Claudia Angelica Gutierrez Caldera

Expediente 1344/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 10 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1344/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
17/11/2023

Partes del expediente

  • Claudia Angelica Gutierrez Caldera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales procedentes el oficio proveniente del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, mediante el cual solicita la consulta electrónica del expediente 1344/2023-II. En ese sentido, acorde a lo dispuesto en el Acuerdo General que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como eje rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, autorícese al juzgado oficiante la consulta del expediente electrónico de este asunto para que obtenga el acceso a la información que requiere. Por tanto, se instruye al Oficial Judicial A de la adscripción, encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que realice las gestiones pertinentes en dicho sistema, a fin de que el juzgado solicitante tenga acceso al expediente electrónico del juicio de amparo 1344/2023-II. En consecuencia, infórmesele al juzgado solicitante que desde este momento, el expediente se encuentra disponible para su consulta, previa vinculación que realice en su respectivo expediente. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, quien autoriza y da fe.

  2. Incidental

    Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1344/2023-II y, I.- FIJACIÓN CLARA Y PRECISA DEL ACTO RECLAMADO. Mediante escrito de demanda ********************, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, con suspensión de los actos reclamados de la autoridad responsable Juzgado Especializado de Ejecución de Sanciones del Único Distrito Judicial en el Estado y otras, de quienes reclama la orden de presentación, de aprehensión y/o detención, que se hubiere girado en su contra, así como su cumplimiento. II.- Certeza del acto. Son ciertos los actos combatidos a la autoridad denominada Juez Especializado de Ejecución de Sanciones del Único Distrito Judicial en Materia Penal en el Estado, con sede en Atlacholoaya, Municipio de Xochitepec, Estado de Morelos, por así haberlo manifestado al rendir su respectivo informe previo. Igual consideración se tiene por cuanto a las responsables con el carácter de autoridades administrativas que al rendir su respectivo informe negaron la existencia del acto, dado que fueron señaladas como ejecutoras, empero, al haber aceptado los actos las responsables ordenadoras a que se refiere esta resolución, es incuestionable que puedan ejecutar éstos. III.- Consideraciones y fundamentos para conceder la suspensión definitiva. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 128 de la Ley de Amparo, la suspensión se decretará cuando la soliciten los agraviados; y cuando con su otorgamiento no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, atendiendo a que en la especie concurren los citados requisitos, pues la suspensión ha sido solicitada por el promovente, con su otorgamiento no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público y sí, en cambio, los daños y perjuicios que se ocasionarían al quejoso con la ejecución de la orden de aprehensión girada en su contra, serían de difícil reparación; con fundamento en el artículo 166 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva a ********************, para los siguientes efectos: I. Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 Constitucional, la suspensión sólo producirá el efecto de que la quejosa quede a disposición de este órgano jurisdiccional, en el lugar que éste señale, únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación. II. Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que la quejosa no sea detenida, bajo las medidas de aseguramiento que este órgano jurisdiccional estime necesarias a fin de que no evada la acción de la justicia y se presente al proceso penal para los efectos de su continuación y pueda ser devuelta a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal. Ahora bien, esta medida cautelar surte efectos desde luego; empero, dejará de surtirlos si la quejosa no cumple con los requisitos siguientes: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 168 de la Ley de Amparo, aun cuando en el caso no se cuenta con elementos para analizar las circunstancias a que se refieren las fracciones I, II y III del precepto legal citado, tomando en consideración que la quejosa reclama una orden privativa de libertad, cuya cumplimentación se suspende de manera precautoria, y existe eventual riesgo de que se sustraiga de la acción de la justicia, deberán exhibir la garantía por la cantidad de ******************** (********************), en cualquiera de las formas que establece la ley y a entera satisfacción de este juzgado, en un plazo no mayor a cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de la presente determinación; garantía cuyo otorgamiento deberá comunicarse oportunamente a las responsables. Lo anterior, en términos de lo que establece el diverso 162 de la Ley de Amparo, que faculta a este órgano de control constitucional a fijar de manera discrecional las medidas de aseguramiento que estime convenientes, a fin de garantizar la devolución de los quejosos a la autoridad responsable y en tanto que los requisitos antes invocados permitirán, en su caso, hacer efectiva la garantía respectiva de manera pronta y eficaz. Por analogía, cabe citar la jurisprudencia 1a./J. 16/97, del rubro "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL.", de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 879 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo por el que se regula la organización y funcionamiento del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, cuando la garantía se constituya a través de billete, certificado u otro instrumento análogo, el depositante deberá solicitar a la institución depositaria que lo emita que inserte la leyenda siguiente: "el referido depósito no genera interés, rendimiento o contraprestación alguna a favor del depositante". La garantía se fija para evitar que la parte quejosa se sustraiga de la acción de la justicia, a efecto de salvaguardar tanto la garantía constitucional de libertad personal, como el deber de perseguir los delitos, aspecto este último en el cual se encuentra interesada la sociedad; sin perjuicio de que pueda ser modificada al resolver la suspensión definitiva, ya con los informes previos y mayores elementos para fijar su cuantía de una manera más apegada a la realidad jurídica, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 168 de la ley de la materia, que exige que para la procedencia de la suspensión contra actos derivados de un procedimiento penal, que afecte la libertad personal, la Jueza de amparo deberá exigir a la parte quejosa que exhiba garantía, sin perjuicio de las medidas de aseguramiento que estime convenientes, tomando en cuenta los siguientes elementos: a) la naturaleza, modalidades y características del delito que se imputa al quejoso; b) las características personales y la situación económica de la misma; y c) la posibilidad de que se sustraiga de la acción de la justicia y su monto se determina de forma discrecional, pues en la demanda de amparo no se establece la naturaleza, modalidades y características del delito por el que se libró la orden privativa de libertad, razón por la que se carece de elementos para llevar a cabo dicha ponderación. Ahora bien, en ese orden de ideas la quejosa a la fecha no acreditó haberse presentado ante el juez que conoce de la causa penal de origen; ni exhibió la garantía fijada por la cantidad de ******************** (********************), para que surtiera efectos la suspensión definitiva. Asimismo, de conformidad a lo manifestado en el informe previo, ********************Juez Especializado de Ejecución de Sanciones del Único Distrito Judicial en Materia Penal en el Estado, con sede en Atlacholoaya, Municipio de Xochitepec, Estado de Morelos, hizo del conocimiento que existe orden de reaprehensión instruida en contra de la aquí quejosa ********************, a la que se le imputa el delito de Fraude Genérico, cometido en agravio de ********************En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 162 de la Ley de Amparo, se impone a la parte quejosa la obligación de presentarse ante las autoridades responsables que emitieron los mandatos de captura señalados, dentro del término de cinco días, computado legalmente y cuantas veces le sea exigido, de igual forma, las veces que este Juzgado de Distrito le exija presentarse; en la inteligencia que, de no ocurrir ante el juez responsable, o ante este Juzgado las veces que sea requerido, la suspensión que se concede se le revocará, como lo dispone el numeral 166, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo vigente. Si la parte quejosa ya se encuentra materialmente detenida por orden de autoridad competente y el Ministerio Público que interviene en el procedimiento penal ya solicitó al juez la prisión preventiva porque haya considerado que otras medidas cautelares no fueron suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección a la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, y el juez del proceso penal acuerde la prisión preventiva, la suspensión sólo produce el efecto de que la parte quejosa quede a disposición de este Juzgado de Distrito en el lugar que aquél señale, únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación. Con fundamento en el artículo 167 de la Ley de Amparo, se apercibe al quejoso que esta suspensión se revocará cuando incumpla con cualquiera de las obligaciones establecidas y, en caso procedente, se hará efectiva la garantía a favor del erario federal. Sirve de apoyo la jurisprudencia 94/2001, de rubro "SUSPENSIÓN EN CONTRA DE UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 138, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, EL JUEZ DE DISTRITO AL CONCEDERLA GOZA DE LA MÁS AMPLIA FACULTAD PARA IMPONER AL QUEJOSO LA OBLIGACIÓN DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA PARA RENDIR SU DECLARACIÓN PREPARATORIA, COMO REQUISITO DE EFECTIVIDAD DE ESA MEDIDA.", de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 149/2007, de rubro "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ.", sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si el delito por el que se libró la orden privativa de libertad combatida, conforme a la ley es considerado de los que ameritan prisión preventiva oficiosa, la suspensión sólo tendrá por efecto el que, una vez que sea aprehendida la quejosa, quede a disposición de este juzgado por cuanto a la libertad personal se refiere, en el lugar en que la recluyan, y a disposición de la autoridad que corresponda, para la continuación del proceso instruido en su contra. Esta medida suspensiva se otorga siempre y cuando, no se esté en presencia de la comisión de delito flagrante, urgente o que amerite prisión preventiva oficiosa. En este caso, el imputado deberá ser puesto de inmediato a disposición de la autoridad competente, conforme al artículo 16, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin perjuicio de las facultades que goza el Ministerio Público para dejar sin efecto la detención u ordenar que la persona detenida sea conducida ante el juez dentro del plazo a que se refiere el Artículo 16, párrafo noveno Constitucional; además, está autorizado para dejar sin efecto la detención cuando no pretenda solicitar como medida cautelar la prisión preventiva en contra de la imputada y ésta haya depositado la garantía fijada por el Ministerio Público para asegurar su comparecencia ante el juez, salvo que se le haya concedido la libertad bajo protesta. La presente suspensión surtirá efectos hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio del que deriva la presente cuerda incidental. Debe precisarse, de forma categórica, que la concesión de esta medida suspensional únicamente se limita a paralizar los efectos de los actos reclamados consistentes en la orden de aprehensión, detención o comparecencia, así como su ejecución, que se hubiese librado exclusivamente por las autoridades responsables designadas en el escrito inicial de demanda por la quejosa; además, atendiendo a la técnica jurídica que rige el juicio de amparo indirecto, la existencia de los actos debe analizarse a la luz de la fecha de presentación de la demanda de amparo, incluso aun cuando se reclamen órdenes de aprehensión, detención, presentación, búsqueda y captura, como lo ha sostenido en jurisprudencia la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis 57/95, y que en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, resulta de observancia obligatoria para la suscrita juzgadora federal. Por tal motivo, el otorgamiento de la suspensión de los actos reclamados por la parte quejosa, sólo comprenderá aquéllos que se hayan emitido hasta la fecha de presentación de la demanda de amparo. Se fija lo anterior, a fin de dar certeza y seguridad jurídica a las partes que intervienen en el presente juicio de amparo, al tomar en consideración que el efecto de la suspensión es mantener las cosas en el estado que guardan al presentarse la demanda, para el efecto de preservar la materia del amparo y de facilitar, o de evitar que se dificulte, el retorno de las cosas al estado que tenían antes de la violación, en caso de que se otorgue el amparo; ya que de extender los efectos a actos futuros de realización incierta, se provocaría un estado de incertidumbre jurídica, y respecto de los cuales no procede esta medida suspensiva; máxime que el gobernado tiene la facultad de promover posteriormente una nueva demanda de amparo, en el caso de que el mandato de captura reclamado se hubiese librado con posterioridad a la presentación de la demanda. Asimismo, la suspensión surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el presente acuerdo, aun cuando sea recurrido, de conformidad con el artículo 136 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, en los artículos 125, 138, 140, 143 y 146 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E: ÚNICO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por ********************, respecto del acto reclamado y las autoridades responsables precisadas y, por las razones expuestas en el punto tercero de la presente resolución interlocutoria. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el escrito signado por la parte quejosa, mediante el cual, desahoga la vista concedida por auto de once de octubre del año en curso; el que se ordena agregar a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos jurídicos conducentes. Se tienen por anunciadas de su parte la prueba instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto; las que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación en la audiencia incidental. En otro orden de ideas, visto el estado procesal de los autos se desprende que no queda prueba material pendiente por desahogarse en el presente incidente, por tanto, en cumplimiento al acuerdo de once de octubre del año en curso, en términos del artículo 67 de la Ley de Amparo se señalan las diez horas con treinta y cinco minutos del nueve de noviembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia de alegatos. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  4. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar el oficio remitido por la Delegada del Instituto Federal de Defensoría Pública en Morelos, a través del cual informa no tener intervención en el presente juicio. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles se ordena regularizar el procedimiento y se instruye a la persona Actuaria adscrita al juzgado para que notifique el oficio 26970/2023 que contiene inserto el auto de nueve de octubre actual al Instituto de Defensoría Pública del Estado de Morelos. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

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