Claudia Asunción Romero Silva
Expediente 742/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 742/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Claudia Asunción Romero Silva
Actuaciones
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, a ocho de agosto de dos mil veintidós. Causa estado. ... se declara que causó estado el referido auto. Archivo. ... archívese este expediente como concluido. Relevancia documental. Este juicio de amparo carece de relevancia documental, al no ubicarse dentro de los supuestos previstos en el artículo 15 del citado Acuerdo General. Destino Al haberse desechado la demanda que diera origen a este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, este expediente es destruible. Instrucciones al secretario. ... Notifíquese. ...
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veinticinco de julio de dos mil veintidós. Radicación. ...Desechamiento. Ahora, previo a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la admisión de la demanda que se intenta, en atención al artículo 113 de la Ley de Amparo, se analiza la procedencia de ésta, puesto que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar ese presupuesto procesal, para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. Por lo anterior, este Juzgado Federal estima que respecto del acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 1º, fracción I, y 5, fracción II de la Ley de Amparo, y 103, fracción I de la Constitución Federal. Ello es así, pues para la procedencia de la instancia extraordinaria de amparo, es necesario que la reclamación se enderece contra una actuación de autoridad o "equivalente" a la de ésta, conforme a lo preceptuado en el artículo 5°, fracción II de la ley de la materia. Así, se tiene que para que una autoridad pueda ser considerada como tal para efectos del juicio de amparo, debe cumplir con lo siguiente: 1. Entre el ente de hecho o de derecho y el particular debe existir una relación de supra a subordinación entre el quejoso y la autoridad responsable; 2. Esa relación debe nacer de una norma general (en términos de la Ley de Amparo vigente), con una facultad administrativa irrenunciable; 3. Los actos emitidos son unilaterales y por ello se afectan situaciones jurídicas del quejoso; 4. La emisión de esos actos no requiere la aprobación de órganos judiciales ni el consenso de la voluntad del afectado. Para explicar lo anterior, en primer término, se debe fijar el concepto de autoridad responsable partiendo de la distinción entre actos de particulares y los que no lo son, siendo que en contra de aquéllos el juicio de amparo es improcedente, salvo que realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos de los particulares, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En este contexto, cabe señalar que la definición del concepto de autoridad responsable ha sufrido una importante transformación a través del tiempo, quedando ahora a cargo de los Tribunales Federales, especialmente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su carácter de máximo intérprete de la Constitución General de la República, establecer las notas distintivas de los actos de autoridad a fin de dar certeza en relación con ellos. En la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1089, del tomo XXXIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Septiembre de 2011, novena época, dicha Sala sostuvo: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Conforme a la tesis reproducida, se considera como "autoridad responsable" para los efectos del juicio de amparo, a la autoridad (y en ciertos casos a un particular) únicamente cuando a ésta y a la parte solicitante del amparo los vincule una relación de supra a subordinación, en la que la parte promovente tenga incorporada en su esfera jurídica un conjunto de derechos y obligaciones que lo ubican en una específica situación jurídica que crea, modifica o extingue sus derechos en forma unilateral y obligatoria. En este sentido, debemos entender por relaciones de supra a subordinación todas aquellas que se entablan entre gobernantes y gobernados y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. En cambio, también pueden existir relaciones de coordinación entre gobernantes y gobernados, que evidentemente no se desarrollan en un plano de supra a subordinación, dada la especial vinculación que los une, pues ambos se encuentran en un plano de igualdad y bilateralidad en el seno del derecho, tal como lo establece la tesis I.15o.A.36 K, que sostiene el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1316, tomo XXVIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Noviembre de 2008, novena época, cuyo texto dice: "AMPARO. EN EL JUICIO RELATIVO NO ES PROCEDENTE RECLAMAR ACTOS DERIVADOS DE RELACIONES DE SUPRAORDINACIÓN O DE COORDINACIÓN, SÓLO DE SUPRA A SUBORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES Y PARTICULARES. De acuerdo con la doctrina las relaciones de coordinación son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo; caracterizándose por la unilateralidad y, por esto, la Constitución General de la República establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el ente estatal dispone de facultades para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Carta Magna. En términos de esas precisiones encuentra sentido que los artículos 103 y 107 de la Ley Fundamental, establezcan que a través del juicio de amparo se resolverán las controversias derivadas de actos de autoridad que afecten las garantías individuales de los particulares, lo que supone la existencia de actos que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares; de ahí que aquellos que emanan de relaciones de supraordinación entre autoridades o de coordinación entre particulares no pueden reclamarse a través de ese juicio constitucional." Sentado lo anterior, el acto aquí reclamado no se considera como de aquéllos en contra de los cuales proceda la acción constitucional, ya que la quejosa se duele del hecho de que las autoridades responsables no han culminado el trámite de su solicitud a fin de que sea dada de baja de la organización sindical a la que se encuentra afiliada y que con motivo de ello, secén los descuentos que se le realizan vía nómina por el hecho de estar agremiada a ese sindicato. Por lo anterior, debe decirse que el descuento que se le realiza a su nómina deriva de la relación que guarda con el sindicato al que pertenece, quién es una persona moral y por ende, se encuentra en un plano de igualdad con la parte quejosa. Mientras que la intervención de la Secretaría de Servicios de Salud de Veracruz, con sede en esta ciudad, para la que labora, se limita a la realización de los descuentos a través de su nómina, es decir, la secretaría sólo tiene el carácter de intermediaria. Por tanto, tal actuación no se encuentra revestida de imperio frente al particular, y carece de las características de unilateralidad e imperatividad propias de un acto de autoridad, en tanto que las autoridades que la parte quejosa señaló como responsables, no lo hacen unilateralmente, sino con base en la relación que guarda la quejosa como afiliada al sindicato al que pertenece, lo que constituye derechos y obligaciones recíprocos en un plano de igualdad, sin que existiera un acto de autoridad para los efectos del amparo consistente en aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública en un plano de supra-subordinación. Así, cualquier controversia que se suscitara con motivo de esa relación contractual deriva de un plano de coordinación, lo cual debe ser resulta por tribunales de instancia competentes. En las relatadas circunstancias, toda vez que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del dispositivo 61, que analizada junto con el diverso artículo 113, de la Ley de Amparo, conduce a concluir que debe desecharse de plano la demanda de garantías con que se dio cuenta, por ser notoria e indudable su improcedencia. Para lo cual se invoca la Jurisprudencia 749, publicada en la página 505, del Tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA. El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, debe ser tan claro, evidente, notorio e indiscutible, que sin necesidad de ulterior comprobación haga inejercitable la acción constitucional." Autorizados. Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizados en términos amplios, a Cyntia Iveth Hernández Tiscareño y Juan Carlos Cortés Vega, en virtud de que la certificación secretarial, se conoce que cuentan con cédula profesional. Consulta de expediente electrónico. De la certificación de cuenta, se conoce que el usuario "CyntiaHT", es válido; por tanto, se autoriza tanto el acceso al expediente electrónico como la práctica de notificaciones a la parte promovente. Horas y días inhábiles. En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles para la práctica de notificaciones. Integración de expedientes. Se instruye a los (as) secretarios (as), tanto a quienes tienen a su cargo el trámite e integración, así como a los actuarios (as), para que, de acuerdo a sus funciones, supervisen la debida integración de los expedientes, tanto físico como electrónico. Transparencia. Con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar en este juicio, se testarán las palabras, frases, o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó Ismael Arroniz Palacios, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, encargado del despacho por vacaciones del titular, con las facultades otorgadas por el artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; ante el Secretario Bernardo Arbea Pérez, que autoriza y da fe.
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