Claudia Aurora Tamayo Montelongo
Expediente 350/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 6 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 350/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 13/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Claudia Aurora Tamayo Montelongo
- Victoria Carmona Navarrete
- Mirna Cruz Carmona
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, trece de julio de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos, así como la certificación de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia de diecinueve de mayo de dos mil veintidós. En consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, en términos del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que AMPARA y PROTEGE ha causado EJECUTORIA; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora, en la referida sentencia se concedió el amparo a efecto de que la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Guerrero con sede en esta ciudad: Dejara sin efectos el acuerdo de veintidós de marzo de dos mil veintidós, únicamente en la parte en que señaló fecha para la diligencia de reinstalación de la parte actora en el juicio laboral de origen; y señalara una nueva fecha en la que se apegara a los términos establecidos en la Ley 51 del Estado de Guerrero, tomando todas las providencias para su desahogo. Diligencia de reinstalación que se encontraba señalada para las once horas del once de julio de dos mil veintidós; por tanto en el caso se estima que no existe materia para el cumplimiento de la ejecutoria, en virtud que resulta evidente que la fecha señalada para la reinstalación (once de julio de dos mil veintidós), a la presente fecha, ya tuvo verificativo. En virtud de lo expuesto, NO HAY MATERIA PARA DECLARAR EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE MÉRITO. Apoya tal afirmación, por identidad de razón la tesis 2a./J. 2/2008 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE RELATIVO SI AL CAMBIAR LA SITUACIÓN JURÍDICA SE HACE IMPOSIBLE SU CUMPLIMIENTO.". Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno; y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo18, fracción I, inciso b), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DEPURABLE, toda vez que se concedió la protección de la justicia federal. Lo anterior, atendiendo a lo establecido en los diversos artículos 12, 14 del referido Acuerdo General. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Tomando en consideración que no es necesario seguir conservando las copias certificadas del expediente laboral 915/2015, hágase la devolución de las mismas a su lugar de origen Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Gobierno del Estado de Guerrero, sin que haya lugar a requerir acuse de recibo, en el entendido que la anotación en la constancia respectiva con el sello fechador de que se recibió el precitado anexo, se tomará como acuse. Notifíquese; personalmente a la parte
- Principal
En Chilpancingo de los Bravo, Guerrero a las doce horas del diecinueve de mayo de dos mil veintidós, hora y día señalados en auto de cinco de abril del año en curso, el licenciado Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 350/2022, promovido por Mirna *****, por conducto de su apoderado ****, ante la fe del Secretario César Hernández Serrano, sin asistencia de las partes. Enseguida el Secretario da cuenta al Juez, con la totalidad de constancias que obran en el expediente que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo en vigor, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. A continuación, se declara abierto el periodo de pruebas y se hace relación de las documentales que exhibieron los quejosos con su escrito de demanda (fojas 7 y 8), las remitidas por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero (un legajo de pruebas), asimismo, se hace constar que las demás partes no hicieron uso de ese derecho. A lo anterior, el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 123 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza las documentales exhibidas por los quejosos y las remitidas por la autoridad responsable; finalmente se tiene por perdido el derecho de las demás partes para ofrecer pruebas. Asimismo, el Secretario certifica: que en el presente juicio de amparo no quedan pruebas pendientes por desahogar, ni diligencia que practicar, en consecuencia, se cierra esta etapa probatoria. Abierto el periodo de alegatos, el Secretario relaciona el alegato ministerial 227/2022, formulado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, asimismo, hace constar que las demás partes no realizaron manifestaciones. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por presentado el alegato del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y por perdido el derecho de las demás partes para formular alegatos. Cerrado que fue el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del Juez para dictar sentencia. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 350/2022; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el cuatro de abril de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito residentes en Chilpancingo, Guerrero, remitido por razón de turno, a este Juzgado de Distrito, ****, por conducto de su apoderado Jesús ****, solicitaron el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto que a continuación se precisa: AUTORIDAD RESPONSABLE: Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero. ACTO RECLAMADO: "EL AUTO DE FECHA 22 DE MARZO DEL 2022, MEDIANTE EL CUAL SEÑALA FECHA EXCESIVAMENTE LEJANA PARA LLEVAR A CABO EL REQUERIMIENTO DE PAGO, COMO PARTE DE LA EFICAZ E INMEDIATA EJECUCIÓN DEL LAUDO; en términos de los artículos 81, 95, 96, 97 y 98 de la de la Ley 51: Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, en clara violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." SEGUNDO. Admisión y trámite. Por auto de cinco de abril de dos mil veintidós (fojas 9 a 12), se ordenó su registro en el Libro de Gobierno con el número 350/2022; se admitió la demanda de amparo; se solicitó a la responsable su informe justificado; se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no emitió pedimento; se ordenó emplazar a la parte tercero interesada; se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia legal. Este órgano jurisdiccional, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107 de la Ley de Amparo; y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior, toda vez que en el presente asunto se reclaman actos de una autoridad con residencia dentro del territorio en que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a efecto de fijar la litis constitucional, es menester precisar que de la lectura integral de la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: El auto de veintidós de marzo de dos mil veintidós, en que se señaló hasta el once de julio de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la diligencia de reinstalación del actor en el juicio laboral de origen. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, al rendir su informe justificado aceptó el acto que se le atribuye, en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por cierto el acto reclamado. Certeza que se corrobora con las copias certificadas del expediente laboral 915/2015 (legajo de pruebas), documentales a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. CUARTO. Análisis de causales de improcedencia. Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examina si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con lo dispuesto en el arábigo 62, de la ley de la materia. En el caso, la autoridad responsable implícitamente afirma que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en virtud de que la parte quejosa previamente a acudir al juicio de garantías debió promover una solicitud de corrección al procedimiento, con fundamento en el artículo 686 de la Ley Federal del Trabajo. La causa de improcedencia planteada es infundada, lo que se sostiene por las siguientes razones. La fracción XVIII del precepto 61 de la ley de la materia, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.". La porción normativa transcrita consagra uno de los principios básicos que rigen al juicio de amparo, denominado "definitividad", que se traduce en que dicha vía resulta improcedente contra actos que provengan de autoridades tribunales administrativos o del trabajo, dictados dentro de un procedimiento, respecto de los cuales la ley conceda un recurso o medio de defensa por virtud del que puedan ser modificados, revocados o nulificados. Es ilustrativa, en cuanto al tema, la jurisprudencia del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XV, mayo de 2002, página 902, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." En el caso, la autoridad responsable sostiene que la parte quejosa antes de acudir al juicio de amparo debió agotar el principio de definitividad de la ley, puesto que no solicitó de manera previa al amparo, la corrección del procedimiento con una simple promoción basada en el artículo 686 de la Ley Federal del Trabajo aplicada de manera supletoria a la ley de la materia, por lo que solicita el sobreseimiento del juicio. Resulta infundado el motivo de improcedencia que cita la autoridad responsable de trato, en virtud de que la parte quejosa reclama en su escrito inicial de demanda de garantías, la dilación en el trámite del juicio laboral 915/2015, lo cual considera violatorio de la garantías de legalidad y debido proceso que consagra el artículo 17 de la Constitución Federal, por lo que al constituirse ésta en una violación directa a la constitución, es inconcuso que no tiene la obligación de agotar los medios de impugnación para ello, y por ende, no se actualiza la improcedencia citada. Máxime que la corrección al procedimiento que aduce, no constituye propiamente un recurso, en la acepción legal de la palabra, y, por lo mismo, no es de aquellos que necesariamente deben hacerse valer, antes de recurrir al amparo. Tiene aplicación al caso concreto la tesis VIII.1o.28 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, publicada en la Octava Época, Tomo XV-1, febrero de 1995, página 285 del Semanario Judicial de la Federación que dice: "VIOLACION DIRECTA A LA CONSTITUCION. NO HAY OBLIGACION DE AGOTAR RECURSO O MEDIO DEFENSIVO LEGAL. CUANDO SE RECLAMA." Así, al haberse analizado y valorado previamente todas y cada una de las constancias que conforman el presente juicio, se concluye que no se actualiza algún motivo de inejercitabilidad de la acción de amparo, de modo que procede el estudio del fondo del asunto. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. La parte quejosa formuló motivos de inconformidad que se tienen por reproducidos y no se transcriben, en aras de salvaguardar el principio de economía procesal, ya que dicha circunstancia no la deja en estado de indefensión, habida cuenta que con ello no se le veda de la posibilidad de recurrir esta sentencia y alegar lo que estime pertinente. Resulta esencialmente fundado el concepto de violación que expresan los impetrantes de amparo, por las consideraciones que enseguida se exponen. La parte quejosa aduce que la responsable transgredió en su perjuicio lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al haber señalado, en auto de veintidós de marzo de dos mil veintidós (foja 93 del legajo de pruebas), para el desahogo de la diligencia de reinstalación en el juicio laboral de origen, hasta el once de julio de dos mil veintidós, lo que en su opinión contraviene los artículos 81 y 91 de la Ley 51 del Estado de Guerrero, pues se fijó para su desahogo más de tres meses después, excediéndose del plazo que prevé la ley aplicable. Al respecto, el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Federal, en lo conducente establece: "Artículo 17.-.Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia prohibidas las costas judiciales..." Cabe acotar que el mencionado arábigo constitucional consagra la garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la justicia, estableciendo en favor de los gobernados los siguientes principios: a) Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; b) Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y, garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; c) Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, d) Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Luego, la garantía que tutela el artículo 17 Constitucional puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes. En congruencia con la garantía de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el legislador local expidió el artículo 91 de la Ley Número 51: Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero. Del contenido del artículo prealudido se obtiene, por una parte, que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los tribunales estarán expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes; y por otra se aprecia que en el procedimiento laboral burocrático, todos los términos serán de tres días con excepción de aquellos casos que a juicio del Tribunal deba autorizarse plazo mayor; correrán a partir del día siguiente a aquél en que se haga el emplazamiento, citación o notificación y se contará en ellos el día del vencimiento. Sin embargo, se advierte que la autoridad señalada como responsable Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, ha sido omisa en observar los plazos y términos que señala el artículo 91 de la Ley Número 51: Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, al no sujetar su actuar procesal a los plazos y términos que establece la Ley Laboral Local Número 51, proceder que conculca en perjuicio de la parte peticionaria del amparo el artículo 17 Constitucional, en la medida que, sin justificación alguna, ha dilatado el proceso de origen, pues señaló las once horas del once de julio de dos mil veintidós, para la diligencia de reinstalación de la parte actora en el juicio laboral de origen, por lo que considerando que el juicio de amparo es una institución jurídica de buena fe y, en caso de duda deberá estarse a lo que más favorezca a la parte quejosa, debe entonces entenderse que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, no ha realizado sus actuaciones en los términos que señala la legislación invocada. Lo anterior, incuestionablemente, lesiona el derecho subjetivo que reclama la parte solicitante de amparo, consistente en el derecho que toda persona tiene para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión, pero siempre dentro de los plazos y términos que fije la propia ley. En ese contexto, es inconcuso que la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con su proceder retarda injustificadamente el trámite del procedimiento laboral de origen, lo que, se reitera, atenta de manera directa contra la garantía individual de impartición de Justicia pronta y expedita consagrada en el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al prosperar el concepto de violación planteado, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal a *******, contra el acto que reclama de la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, para el siguiente efecto: Deje sin efectos el acuerdo de veintidós de marzo de dos mil veintidós, únicamente en la parte en que señaló fecha para la diligencia de reinstalación de la parte actora en el juicio laboral de origen; y señale una nueva fecha en la que se apegue a los términos establecidos en la Ley 51 del Estado de Guerrero, tomando todas las providencias para su desahogo. A excepción de que exista algún impedimento jurídico o material que impida lo anterior, caso que deberá comunicarlo de inmediato y acreditarlo con constancias fehacientes. Sin que pueda argumentarse como tal, cargas excesivas de trabajo, ya que como se ha visto ello atenta contra el texto del artículo 17, de nuestra Carta Magna. Lo anterior, a afecto de evitar que el procedimiento natural se continúe retardando injustificadamente, y así restablecer a la parte quejosa en su garantía individual violada, consagrada en el citado numeral constitucional. SEXTO. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en atención a que las partes durante el procedimiento no manifestaron su consentimiento expreso respecto a la publicación de su nombre y demás datos personales; en tales condiciones, publíquese esta sentencia en su versión pública. Finalmente, captúrese la presente sentencia en el módulo "Sentencias" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que para tal efecto se ha instaurado; y una vez efectuado lo anterior, agréguese al presente expediente la constancia de captura generada por el aludido sistema. Por lo expuesto y fundado; se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a *****, contra el acto precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos y para los efectos precisados en los diversos considerandos quinto y sexto. SEGUNDO. Publíquese esta sentencia, en términos de lo ordenado en el último considerando. TERCERO. Procédase a su captura en el módulo "Sentencias" del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente que para el efecto se lleva en este Juzgado Federal, y glósese a los presentes autos la constancia de la captura generada por el sistema aludido. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, que actúa ante el Secretario César Hernández Serrano, que hace constar. Doy fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, nueve de mayo de dos mil veintidós. Visto el alegato ministerial firmado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado federal; atento a su contenido y con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas las manifestaciones que en vía de alegatos formula, mismas que serán relacionadas al celebrarse la audiencia constitucional. Por otra parte, de conformidad con el acuerdo Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus Covid-19, la generación de citas es un proceso automatizado que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR que, a su vez, permitirá que ella y, en su caso, otra persona ingresen al órgano jurisdiccional.******************** Esto es, el acceso está condicionado a que al menos una de las personas que acuda a la cita se identifique como la persona a cuyo nombre se generó, sin que la otra esté exenta de registrarse. Además, dicho acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. En mérito de lo anterior, respecto a su solicitud consistente en que se le expidan las copias fotostáticas que refiere, dígase que no ha lugar a acordar de conformidad, en razón de que para su asistencia al órgano jurisdiccional es necesario generar el código QR mencionado, por lo que se dejan a salvo sus derechos, para que una vez que se dicte la sentencia correspondiente, solicite las copias que requiera. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Hernández Serrano, que autoriza y da fe.********************
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintiuno de abril de dos mil veintidós. Visto el oficio firmado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se le tiene cumpliendo con el requerimiento formulado en autos, y al efecto remite copias certificadas del expediente laboral ********************, a partir del laudo dictado en el mismo; con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con su contenido dese vista a las partes para su conocimiento y efectos legales. Lo antes expuesto con sustento en la tesis aislada I.5º.C.2 K, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a página quinientos noventa y cuatro, Tomo II, Agosto de mil novecientos noventa y cinco, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL JUEZ DE DISTRITO, DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES." Constancias que se encuentran debidamente escaneadas a fin de ir acorde con el expediente electrónico, sin embargo en razón de su volumen y para un mejor manejo del expediente, con las mismas fórmese por separado un legajo de pruebas, conservando su número de folio correspondiente, las cuales quedan a disposición de las partes en la secretaría de este juzgado, para su consulta.******************** Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Hernández Serrano, que autoriza y da fe.********************
Quedan 2 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · 12,048 expedientes
- Claudia Analco Amaro1688/2022
- Claudia Analco Amaro627/2022
- Claudia Analco Amaro425/2018
- Claudia Arguello Menera1708/2013
- Claudia Arizmendi Casiano289/2020
- Claudia Aurora Tamayo Montelongo y Otros.356/2023
- Claudia Cabañas Santos296/2014
- Claudia Carreto Morales1276/2016
- Claudia Carreto Morales500/2022
- Claudia Carreto Morales442/2018
- Claudia de la Cruz Hernandez y Otros.196/2018
- Claudia de la Cruz Hernández22/2021