Claudia Alicia Meda Lim
Expediente 907/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 907/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 16/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Claudia Alicia Meda Lim
- Junta Especial Número Cuatro de la Local de Concilición Y Arbitraje del Estado de Sinaloa, Ciudad.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta; de la que se desprende que en el registro electrónico de oficialía de partes de este juzgado, no se encuentra registrada ninguna promoción que indique que la parte tercera interesada y quejosa recurrieron el auto de trece de febrero de dos mil veintitrés, en el que se declaró cumplida la sentencia, dentro del término previsto por el artículo 202, de la Ley de Amparo, considerando que fueron notificadas el catorce y diecisiete siguiente, la primera por oficio y la segunda vía electrónica, quedando comprendido dicho plazo del quince de febrero al catorce de marzo del año en curso; en consecuencia, se declara que el aludido acuerdo HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno electrónico y en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. Asimismo, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, el sumario en que se actúa es DEPURABLE por este órgano jurisdiccional, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo, al haberse concedido el amparo solicitado.
- Principal
Visto el estado de los autos y de la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de tres días, que se dio a la parte quejosa y tercera interesada, mediante auto de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, corresponde al suscrito determinar si el fallo protector se encuentra cumplido, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirlo con base en las constancias que obran en el sumario en que se actúa. En veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, tuvo verificativo la audiencia constitucional, la cual concluyó con sentencia en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la quejosa En auto de dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia de amparo y se requirió a la autoridad responsable para que en el término de tres días contados legalmente, diera cumplimiento al fallo protector. En proveído de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, la autoridad responsable Integrantes de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, informó lo atinente al cumplimiento dado al aludido fallo, asimismo allegó constancias para acreditar su dicho. En este último auto de veintitrés de enero del año en curso, se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada para que en el término de tres días formularan las manifestaciones pertinentes, sin que hicieran uso de ese derecho. Ahora bien, se aprecia que los efectos del fallo protector y la manera en que la autoridad responsable Integrantes de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, dio cumplimiento a éste, se realizó de la siguiente manera: SÉPTIMO. Efectos del fallo protector. Consecuentemente, al ser evidente la violación cometida en perjuicio de la parte quejosa, en términos de lo previsto por el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder la protección de la Justicia Federal solicitada, para el efecto de que la junta responsable, en un plazo que no exceda de diez días formule el proyecto de laudo correspondiente en el juicio de reinstalación y/o indemnización de su índice administrativo; y hecho lo anterior, notifique a las partes, en términos de los artículos 885 a 890 de la Ley Federal del Trabajo; lo cual habrá de ocurrir una vez que cause ejecutoria esta sentencia. Las autoridad responsable Integrantes de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, a través del comunicado 91/2023, recibido en este juzgado en auto de veintitrés de enero del año en curso, remitió copia certificada del laudo dictado con fecha diez de enero de dos mil veintitrés y constancia de notificación hecha a las partes, relativo al expediente laboral Lo anterior revela que la autoridad responsable acató en sus términos la sentencia amparadora, por consiguiente, se declara cumplida la sentencia acorde a lo establecido en el numeral 196 de la Ley de Amparo, sin exceso ni defecto. Notifíquese a las partes el presente proveído, para los efectos a que refieren los arábigos 201, fracción I, y 202 de la Ley de Amparo.
- Principal
Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta, de la que se advierte que en el registro del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de este juzgado no se encuentra ninguna promoción que indique que las partes de este juicio recurrieron la sentencia dictada el veinticinco de noviembre del año en curso, dentro del término previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, considerando que las fueron notificadas el veintiocho siguiente, quedando comprendido dicho lapso del veintinueve de los propios mes y año al trece de los cursantes. Sentado lo anterior, con fundamento en los artículos 354, 355 y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que la sentencia dictada en el presente sumario HA CAUSADO EJECUTORIA. En razón de lo expuesto, de conformidad con el numeral 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Junta Especial Número Cuatro de la local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, para que de manera inmediata proceda a dar cumplimiento a la ejecutoria de mérito, esto es: (.) en un plazo que no exceda de diez días formule el proyecto de laudo correspondiente en el juicio de reinstalación y/o indemnización ********************, de su índice administrativo; y hecho lo anterior, notifique a las partes, en términos de los artículos 885 a 890 de la Ley Federal del Trabajo; lo cual habrá de ocurrir una vez que cause ejecutoria esta sentencia. Lo anterior, bajo apercibimiento a la autoridad de referencia que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que tenga al momento en que emite el presente proveído; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosegundo Circuito para iniciar el trámite de inejecución, atento a lo establecido en el dispositivo jurídico 193 del anotado cuerpo normativo, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación por el delito a que se refiere el numeral 267, fracción I, de la ley reglamentaria en cita. En la inteligencia de que si se cumple con la sentencia amparadora en forma extemporánea, sin justificación, se hará efectivo el apercibimiento indicado en el párrafo que antecede, con apoyo en el artículo 195 de la Ley de Amparo.
- Principal
Audiencia constitucional. En la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, siendo las nueve horas con treinta minutos del veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, hora y día señalados en auto de veinticinco de octubre de la propia anualidad para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo ********************. El licenciado Juan Antonio Gutiérrez Gaytán, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, asistido por la licenciada Natali Valdez Ramos, secretaria con quien actúa y da fe, la declaró abierta, haciendo constar que de una revisión al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), no se desprende promoción dirigida a este sumario con el propósito de comparecer a la presente audiencia, en términos de lo establecido en el artículo 257, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Acto seguido, la secretaria procede a hacer una relación de las constancias que obran en autos: escrito inicial de demanda promovida por ********************, por su propio derecho, auto admisorio de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, informe justificado rendido por los integrantes del Pleno de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa con sede en Mazatlán, Sinaloa, y constancia de emplazamiento del tercero interesado ********************. Acto seguido, el Juez acuerda: ténganse relacionadas las constancias que obran en autos y de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, rendido el informe justificado de referencia. Abierto el período probatorio: la secretaria da cuenta con pruebas documentales ofrecidas por la responsable Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en Mazatlán, Sinaloa, al rendir su informe justificado. Acto seguido, el Juez acuerda: con apoyo en lo dispuesto por el artículo 119 del ordenamiento legal en cita, se tiene admitido y desahogado el anotado medio de convicción el que será tomado en consideración en su oportunidad, con lo que concluye la presente fase. Abierto el período de alegatos: la secretaria hace constar que las partes no hicieron uso de ese derecho, ni el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito formuló pedimento; por tanto, se cierra dicha etapa. No habiendo diligencia pendiente que desahogar, se da por terminada la presente audiencia y se procede a dictar resolución. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo ********************, promovido por ********************, por propio derecho, en contra del acto de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede esta ciudad; y RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veinticuatro de octubre de dos mil veintidós en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Mazatlán, y turnado en la propia fecha a este órgano jurisdiccional, ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en Mazatlán, Sinaloa, de quien reclamó: La omisión de dictar laudo en el juicio de reinstalación y/o indemnización ********************. SEGUNDO. Admisión demanda. El veinticinco de octubre de dos mil veintidós se ordenó su registro con el expediente ******************** y se admitió a trámite la demanda de amparo; en consecuencia, se solicitó su informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento, y se señaló fecha para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. TERCERO. Celebración de la audiencia constitucional. Una vez integrado el expediente en que se actúa, se celebró la audiencia constitucional, sin la comparecencia de las partes, al tenor del acta correspondiente; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 49, 50 y 61, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, debido a que la omisión reclamada se le atribuye a una autoridad residente en la circunscripción donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y los criterios contenidos en la jurisprudencia P./J. 40/2000 y la tesis P. VI/2004 sustentados por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro, respectivamente, es "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.", por técnica jurídica se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio de amparo: De la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, se reclama: La omisión de dictar laudo en el juicio de reinstalación y/o indemnización ********************. Una vez precisado el acto reclamado, lo procedente es verificar su existencia a efecto de que, posteriormente, se analicen las causas de improcedencia del juicio y, en su caso, la constitucionalidad de este. TERCERO. Certeza del acto. Es cierto el acto que se reclama a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, pues así lo reconoció al rendir su informe justificado. Es aplicable la jurisprudencia 278 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." CUARTO. Causales de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y, por ende, de análisis preferente, se procede a determinar si existen causas que impliquen la improcedencia del juicio de amparo intentado, ya sea que las hagan o no valer las partes, acorde con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, o bien, que de oficio la advierta quien esto resuelve e impida abordar el análisis de fondo de la cuestión debatida, que se conforma de los actos cuya certeza quedó acreditada según lo determinado en el considerando precedente. Lo anterior, en aplicación de la jurisprudencia II.1°.J./5, mayo de 1991, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO." El suscrito no advierte de oficio la actualización de alguna causa de sobreseimiento; por tanto, se procede a analizar el fondo del presente juicio constitucional. QUINTO. Conceptos de violación. No se trascriben, toda vez que la Ley de Amparo aplicable no contiene precepto que lo establezca como obligación, además de que con ello no se deja en estado de indefensión a la parte quejosa, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma, ello, conforme al criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010. No obstante, es factible sintetizar los argumentos formulados por la parte quejosa en su único concepto de violación, en los que manifestó esencialmente, que la autoridad responsable vulnera en su perjuicio su derecho fundamental reconocido en el artículo 17 constitucional, toda vez que ha sido omisa en respetar los plazos y términos previstos en la ley, para el dictado del laudo correspondiente en el juicio ********************. SEXTO. ESTUDIO. Es fundado el motivo de disenso expuesto por la solicitante de la tutela constitucional, suplido en su deficiencia en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, y suficiente para conceder la protección constitucional solicitada, por las siguientes razones: En lo que interesa, el artículo 79, fracción V, establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes. Dicho derecho fundamental debe de observarse, no solo por los órganos pertenecientes al Poder Judicial, sino también por órganos del Estado que, aunque no son formalmente integrantes del Poder Judicial, están en aptitud de realizar actos en sentido material e intrínsecamente jurisdiccionales, sin importar que el órgano estatal que los realice, pertenezca al Poder Legislativo, al Judicial o al Ejecutivo, siempre y cuando la ley los autorice para ello y no haya prohibición constitucional al respecto. Así lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1ª. CLV/2004, publicada en la página cuatrocientos, tomo XXI, enero de 2005, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ADMINISTRACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. LOS ÓRGANOS PERTENECIENTES AL PODER JUDICIAL NO SON LOS ÚNICOS ENCARGADOS DE REALIZAR ESA FUNCIÓN." Así como la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha interpretado el anterior numeral constitucional en la jurisprudencia 2a./J.192/2007, visible en la página 209, tomo XXVI, octubre de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." Por otro lado, conforme a la tesis transcrita en último término, se deduce que el artículo 17 de la Carta Magna, establece diversos principios cuya observancia están obligadas las autoridades que realizan actos materialmente jurisdiccionales, tales principios consisten en: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido, y 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Para dar contestación al concepto de violación hecho valer por la parte quejosa, resulta necesario traer a glosa los artículos 883 y 885 a 890, todos de la Ley Federal del Trabajo, vigente a la fecha en que se presentó la demanda en el juicio laboral de origen. Los dispositivos invocados, entre otras cuestiones, establecen que una vez concluida la audiencia de ofrecimiento de pruebas, la Junta resolverá inmediatamente sobre las pruebas que admita y las que deseche. En caso contrario, la Junta se podrá reservar para resolver dentro de los cinco días siguientes. En el mismo acuerdo en que la junta admita las pruebas, señalará día y hora para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de la Ley. Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta y dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad, en cuyo caso, la Junta, con citación de las partes, señalará día y hora para su desahogo, dentro de un término de ocho días. Transcurrido dicho término, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes y si el proyecto de resolución fuere aprobado, sin adiciones ni modificaciones, se elevará a la categoría de laudo y se firmará de inmediato por los miembros de la Junta. Una vez engrosado el laudo, el Secretario recogerá, en su caso, las firmas de los miembros de la Junta que votaron en el negocio y, una vez recabadas, turnará el expediente al actuario, para que de inmediato notifique personalmente el laudo a las partes. En el caso particular, de la constancia aportada por la responsable al rendir su informe justificado, documental pública que reviste valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable la tesis XX. 303 K, de rubro "DOCUMENTO PÚBLICO. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR." Así como de los antecedentes narrados por la quejosa, bajo protesta de decir verdad, se advierte lo siguiente: 1. La demanda laboral promovida por la quejosa deriva del juicio de reinstalación y/o indemnización ******************** 2. El ocho de junio de dos mil veintidós, la autoridad responsable declaró cerrada la instrucción y turnó el expediente para el dictado del laudo correspondiente; sin que de las constancias allegadas se advierta que esto último ya aconteció, no obstante que desde el primer evento procesal en mención a la data en que se emite esta sentencia transcurrieron ya más de cinco meses. En ese contexto, este juzgador considera que transcurrieron en exceso los plazos establecidos en los artículos 885 a 890 de la Ley Federal del Trabajo, para la formulación del proyecto de laudo, su análisis discusión y eventual aprobación, ergo, con su actuar, la responsable ha violado el derecho humano del quejoso establecido en el artículo 17 Constitucional, precisamente porque de acuerdo con la jurisprudencia que enseguida se invoca por ser aplicable y de observancia obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, el lapso transcurrido entre el momento en que se turnó el expediente para la elaboración del proyecto de laudo conlleva la paralización del asunto, al exceder de cuarenta y cinco días. Al efecto, se cita el criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, el uno de marzo del año en curso, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS." En esa tesitura, lo que procede en la especie es CONCEDER el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados por ********************. SÉPTIMO. Efectos del fallo protector. Consecuentemente, al ser evidente la violación cometida en perjuicio de la parte quejosa, en términos de lo previsto por el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder la protección de la Justicia Federal solicitada, para el efecto de que la Junta responsable, en un plazo que no exceda de diez días formule el proyecto de laudo correspondiente en el juicio de reinstalación y/o indemnización ********************, de su índice administrativo; y hecho lo anterior, notifique a las partes, en términos de los artículos 885 a 890 de la Ley Federal del Trabajo; lo cual habrá de ocurrir una vez que cause ejecutoria esta sentencia. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ********************, por los motivos expuestos y para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE; y por medio de oficio a la autoridad responsable y tercero interesado. Así lo resolvió y firma electrónicamente el licenciado Juan Antonio Gutiérrez Gaytán, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, asistido de la secretaria de juzgado, licenciada Natali Valdez Ramos, con quien actúa y da fe. Doy fe. FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE (Se anexan evidencias criptográficas)
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