Claudia Alonso Godinez
Expediente 82/2018 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 8 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 82/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 26/04/2018
Partes del expediente
- Claudia Alonso Godinez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Ciudad de México, a veintiséis de abril de dos mil dieciocho. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió la sentencia que negó el amparo; en consecuencia, con fundamento en los numerales 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se negó el amparo, que en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de depuración por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción IV, del punto vigésimo primero del referido acuerdo, con excepción de los documentos a que se refiere dicha disposición, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Finalmente, toda vez que no es necesaria la retención del anexo enviado en apoyo al informe justificado rendido por la autoridad judicial responsable, devuélvase a su lugar de origen, sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo, pues es suficiente que en el comunicado relativo se estampe el sello que avale su recepción.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 82/2018, promovido por Claudia Alonso Godínez, contra el acto reclamado de la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el siete de febrero del año en curso en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, la quejosa en cita solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto de la autoridad se precisará en el considerando segundo. II. La solicitante de amparo narró los antecedentes del acto reclamado, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes e indicó que transgredieron sus derechos fundamentales previstos en los artículos 1º, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. Al día siguiente de su recepción, se admitió a trámite la demanda, que se registró con el orden 92/2018; se solicitó informe justificado a la autoridad señalada como responsable; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, así como a la representación social adscrita a dicha autoridad judicial; y se fijaron fecha y hora para la audiencia constitucional, que en su oportunidad se realizó al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de la naturaleza jurídica del acto reclamado. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia que bajo el número 1347 aparece publicada en la página 1511 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Materia Común, Primera Parte, Décima Primera Sección -Sentencias de amparo y sus efectos-, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación [aplicable de conformidad con el artículo SEXTO TRANSITORIO del decreto por el que se expidió la ley de la materia, dado que no se opone a su contenido], que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa del acto reclamado. Dicho criterio es del rubro: "DEMANDA DE AMPARO DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese orden, del análisis integral de la demanda y de las demás constancias de autos, se precisa que el acto reclamado de la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México es el siguiente: * La resolución de doce de enero del año en curso, dictada en el toca 472/2012, en que confirmó la diversa determinación pronunciada el diecinueve de octubre del año pasado, en que se declaró "improcedente" el incidente no especificado de reindividualización de la pena de prisión impuesta a la quejosa, en la causa 101/2015, del registro del Juzgado Quincuagésimo Penal de esta ciudad. TERCERO. Es cierto el acto reclamado, pues así lo admitió la autoridad judicial responsable al rendir informe justificado, lo que se corrobora con la copia certificada que adjuntó, entre cuyas constancias se aprecia la determinación controvertida; documental que tiene valor probatorio pleno, al tenor del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. En atención a que no se advierte que se actualice alguna causal de improcedencia, ni que las partes la hicieran valer, procede el análisis de los conceptos de violación, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, al no ser necesaria su transcripción. Esto último encuentra apoyo en la jurisprudencia identificable con el número 1340 impresa en la página 1502, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Apéndice 1917-2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Materia Común, Primera Parte, Décima Primera Sección -Sentencias de amparo y sus efectos-, sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal de justicia del país, con el rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". QUINTO. Los conceptos de violación son infundados, sin que se advierta materia para suplir la deficiencia de la queja, de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, por lo que es procedente negar la protección de la Justicia Federal solicitada. Así, para sustentar el sentido de esta resolución, se considera conveniente establecer que mediante sentencia definitiva de veinticuatro de abril de dos mil seis, pronunciada en el toca 311/2006, la sala responsable determinó la responsabilidad penal de la quejosa en la comisión de los delitos de secuestro agravado y robo calificado, imponiéndole treinta y ocho años y seis meses de prisión. Ahora, es menester destacar que la resolución reclamada constituye un acto de molestia, y como tal, está sujeto a las exigencias que prevé el párrafo primero del artículo 16 constitucional, que dispone que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. De la interpretación del párrafo primero del artículo anterior, debe entenderse por fundamentación, la cita de las normas legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que se pretendan imponer con el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en la legalidad en su aspecto imperativo consistente en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. Y como motivación, la exposición de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos, en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar, es decir, la autoridad responsable, para colmar tal extremo, debe realizar el correspondiente estudio y exponer con argumentos lógico jurídicos, las causas o razones que lo impulsaron a determinar en la forma en que lo hizo. En ese contexto, para que una autoridad cumpla los extremos del primer párrafo del artículo 16 constitucional, es necesario que en sus determinaciones cite los preceptos legales aplicables que le sirven de apoyo y, además, exprese los razonamientos jurídicos que la condujeron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, encuadra en los supuestos de la norma invocada. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia que bajo el número 266 aparece publicada en la página 1239, del multicitado apéndice, 1917-2011, Tomo I, Materia Constitucional 3, Derechos Fundamentales, Primera Parte, Décima Tercera Sección -Fundamentación y motivación-, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo título es: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN". Así, contrario a lo aseverado por la quejosa en sus conceptos de violación, de la lectura integral de la resolución de que se trata, se advierte que la misma está adecuadamente fundada y motivada, pues la autoridad judicial responsable citó los preceptos legales que estimó aplicables e indicó la razón o causa particular por la que resolvió en el sentido en que lo hizo, además expuso la adecuación entre el motivo aducido y las normas aplicables. En efecto, fue legal que la sala responsable estimara que no asistía razón a la quejosa para que se reindividualizara la pena de prisión que se le impuso, pues independientemente de la legalidad o no de los factores que se tomaron en consideración para estimarle el grado de culpabilidad en sentencia definitiva, precisó que la sentencia dictada en segunda instancia es irrevocable al haber causado ejecutoria, pues contra esta no procede algún recurso ordinario, por lo que el pronunciamiento que ahí se contiene es considerado cosa juzgada, en términos del artículo 443, fracción II, del Código de Procedimientos Penales para esta ciudad, que establece que son irrevocables y por lo tanto causan ejecutoria, entre otras resoluciones, las sentencias de segunda instancia. Por tanto, si el motivo toral por el que la autoridad judicial responsable determinó que no es procedente la petición de la quejosa, es porque lo resuelto en el proceso penal de origen tiene el carácter de cosa juzgada, el cual constituye uno de los principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica, inconcuso es que fue correcta la conclusión a la que arribó. Ello es así, porque la penalidad impuesta a la justiciable en la causa de origen ya fue materia de análisis, por lo que ello no puede ser materia de estudio una vez más. Sin que en el caso se advierta violación al principio pro homine que prevé el artículo 1° constitucional, pues aun cuando dicho precepto obliga a interpretar y a aplicar los derechos en la protección más amplia del ser humano, no debe perderse de vista que el Alto Tribunal de justicia del país estableció que ese postulado no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de estas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia PC.I.P.J/25P (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 1631 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo III, que dispone: "INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. CONFORME A LOS PRINCIPIOS DE COSA JUZGADA Y DE SEGURIDAD JURÍDICA, ES INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 20/2014 (10a.) DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, PARA REINDIVIDUALIZAR LA SANCIÓN, SI YA EXISTE SENTENCIA EJECUTORIA. Cuando el quejoso pretende la reindividualización de las sanciones que le fueron impuestas en una sentencia ejecutoria, con sustento en que se deje de considerar el dictamen pericial para conocer su personalidad, con fundamento en la jurisprudencia 1a./J. 20/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 14 de marzo de 2014 a las 9:53 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 4, Tomo I, marzo de 2014, página 376, de aplicación obligatoria a partir del martes 18 de marzo de 2014, de título y subtítulo: 'INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA TRATÁNDOSE DE DELITO NO CULPOSO. EL JUZGADOR NO DEBE TOMAR EN CONSIDERACIÓN LOS DICTÁMENES PERICIALES TENDENTES A CONOCER LA PERSONALIDAD DEL INCULPADO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL) [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 175/2007].', el juzgador no puede atender la petición relativa, ya que transgrediría el binomio fundamental de cosa juzgada y de seguridad jurídica, que es de orden público, de estudio oficioso y de aplicación general con efectos erga omnes -para los sentenciados, víctimas, ofendidos, terceros interesados o extraños al juicio, así como para todas las autoridades-, los cuales no pueden ser superados o inobservados por el diverso axioma de interpretación más favorable a la persona". Con la precisión que si la quejosa considera que fue ilegal la forma en que se graduó su culpabilidad, por ende, la imposición de las penas condignas, tiene a salvo su derecho para que tal cuestión pueda controvertirla por la vía de amparo directo, por ser el único medio de defensa extraordinario eficaz para analizar la legalidad de tales aspectos, por derivar de una sentencia definitiva. En esas condiciones, lo procedente es negar a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal que solicitó. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Claudia Alonso Godínez, contra el acto reclamado de la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, consistente en: * La resolución de doce de enero del año en curso, dictada en el toca 472/2012, en que confirmó la diversa determinación pronunciada el diecinueve de octubre del año pasado, en que se declaró "improcedente" el incidente no especificado de reindividualización de la pena de prisión impuesta a la quejosa, en la causa 101/2015, del registro del Juzgado Quincuagésimo Penal de esta ciudad.
- Principal
Ciudad de México, a doce de marzo de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos, se advierte que está transcurriendo el plazo concedido a las partes, previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo; por tanto, la audiencia constitucional fijada para el día de hoy se difiere y se señala como nueva fecha para celebrarse el nueve de abril de dos mil dieciocho, a las nueve horas con cuarenta minutos. Sirve de apoyo a la anterior determinación la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO".
- Principal
Ciudad de México, a seis de marzo de dos mil dieciocho. De conformidad con el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta; en atención a sus términos, se tiene por rendido el informe justificado que en él se contiene, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Asimismo, con fundamento en el precepto 9, de la ley de la materia citada, ténganse como delegados a las personas que menciona la autoridad señalada como responsable. Por otra parte, de conformidad con los artículos 3, fracción II, 8 y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental; y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, téngase a la autoridad remitente manifestando su oposición para que se publiquen sus datos personales, lo cual será tomado en consideración por la unidad administrativa, una vez que se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas, pruebas y demás constancias que consten en este expediente.
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