Claudia Araceli Padilla Beltrán

Expediente 2413/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 7 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2413/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
22/03/2022

Partes del expediente

  • Claudia Araceli Padilla Beltrán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 1415/2021, promovido por Carlos Alfredo García Cruz, por propio derecho, contra actos de la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco y otras autoridades; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el cuatro de agosto de dos mil veintiuno y turnada a este Juzgado Decimocuarto Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, Carlos Alfredo García Cruz, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que en él precisó, y señaló como vulnerados los derechos fundamentales previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión y trámite. El veintitrés de agosto de dos mil veintiuno se admitió la demanda; se ordenó requerir a las autoridades responsables por su informe de ley; se dio vista al agente del Ministerio Público Federal adscrito. TERCERO. Ampliación de demanda. Por escritos de veintidós de septiembre y catorce de octubre, ambos de dos mil veintiuno (folios 62 a 68; 99 a 103 de autos) la parte quejosa promovió ampliación de demanda respecto de nueva autoridad responsable, la cual se admitió por auto de quince de octubre de dos mil veintiuno únicamente por lo que respecta a la autoridad responsable Director de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco (folios 86 a 87, 104 a 106; 120 y 121 de autos) respectivamente; se ordenó requerir a las autoridades responsables por su informe de ley; se dio vista al agente del Ministerio Público Federal adscrito; y, finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos: 94, 103 y 107 de la Ley Fundamental; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal2 y el diverso Acuerdo General 41/2018 del mismo cuerpo colegiado, que reforma y adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así´ como al acuerdo 41/2018, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo, entre otras cuestiones, al cambio de denominación y competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Civil y los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan; por tratarse de un amparo en materia administrativa y reclamarse actos de autoridades residente en la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, a efecto de establecer qué es lo reclamado, se precisa que de la lectura integral de la demanda y del escrito aclaratorio, se advierte que lo es: A la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco: Al Titular de la Dirección de Estacionómetros Municipales: Al Director de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco: No pasa desapercibido que el quejoso pretendió señalar como autoridad responsable a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, sin embargo, por auto de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno (folios 120 y 121 de autos), se regularizó el juicio haciendo la aclaración que de su escrito de desahogo se desprendía que únicamente combatía actos del Director de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, por lo que es a esta última a la que solamente se tiene como autoridad responsable. TERCERO. Inexistencia de actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados a la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, pues así lo manifestó en el informe justificado (folios 39 a 41 de autos), sin que la parte quejosa haya desvirtuado dicho negativa. Asimismo, no son ciertos los actos reclamados al Titular de la Dirección de Estacionómetros Municipales, Jalisco, dado que así lo manifestó al rendir su informe justificado (folios 55 de autos). De igual manera, es inexistente el acto reclamado al Director de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, ya que así lo manifestó al rendir su respectivo informe justificado (folios 42 y 149 de autos), aunado a que se advierte que el acto que se le atribuye fue emitido por diversa autoridad, esto es, el Jefe de la Oficina de Recaudación Fiscal Metropolitana, número 94 del Estado de Jalisco, siendo que por ella no amplió la demanda. Ello es así, ya que de las constancias que obran en autos se desprende que la autoridad responsable Director de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, que el mandamiento con folio M620004100485 fue emitido por el Jefe de la Oficina de Recaudación Fiscal Metropolitana, número 94 del Estado de Jalisco. De lo cual, se dio vista a la parte quejosa para que ampliara su demanda respecto de la citada autoridad sin que lo hiciera, no obstante, de estar debidamente notificada de ello (folio 150 a 152 de autos). Lo anterior, se justifica porque, es obligación del juez de Distrito, cuando del análisis integral del amparo, advierte la participación de autoridades no señaladas como responsables, prevenir al quejoso, con el apercibimiento relativo, para que aclare si señala o no como responsable a determinadas autoridades que se consideren intervinieron en la emisión de los actos reclamados; lo anterior es relevante, si se considera que de omitir el juzgador esa prevención y conceder la protección de la Justicia Federal, haría nugatorio el derecho que le asiste a la citada autoridad para defender su acto; por ende, la violación apuntada ameritaría la reposición del procedimiento en el juicio constitucional, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sin embargo, si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, a pesar de haberse requerido para ello, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oída. Luego, si en la audiencia constitucional de diez de enero de dos mil veintidós, ante la actitud omisiva de la parte quejosa en manifestarse sobre la vista que le fue otorgada para que ampliara la demanda en los términos antes planteados, se le hizo efectivo el apercibimiento decretado y se le tuvo por desinteresada en ampliar su demanda, en torno a la autoridad responsable de trato, por lo que se ordenó seguir el juicio de amparo únicamente por las autoridades señaladas en su escrito inicial de demanda. De manera que, al ser esto así, no se señaló como responsable a la autoridad quien realmente emitió el acto reclamado, a saber, Jefe de la Oficina de Recaudación Fiscal Metropolitana, número 94 del Estado de Jalisco; esto, pese a que la parte quejosa tuvo pleno conocimiento de tal actuación, en mérito de la vista dada y, aun así, fue omisa en llamar a la referida autoridad a este sumario constitucional. Empero, debió haber sido señalado por la parte quejosa como responsable, ya que precisamente a ésta corresponde defender la legalidad de su acción, porque es la que conoce los pormenores de su actuación, la cual es de su exclusiva responsabilidad, al ser la encargada de observar los lineamientos legales que regulan tal actuar. Consecuentemente, si no se le tuvo como autoridad que intervino en el acto reclamado, con ello se hizo nugatorio el derecho que le asistía para defender su acto y existe la imposibilidad jurídica de examinarlo sin la defensa de aquélla, pues de lo contrario no se mantendría el equilibrio procesal entre las partes. Tiene aplicación al caso la tesis número 2a. CLXIV/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 113, tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento." En consecuencia, dado que las autoridades responsables negaron el acto que se les atribuye y la parte quejosa no acreditó que fueran ciertos; se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, se sobresee en el presente juicio constitucional, respecto de los actos impugnados. Sirven de apoyo a lo anterior, los criterios siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Por tanto, se sobresee en el juicio respecto de los actos que se reclaman a las citadas autoridades responsables, de conformidad con lo establecido en el precepto 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 74, 75, 76 y 77, de la Ley de Amparo, se resuelve: RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Carlos Alfredo García Cruz. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, ante Nathali Cisneros Mendoza, secretaria que autoriza y da fe, el veintidós de marzo de dos mil veintidós, en que concluyó el engrose de este fallo.

  2. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 2413/2021, promovido Claudia Araceli Padilla Beltrán, por conducto de su apoderado especial; contra actos de la Cuarta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito de demanda electrónica recibido vía electrónica el tres de diciembre de dos mil veintiuno; turnado a este Juzgado Decimocuarto Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco; Claudia Araceli Padilla Beltrán, por conducto de su apoderado especial José de Jesús Cruz Verjan; solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que en él precisó, y señaló como vulnerados los derechos fundamentales previstos en los artículos 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Federal y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión y trámite. El diez de diciembre de dos mil veintiuno; previa prevención cumplida, se admitió a trámite la demanda de amparo, misma que se registró con el número 2413/2021; se ordenó requerir a las autoridades responsables por su informe de ley; se dio la intervención que en derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Y, finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos: 94, 103 y 107 de la Ley Fundamental; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y acuerdo 41/2018 emitido por dicho Pleno, en virtud de que se reclaman actos atribuidos a un tribunal laboral con residencia en el territorio en el cual este Juzgado Federal ejerce competencia. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, a efecto de establecer qué es lo reclamado, se precisa que, de la lectura integral de la demanda, se advierte que lo es: A la Cuarta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, le reclama: La fecha señalada para llevar a cabo la audiencia para el desahogo de la prueba confesional a cargo de Luis Francisco Reyes Seenties, en lo personal y como propietario de la fuente de trabajo y de la quejosa, admitidas, dentro del juicio laboral 511/2021/F. TERCERO. Existencia de la materia de reclamo. Es cierto el acto reclamado a la Cuarta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, pues así lo confesó su Presidente, al rendir su informe justificado, al cual, además, anexó copia certificada del proveído de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, en el que señaló el veintitrés de febrero de dos mil veintidós, fecha señalada para llevar a cabo la audiencia para el desahogo de las pruebas confesionales admitidas, dentro del juicio laboral 511/2021/F. Certeza, que se corrobora con las constancias anexas a su informe con justificación, cuyo valor probatorio es pleno de conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º. CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, previo análisis que se haga de los conceptos de violación vertidos por el promovente, el órgano jurisdiccional debe analizar, de oficio, la procedencia del asunto, toda vez que se trata de una cuestión de orden público y de estudio preferente, lo aleguen las partes o no. Al respecto, por lo que hace al acto reclamado a la responsable, consistente en la fecha señalada para llevar a cabo la audiencia para el desahogo de las pruebas confesionales admitidas, dentro del juicio laboral 511/2021/F, en el que señaló el veintitrés de febrero de dos mil veintidós para llevarse a cabo; el suscrito estima se encuentra actualizada la causa de improcedencia establecida por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 77, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: (.). I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y." El primer precepto citado prevé que el juicio de garantías es improcedente en los casos en que la causa resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de la Ley de Amparo. Del segundo numeral, se obtiene que el juicio biinstancial constituye un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones que un acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados. Así, el efecto de la sentencia que conceda el amparo y protección de la justicia de la Unión es la de restituir las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación cuando sea jurídica y materialmente posible. Bajo esa óptica, la causal en estudio se actualiza cuando existe imposibilidad jurídica para que la sentencia de amparo produzca efectos restitutorios de la garantía que se estima vulnerada. En efecto, se afirma que existe imposibilidad para concretar en su caso, los efectos de la protección constitucional toda vez que la parte quejosa reclama la fecha señalada para llevar a cabo la audiencia para el desahogo de las pruebas confesionales admitidas dentro del juicio laboral 511/2021/F, en el término de ley; esto es, el proveído de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, en el que señaló las diez horas del veintitrés de febrero de dos mil veintidós, fecha señalada para llevar a cabo la audiencia para tal efecto; lo que deviene relevante, pues de concederse el amparo y protección de la Justicia de la Unión a su favor, el eventual efecto de tal concesión se traduciría en que la autoridad dejara sin efecto ese proveído y emitiera otro en el que señalara una nueva fecha para el verificativo de tal audiencia dentro de los plazos y términos respectivos. Sin embargo, es importante considerar los plazos que el propio procedimiento de amparo, prevé para que una sentencia adquiera firmeza, a fin de iniciar el procedimiento de ejecución de la resolución concesoria de amparo, al respecto los artículos 86, y del 192 al 198 de la Ley de Amparo, establecen los plazos para ello, por lo que atendiendo a dichos lapsos, éstos serían superiores a la fecha tardía que ya señaló la responsable para la audiencia de referencia. Es decir, la sentencia dictada el día de hoy (veintitrés de febrero de dos mil veintidós), con una eventual concesión, se notificaría al día siguiente; y dejara transcurrir el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que cause ejecutoria la sentencia, y proceder a la ejecución de la misma. Dicho de otro modo, si la sentencia de protección de derechos fundamentales que se emite hoy (veintitrés de febrero de dos mil veintidós), y considerando que la Cuarta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, fijó como fecha para que tenga verificativo la audiencia para el desahogo de la prueba confesional admitida, dentro del juicio laboral 511/2021/F, las diez horas del veintitrés de febrero de dos mil veintidós; a nada práctico ni benéfico para la parte quejosa llevaría que se concediera el amparo en contra de la dilación procesal respecto de la fecha señalada para tal efecto. Ello, toda vez, que lejos de lograr acatar el imperativo constitucional de lograr la administración de justicia de manera pronta y expedita, se ocasionaría, un retraso en este aspecto, y una falta de concreción práctica en los efectos del amparo, lo que es del todo contrario a la naturaleza misma del juicio de amparo, pues, en el caso, sería perjudicial indicar que se deje sin efecto la fecha señalada por la autoridad responsable la Cuarta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco; si llegase a celebrarse en sus términos, con lo cual se colmaría la expeditez en la administración de la justicia, siendo que, además, al tener que dejar transcurrir diez días para que cause ejecutoria la resolución que concediera el amparo, para solicitar el cumplimiento a la ejecutoria, estaría muy próxima la fecha de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, señalada por la responsable. Lo anterior, al tomar en consideración, que la notificación de la presente resolución se haría al día siguiente de su dictado, esto es, el veinticuatro del presente mes y año, surtiría efectos dicha notificación el veinticinco siguiente, transcurriendo el plazo de diez días para ejecutarla si es que no se recurre, descontándose sábados y domingos, entonces, existiría imposibilidad jurídica para señalar una fecha anterior a la ya señalada, haciéndose nugatoria la protección que se concediese, al quedarse presumiblemente sin materia el cumplimiento de la misma. Se explica. Una vez que causara ejecutoria la sentencia de amparo, se requeriría a la responsable para que en el plazo de tres días, diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo, los cuales pueden prorrogarse por una ocasión por el mismo plazo. En cumplimiento a dicha ejecutoria la autoridad responsable, debería dejar insubsistente el acto reclamado y señalar una nueva fecha para que tenga verificativo la audiencia para el desahogo de las pruebas confesionales admitidas dentro del juicio laboral 511/2021/F, dentro de los diez días siguientes, acorde con lo establecido en el artículo 883 de la ley laboral; por ende, tal circunstancias causaría mayores perjuicios a la parte quejosa por atender a los plazos legales del procedimiento; lapso que evidentemente superaría o estará muy próxima a la fecha señalada para el veintitrés de febrero de dos mil veintidós. De ahí, que es claro que, de concederse el amparo, se causaría mayor perjuicio a la parte quejosa, pues como se ha visto se deben respetar los plazos que en etapa de ejecución precisa la Ley de Amparo, y transcurridos éstos la fecha de la audiencia programada en el juicio de origen, también ya habría quedado superada procesalmente. Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia P./J. 90/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Diciembre de 1997, Materia Común, Página 9, Registro 197245, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 61, fracción XXIII, con relación al diverso 77, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de protección de derechos fundamentales. En esa virtud, se hace innecesario abordar el examen del concepto de violación expresado por el impetrante de garantías, tal como lo establece la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO SE PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Además, ante el sobreseimiento decretado es innecesario realizar pronunciamiento respecto de las manifestaciones de la responsable en cuanto a los motivos que llevaron a programar la celebración de la audiencia en la actuación de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, en la que se señaló las diez horas del veintitrés de febrero de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia de desahogo de las pruebas confesionales admitidas dentro del juicio laboral 511/2021/F fuera de los plazos establecidos en la ley (diez días). De ahí que lo debido sea sobreseer por los motivos antes precisados, en términos del artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Claudia Araceli Padilla Beltrán; contra el acto reclamado de la Cuarta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco; que precisado quedó en el considerando segundo y por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, ante Zulema Sánchez Ibarra, secretaria que autoriza y da fe. RAAG/ZSI/*Op Esta página corresponde a la última parte de la audiencia celebrada el veintitrés de febrero de dos mil veintidós, en el juicio de amparo 2413/2021, lo anterior, para los efectos legales conducentes. Conste.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, a treinta y uno de enero de dos mil veintidós. I. Se reexpide oficio. Vista la certificación secretarial, reexpídase a la autoridad responsable el oficio devuelto por la empresa de paquetería "Estafeta", a través del cual regresa la comunicación 23397/2021, del auto de siete de septiembre de dos mil veintiuno, dirigido a "Banco de México (BANXICO)", en la inteligencia de que debe ser reenviado al domicilio actual y correcto de dicha autoridad. Se destaca que las autoridades Banco de México, según la página de internet: https://www.banxico.org.mx/, tienen su domicilio ubicado en la Avenida cinco de mayo dos, colonia Centro, código postal 06000, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, por lo que a fin de lograr la debida integración del presente asunto, se ordena su notificación a dicho domicilio. II. Se comisiona al actuario de la adscripción. En consecuencia de lo anterior y en obvio de evitar mayores dilaciones, se comisiona al actuario de la adscripción para que reexpida el oficio a la autoridad citada en líneas precedentes y una vez de haberlo realizado, integre las constancias al sistema electrónico. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, asistido por la secretaria Karla Raquel Pedroza Coronado, que autoriza y da fe. RAAG/KRPC/btd

  4. Principal

    Zapopan, Jalisco, veinte de enero de dos mil veintidós. Cambio de titular. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en sesión ordinaria de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó la adscripción del Juez Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, a este juzgado de Distrito, con efectos a partir del dieciséis de octubre siguiente. En ese sentido, hágase del conocimiento de las partes la adscripción del titular de este órgano jurisdiccional, para los efectos legales a que haya lugar. En el entendido de que la notificación correspondiente se realizará a las partes por medio de lista de acuerdos. Parte quejosa solicita se autorice consulta del expediente electrónico. Téngase por recibido el escrito de signado por Carlos Alberto Flores Vega, apoderado legal de la quejosa Fermaca Pipeline de Occidente, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, en atención a su contenido, con fundamento en lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Amparo y el numeral 35 del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, bajo su más estricta responsabilidad, se autoriza la consulta vía electrónica, de este juicio de amparo, a los usuarios "CharlyF", "antoniosal" y "bflores". Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, ante Karla Raquel Pedroza Coronado, secretaria que autoriza y da fe. RAAG/KRPC/hmre

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