Claudia Bonilla Sequeira y Otros.
Expediente 1567/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1567/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/01/2019
Partes del expediente
- Claudia Bonilla Sequeira y Otros.
- Claudia Bonilla Sequeira
Actuaciones
- Principal
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, DIECISIETE DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto; el estado de autos y el cómputo que antecede, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo se provee: Como la parte quejosa no recurrió dentro del término legal el proveído de dos de enero del año en curso (fojas 40 a 44), en el que se desechó de plano la demanda de amparo presentada, se declara que éste ha causado estado, para los efectos legales procedentes; en consecuencia, efectúense las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el expediente como asunto concluido. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y con apoyo en lo establecido por el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobado el diez de diciembre de dos mil doce, por el Presidente de ese alto tribunal y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó de plano la demanda, por notoriamente improcedente. Asimismo, carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. De igual forma, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto undécimo del acuerdo en comento. Finalmente, toda vez que obran en autos documentos exhibidos por la parte quejosa; en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto décimo primero del aludido Acuerdo General conjunto, requiérasele para que comparezca en un plazo de noventa días naturales, en día y hora hábil ante este Juzgado, a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con las constancias que obren en el expediente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
NOTIFICACION POR LISTA AL QUEJOSO. TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, DIECISIETE DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto; el estado de autos y el cómputo que antecede, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo se provee: Como la parte quejosa no recurrió dentro del término legal el proveído de dos de enero del año en curso (fojas 40 a 44), en el que se desechó de plano la demanda de amparo presentada, se declara que éste ha causado estado, para los efectos legales procedentes; en consecuencia, efectúense las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el expediente como asunto concluido. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y con apoyo en lo establecido por el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobado el diez de diciembre de dos mil doce, por el Presidente de ese alto tribunal y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó de plano la demanda, por notoriamente improcedente. Asimismo, carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. De igual forma, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto undécimo del acuerdo en comento. Finalmente, toda vez que obran en autos documentos exhibidos por la parte quejosa; en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto décimo primero del aludido Acuerdo General conjunto, requiérasele para que comparezca en un plazo de noventa días naturales, en día y hora hábil ante este Juzgado, a recogerlos, apercibida que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con las constancias que obren en el expediente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
Vista; la demanda de amparo promovida por Claudia Bonilla Sequeira y Alma Graciela Bonilla Sequeira, por conducto de sus apoderados legales Cristóbal Escobar Vázquez, Saúl Horacio Escobar Gómez, contra actos de la Sala Regional Colegiada Mixta Zona 03 del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, residente en San Cristóbal de las Casas, Chiapas y otra autoridad; fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, con el número de expediente 1567/2018-4-A. DIGITALIZACIÓN. De conformidad con los artículos 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, 89, 90, 91, 92 y 95 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, procédase a la digitalización oportunamente y de manera legible de las constancias que en su caso se presenten de manera impresa y de la impresión de las que se presenten de forma electrónica, de conformidad con el artículo 3, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo; en el entendido que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o a datos personales o que no formen parte del expediente electrónico, quedarán a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado o en su caso se ordenará la integración de cuadernos auxiliares con dichos documentos que no se agregarán al expediente impreso respectivo ni a su versión electrónica. ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda, para que en caso de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". En ese orden de ideas, en el caso, se advierte que el juicio de amparo es improcedente porque no se promovió dentro de los plazos previstos en la ley de la materia, actualizándose la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" A su vez, los artículos 17 y 18 del mismo ordenamiento, establecen lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los preceptos antes transcritos, se desprenden los lineamientos básicos en cuanto a la oportunidad para la presentación de la demanda de amparo, siendo la regla genérica el término de quince días hábiles, los cuales deben comenzar a computarse a partir de tres momentos, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución reclamada; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto o de su ejecución, o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor del acto o su ejecución. En el entendido que de no promoverse el juicio de amparo en dicho término, se estimará consentido el acto de que se trate, salvo que se actualice alguna de las hipótesis de excepción contenidas en el propio artículo 17 de la Ley de Amparo, pues en tal virtud, el término será de treinta días, siete u ocho años e incluso en cualquier tiempo, según el caso. Se afirma lo anterior, ya que de la lectura íntegra de la demanda, se desprende que la parte quejosa señaló esencialmente como acto reclamado: la resolución de ocho de noviembre de dos mil dieciocho, dictada en el toca de apelación 171-C-1C03/2018, en donde se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria, por la Sala Regional Colegiada Mixta Zona 03 del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, residente en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, misma que se dictó en cumplimiento a lo ordenado por este Juzgado en el juicio de amparo indirecto 893/2018. Es necesario tomar en consideración las constancias relativas al juicio de amparo 893/2018-2-A, del índice de este juzgado, mismas que se tienen a la vista y se invocan como hecho notorio de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las cuales, a pesar de no ser necesario, se estima conveniente agregar copia de los principales para pronta referencia, las cuales guardan relación directa e inmediata con una causa de improcedencia que se considera actualizada en el presente juicio de amparo; por tanto, debe ser analizada de oficio. Es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 103/2007 aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la foja 285, del Tomo XXV, Junio de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro siguiente: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." De las constancias del juicio de amparo 893/2018 al que se hizo referencia, se advierte que el veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, se le notificó a la parte quejosa Claudia Bonilla Sequeira y Alma Graciela Bonilla Sequeira por medio lista (foja 263), el proveído de catorce de noviembre del año en curso (foja 262), en el que se tuvo por recibido el oficio de la Sala Regional Colegiada Mixta Zona 03 del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, residente en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, mediante el cual remitió copia certificada de la sentencia de ocho de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 247 a 260), dictada en el toca de apelación 171-C-1C03/2018 de su índice, con la que dio cumplimiento al fallo protector dictado en dicho juicio de amparo, por lo que ésta se dejó a su disposición, desde esa fecha, en la secretaría de este juzgado a fin de imponerse de la misma. Aunado a lo anterior, se advierte que el veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, el apoderado legal de las quejosas presentó escrito de manifestaciones en la Oficialía de Partes de este Juzgado, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, consistente en la resolución de ocho de noviembre de dos mil dieciocho, dictada en el toca de apelación 171-C-1C03/2018, en donde se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria, por Sala Regional Colegiada Mixta Zona 03 del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, residente en San Cristóbal de las Casas, Chiapas (fojas 268 y 269). De ahí que, resulte evidente que al menos a partir de esas fechas, la parte quejosa tuvo conocimiento íntegro del contenido de la resolución de mérito del que ahora se duele. Por lo que, aun tomando como referencia la última fecha en que el apoderado legal de las quejosas formuló manifestaciones en torno al cumplimiento esto es, el veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, -fecha en que realizó manifestaciones- es claro que, el plazo de quince días para promover la demanda, conforme a lo establecido en el numeral 18 de la Ley de Amparo, puesto que transcurrió del tres al veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, sin contar los días inhábiles que mediaron entre esas fechas de conformidad con los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Cobra aplicación lo previsto en la jurisprudencia P.J/115/2010 aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Página 5, del Tomo XXXIII, Enero de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Por ello, si la demanda se presentó hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, como se advierte del escrito de demanda (foja 2) y de la papeleta de turno (foja 1); de ahí que se estime extemporánea. En consecuencia, dado que el término de quince días establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa promoviera su demanda transcurrió en exceso, su presentación resulta extemporánea, traduciéndose dicha circunstancia, en el consentimiento tácito de los actos reclamados. Máxime, que la parte impetrante no se ubica dentro de las hipótesis legales que contempla el artículo 17, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, pues se trata de un acto que no implica restricción a la libertad de la parte quejosa, por lo que en el caso concreto debe estarse a la regla general que contempla el multicitado numeral 17 del propio ordenamiento legal. En ese orden de ideas, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con el numeral 17 de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la demanda de amparo, por notoriamente improcedente, en términos de los artículos 112 y 113 del citado ordenamiento legal. NOTIFICACIÓN A LA PARTE, DESIGNACIÓN DE DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala y como autorizados en los términos que refiere a las personas que menciona. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO: Vista; la demanda de amparo promovida por Claudia Bonilla Sequeira y Alma Graciela Bonilla Sequeira, por conducto de sus apoderados legales Cristóbal Escobar Vázquez, Saúl Horacio Escobar Gómez, contra actos de la Sala Regional Colegiada Mixta Zona 03 del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, residente en San Cristóbal de las Casas, Chiapas y otra autoridad; fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, con el número de expediente 1567/2018-4-A. DIGITALIZACIÓN. De conformidad con los artículos 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, 89, 90, 91, 92 y 95 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, procédase a la digitalización oportunamente y de manera legible de las constancias que en su caso se presenten de manera impresa y de la impresión de las que se presenten de forma electrónica, de conformidad con el artículo 3, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo; en el entendido que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o a datos personales o que no formen parte del expediente electrónico, quedarán a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado o en su caso se ordenará la integración de cuadernos auxiliares con dichos documentos que no se agregarán al expediente impreso respectivo ni a su versión electrónica. ANÁLISIS SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA DEMANDA. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda, para que en caso de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". En ese orden de ideas, en el caso, se advierte que el juicio de amparo es improcedente porque no se promovió dentro de los plazos previstos en la ley de la materia, actualizándose la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" A su vez, los artículos 17 y 18 del mismo ordenamiento, establecen lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los preceptos antes transcritos, se desprenden los lineamientos básicos en cuanto a la oportunidad para la presentación de la demanda de amparo, siendo la regla genérica el término de quince días hábiles, los cuales deben comenzar a computarse a partir de tres momentos, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución reclamada; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto o de su ejecución, o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor del acto o su ejecución. En el entendido que de no promoverse el juicio de amparo en dicho término, se estimará consentido el acto de que se trate, salvo que se actualice alguna de las hipótesis de excepción contenidas en el propio artículo 17 de la Ley de Amparo, pues en tal virtud, el término será de treinta días, siete u ocho años e incluso en cualquier tiempo, según el caso. Se afirma lo anterior, ya que de la lectura íntegra de la demanda, se desprende que la parte quejosa señaló esencialmente como acto reclamado: la resolución de ocho de noviembre de dos mil dieciocho, dictada en el toca de apelación 171-C-1C03/2018, en donde se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria, por la Sala Regional Colegiada Mixta Zona 03 del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, residente en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, misma que se dictó en cumplimiento a lo ordenado por este Juzgado en el juicio de amparo indirecto 893/2018. Es necesario tomar en consideración las constancias relativas al juicio de amparo 893/2018-2-A, del índice de este juzgado, mismas que se tienen a la vista y se invocan como hecho notorio de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las cuales, a pesar de no ser necesario, se estima conveniente agregar copia de los principales para pronta referencia, las cuales guardan relación directa e inmediata con una causa de improcedencia que se considera actualizada en el presente juicio de amparo; por tanto, debe ser analizada de oficio. Es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 103/2007 aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la foja 285, del Tomo XXV, Junio de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro siguiente: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." De las constancias del juicio de amparo 893/2018 al que se hizo referencia, se advierte que el veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, se le notificó a la parte quejosa Claudia Bonilla Sequeira y Alma Graciela Bonilla Sequeira por medio lista (foja 263), el proveído de catorce de noviembre del año en curso (foja 262), en el que se tuvo por recibido el oficio de la Sala Regional Colegiada Mixta Zona 03 del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, residente en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, mediante el cual remitió copia certificada de la sentencia de ocho de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 247 a 260), dictada en el toca de apelación 171-C-1C03/2018 de su índice, con la que dio cumplimiento al fallo protector dictado en dicho juicio de amparo, por lo que ésta se dejó a su disposición, desde esa fecha, en la secretaría de este juzgado a fin de imponerse de la misma. Aunado a lo anterior, se advierte que el veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, el apoderado legal de las quejosas presentó escrito de manifestaciones en la Oficialía de Partes de este Juzgado, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, consistente en la resolución de ocho de noviembre de dos mil dieciocho, dictada en el toca de apelación 171-C-1C03/2018, en donde se declara improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria, por Sala Regional Colegiada Mixta Zona 03 del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, residente en San Cristóbal de las Casas, Chiapas (fojas 268 y 269). De ahí que, resulte evidente que al menos a partir de esas fechas, la parte quejosa tuvo conocimiento íntegro del contenido de la resolución de mérito del que ahora se duele. Por lo que, aun tomando como referencia la última fecha en que el apoderado legal de las quejosas formuló manifestaciones en torno al cumplimiento esto es, el veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, -fecha en que realizó manifestaciones- es claro que, el plazo de quince días para promover la demanda, conforme a lo establecido en el numeral 18 de la Ley de Amparo, puesto que transcurrió del tres al veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, sin contar los días inhábiles que mediaron entre esas fechas de conformidad con los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Cobra aplicación lo previsto en la jurisprudencia P.J/115/2010 aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Página 5, del Tomo XXXIII, Enero de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Por ello, si la demanda se presentó hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, como se advierte del escrito de demanda (foja 2) y de la papeleta de turno (foja 1); de ahí que se estime extemporánea. En consecuencia, dado que el término de quince días establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa promoviera su demanda transcurrió en exceso, su presentación resulta extemporánea, traduciéndose dicha circunstancia, en el consentimiento tácito de los actos reclamados. Máxime, que la parte impetrante no se ubica dentro de las hipótesis legales que contempla el artículo 17, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, pues se trata de un acto que no implica restricción a la libertad de la parte quejosa, por lo que en el caso concreto debe estarse a la regla general que contempla el multicitado numeral 17 del propio ordenamiento legal. En ese orden de ideas, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con el numeral 17 de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la demanda de amparo, por notoriamente improcedente, en términos de los artículos 112 y 113 del citado ordenamiento legal. NOTIFICACIÓN A LA PARTE, DESIGNACIÓN DE DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala y como autorizados en los términos que refiere a las personas que menciona. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa.
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