en las leyes civiles y procesales que correspondan; X. Certificar todas las actuaciones, documentos y medios de investigación que obren en su poder con motivo y en ejercicio de sus funciones, y XI. Las demás que les otorguen las leyes correspondientes. Finalmente, fundamentó su actuación en los artículos 132 fracciones V y XV, 217, 229, 230 y 231 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en que se dispone: Artículo 132. Obligaciones del Policía El Policía actuará bajo la conducción y mando del Ministerio Público en la investigación de los delitos en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución. Para los efectos del presente Código, el Policía tendrá las siguientes obligaciones: (.) V. Actuar bajo el mando del Ministerio Público en el aseguramiento de bienes relacionados con la investigación de los delitos; (.) XV. Las demás que le confieran este Código y otras disposiciones aplicables (.) Artículo 217. Registro de los actos de investigación El Ministerio Público y la Policía deberán dejar registro de todas las actuaciones que se realicen durante la investigación de los delitos, utilizando al efecto cualquier medio que permita garantizar que la información recabada sea completa, íntegra y exacta, así como el acceso a la misma por parte de los sujetos que de acuerdo con la ley tuvieren derecho a exigirlo. Cada acto de investigación se registrará por separado, y será firmado por quienes hayan intervenido. Si no quisieren o no pudieren firmar, se imprimirá su huella digital. En caso de que esto no sea posible o la persona se niegue a imprimir su huella, se hará constar el motivo. El registro de cada actuación deberá contener por lo menos la indicación de la fecha, hora y lugar en que se haya efectuado, identificación de los servidores públicos y demás personas que hayan intervenido y una breve descripción de la actuación y, en su caso, de sus resultados. Artículo 229. Aseguramiento de bienes, instrumentos, objetos o productos del delito Los instrumentos, objetos o productos del delito, así como los bienes en que existan huellas o pudieran tener relación con éste, siempre que guarden relación directa con el lugar de los hechos o del hallazgo, serán asegurados durante el desarrollo de la investigación, a fin de que no se alteren, destruyan o desaparezcan. Para tales efectos se establecerán controles específicos para su resguardo, que atenderán como mínimo a la naturaleza del bien y a la peligrosidad de su conservación. Artículo 230. Reglas sobre el aseguramiento de bienes El aseguramiento de bienes se realizará conforme a lo siguiente: I. El Ministerio Público, o la Policía en auxilio de éste, deberá elaborar un inventario de todos y cada uno de los bienes que se pretendan asegurar, firmado por el imputado o la persona con quien se atienda el acto de investigación. Ante su ausencia o negativa, la relación deberá ser firmada por dos testigos presenciales que preferentemente no sean miembros de la Policía y cuando ello suceda, que no hayan participado materialmente en la ejecución del acto; II. La Policía deberá tomar las providencias necesarias para la debida preservación del lugar de los hechos o del hallazgo y de los indicios, huellas, o vestigios del hecho delictivo, así como de los instrumentos, objetos o productos del delito asegurados, y III. Los bienes asegurados y el inventario correspondiente se pondrán a la brevedad a disposición de la autoridad competente, de conformidad con las disposiciones aplicables. Artículo 231. Notificación del aseguramiento y abandono El Ministerio Público deberá notificar al interesado o a su representante legal el aseguramiento del objeto, instrumento o producto del delito, dentro de los sesenta días naturales siguientes a su ejecución, entregando o poniendo a su disposición, según sea el caso, una copia del registro de aseguramiento, para que manifieste lo que a su derecho convenga. Cuando se desconozca la identidad o domicilio del interesado, la notificación se hará por dos edictos que se publicarán en el Diario Oficial de la Federación o su equivalente, medio de difusión oficial en la Entidad federativa y en un periódico de circulación nacional o estatal, según corresponda, con un intervalo de diez días hábiles entre cada publicación. En la notificación se apercibirá al interesado o a su representante legal para que se abstenga de ejercer actos de dominio sobre los bienes asegurados y se le apercibirá que de no manifestar lo que a su derecho convenga, en un término de noventa días naturales siguientes al de la notificación, los bienes causarán abandono a favor de la Procuraduría o de las Entidades federativas, según corresponda. Transcurrido dicho plazo sin que ninguna persona se haya presentado a deducir derechos sobre los bienes asegurados, el Ministerio Público solicitará al Juez de control que declare el abandono de los bienes y éste citará al interesado, a la víctima u ofendido y al Ministerio Público a una audiencia dentro de los diez días siguientes a la solicitud a que se refiere el párrafo anterior. La citación a la audiencia se realizará como sigue: I. Al Ministerio Público, conforme a las reglas generales establecidas en este Código; II. A la víctima u ofendido, de manera personal y cuando se desconozca su domicilio o identidad, por estrados y boletín judicial, y III. Al interesado de manera personal y cuando se desconozca su domicilio o identidad, de conformidad con las reglas de la notificación previstas en el presente Código. El Juez de control, al resolver sobre el abandono, verificará que la notificación realizada al interesado haya cumplido con las formalidades que prevé este Código; que haya transcurrido el plazo correspondiente y que no se haya presentado persona alguna ante el Ministerio Público a deducir derechos sobre los bienes asegurados o que éstos no hayan sido reconocidos o que no se hubieren cubierto los requerimientos legales. La declaratoria de abandono será notificada, en su caso, a la autoridad competente que tenga los bienes bajo su administración para efecto de que sean destinados a la Procuraduría, previa enajenación y liquidación que prevé la legislación aplicable. Pues bien, de los numerales citados por la agente del Ministerio Público responsable, se advierte: a) Que el artículo 21 Constitucional, efectivamente, le otorga facultades de investigación, así como conducción y mando sobre agentes policiacos en la realización de sus tareas investigativas; b) De los artículos 118 y 119, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, se aborda dicha facultad de mando sobre la policía, pues se desprende esa como una de las facultades de los agentes del Ministerio Público, en ejercicio de sus funciones; c) De los dispositivos 2, apartado B y 12, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, se colige que la institución del Ministerio Público local posee, entre otras facultades, la de investigar los delitos del orden local, solicitar órdenes de aprehensión contra los imputados, buscar y presentar las pruebas que acrediten los elementos del tipo penal y la responsabilidad de los imputados, así como ejercer el mando sobre la Policía Estatal Única; y, d) Respecto a los artículos que invocó del Código Nacional de Procedimientos Penales, se desprende una vez más su facultad de mando sobre elementos policiacos, su obligación de dejar registro de todas las actuaciones que se realicen durante la investigación de los delitos, su facultad y obligación de asegurar los productos del delito y su obligación de notificar al probable interesado de la ejecución de tal mandato. Pues bien, del análisis paralelo de los numerales de referencia y de la orden de aseguramiento en cuestión, no cabe duda que la agente del Ministerio Público responsable se encontraba cabalmente facultada conforme a la Ley, para, a) mediante el uso de la fuerza policiaca, iniciar y dirigir su investigación, b) lo que conllevó que agentes policiacos se constituyeran en la negociación de la aquí quejosa; además, dicha facultad investigativa podía desplegarse c) mediante la solicitud de medios de convicción, a efecto de realizar un análisis íntegro y d) se encontraba en plena facultad de ordenar el aseguramiento reclamado, por versar sobre un bien mueble probablemente producto del delito de fraude, relativo a la carpeta de investigación formada con motivo de la querella presentada por el aquí tercero interesado *******. De manera que, en este caso específico, la orden de aseguramiento del vehículo descrito está justificada, pues la carpeta de investigación en la que actuó se refiere a hechos probablemente constitutivos del delito de fraude, previsto en el artículo 223, fracción III, del Código Penal del Estado de Chihuahua . Es de precisarse (nuevamente) que si bien se dio la orden a agentes policiacos de ejecutar el aseguramiento del vehículo marca *******, modelo *******, línea *******, tipo *******, clase *******, número de serie *******, por parte de la agente del Ministerio Público responsable, la misma no se ejecutó, pues en ese momento la aquí quejosa no contaba con dicho bien mueble y los agentes policiacos no le mostraron el mandamiento que la contenía. 2. Enseguida, continuando con el análisis de la orden de aseguramiento reclamada, en cuanto a la motivación, la autoridad responsable transcribe la querella interpuesta por el aquí tercero interesado, ya reproducida en esta sentencia (ver páginas 8y 9), lo que constituye la base de su motivación, pues de ese relato se coligen las circunstancias especiales, razones y causas inmediatas que tuvo en cuenta para la emisión del acto que aquí se reclama. Crea enseguida un aparato argumentativo donde expone las razones particulares por las cuales es preciso llevar a cabo el aseguramiento, entre las que destaca la obligación que en su representación social recae, de conservar el producto del delito directamente relacionado con los hechos, en este caso, el vehículo marca *******, modelo *******, línea *******, tipo *******, clase *******, número de serie *******. Asimismo, señala de manera expresa que el tercero que posee el bien (mueble) producto del delito, en este caso, la aquí quejosa, no es necesariamente responsable en éste. Enseguida, apunta que aun en caso de materializarse el aseguramiento, la parte interesada que estuviera en posesión material del automotor, es decir, la aquí quejosa, se encontraba plenamente posibilitada para impugnarla, en caso de que así lo estimara preciso. 3. En un siguiente momento, logra el nexo lógico entre la conducta de fraude contemplada en el artículo 223, fracción III, del Código Penal del Estado de Chihuahua y la denunciada por el aquí tercero interesado, donde expone las razones por las cuales la situación de hecho denunciada, concuerda con la ficción jurídica contemplada en el numeral referido. Así pues, es inconcuso que el aseguramiento de vehículo reclamado, está debidamente fundado y motivado, conforme al artículo 16, primer párrafo, Constitucional. III. Después, la quejosa señala como concepto de violación, que en la normatividad en la cual la agente del Ministerio Público Responsable fundamentó su determinación, no se contempla el aseguramiento a un tercero y que la pena de fraude debe imponerse únicamente al responsable, que no es ella. Tal concepto de violación es infundado. El artículo relativo al aseguramiento de bienes relacionados con el delito, invocado por la responsable de referencia en su determinación, -ya transcrito- es del contenido siguiente: Artículo 229. Aseguramiento de bienes, instrumentos, objetos o productos del delito Los instrumentos, objetos o productos del delito, así como los bienes en que existan huellas o pudieran tener relación con éste, siempre que guarden relación directa con el lugar de los hechos o del hallazgo, serán asegurados durante el desarrollo de la investigación, a fin de que no se alteren, destruyan o desaparezcan. Para tales efectos se establecerán controles específicos para su resguardo, que atenderán como mínimo a la naturaleza del bien y a la peligrosidad de su conservación. En el mismo, se detalla que el producto del delito (como en el caso que nos ocupa), debe necesariamente ser asegurado durante el desarrollo de la investigación, sin hacer distinción alguna respecto al sujeto que poseyera el bien. Dichas particularidades son colmadas en el caso en comento, toda vez que el vehículo marca *******, modelo *******, línea *******, tipo *******, clase *******, número de serie *******, constituye en sí mismo el producto del delito de fraude, es decir, fue obtenido con la comisión de dicha conducta delictiva; y al no efectuar dicho numeral, distinción alguna en cuanto al sujeto que lo poseyera -a pesar de que haya sido obtenido de buena fe, como aduce la aquí quejosa, ante el desconocimiento de aquella-, ello no incide en el cumplimiento de tales elementos por parte de la agente del Ministerio Público responsable, quien, como ya se apuntó, se encontraba facultada (y obligada, de acuerdo a tal numeral), a ordenar el aseguramiento en cuestión. En apoyo a lo anterior, por analogía, se cita la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1118, tomo II, abril de 2016, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia Civil, Décima Época, que dice: EXTINCIÓN DE DOMINIO. PARA EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN CON BASE EN QUE EL BIEN ES "PRODUCTO" DEL DELITO, NO SE REQUIERE QUE EL PROPIETARIO AFECTADO HAYA ESTADO INVOLUCRADO EN LA COMISIÓN DE LOS HECHOS ILÍCITOS. Respecto de la fracción II del artículo 22 constitucional, esta Primera Sala ha sostenido que contiene cuatro incisos, a saber: el inciso a) que regula la premisa general, esto es, establece que procede la acción de extinción de dominio respecto de bienes que hayan sido instrumento, objeto o producto del delito; el inciso b) se refiere a casos en los que los bienes son utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito; el inciso c) corresponde al caso en que los bienes estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y, finalmente, el inciso d) regula el caso de los bienes que estando intitulados a nombre de terceros, existan elementos suficientes para determinar que son producto de delitos patrimoniales o de delincuencia organizada y el acusado por esos delitos se comporte como dueño. De manera que los elementos para la procedencia de la acción son diferentes en cada caso, según la causa que origine la pretensión de extinción del dominio. En ese entendido, no es correcto que si el Ministerio Público ejerce la acción con base en que el bien es "producto" del delito, sólo puede ser ejercida en contra del procesado por la comisión del delito, ya que se pueden presentar adicionalmente las hipótesis previstas en los incisos c) o d), las cuales tienen lugar cuando el propietario del bien objeto de la acción es una persona distinta a quien usaba el bien y está siendo procesado por la participación en los hechos ilícitos que determina el artículo 22 constitucional. Esto es, en todas las hipótesis a que se refiere el inciso a) de dicho artículo -bien producto, objeto o instrumento del delito-, puede presentarse adicionalmente alguna de las hipótesis referidas en los incisos c) o d), es decir, que quien aparezca como propietario del bien sea una persona distinta de la que participó en la comisión del hecho ilícito; en cuyo caso, el Ministerio Público tendrá una carga de la prueba adicional, puesto que tendrá que aportar indicios que razonablemente prueben que el propietario del bien tuvo conocimiento o debió haber tenido conocimiento de la vinculación de su bien con el hecho ilícito. La interpretación contraria haría nugatoria la figura de extinción de dominio, puesto que bastaría que los miembros de la delincuencia organizada pusieran a nombre de terceros los bienes que adquieren con los recursos de sus actividades ilícitas para evitar la procedencia de la acción, lo cual es justamente lo que la extinción de dominio pretende evitar. En consecuencia, como se anunció, dicho concepto de violación es infundado. IV. Enseguida, la quejosa aduce como concepto de violación, que ya que en el vehículo en cuestión no obran "vestigios de evidencia de la comisión del delito", no hay necesidad de ejecutar la orden de aseguramiento. También es infundado. En efecto, como ya se analizó, el artículo relativo, transcrito por segunda ocasión líneas arriba, señala que el aseguramiento, en el caso, deviene de que el vehículo automotor es el producto del delito de fraude, seguido en contra de la persona *******, no porque en tal bien mueble se encuentre alguna evidencia dactilar, física o documental a analizar. V. Luego, la quejosa señala como concepto de violación, que no es precisa la ejecución de la orden de aseguramiento reclamada, toda vez que ya se cuenta con la cantidad que representa el valor de tal automóvil, que es la que señaló el aquí tercero interesado al ponerlo en venta. Dicho concepto de violación es infundado. Ello resulta, se insiste, de que el aseguramiento obedece a que el automóvil ya descrito, es en sí mismo, producto de la probable comisión de un delito. VI. Finalmente, la quejosa señala como concepto de violación que no es precisa la ejecución de la orden de aseguramiento, toda vez que, si se requiere para contar con el vehículo como un medio de prueba, resulta ociosa pues la persona señalada como responsable del delito de fraude, ya está vinculada a proceso. Como se ha venido apuntando en reiteradas ocasiones, la razón por la cual fue emitida la orden de aseguramiento, es porque el automotor mismo es producto de un delito. Por las anteriores consideraciones, lo procedente es negar a la quejosa*******, el amparo y protección de la Justicia Federal. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 63, 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *******, con relación a los actos reclamados y autoridades responsables precisadas en el considerando tercero de esta sentencia. Segundo. Se niega el amparo y protección de la Justicia Federal a *******, con relación al acto reclamado y autoridad responsable precisada en el considerando cuarto de esta sentencia, por las razones esgrimidas en el considerando quinto de la misma. Notifíquese. Lo resolvió y firma *******, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******, hoy VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

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