Claudia Alejandra Oros Ángel
Expediente 775/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 775/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 26/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Claudia Alejandra Oros Ángel
- Secretaría de Educación en el Estado
- Agente del Ministerio Público Federal Adscrito
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiséis de abril de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio, y transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. Devuélvase a la autoridad responsable la documental que allegó al presente asunto, misma que obra en un tomo de pruebas, por considerar innecesaria su retención. Notifíquese por lista, y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 775/2021 promovido por Claudia Alejandra Oros Ángel, por su propio derecho; y, R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el siete de septiembre de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad de Morelia, Michoacán, Claudia Alejandra Oros Ángel, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1º, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión y trámite de la demanda. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, conocer de la demanda de amparo de referencia, por lo que la registró bajo el número de expediente 775/2021 y en auto de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, la admitió a trámite y requirió a la autoridad responsable su informe con justificación; asimismo, se otorgó la intervención legal que le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y se fijó fecha y hora para el verificativo de la audiencia constitucional. Posteriormente, en auto de uno de octubre de dos mil veintiuno, se reconoció a la Secretaría de Educación en el Estado, el carácter de tercera interesada, por ser la parte contraria de la quejosa en el juicio de origen, por lo que con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se ordenó su emplazamiento. Finalmente, se llevó a cabo la audiencia constitucional en los términos consignados en el acta que antecede, por lo que ahora se procede a resolver al tenor de las siguientes C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción II, de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado fue dictado por una autoridad que reside en el territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segunda. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese sentido, analizada íntegramente la demanda y de acuerdo al criterio antes mencionado, se advierte que la parte quejosa reclama: El auto de fecha diez de agosto de dos mil veintiuno, dictado por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, dentro del expediente laboral 595/2015, en el que determinó que la parte demandada Secretaría de Educación en el Estado, cumplió con la condena impuesta en el laudo de trece de marzo de dos mil diecinueve. Tercera. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, pues así lo manifestó su Presidente al rendir el informe justificado. Lo cual se corrobora con las constancias que acompañó a su informe la autoridad responsable, consistentes en copia autorizada de las actuaciones que obran en el juicio laboral 595/2015, promovido por Claudia Alejandra Oros Ángel [un tomo de pruebas]. Es aplicable al caso la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, Tomo XIV, Julio de 1994, Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Octava Época, Registro 211004, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". Respecto a las documentales ofrecidas, adquieren valor probatorio pleno en términos del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro: 394182, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Cuarta. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Sin embargo, las partes no hicieron valer causales de improcedencia y este juzgador tampoco advierte de manera oficiosa la existencia de alguna, por lo que procede entrar al estudio de los conceptos de violación. Quinta. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado. El promovente del amparo hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo al no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Antes de calificar los motivos de inconformidad de la impetrante del amparo, conviene destacar las siguientes actuaciones del juicio laboral de origen: El trece de marzo de dos mil diecinueve, dentro del expediente laboral 595/2015, promovido por la quejosa contra la Secretaría de Educación en el Estado, el tribunal responsable dictó laudo en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 176/2017, mismo que concluyó con los resolutivos siguientes: "[.] SEGUNDO. Se condena a la Secretaría de Educación en el Estado a pagar a favor de la actora la cantidad de $1'531,245.00 pesos (un millón quinientos treinta y un mil doscientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.), por concepto de salarios devengados, aguinaldo, vacaciones y prima vacacional de los años 2014 dos mil catorce al 2018 dos mil dieciocho; y asimismo se ordena a la parte demandada reconocer y otorgar de forma definitiva la clave presupuestal 1011007481604.0E063161127, en base al nombramiento ilimitado que le fuese entregado desde el 26 veintiséis de junio del año 2012, dos mil doce, así como a reconocer y otorgar de forma definitiva la clave o claves presupuestales que cubran y amparen 16 horas correspondientes a la asignatura de Cívica y Ética y la expedición del formato único de personal correspondiente, y demás documentación correspondiente para refrendar las mismas, lo anterior, de conformidad con lo señalado en el considerando Quinto que antecede. [.]" Posteriormente, en auto de cinco de julio de dos mil diecinueve, se aclaró y corrigió el considerando y resolutivo correspondientes para quedar de la siguiente manera: "[.] SEGUNDO. Se condena a la Secretaría de Educación en el Estado a pagar a favor de la actora la cantidad de $1'550,744.00 pesos (un millón quinientos cincuenta mil setecientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.), por concepto de salarios devengados, aguinaldo, vacaciones y prima vacacional de los años 2015 dos mil quince al 2019 dos mil diecinueve; y asimismo se ordena a la parte demandada reconocer y otorgar de forma definitiva la clave presupuestal 1011007481604.0E063161127, en base al nombramiento ilimitado que le fuese entregado desde el 26 veintiséis de junio del año 2012, dos mil doce, así como a reconocer y otorgar de forma definitiva la clave o claves presupuestales que cubran y amparen 16 horas correspondientes a la asignatura de Cívica y Ética y la expedición del formato único de personal correspondiente, y demás documentación correspondiente para refrendar las mismas, lo anterior, de conformidad con lo señalado en el considerando Quinto que antecede. [.]" Luego, la quejosa promovió amparo indirecto contra la omisión de cumplir el laudo, del que correspondió conocer a este órgano jurisdiccional bajo el número 231/2020, y mediante sentencia de dos de octubre de dos mil veinte, se otorgó a la parte quejosa, la protección federal para que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, realizara lo siguiente: "1. Provea de inmediato el requerimiento a la Secretaríademandada para que dé cumplimiento al laudo y realice lostrámites administrativos necesarios para otorgar a la quejosa sunombramiento definitivo y para que acredite las gestionesrealizadas al respecto, así como para que le sean pagados losmontos cuantificados en el laudo a cumplimentar. 2. Dicte todos los trámites que correspondan a efecto deque sin mayores dilaciones la parte demandada cubra en sutotalidad las condenas impuestas a favor de la quejosa." Al efecto, mediante auto de treinta de junio de dos mil veintiuno, el tribunal responsable tuvo al Jefe de Departamento de Normatividad de la Secretaría de Educación en el Estado, informando que las treinta y dos fojas exhibidas en el juicio correspondían a la adscripción de la trabajadora con las claves 1011007481605.0E0463160471, 101100748605.0E463160470, 1011007481603.E0463162797, 1011007481603.0E0463162794 y 1011007481604.0E463161127, con un total de veinte horas semana-quincena, así como las claves que ya tenía la trabajadora 74816E0463020161591, 74816E0463030162794, 74816E0463030162797, 14816E046161127, 74816E0463050160470, 74816E0463050160471 y 74816E0463080160135, siendo estas las claves condenadas y demandadas más dos, asimismo, indicó que el Formato Único de Personal de la asignatura de Cívica y Ética fue entregado a la trabajadora actora y respecto de las dieciséis horas semana-quincena de treinta de noviembre de dos mil once, le había sido entregado un nombramiento ilimitado; por tanto dicha autoridad determinó que con las constancias exhibidas, se acredita que la parte demandada cumplió en su totalidad con el laudo de trece de marzo de dos mil diecinueve y su aclaración. En relación con dicha determinación, la quejosa realizó diversas manifestaciones que la responsable atendió en proveído de diez de agosto de dos mil veintiuno, y al respecto determinó que los hechos planteados por la peticionaria del amparo son diferentes a los que conformaron la Litis en el juicio laboral de origen, porque como lo determinó esa autoridad en proveído de treinta de junio anterior, la parte demandada acreditó el pago de las veinte horas reclamadas y condenadas, mismas que la actora aceptó le fueron cubiertas, por lo que dejó a salvo sus derechos para que los ejercite de acuerdo a lo que su interés convenga, pero en diverso procedimiento, sustentado en diversos hechos y consideraciones o bien, mediante la vía de conciliación que considere procedente. Atento lo anterior, el dos de septiembre de dos mil veintiuno, dentro del juicio de amparo 231/2020 este Juzgado de Distrito declaró cumplido el fallo protector; determinación contra la cual la quejosa interpuso el recurso de inconformidad, y mediante resolución de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno dictada en el recurso 27/2021, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, declaró infundado el aludido recurso. Precisado lo anterior, en su único concepto de violación la parte quejosa aduce esencialmente: Que el auto de diez de agosto de dos mil veintiuno aquí reclamado, donde el tribunal responsable declaró cumplido el laudo es incongruente y falto de exhaustividad, porque la Secretaría de Educación en el Estado no ha dado cumplimiento a dicho laudo ni en parte, menos a la totalidad de las condenas, ni tampoco cumple con lo ordenado en el juicio de amparo 231/2020 del índice de este propio juzgado, porque las claves que refiere la responsable únicamente corresponden a 20 horas semana/quincena, pero no son a las que resultó condenada la demandada, porque en realidad labora 40 horas y de ninguna parte se infiere que la demandada haya cubierto del año 2014 a la fecha el pago de esas 40 horas. Que en la determinación reclamada el tribunal adujo que se encuentran plasmadas dos claves más, pero ellas son resultado diverso y ajeno al juicio laboral ya que las obtuvo porque participó en un proceso de promoción por horas adicionales a las que ya tenía y diversas a las que se condenó a la demandada, y que son las 74816E0463080160135 y 74816E0463020161591, que avalan 10 horas semana/quincena, la primera 8 horas y la segunda 2 horas, por lo que la responsable no debe tomarlas en cuenta como si la demandada las hubiera otorgado para cumplir la condena porque no forman parte del cumplimiento. Refiere que dentro de la etapa correspondiente del juicio exhibió y ofreció como prueba el nombramiento otorgado de donde se advierte que en principio le fueron asignadas 36 horas semana/quincena, luego 4 horas más con la clave terminación 127, y posteriormente se hizo entrega de 4 horas adicionales más, por lo que cuando se otorgaron las claves terminación 470, 471, 794 y 797 las mismas únicamente cubrían el pago de 16 horas semana/quincena, por ende, le adeudaban 16 horas adicionales y 4 horas más que le fueron asignadas sin clave. Aduce también que la responsable dejó de considerar que los formatos únicos de personal ofertados como prueba confirman que no se está acatando la condena impuesta dentro del laudo dictado en cumplimiento a la ejecutoria, ya que las horas que respaldan son 20 de las 40 efectivamente laboradas, por lo que si la demandada ha cubierto 20 horas semana/quincena con ello no se justifica que se haya cumplido el pago de las 16 horas adicionales que reclamó en el juicio. Señala que en la ejecutoria del amparo directo 176/2017 se tomaron en consideración los anteriores agravios expuestos y con base en ellos se le otorgó la protección constitucional de la que derivó la condena impuesta, pero no obstante lo anterior, la responsable insiste en resolver parcialmente en el sentido de que el fallo ya fue cumplido, lo que resulta incongruente y falto de exhaustividad porque la demandada no ha dado cumplimiento al laudo ni al auto de ejecución. También refiere que los documentos con los cuales se ordenó dar vista carecen de los alcances que les pretende dar la responsable, porque amparan 16 horas, las cuales la actora viene cubriendo desde el año 2010 y que sumadas a las 4 horas de la plaza 161127 que ampara el formato único de personal folio 501144, arrojan las 20 horas que se indican en la demanda; sin embargo, el laudo condenatorio establece que se deben otorgar clave definitiva y documentos que amparen 16 horas -diferentes a las 20 antes señaladas-, cuyo pago también se ha omitido realizar a partir del 16 de diciembre de 2014, como quedó demostrado en el juicio con la estructura de personal de la escuela secundaria técnica 143, de la que se desprende que sumadas las 20 horas definitivas la actora cubría 36 horas y posteriormente se la asignaron 4 más, para desempeñarse en tiempo completo de 40 horas. Finalmente, indica que se están objetando los comprobantes de pago que exhibió la demandada, porque son documentos unilaterales que no contienen nombre, firma ni descripción de los conceptos que pudieran amparar y por ello no pueden justificar pagos hechos y recibidos por la actora y porque aun sin reconocer la veracidad de los mismos, de su contenido y la propia manifestación que hace la obligada esos documentos se referirían a pagos relacionados únicamente con 20 horas que corresponden a las plazas 160470, 160471, 162794 y 162797, mismas que amparan 16 horas y que sumadas a las 4 horas de la plaza 161127 arrojan las 20 horas que se indican en la demanda, soslayando la responsable que de una simple operación aritmética se desprende que las cantidades que se indican no corresponderían en su monto al salario de 40 horas, sino únicamente de 20 horas, además de las diversas prestaciones que se reclamaron y a que resultó condenada la demandada. Los anteriores motivos de disenso deben calificarse como improcedentes en una parte e infundados en otras, por las razones que se exponen a continuación. Inoperantes, el argumento en el que sostiene que con la determinación de diez de agosto de dos mil veintiuno aquí reclamada, el tribunal laboral no cumple lo ordenado en la ejecutoria dictada en el juicio de amparo 231/2020 del índice de este juzgado, donde el acto reclamado fue la omisión en que había incurrido la responsable de hacer cumplir el laudo emitido dentro del juicio laboral 595/2015, y como se indicó en párrafos precedentes, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el único efecto de que el tribunal realizara los trámites correspondientes para hacer cumplir dicha resolución, sin que al efecto se hayan emitido lineamientos específicos para hacer cumplir el laudo referido, es decir, se otorgó plenitud de jurisdicción para que la responsable se pronunciara sobre ello; pero más aún tales aspectos ya fueron desestimados en la ejecutoria emitida en el recurso de inconformidad 27/2021, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad. Y son infundados por las siguientes razones: La primera, porque contrario a lo que aduce la parte quejosa y como también se precisó líneas arriba, en el laudo de trece de marzo de dos mil diecinueve, dictado en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 176/2017, y su aclaración, la Secretaría de Educación en el Estado fue condenada a las siguientes prestaciones: A reconocer y otorgar de forma definitiva a la quejosa, la clave presupuestal 1011007481604.0E046161127; A reconocer y otorgar en forma definitiva la clave o claves presupuestales que cubran y amparen 16 horas correspondientes a la asignatura de Cívica y Ética; y, A la expedición del Formato Único de personal correspondiente para refrendar las mismas. Ello, al determinar [foja 15 del laudo] que con las pruebas aportadas y el documento denominado "Estructura de personal de la Escuela Secundaria Técnica No. 143", se acreditó que la actora se encuentra adscrita a dicho centro de trabajo con las claves presupuestales 1011007481605.0E0463160471, 101100748605.0E463160470, 1011007481603.E0463162797, 1011007481603.0E0463162794 y 1011007481604.0E463161127, con un total de 20 horas correspondientes a las asignaturas de introducción a la física y a la Química, Química y Asignatura opcional y cultura de la legalidad; asimismo, se acreditó que laboró físicamente en la impartición de la asignación de Cívica y Ética cuyo pago le fue cubierto con la referida clave 1011007481604.0E463161127, de la cual reclamó su reconocimiento y pagos, por lo que procedía condenar a la demandada a pagar los salarios devengados en lo que corresponde a la última clave aludida y que respalda 4 horas semana/quincena, así como al otorgamiento de claves presupuestales que respalden las 16 horas semana/quincena que venía desempeñando. De modo que, si el tribunal responsable precisó que la patronal demandada para dar cumplimiento al laudo exhibió las constancias que acreditan la adscripción de la trabajadora actora con las claves 1011007481605.0E0463160471, 101100748605.0E463160470, 1011007481603.E0463162797, 1011007481603.0E0463162794 y 1011007481604.0E463161127, con un total de veinte horas semana-quincena, así como las claves que ya tenía: 74816E0463020161591, 74816E0463030162794, 74816E0463030162797, 14816E046161127, 74816E0463050160470, 74816E0463050160471 y 74816E0463080160135, siendo estas las claves condenadas y demandadas más dos. También señaló que la demandada exhibió los comprobantes de los pagos realizados a la actora, suscritos por la Directora de Gestión de Personal y Nóminas, así como por el Jefe de Departamento de Pagos de esa dependencia, documentos que se desprende que dichos pagos corresponden a las claves 1011007481605.0E0463160471, 101100748605.0E463160470, 1011007481603.E0463162797, 1011007481603.0E0463162794 y 1011007481604.0E463161127, (clave condenada mediante laudo), 74816E0463080160135 y 74816E0463020161591, del período comprendido de la quincena 201401 a la 202101, y de los que se advierte que la actora en ningún momento dejó de percibir su salario. De igual forma, estableció que el Formato Único de Personal de la asignatura de Cívica y Ética fue entregado a la quejosa y respecto de las dieciséis horas semana-quincena de treinta de noviembre de dos mil once, le había sido entregado un nombramiento ilimitado, siendo indiscutible que con ello fueron cubiertas las prestaciones a que resultó condenada la patronal demandada de la manera en que fueron establecidas en el laudo, por lo que en ese sentido, se estima legal la determinación de declarar cumplido el laudo dictado en el juicio. Sin que en el caso sea relevante que en dicho acuerdo la responsable señalara que se asignaron a la quejosa las claves correspondientes a que se condenó en el laudo, más dos [que la quejosa indica le fueron otorgadas por promoción], pues la razón para declarar cumplido el laudo lo fue que se otorgaron las claves condenadas y demandadas, le fue cubierto el pago correspondiente a las claves asignadas, así como que le fue entregado el Formato Único de Personal de la asignatura de Cívica y Ética y un nombramiento ilimitado respecto de las dieciséis horas semana/quincena de treinta de noviembre de dos mil once. La segunda razón, porque el argumento toral que la quejosa realiza en los diversos párrafos de su único concepto de violación, está encaminado a afirmar que el laudo de trece de marzo de dos mil diecinueve no se encuentra cumplido como estableció la responsable en auto de diez de agosto de dos mil veintiuno, porque el otorgamiento de las claves correspondientes a veinte horas, mismas a que fue condenada la demandada en el juicio de origen, deben ser adicionales y distintas a las que se precisan en el referido auto que declaró cumplido el laudo, debido a que labora 40 horas y no 20. Sin embargo, del laudo y su aclaración no se advierte que esa circunstancia haya sido parte de la Litis del juicio 595/2015 ya que en la condena establecida, como se indicó líneas arriba, no se realizó la distinción que indica la quejosa ni se advierte pronunciamiento alguno acerca de que las horas semana/quincena laboradas por la quejosa sean 40 y no 20, ni que las claves definitivas otorgadas debían ser distintas a las ahí precisadas; de ahí que al ser cosa juzgada lo decidido en el laudo de mérito, mismo que fue dictado en cumplimiento a la ejecutoria de amparo directo 176/2017, este resolutor no puede hacer un análisis distinto ni pronunciarse sobre aspectos que no fueron parte del contradictorio natural. Incluso, porque en oposición a lo que aduce la peticionaria de amparo, de la resolución dictada en el amparo directo 176/2017, por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito con sede en esta ciudad, se advierte que los efectos de la concesión del amparo fueron los siguientes: "a) Deje insubsistente el laudo reclamado. b) Con plenitud de jurisdicción, proceda a emitir uno nuevo en el que atendiendo los lineamientos precisados en la presente ejecutoria, resuelva de manera fundada, motivada, exhaustiva y congruente, respecto de todas y cada una de las prestaciones reclamadas en el juicio de origen. c) De manera particular, estudie y se pronuncie sobre la procedencia o no de la acción consistente en el otorgamiento de las claves presupuestales, expedición de nombramientos de forma definitiva y expedición de los formatos únicos de personal respecto de las dieciséis horas semana/quincena que la quejosa dice ha laborado de forma permanente, valorando de forma integral el material probatorio desahogado en autos, precisando sí se acreditó que efectivamente tales horas se han laborado, o corresponden a la mismas claves que tienen naturaleza ilimitada y/o permanente. d) Por lo que ve al reclamo del pago de las cuatro horas semana/quincena que la quejosa plantea, analice el material probatorio aportado, específicamente los comprobantes de pago y advierta sí las claves presupuestales cubiertas corresponden o no a esta prestación." Lo anterior evidencia que el tribunal colegiado otorgó plenitud de jurisdicción al tribunal responsable para dictar el laudo de acuerdo al material probatorio desahogado en el juicio y resolver sobre las prestaciones reclamadas, es decir, tampoco en dicha resolución se establecieron lineamientos específicos ni se advierte se hubiere precisado que las dieciséis horas semana/quincena que la quejosa dijo ha laborado de forma permanente y el reclamo del pago de las cuatro horas semana/quincena, sean distintas a las que ya tenía asignadas. En esa virtud, quien esto resuelve advierte ajustado a derecho lo resuelto por el tribunal responsable en el auto de diez de agosto de dos mil veintiuno, al determinar que lo argumentado por la trabajadora en el aspecto a que se ha hecho referencia, son hechos diferentes a la materia de la Litis del juicio laboral de origen, pues en su planteamiento original reclamó las siguientes prestaciones: ". la asignación y otorgamiento en definitiva de las claves presupuestarias correspondientes a cubrir 16 horas semana/quincena, a favor de mi representada como maestra de Educación Secundaria Técnica, las cuales ha devengado y laborado en forma permanente e ininterrumpida; y mismas que indebidamente se le vienen cubriendo de manera indistinta con carácter de salario personal eventual, servicios eventuales, compensación servicios interinos, sueldos interinos y servicios interinos, no obstante que se trata de trabajo permanente generado por un incremento natural en el centro de trabajo correspondiente a la Escuela Secundaria Técnica número 143, perteneciente a la zona escolar número 01.C.C.T. 16DST143G, ubicada en calle Tanaco sin número esquina con Avenida Gregorio Patiño y Avenida Imperio Tarasco, fraccionamiento San Isidro Itzícuaro de esta ciudad de Morelia, Michoacán, en favor de mi representada quien las viene desempeñando y devengando como maestra de educación secundaria técnica; 2.- Como consecuencia, el otorgamiento de nombramiento definitivo, expedición de formato único de personal y demás documentación administrativa que se deba realizar para que se cumplan las formalidades administrativas correspondientes." Por tanto, no se advierte -como aduce la quejosa- que en las prestaciones reclamadas la trabajadora actora solicitara la asignación de las claves definitivas adicionales a las que ya tenía, ni la precisión en el sentido de que a la fecha de presentación de la demanda laboraba 40 horas semana/quincena, de las cuales únicamente le hubieren sido cubiertas 20 y que por tanto, demandara la formalización en forma definitiva y el pago de las 20 horas restantes, como así lo indica en la demanda que dio origen al juicio de amparo en que se actúa. Por la misma razón, también es infundado el argumento de la quejosa relativo a que objetó las documentales relativas al pago efectuado porque no contienen nombre de la persona a quien corresponden, ni firma que vincule y obligue a persona alguna ni la descripción de los conceptos que amparan, por lo que no pueden justificar pagos hechos y recibidos por la actora y porque en todo caso, únicamente amparan el monto de salario correspondiente a 20 horas y no a las 40 que labora. Ello, porque como estableció el tribunal responsable en el auto que declaró cumplido el laudo, dichos documentos fueron expedidos por autoridades adscritas a la Secretaría de Educación en el Estado, facultadas para expedir documentos que obran en la base de datos de la referida Secretaría, sin que conforme a la condena establecida en el laudo fuere procedente requerir a la patronal acreditar diverso pago al ahí ordenado, como lo solicitó la quejosa, pues con dichos documentos la demandada acreditó que la trabajadora nunca dejó de percibir su salario referente a las claves otorgadas y condenadas. En esa virtud, también se estima correcto que el tribunal responsable dejara a salvo los derechos de la trabajadora actora para que los haga valer como a su interés convenga, en diverso procedimiento, sustentado en diversos hechos y consideraciones, o bien, mediante la vía de conciliación que considere que le asiste y que se haya generado en forma posterior. Y por último, una tercera razón, la constituye lo resuelto por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, en el recurso de inconformidad 27/2021, donde se declaró infundado dicho recurso, al considerar que el tribunal responsable sí cumplió la ejecutoria emitida en el juicio de amparo 231/2020 del índice de este juzgado. En las relatadas circunstancias, ante lo infundado de los conceptos de violación aducidos y no advertirse deficiencia alguna que deba suplirse de oficio, procede negar la protección de la Justicia Federal solicitada. Sexta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, 35, 37, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, se resuelve: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Claudia Alejandra Oros Ángel, por su propio derecho, respecto de los actos reclamados a la autoridad responsable, por los motivos expuestos en la consideración quinta de esta sentencia. Segundo. Publíquese este fallo en los términos que se indican en la última consideración. Notifíquese por lista, personalmente y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hoy nueve de marzo de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa, por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el proveído y/o resolución de 09 de marzo de dos mil veintidós, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo
- Principal
Morelia, Michoacán, veintisiete de enero de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el escrito de la quejosa Claudia Alejandra Oros Ángel, mediante e cual insiste en los medios de convicción ofrecidos el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, refiere como antecedente para la resolución del juicio en que se actúa el trámite del amparo 231/2020 de este Juzgado, objeta constancias en cuanto a su alcance y por el que realiza manifestaciones sobre los actos reclamados En consecuencia, téngase a la promovente de referencia objetando las constancias que señala en cuanto a su alcance. Finalmente, se ordena agregar al presente cuaderno de amparo el ocurso por el que insiste en sus medios de convicción, ofrece documental pública y realiza manifestaciones. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho por vacaciones del titular, con autorización otorgada en oficio CCJ/ST/5333/2021, emitido por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de trece de diciembre de dos mil veintiuno, con apoyo en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.ORF
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