Clarivel de los Santos Monjaraz
Expediente 294/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 294/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/05/2017
Partes del expediente
- Clarivel de los Santos Monjaraz
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas diecisiete de mayo de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, en el sentido de que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el numeral 81, fracción I, inciso d), de la ley en la materia, en contra del acto de veinte de abril del año en curso, mediante el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia dentro del presente juicio; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha causado estado, y de conformidad con lo dispuesto en el precepto 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, en virtud de no haberse ordenado un hacer, no hacer o tolerar a la autoridad responsable, por lo que, no existe actuación pendiente por realizar. Sin que pase desapercibido para este juzgador que no se haga referencia al cómputo respecto a las autoridad responsable, en atención a que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 87 de la ley en la materia, éstas sólo podrán interponer recurso de revisión en contra de las sentencias que afecten directamente el acto que se les hayan reclamado y, en el caso, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia el veinte de abril del año curso; de ahí que no se surte la hipótesis establecida para que la responsable pueda recurrir el auto de que se trata. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del diverso punto Vigésimo Primero, ambos del Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se reitera, se trata de un asunto que se sobreseyó fuera de audiencia; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los puntos Décimo fracción I, Décimo Primero segundo párrafo, y Décimo tercero todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto del Capítulo Quinto del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiséis de abril de dos mil diecisiete. Vista la razón de cuenta, se advierte que no fue posible notificar personalmente a la quejosa***, el auto de veinte de abril del año en curso, en virtud que señaló como domicilio los estrados del órgano jurisdiccional; en consecuencia, como lo solicitó la parte quejosa en su escrito de demanda y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley de Amparo, notifíquesele por lista de acuerdos el referido acuerdo, el presente proveído, así como las subsecuentes determinaciones, aun las de carácter personal. Lo anterior, en el entendido que se tiene señalado los estrados de este juzgado para oír y recibir notificaciones. SE NOTIFICA POR LISTA EL ACUERDO DEL DÍA VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinte de abril de dos mil diecisiete. Téngase por recibido el informe justificado rendido por el secretario de acuerdos de la Segunda Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado por ministerio de ley, con sede en esta ciudad, el cual se ordena agregar para los efectos legales a que haya lugar, en virtud de que del contenido del mismo se advierte una causal de improcedencia la cual se atenderá de conformidad con lo establecido por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia, este juzgador procede a sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo, al sobrevenir una causa de improcedencia, por los siguientes motivos. En ese orden, este juzgador advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, del contenido siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional, respecto de un acto que ya no afecta a la peticionaria de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de dicho acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo la paralización del acto de autoridad, además es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De lo expuesto se desprende que, para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de cuatro extremos, a saber: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Por otro lado, resulta indispensable acudir al contenido del artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Constitución General de la República, que a la letra señala: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: . II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija". Del precepto transcrito se obtiene que los efectos que genera la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, tratándose de actos de carácter omisivo, es obligar a la autoridad responsable a respetar la prerrogativa de que se trate y exigir de la misma su cumplimiento. Esto es, tratándose de actos omisivos de autoridades responsables, se entiende que han dejado de surtir sus efectos una vez que la autoridad lleva a cabo el acto que destruye la violación al derecho reconocido por la Constitución General. En la especie, la quejosa se duele de la omisión por parte de la autoridad responsable, de dar contestación a los escritos presentados ante esa autoridad el diez y dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, correspondientes al expediente laboral***. Ahora bien, de las constancias remitidas por el secretario de acuerdos de la Segunda Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado por ministerio de ley, con sede en esta ciudad, las que tienen valor probatorio pleno en términos de los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º de dicho ordenamiento legal, se advierte que el veintisiete de marzo del año en curso, en los autos del juicio laboral***, se emitió un acuerdo en el cual se dio contestación a los ocursos presentados por la aquí quejosa; en consecuencia, en fecha posterior a la presentación de la demanda, fue subsanada la omisión reclamada al tribunal obrero. En ese sentido, deviene inconcuso que los efectos del acto reclamado consistente en la omisión por parte de la autoridad responsable de dar contestación a los multicitados escritos, ha cesado en sus efectos, quedado insubsistente en forma total e incondicional el citado acto tildado de inconstitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí ninguna huella. En ese tenor, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XXI, y con base en el diverso precepto 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo. Por tanto, la actualización de la causal de improcedencia aludida impide estudiar las cuestiones de fondo planteadas, dado que el sobreseer en el juicio, releva a este órgano jurisdiccional de hacer pronunciamiento sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Finalmente, dadas las consideraciones expuestas con antelación, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado. Notifíquese; y por lista a la quejosa ***el acuerdo de veinte de abril de dos mil diecisiete.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintisiete de marzo de dos mil diecisiete. ADMISIÓN Con fundamento en los artículos 1°, fracción I, 5°, 33, fracción IV, 35 y 37, 107, 112, 115, 117, 125, 142, 147 de la Ley de Amparo, se ADMITE a trámite la demanda de amparo que promueve****, contra actos que reclama de los Magistrados Titulares de la Ponencia A, E y F de la Segunda Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 294/2017-XIV. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin haber lugar a aperturar el incidente de suspensión en términos de la fracción I, del numeral 128 de la Ley de Amparo, pues no obstante que la quejosa solicitó la suspensión definitiva del acto reclamado y se requieran los informes previos, empero, ello, no sustituye la solicitud expresa de la apertura de la incidencia, porque la suspensión definitiva sólo procede una vez que se resolvió la medida cautelar provisional y se dio apertura al incidente respectivo. Lo anterior, sin perjuicio de que la promovente realice su solicitud expresamente dentro de la temporalidad que prevé el arábigo 130 de la ley en la materia. REQUERIMIENTO DE INFORME JUSTIFICADO Requiérase a la responsable rinda su informe justificado dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio por el que se le solicita. Con el apercibimiento de que en caso de que no rinda oportunamente dicho informe, se hará acreedora a una multa equivalente a cien días de unidades de medida y actualización, que arroja la cantidad de $7,549.00 (siete mil quinientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), esto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 260, fracción II, en relación con el 237, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, y tomando como base el valor inicial diario equivalente a $75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 moneda nacional) conforme lo dispone el artículo Segundo Transitorio, del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil diecisiete, con la prevención de que en caso de ser omisas al respecto y de no informar cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado o cuando hayan ocurrido causas notorias de sobreseimiento, se procederá en su contra conforme a lo dispuesto por el artículo 251 de la Ley de Amparo. Con apoyo en lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 117 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables para que al rendir su informe justificado remitan copias fotostáticas certificadas de las constancias que integran el expediente del cual se hacen derivar los actos reclamados. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL De acuerdo a lo dispuesto por el numeral 115 de la ley de la materia, cítese a las partes a la audiencia constitucional, la que se verificará a las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE. INTERVENCIÓN DE LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITA Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, se da la intervención legal a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. TERCEROS INTERESADOS Se tiene como tercero interesado al****, quien deberá ser emplazado por medio de oficio y con copia de la demanda de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, fracción II, inciso b), de la ley en la materia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el que señala en esta ciudad, y autorizando con las facultades que señala el artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que indica, ya que pese a que sólo una de ellas cuenta con la inscripción de su cédula en el registro y consulta de cédulas profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, al ser la parte trabajadora la que promueve el presente juicio, no se hace necesaria tal situación. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8o de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, 8o, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, dígase a las partes, que la sentencia que se dicte en este juicio, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, así también, el derecho que les asiste, para manifestar, hasta antes de que se dicte el fallo, su voluntad de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos. Notifíquese y personalmente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; mediante oficio al tercero interesado y a la autoridad responsable.
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