Claudia Angélica Trejo López
Expediente 1178/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1178/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Claudia Angélica Trejo López
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado de los autos, se advierte que el plazo para recurrir el acuerdo de veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, transcurrió del treinta de agosto al cinco de septiembre del año actual, sin que dentro de dicho plazo lo haya hecho; se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, veintitrés de agosto de dos mil diecinueve. Escrito aclaratorio. Agréguese el escrito firmado por la quejosa Claudia Angélica Trejo López, a través del cual desahoga los requerimientos formulados por acuerdo de catorce de agosto de dos mil diecinueve. En consecuencia, se tienen por desahogados los citados requerimientos y se dejan sin efectos los apercibimientos formulados. Sentido de la determinación. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo debe desecharse de plano la demanda de amparo promovida por Claudia Angélica Trejo López, ya que se actualiza una causa de improcedencia manifiesta e indudable. Precisión de actos reclamados. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la demanda de amparo debe ser interpretada en su integridad con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una resolución que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Asimismo, el Pleno del Alto Tribunal ha señalado que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. De igual manera, ha establecido que los juzgadores de amparo deberán armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Así, al fijar los actos reclamados, el Juez deber atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se puede lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. A partir de las anteriores ideas y de una interpretación íntegra de la demanda de amparo y de su escrito aclaratorio, este Juzgador concluye que Claudia Angélica Trejo López pretende que a través el juicio de amparo, se ejerza control de la constitucionalidad sobre el acto siguiente: El Decreto por el que se aprueba el Protocolo por el que se sustituye el Tratado de Libre Comercio de América del Norte por el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá, hecho en Buenos Aires, Argentina, el treinta de noviembre de dos mil dieciocho, así como los seis acuerdos paralelos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos de América, celebrados por intercambio de cartas fechadas en Buenos Aires, Argentina, el treinta de noviembre de dos mil dieciocho". Dicho decreto se publicó en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de julio de dos mil diecinueve y sus artículos segundo a séptimo, aluden a la aprobación de diversos acuerdos paralelos entre México y los Estados Unidos de América. No pasa inadvertido para este Juzgador que la quejosa alude a diversas omisiones [omisión de refrendar, de promulgar o de aprobar los acuerdos paralelos]; sin embargo, lo cierto es que dichos planteamientos en realidad se tratan de conceptos de violación. En efecto, determinar si el decreto impugnado resulta inconstitucional porque no se refrendaron, promulgaron o aprobaron los acuerdos paralelos a que aluden sus artículos segundo a séptimo, constituye un planteamiento a manera de argumento que busca evidenciar la invalidez de dicho decreto, por lo las omisiones referidas se tratan en realidad de una causa de pedir y no de un acto reclamado. Por tanto, siguiendo los parámetros establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la precisión de los actos reclamados y la identificación de la causa de pedir, podemos concluir que el acto efectivamente reclamado y sobre el que se pretende que se ejerza control de constitucionalidad, es el Decreto que se ha precisado con anterioridad, mientras que las omisiones que se le atribuyen, constituyen una causa de pedir. Fundamento de la causa de improcedencia. En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ya que el Decreto impugnado no causa un perjuicio a la quejosa con su sola entrada en vigor. Para demostrar esa conclusión es pertinente conocer el texto de los artículos de los que deriva la causa de improcedencia. A continuación se transcriben: "61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso". En el artículo 61 de la Ley de Amparo se establecen causas de improcedencia expresas, es decir, en él se señalan supuestos específicos en los cuales resulta improcedente el juicio de amparo; sin embargo, en su fracción XXIII, se prevé la posibilidad de que la improcedencia del juicio derive de alguna otra disposición, ya sea de la Constitución o de la misma ley. Con dicha fracción, se permite que el juzgador desarrolle un proceso intelectivo de argumentación a partir del cual pueda concluir que el juicio de amparo resulta improcedente a pesar de no ubicarse en ninguno de los supuestos señalados en las otras veintidós fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo. Ahora bien, en el artículo 107 de la Ley de Amparo se establecen supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto, en ellos se especifican diversas hipótesis que de actualizarse, hacen procedente el juicio de amparo. Tomando en consideración lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, de la propia ley, es dable concluir que si no se actualiza de manera expresa el supuesto de procedencia, entonces el juicio de amparo resultará improcedente. En el caso, este Juez de Distrito estima que el Decreto impugnado no causa una afectación a la parte quejosa con su sola entrada en vigor, pues contrario a lo que afirma, los vicios de constitucionalidad formal que pudieran haberse suscitado en su creación, no le producen una afectación sobren su esfera de derechos. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que a través del juicio de amparo se puede analizar la constitucionalidad formal de las normas generales, es decir, que se puede verificar si se cumplieron los requisitos del proceso legislativo para su creación, pero solo respecto de las normas específicas que causen una afectación al quejoso sobre su esfera jurídica. Lo anterior se advierte de la tesis 2a. CX/2004, que lleva pro rubro: "CONSTITUCIONALIDAD FORMAL. NO PUEDE PLANTEARSE EN EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LEYES RESPECTO DE ACTOS DEL PROCESO LEGISLATIVO QUE NO AFECTAN LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO". En esa tesis, la Sala señaló que no debe confundirse la impugnación total de una ley con su constitucionalidad formal en aspectos generales, que incluyen a los preceptos que contiene, porque en el primer supuesto el quejoso solo puede controvertir las porciones normativas aplicadas en su perjuicio o en las cuales se ubica, pero no todo el ordenamiento legal, mientras que en el segundo, un solo precepto de aquél, o varios, dan lugar a cuestionar el proceso legislativo en sus generalidades o particularidades relacionadas con estos preceptos, sin que pueda impugnar aspectos específicos de ese proceso vinculados a otros preceptos. Lo anterior es lógico en la medida en que en el juicio de amparo contra normas generales, el efecto de la protección constitucional, por regla general es la inaplicación sobre la esfera jurídica de la parte quejosa de las prescripciones normativas que se estimen inconstitucionales. En efecto, en el artículo 78 de la Ley de Amparo se establece lo siguiente: "78. Cuando el acto reclamado sea una norma general la sentencia deberá determinar si es constitucional, o si debe considerarse inconstitucional. Si se declara la inconstitucionalidad de la norma general impugnada, los efectos se extenderán a todas aquellas normas y actos cuya validez dependa de la propia norma invalidada. Dichos efectos se traducirán en la inaplicación únicamente respecto del quejoso. El órgano jurisdiccional de amparo podrá especificar qué medidas adicionales a la inaplicación deberán adoptarse para restablecer al quejoso en el pleno goce del derecho violado". En el caso, este Juez de Distrito estima que aun cuando fueran ciertos los vicios de constitucionalidad formal que la quejosa atribuye al Decreto reclamado, lo cierto es que su inaplicación sobre la esfera jurídica no le traería un beneficio, precisamente porque su sola vigencia no le depara un perjuicio; máxime que su planteamiento lo hace derivar de una vulneración al derecho de acceso a la información. En otras palabras, el derecho que aduce vulnerado no se vería restaurado con una sentencia en la que se estime inconstitucional el Decreto impugnado, pues precisamente el hecho de que las normas que contiene dicho decreto-por su propia naturaleza- no le causan ninguna agravio y, por ende, su inaplicación [como consecuencia lógica de su eventual inconstitucionalidad] tampoco le produciría un beneficio. Aunado a ello, el juicio de amparo no el medio constitucionalmente previsto para obtener acceso a la información, sino que para ello se prevén mecanismos específicos y órganos garantes en el artículo 6 de la Constitución. Esto quiere decir que si la quejosa estima que se afecta su derecho de acceso a la información, el juicio de amparo no es la vía de tutela constitucionalmente prevista para ello. Por tanto, el hecho de que el Decreto impugnado no cause un agravio a la parte quejosa con su sola entrada en vigor, hace que no se actualice el supuesto contenido en el artículo 107, fracción I, de la Ley de Amparo y, por ende, produce la improcedencia notoria y manifiesta del juicio de amparo. La causa de improcedencia es manifiesta e indudable. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, la causa de improcedencia que amerita desechar de plano una demanda debe ser manifiesta e indudable. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por "manifiesto" se debe entender aquello que es patente, notorio y absolutamente claro y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho; es decir, que es evidente. Así, una causa de improcedencia es manifiesta e indudable cuando está debidamente probada [no se infiere a partir de una presunción], de tal forma que la substanciación del juicio resulta innecesaria, ya que al dictarse sentencia no se podría llegar a una conclusión distinta. En consecuencia, cuando una causa de improcedencia deriva de una cuestión jurídica no desvirtuable y no de una cuestión probatoria, debe estimarse como manifiesta e indudable, toda vez que sin importar las pruebas que se ofrezca en el juicio o lo que se alegue, la cuestión de derecho que hace improcedente el juicio no se superará. En el caso, la causa de improcedencia es manifiesta e indudable porque: (i) los antecedentes del acto reclamado narrados son claros; (ii) deriva de la naturaleza jurídica del acto reclamado y de la posición de la quejosa frente a él [lo que es una cuestión de derecho y no de prueba de hechos]; (iii) de admitirse la demanda y tramitarse el juicio se llegaría a la misma conclusión, pues la naturaleza del acto reclamado no variará y, por tanto, no se podría llegar a una conclusión distinta; y, (iv) existen criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación exactamente aplicables, en la que se establece la improcedencia del juicio de amparo en un supuesto como el que nos ocupa. Todo lo anterior revela que la causa de improcedencia no se presume ni se basa en indicios, sino que descansa en una cuestión de derecho no desvirtuable que no variará aun si se tramitara el juicio, pues sin importar las pruebas que se exhiban o lo que se alegue, la conclusión a la que ha llegado este órgano jurisdiccional tampoco cambiaría. Por tanto, este Juez de Distrito considera que la causa de improcedencia requirió un análisis jurídico que se puede hacer desde el acuerdo inicial [no minucioso ni profundo] pues no depende de prueba alguna, ya que las conclusiones a las que se lleguen son cuestiones de derecho no desvirtuables con medios probatorios. Conclusión Por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, y en virtud de los motivos desarrollados en este auto, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por Claudia Angélica Trejo López. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente, de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso j), de la Ley de Amparo. Lo proveyó y firma Juan Pablo Gómez Fierro, Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido de Luis Hernández Plata, Secretario de Juzgado, que autoriza y da fe. Doy fe. LHP/aaam.
- Principal
Vista la certificación y el oficio signado por el juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, dirigido al juicio de amparo 1685/2019 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, remítase el oficio de cuenta a dicho Juzgado, previa copia simple que se deje del mismo, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese
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