Claudia Betanzos Aguilar

Expediente 1416/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1416/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
11/12/2019

Partes del expediente

  • Claudia Betanzos Aguilar

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, once de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y el estado de autos de los cuales se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el numeral 81, fracción I, inciso d), de la ley en la materia, en contra del proveído de quince de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 30 a la 32), en la que se sobreseyó fuera de audiencia este juicio; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho proveído ha causado estado, y de conformidad con lo dispuesto en el precepto 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, en virtud de no haberse ordenado un hacer, no hacer o tolerar a la autoridad responsable, por lo que, no existe actuación pendiente por realizar. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se sobreseyó en el juicio y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE QUINCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE :...Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; quince de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos la comunicación del Magistrado Presidente de la Segunda Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, por medio del cual, rinde su informe justificado, adjuntando el proveído del cuatro de noviembre de dos mil diecinueve dictado en el expediente laboral ****, donde se comisionó al actuario adscrito al Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, para que en compañía de la parte quejosa en este juicio de amparo ****, requieran el cumplimiento del laudo emitido contra la Secretaría de Igualdad de Género, con residencia en esta ciudad, dando así respuesta al escrito de fecha de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve. Documental a las que se le concede valor probatorio pleno, en términos de lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Ahora, del escrito inicial de demanda se advierte que la quejosa señaló como acto reclamado lo siguiente: "IV. Acto reclamado.- La omisión de acordar el escrito presentado ante la responsable con fecha 4 de septiembre de 2019, generando la Dilación Procesal en el Cumplimiento de la Sentencia Definitiva, en el expediente No. **** del Índice de la Segunda Sala del Tribunal Burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas." En ese contexto, se toma en cuenta el contenido de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)". El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional, respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de dicho acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo la paralización del acto de autoridad, además es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del tomo IX-Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". De lo expuesto se desprende que, para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de cuatro extremos, a saber: Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Por otro lado, resulta indispensable acudir al contenido del artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Constitución General de la República, que a la letra señala: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: (.) II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija". Del precepto transcrito se obtiene que los efectos que genera la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, tratándose de actos de carácter omisivo, es obligar a la autoridad responsable a respetar la prerrogativa de que se trate y exigir de la misma su cumplimiento. Esto es, tratándose de actos omisivos de autoridades responsables, se entiende que han dejado de surtir sus efectos una vez que la autoridad lleva a cabo el acto que destruye la violación al derecho reconocido por la Constitución General. En la especie, la parte quejosa se duele de la omisión de acordar su escrito presentado el cuatro de septiembre de dos mil diecinueve ante la autoridad responsable, generando dilación procesal en el cumplimiento del laudo; y, de las documentales remitidas por la autoridad responsable, se advierte que mediante proveído de cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, dentro del expediente laboral ****, la autoridad se pronunció respecto al escrito en comento. En ese sentido, deviene inconcuso que los efectos del acto reclamado consistente en la omisión de acordar el escrito presentado el cuatro de septiembre de dos mil diecinueve ante la autoridad responsable, generando dilación procesal en el cumplimiento del laudo dentro del juicio laboral ****, han cesado en sus efectos, quedado insubsistente en forma total e incondicional el citado acto tildado de inconstitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí ninguna huella. Cobra aplicación, por identidad jurídica, la jurisprudencia CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo VI, noviembre de 1997, página 71, registro electrónico 197367, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Luego, al haberse acreditado que cesaron los efectos de los actos que por esta vía se reclamaron, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, obliga a SOBRESEER EN ESTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las once horas con cuarenta minutos del veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. Finalmente, no obsta a la anterior determinación, el hecho de que en esta data se recibe el informe justificado de la autoridad responsable y no se haya dado vista a las partes con citado informe; y, por ende, no haya transcurrido el plazo de ocho días para que las partes se enteren del contenido del mismo; en la medida que el plazo que se les concede para tal efecto, es sólo para desvirtuar con pruebas suficientes el contenido del referido informe y, en el caso, ninguna prueba podría desvirtuar la actualización de la causa de improcedencia que se invoca, toda vez que mediante proveído de cuatro de noviembre de dos mil diecinueve, dictado en el expediente laboral **** la autoridad responsable se pronunció respecto del escrito presentado por la aquí quejosa **** el cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, siendo este el acto reclamado en este juicio de amparo Notifíquese personalmente a la parte quejosa, y agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio a la autoridad responsable.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, treinta de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos la misiva de Ana Laura Roque Cruz, Jefa de la Unidad de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Igualdad de Género, con residencia en esta ciudad, parte tercera interesada en este juicio de amparo, por medio del cual se apersona a este expediente, señala domicilio, delegados y solicita la utilización de medios electrónicos. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 5, fracción III, inciso b, de la Ley de Amparo, téngase a la promovente apersonándose en este juicio de amparo en su carácter de tercera interesada. De conformidad con el precepto 9 de la citada ley, se tienen como delegados a las personas que cita y como domicilio el que señala. Asimismo, como lo solicita la parte tercera interesada, se autoriza la reproducción de las constancias que obren en este expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Ahora, en cuanto a la devolución del documento que acompaña, el mismo le será devuelto una vez que cause ejecutoria la sentencia que se dicte, toda vez que el artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que estos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). No obstante ello, hágase del conocimiento del promovente que de conformidad con el ordinal 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, se encuentra en aptitud legal de solicitar copias certificadas del mismo. Sin embargo, procédase al resguardo del documento anexo al escrito de cuenta en un sobre cerrado el cual se ordena glosar a este expediente, dejando copia del mismo agregado en autos para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  4. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADA GRUPO MARK PROMOCIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARAIBLE, EL AUTO DE DIECISIETE DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diecisiete de octubre de dos mil diecinueve. Se tienen por recibidos los autos de este juicio de amparo, copia certificada de la ejecutoria dictada en sesión de veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, remitida por la secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, residente en esta ciudad y anexo. Acúsese recibo. De la ejecutoria que anexa al oficio de cuenta, se advierte que el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con domicilio en esta ciudad, en sesión de veintisiete de septiembre del año en curso, revocó la sentencia dictada en este juicio de amparo, en la que se decretó el sobreseimiento en el juicio; y, determinó conceder el amparo y protección de la justicia de la unión a la parte quejosa. Comuníquese lo anterior a las partes para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se requiere a la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas con domicilio en esta ciudad, para que dentro del término de tres días contados a partir de su recibo de este proveído y anexo consistente en copia de la ejecutoria dictada en el amparo en revisión 89/2019 por el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con domicilio en esta ciudad, de cumplimiento en los términos siguientes: "En ese sentido, y dados los motivos ya expuestos, lo que procede es revocar la resolución recurrida, y conceder el amparo y protección de la justicia federal al quejoso, para que la autoridad responsable deje insubsistente el acuerdo reclamado de uno de febrero de dos mil diecinueve, y acorde a lo solicitado por el actor del controvertido de origen, en diligencia de esta última fecha, acuerde la ejecución del convenio de terminación de la relación laboral celebrado el dieciséis de abril de dos mil dieciocho, para que se cumpla a cabalidad lo dispuesto en todas sus cláusulas." Con el apercibimiento que de no hacerlo así o de no informar el impedimento que tenga para ello, este Juzgado se pronunciará sobre el incumplimiento, le impondrá una multa por el equivalente a la suma de cien Unidades de Medida y Actualización, que arroja la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientas cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), esto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 260, fracción II, en relación con el 238 de la Ley de Amparo, y tomando como base el valor inicial diario equivalente a $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional) conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en términos de lo dispuesto en el artículo 238, en relación con los diversos 192, 193 y 258, de la ley de la materia. Además, en caso de que no cumpla con la ejecutoria de amparo dentro del plazo concedido, dado que la junta responsable no tiene superior inmediato a quién requerirle que la conmine a cumplir con la ejecutoria en comento, en términos de los numerales 192 y 193 de la Ley de Amparo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, con domicilio en esta ciudad, para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia, pues la omisión en que incurre se traduce en contumacia de dar cumplimiento a la sentencia en comento; ello, dado que las ejecutorias, son de orden público y los alcances de exigir el cumplimiento de la sentencia tiene por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación, la tesis jurisprudencial emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, libro IV, tomo 4, página 3515, enero de 2012, registro electrónico 2000099, de contenido siguiente: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo". Finalmente, respecto al cuaderno de antecedentes que se formó para la tramitación del recurso, al resultar innecesaria su conservación, se ordena desglosar las actuaciones que se efectuaron y agregarlas para que obren como corresponda en este expediente, sin que sea necesario glosar al mismo las copias con las que se integró el citado cuaderno, de las cuales, se ordena su destrucción para evitar así dualidad de constancias innecesarias; por lo tanto, comisiónese para tal efecto al actuario Judicial adscrito a este órgano de control constitucional. Notifíquese personalmente a las partes.

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