Claudia Angélica Gutierrez Caldera

Expediente 1651/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 1 actuación registrada, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1651/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Claudia Angélica Gutierrez Caldera

Actuaciones

  1. Principal

    VISTO, para resolver el juicio de amparo 821/2023, promovido por Arturo Moreno Campillo contra actos de la Sala del Segundo Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, y; R E S U L T A N D O : PRIMERO. Mediante escrito presentado el doce de junio de dos mil veintitrés, ante el buzón judicial de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Arturo Moreno Campillo solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: Autoridad responsable Acto reclamado Sala del Segundo Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos ".sentencia de fecha diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, misma que fue dictada al resolver el toca 52/2023-4-16, correspondiente a la excepción de incompetencia por declinatoria formulada en el expediente de origen 655/2022-2. SEGUNDO. El catorce de junio de dos mil veintidós, este juzgado radicó el asunto con el número de expediente 821/2023, y una vez subsanada la prevención formulada, admitió la demanda de amparo, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio. Por tanto, debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte quejosa reclama la sentencia de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, dictada en el toca 52/2023-4-16, que resolvió la excepción de incompetencia por declinatoria formulada en el expediente de origen 655/2022-2. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, pues así se advierte del contenido del informe justificado, lo que se corrobora con las copias certificadas que acompaña al mismo; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Ahora, se procede a examinar de manera oficiosa si en la especie opera alguna causal de improcedencia de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, esto, al constituir una cuestión de orden público, y por tanto, de análisis previo y preferente lo aleguen o no las partes, aun cuando se haya reconocido expresamente la existencia de los actos reclamados. Así, el suscrito no advierte causal de improcedencia invocada por las partes o alguna que opere de manera oficiosa, por lo que se procede a analizar la constitucionalidad del acto reclamado. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Con el propósito de entrar al estudio de los conceptos de violación, debe precisarse en primer lugar que, resulta innecesario realizar su transcripción, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad de la sentencia, aunado a que no existe algún precepto en la Ley de Amparo que establezca esa obligación, por lo que queda al prudente arbitrio de la persona juzgadora el realizarlo, atendiendo a las particularidades de cada asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Ahora bien, para un mejor entendimiento de este asunto, en primer lugar se realizará una relatoría de los antecedentes del acto reclamado, posteriormente la síntesis de los conceptos de violación expuestos en el escrito de demanda; luego, se procederá al estudio y análisis respectivo. Antecedentes del asunto. 1. Mediante escrito presentado el veintidós de noviembre de dos mil veintidós, la tercero interesada Yelitza Yulín Rosas Ceballos, promovió por la vía de controversia del orden familiar, la modificación de la cosa juzgada, relativa a la sentencia definitiva de divorcio, en específico la pérdida de la patria potestad de su menor hija de iniciales L.M.R., cambio de régimen de convivencias, aumento y cumplimiento de la pensión alimenticia. 2. Por acuerdo de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, la Jueza Primero Familiar de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial del Estado, previno a la actora para que manifestara bajo protesta de decir verdad, si la accionante y su menor hija, aún continúan viviendo en el domicilio pactado en la cláusula segunda del convenio aprobado mediante sentencia definitiva. 3. El cinco de diciembre de dos mil veintitrés, la actora subsanó la prevención formulada, en el cual informó que: ".Actualmente nuestro domicilio se encuentra ubicado en AVENIDA CENTRAL, NÚMERO 1, COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, GALEANA, MUNICIPIO DE ZACATEPEC, MORELOS. No omito manifestar a usted, que mi fuente de trabajo se encuentra ubicado en la Ciudad de Jiutepec, Morelos, en virtud de que la suscrita es docente a nivel secundaria donde imparto clases de lunes a viernes, y también lugar donde mi menor hija asiste al Colegio, por esta razón nos vemos en la necesidad de forma frecuente de pernoctar en domicilio distinto en la Ciudad de Jiutepec, Morelos, para evitar mayores gastos viajando diariamente ya que la suscrita no cuenta con recursos para sufragar gastos adicionales; sin embargo los días viernes de cada semana por la tarde regresamos a nuestro domicilio señalado con anterioridad." 4. El siete de diciembre de dos mil veintidós, la juzgadora de origen radicó el asunto con el número 655/2022, y ordenó el emplazamiento a la parte demandada. 5. Por escrito presentado el veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, Arturo Moreno Campillo, dio contestación a la demanda instaurada en su contra, y en el mismo documento interpuso la excepción de incompetencia. 6. Una vez substanciado el trámite respectivo, la Sala del Segundo Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, declaró infundada la excepción de incompetencia planteada por el aquí quejoso. Determinación que corresponde al acto reclamado. Síntesis del concepto de violación En su único concepto de violación, el quejoso refiere que el acto reclamado inobserva el principio de exhaustividad y congruencia previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no advirtió lo dispuesto en los artículos 73, fracción VII, 397 y 403 del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos, además del principio del interés superior del menor. Estima lo anterior, al considerar que de acuerdo a los numerales 9 y 12 del Código Familiar del Estado de Morelos y 29 del Código Civil Federal de aplicación supletoria al juicio de origen, el domicilio donde mayormente habita la menor (acreedora alimentaria), es en el municipio de Jiutepec, Morelos, pues argumenta que permanece la mayor parte de los días de cada semana. Bajo la premisa anterior, sostiene que tal situación impacta en el ámbito probatorio dentro del juicio, ya que de desahogarse diversas pruebas para acreditar el modus vivendi de la menor, éstas se llevarían a cabo únicamente el domicilio ubicado en la ciudad de Zacatepec, Morelos y no el diverso domicilio de la ciudad de Jiutepec. Estudio del concepto de violación. Los conceptos de violación previamente sintetizados devienen inoperantes, de acuerdo a las siguientes consideraciones. Del análisis de los motivos expuestos por el quejosjo Arturo Moreno Campillo, por los cuales consideró que se actualizaba la incompetencia de la juzgadora de origen en su escrito de contestación de demanda y las consideraciones que sustentan la decisión de la responsable, se obtiene que los conceptos de violación en estudio son inoperantes, en tanto no fueron propuestos desde que se opuso la excepción de incompetencia por declinatoria, sino constituyen un aspecto novedoso en este juicio constitucional. De conformidad con los principios dispositivo, de igualdad de las partes y de congruencia, así como al considerar que el objetivo de la excepción de incompetencia por declinatoria es que el tribunal de segunda instancia examine si la autoridad jurisdiccional ante la cual se está substanciando determinado procedimiento, en efecto tenga las facultades competenciales para ejercer su juridicción. En el caso, del escrito por el cual Arturo Moreno Campillo, hace valer la excepción en estudio, se desprende lo siguiente: "Previo a atender las pretensiones reclamadas, con fundamento en la Fracción I del artículo 29, así como en el párrafo tercero del artículo 77 y la Fracción VII del artículo 73 del Código Procesal Familiar, desde este momento interpongo la EXCEPCIÓN INCOMPETENCIA de su Señoría para conocer del presente asunto, lo anterior atendiendo a que, el domicilio en el cual preponderantemente pernocta mi hija y su progenitora, se encuentra en el Municipio de Jiutepec, ello tal y como informó en el escrito mediante el cual subsanó la demanda interpuesta. Atento a lo anterior, resulta competente para conocer el del [sic] presente asunto el C. Juez Familiar en turno del Noveno Distrito Judicial del Estado de Morelos, con residencia en el Municipio de Jiutepec, autoridad a quien deberá remitirse los autos que integran el presente expediente, y resuelta [sic] lo conducente." Bajo tal argumento, es que la Sala responsable dio contestación a la excepción planteada, misma que calificó de infundada, toda vez que el domicilio del acreedor alimentario se encuentra en el municipio de Zapatepec, como lo manifestó la parte actora, sin que el demandado hubiese ofrecido prueba para acreditar lo contrario. Expuesto lo anterior, es que la calificativa de inoperancia estriba en que el tópico de la multiplicidad de domicilios y las reglas para determinar qué procede en caso de que una persona tenga dos o más domicilios no fue puesto a consideración de la Sala responsable. Es decir, la parte quejosa se limitó a señalar que la menor preponderantemente pernocta en el Municipio de Jiutepec; sin embargo, en la excepción planteada, no se advierte un verdadero argumentó lógico-jurídico, como sí lo pretende exponer en el juicio de amparo. Máxime que atañe a la Sala responsable la violación al artículo 17 Constitucional, pues considera que se inobservaron los principios de congruencia y exhaustividad; no obstante, la responsable sí dio contestación al único argumento planteado, sin que en el caso, se le pudiera exigir que se pronunciara por cuanto a argumentos que no le fueron puestos a su consideración. Al respecto, cobra aplicación por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 12/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 169923, que establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. TIENEN ESTA CALIDAD SI SE REFIEREN A CUESTIONES NO ADUCIDAS EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE APELACIÓN Y NO SE DEJÓ SIN DEFENSA AL APELANTE. En atención a los principios dispositivo, de igualdad de las partes y de congruencia que rigen en el proceso civil, y en virtud de que el objetivo del recurso de apelación es que el tribunal de segunda instancia examine la sentencia recurrida en función de los agravios propuestos por el apelante, resulta inconcuso que aquél no debe modificar o ampliar los agravios en beneficio de éste; de ahí que si en ellos no se invoca una violación cometida por el a quo, se estimará consentida y quedará convalidada, con la consecuente pérdida del derecho a impugnarla posteriormente, a causa de la preclusión, por lo cual la parte quejosa en el juicio de amparo directo no debe impugnar una irregularidad consentida tácitamente con anterioridad. Sin que obste a lo anterior que con el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo se haya ampliado la figura de la suplencia de la queja deficiente al especificar las hipótesis en que opera, pues el juicio de garantías sigue rigiéndose por el principio de estricto derecho contenido en el artículo 2o. de dicha Ley, y no es un instrumento de revisión de las sentencias de primera instancia impugnables mediante algún recurso ordinario por el que puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, en acatamiento del artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. Por tanto la falta de expresión de agravios imputable al apelante no actualiza el supuesto de la fracción VI del indicado artículo 76 Bis, que permite a los tribunales federales suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, inclusive en la materia civil, excepto cuando se advierta que contra el quejoso o el particular recurrente ha habido una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. En este orden de ideas, se concluye que deben declararse inoperantes los conceptos de violación cuando se refieren a cuestiones no aducidas en los agravios del recurso de apelación si contra el recurrente no existió una violación manifiesta de la ley que lo hubiere dejado sin defensa, sino que voluntariamente o por negligencia no expresó los agravios relativos, cuya circunstancia no es atribuible a la autoridad responsable que pronunció la sentencia de segunda instancia reclamada; de manera que es improcedente examinar los conceptos de violación o conceder el amparo por estimarse que la sentencia que resolvió la apelación es violatoria de garantías sobre una cuestión que de oficio no podía analizar la autoridad responsable, ante la ausencia de agravios." Sin que pase desapercibido que en el caso se encuentran inmersos los derechos alimentarios de una menor de edad; sin embargo, no sería el caso de suplir en su deficiencia la queja, pues se advierte que la acción del juicio de origen fue instada por la progenitora de la menor, en su representación, es decir, se advierten intereses antagónicos de L.M.R., con Arturo Moreno Campillo, a quien le reclama entre otras cosas, el pago de alimentos adeudados, y además, que el domicilio en el cual estiman que residen tanto la menor como su madre, es el ubicado en el Municipio de Zacatepec, Morelos. Finalmente, es inoperante el motivo de disenso relativo con la forma en la cual se desahogarían diversos medios de prueba, ya que en primer lugar se basa en un concepto de violación ya declarado ineficaz para obtener la protección constitucional, pero además, porque la forma y lugar en la cual se desahogarán las pruebas ofrecidas y admitidas en el juicio de origen, es una cuestión que escapa del análisis competencial realizado por la Sala responsable. Aunado al hecho de que tal situación no puede considerarse un acto de imposible reparación, pues dependerá de la forma en que se ofrezcan y admitan los medios de convicción y en su caso, sean valorados al momento de resolver en definitiva. Al no prosperar los conceptos de violación, lo procedente es negar la protección constitucional solicitada. Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 1°, 73, 74, 75, 76, 77, y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : ÚNICO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a Arturo Moreno Campillo, en contra del acto y autoridad precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese personalmente Así lo resolvió y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con la asistencia de Manuel Alejandro Peñafiel Salazar, secretario que autoriza y da fe, hasta hoy veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · 17,253 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano